Congestión en los juzgados penales. Las causas pendientes se acumulan al tiempo que el personal judicial reclama que se tomen cartas en el asunto. Según datos del Departament de Justicia en respuesta a una pregunta parlamentaria del PP, a 30 de septiembre del 2008 los juzgados penales catalanes acumulaban 74.857 ejecutorias en trámite de resolución. Aunque todavía no existen datos más actuales, es factible que en estos momentos se haya rebasado la barrera psicológica de los 75.000 expedientes inconclusos, muchos de los cuales se hacinan desde hace años en las estanterías de las oficinas judiciales.
Delitos sin castigo, multas impagadas, prohibiciones de acercamiento o retiradas del permiso de conducir pendientes... La congestión de los penales catalanes ha empeorado notablemente en los dos últimos años, según fuentes de la judicatura, que se debaten entre la indignación y la preocupación. "La gente no se hace cargo de lo que significa trabajar así", dice un juez.
Montserrat Tura, consejera de Justicia, no esconde la realidad y admite que existe un problema. "No es un colapso, es una congestión", alega, y pide tiempo para que se empiece a vislumbrar la "importante" reforma y modernización impulsadas por el Govern. Justicia explica este colapso por dos razones fundamentales: el significativo incremento de la población en Cataluña y la entrada en vigor de reformas legales como la penalización de conductas al volante. En este sentido, las ejecutorias derivadas de delitos de tráfico incrementaron un 30% en el juzgado penal 21 de Barcelona, el más saturado de expedientes de Cataluña.
Para acabar con esta congestión el Govern tiene previsto invertir 53 millones de euros en la modernización de los juzgados, y el el 2009 pondrá en marcha los nuevos edificios judiciales de Manresa, Granollers, Tarrasa y El Vendrell. Asimismo destinará buena parte de la inversión a informatizar las oficinas judiciales.
Pero todas estas medidas, señala Tura, serán insuficientes si la Generalitat no tiene más competencias. "Necesitamos capacidad de ejecución y gestión directa del personal, y eso lo debe tener en cuenta el Ministerio", afirma la consejera, que reconoce la "importante labor" que desarrollan los trabajadores de la administración de Justicia.
Pero la cruda realidad es que, mientras tanto, los juzgados se ven desbordados. Y en la cúspide de este nefasto ranking, los juzgados y tribunales de Barcelona, que acumulan 48.839 ejecutorias pendientes, decisiones judiciales pendientes de resolución. En la demarcación de Gerona los expedientes en trámite ascienden a 12.142, a 10.068 en Tarragona y a 3.808 en Lérida. Cabe decir que los cuatro jugados de Barcelona especializados en ejecutorias no contabilizan los expedientes por sentencias, sino por individuos, con la finalidad de agilizar la tramitación en lo posible.
Maria Eugenia Alegret, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), recuerda que este organismo ya advirtió del problema de las ejecutorias. "Se trata de un tema urgente en el que no valen más retrasos y al que debe ponerse rápidamente soluciones", proclamó entonces la junta de gobierno del TSJC. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) maneja unas estadísticas algo diferentes de las del Departament de Justicia respecto a la congestión de las ejecutorias, síntoma de la falta de sincronización entre administraciones.
Así, probablemente producto de un sistema de contabilización diferente, el CGPJ cifra en 68.726 las ejecutorias pendientes en Cataluña a 30 de septiembre del 2008, el último recuento. Este dato supone un incremento del 12,4% respecto al año anterior. Alegret insiste en que la plantilla de los juzgados es corta, aunque entiende que en Barcelona "la situación está bastante controlada". "Hacemos lo que podemos con los medios que nos dan", razona. Un grupo de trabajo del TSJC trabaja en el diseño de un sistema de tramitación que permita confeccionar un programa informático específico para las ejecutorias, última fase del procedimiento judicial.
Los medios, sin embargo, están fuertemente condicionados por la crisis económica, que ha llevado a la Generalitat a retirar los refuerzos que se se habían incorporado a la plantilla de algunos juzgados o a denegar solicitudes. "Dentro de este contexto de restricción y racionalización del gasto no es posible autorizar la medida de refuerzo que solicitaba, por motivos presupuestarios", indica la carta remitida por el director general de Recursos de la Administración de Justicia a algunos titulares de juzgados desbordados por el exceso de trabajo.
Fuente: lavanguardia.es
Delitos sin castigo, multas impagadas, prohibiciones de acercamiento o retiradas del permiso de conducir pendientes... La congestión de los penales catalanes ha empeorado notablemente en los dos últimos años, según fuentes de la judicatura, que se debaten entre la indignación y la preocupación. "La gente no se hace cargo de lo que significa trabajar así", dice un juez.
Montserrat Tura, consejera de Justicia, no esconde la realidad y admite que existe un problema. "No es un colapso, es una congestión", alega, y pide tiempo para que se empiece a vislumbrar la "importante" reforma y modernización impulsadas por el Govern. Justicia explica este colapso por dos razones fundamentales: el significativo incremento de la población en Cataluña y la entrada en vigor de reformas legales como la penalización de conductas al volante. En este sentido, las ejecutorias derivadas de delitos de tráfico incrementaron un 30% en el juzgado penal 21 de Barcelona, el más saturado de expedientes de Cataluña.
Para acabar con esta congestión el Govern tiene previsto invertir 53 millones de euros en la modernización de los juzgados, y el el 2009 pondrá en marcha los nuevos edificios judiciales de Manresa, Granollers, Tarrasa y El Vendrell. Asimismo destinará buena parte de la inversión a informatizar las oficinas judiciales.
Pero todas estas medidas, señala Tura, serán insuficientes si la Generalitat no tiene más competencias. "Necesitamos capacidad de ejecución y gestión directa del personal, y eso lo debe tener en cuenta el Ministerio", afirma la consejera, que reconoce la "importante labor" que desarrollan los trabajadores de la administración de Justicia.
Pero la cruda realidad es que, mientras tanto, los juzgados se ven desbordados. Y en la cúspide de este nefasto ranking, los juzgados y tribunales de Barcelona, que acumulan 48.839 ejecutorias pendientes, decisiones judiciales pendientes de resolución. En la demarcación de Gerona los expedientes en trámite ascienden a 12.142, a 10.068 en Tarragona y a 3.808 en Lérida. Cabe decir que los cuatro jugados de Barcelona especializados en ejecutorias no contabilizan los expedientes por sentencias, sino por individuos, con la finalidad de agilizar la tramitación en lo posible.
Maria Eugenia Alegret, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), recuerda que este organismo ya advirtió del problema de las ejecutorias. "Se trata de un tema urgente en el que no valen más retrasos y al que debe ponerse rápidamente soluciones", proclamó entonces la junta de gobierno del TSJC. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) maneja unas estadísticas algo diferentes de las del Departament de Justicia respecto a la congestión de las ejecutorias, síntoma de la falta de sincronización entre administraciones.
Así, probablemente producto de un sistema de contabilización diferente, el CGPJ cifra en 68.726 las ejecutorias pendientes en Cataluña a 30 de septiembre del 2008, el último recuento. Este dato supone un incremento del 12,4% respecto al año anterior. Alegret insiste en que la plantilla de los juzgados es corta, aunque entiende que en Barcelona "la situación está bastante controlada". "Hacemos lo que podemos con los medios que nos dan", razona. Un grupo de trabajo del TSJC trabaja en el diseño de un sistema de tramitación que permita confeccionar un programa informático específico para las ejecutorias, última fase del procedimiento judicial.
Los medios, sin embargo, están fuertemente condicionados por la crisis económica, que ha llevado a la Generalitat a retirar los refuerzos que se se habían incorporado a la plantilla de algunos juzgados o a denegar solicitudes. "Dentro de este contexto de restricción y racionalización del gasto no es posible autorizar la medida de refuerzo que solicitaba, por motivos presupuestarios", indica la carta remitida por el director general de Recursos de la Administración de Justicia a algunos titulares de juzgados desbordados por el exceso de trabajo.
Fuente: lavanguardia.es
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