El Juzgado de lo Social número 3 de Jerez abrió sus puertas con un claro y marcado objetivo: gestionar una media de 1.300 asuntos al año y así contribuir a descongestionar los otros dos órganos de la misma jurisdicción ya existentes, que en la actualidad afrontan unos 2.000 procedimientos anuales cada uno.La delegada provincial de Justicia, Blanca Alcántara, se desplazó al edificio judicial de la avenida Álvaro Domecq para dar la bienvenida a los funcionarios y supervisar en primera persona el estado de las instalaciones.
Alcántara quiso destacar, en primer lugar, la ventaja de que la Junta contara ya con un inmueble propio en el que albergar el nuevo órgano, por lo que la Administración ha podido prescindir del alquiler y con ello reducir notablemente el gasto. No obstante, para llevar este juzgado al citado edificio se han tenido que acometer reajustes, lo que ha supuesto una inversión total entre obras y mudanzas de 35.822 euros.
No hay que olvidar que en el lugar que ya ocupa el Social número 3 se encontraba el Contencioso-Administrativo, que se mudó recientemente al inmueble de la avenida Tomás García Figueras donde antes estaba instalado el de Violencia de Género, que a su vez ha pasado a ocupar la entreplanta del recinto. Otro gasto ha supuesto la dotación de mobiliario, cortinas, ordenadores y demás material de oficina, cifrada en 36.357 euros.
En lo que respecta al personal, el nuevo juzgado contará con ocho funcionarios, tres de ellos en comisión de servicio y el resto en interinidad, más una secretaria judicial y la magistrada titular, Soledad Ortega. Una plantilla con la que la Administración pretende solventar uno de los principales problemas del sistema judicial.
«Cuando estamos creando órganos -subrayó la delegada- estamos mejorando el servicio de la Justicia. Supone quitarle carga al resto de los juzgados, ya que en el momento en que hay un tercero habrá que repartir la cantidad de asuntos entre los tres. Lo más importante es que se ha montado sin dividir la jurisdicción, que era fundamental para los profesionales. Hemos gozado de una ventaja, que teníamos espacio, porque si lo hubiéramos puesto en Tomás García Figueras hubiera sido un desastre».
En la actualidad, el tiempo de resolución de los procedimientos de los juzgados de lo social de Jerez está fijado en un año y medio, como informó la secretaria judicial del número 3, María Gador Agüero. Una tardanza que lógicamente también se verá mitigada con la incorporación de este último, aunque a juicio de la funcionaria la solución al colapso existente sería otra.
«Hay mucha gente que está poniendo pegas, pero la Oficina Judicial sería una solución para la Justicia impresionante. No hacen falta tanto nuevos funcionarios como una nueva organización, lo que hay que hacer es crear más plazas para jueces, porque es absurdo duplicar el número de funcionarios si sigue habiendo sólo un juez». Alcántara se mostró a favor de esta postura, aunque recordó que la creación de la oficina no depende de la Junta de Andalucía, sino del Ministerio de Justicia.
Críticas al TSJA
Sobre lo que sí quiso aportar su punto de vista con mayor rotundidad fue acerca del informe anual del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que evalúa las necesidades y carencias de los órganos de la Comunidad Autónoma en lo que a personal se refiere. Aunque en el caso del Partido Judicial de Jerez, sólo se reclaman siete funcionarios más, en otros como el de Cádiz los profesionales alertan de la urgencia de un incremento de las plantillas mucho más elevado.
En este sentido, la titular provincial de Justicia mostró su disconformidad abierta con el documento, argumentando que no ha sido elaborado de la forma correcta. «Creo que el informe tiene cierta falta de rigor en cuanto al origen. Nosotros hemos empezado un estudio sobre personal y le hemos presentado al TSJA y a los sindicatos la ficha técnica, cómo se va a hacer, el proceso de evaluación... Eso es lo que nosotros hemos hecho. Sin embargo, no conocemos cuál es la ficha técnica de ellos». Alcántara también desmintió algunas críticas que refleja el informe como la falta de especialización de los funcionarios que cubren las bajas, asegurando que «nuestra fórmula es democrática, participativa y sobre todo transparente».
Fuente: lavozdigital.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario