La Corte de Arbitraje, un órgano que media entre el propietario de un piso y su inquilino cuando ambos entran en conflicto, ha evitado que 270 controversias provocadas por el alquiler lleguen a los tribunales en el País Vasco. La cifra supone una importante descarga de trabajo para los juzgados, que han visto cómo los litigios sobre el arrendamiento se han reducido en casi un 10%.Entre las causas de conflicto en un contrato de alquiler, el impago de la renta sigue siendo la más frecuente. La mediación de la Corte de Arbitraje ha resuelto 238 casos de este tipo en Euskadi, lo que representa prácticamente el 90% de las reclamaciones que esta entidad ha tramitado en la comunidad autónoma. La proporción es similar entre los procedimientos que llegan a los juzgados, pues de las 970 demandas presentadas en la Administración de Justicia del País Vasco en 2007, más de 800 fueron a causa de la morosidad. No obstante, por la vía judicial se tarda entre seis meses y un año para obtener una sentencia y un desahucio, mientras que la mediación puede rebajar ese periodo a un mes.
El atajo sólo busca «hacer más atractivo el mercado del alquiler y acabar con la inseguridad jurídica», explican fuentes de la Corte de Arbitraje. El procedimiento para que un árbitro ofrezca sus servicios sin necesidad de acudir a los tribunales es sencillo. Sólo hay que adquirir un impreso, llamado 'garantía de alquiler', a través de los más de cinco mil profesionales homologados en España. En su mayoría se trata de agencias inmobiliarias y despachos de abogados, aunque ya se comienza a distribuir en papelerías, estancos y librerías.
Una vez que se dispone del documento, sólo hay que cumplimentar los datos referentes al arrendador, el arrendatario y el inmueble alquilado. Con ese contrato, cuyo precio es de 52 euros, cualquiera de las partes perjudicadas se puede poner en contacto con la Corte de Arbitraje para que comiencen el recurso y solucionen el problema. En un plazo máximo de 30 días debe haber una resolución firme. De lo contrario, la institución adelanta la indemnización que se solicita en el procedimiento. Sin coste añadido.
Moroso profesional
Más de 550.000 ciudadanos se han acogido a esta vía en España. Y siguiendo esta línea, en Euskadi alrededor de cuatro mil vascos han confiado hasta la fecha en este contrato a través del arbitraje, que se puede llevar a cabo en 79 inmobiliarias. Con ello, ha descendido bastante el número de reclamaciones en los tribunales, aunque uno de cada cien contratos de alquiler aún termina en los juzgados españoles, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El moroso profesional es un quebradero de cabeza para los caseros. De los 25.327 litigios de arrendamiento iniciados el año pasado en España, el 80% fueron por no abonar el alquiler. No obstante, otras causas de conflicto son la denegación de prórroga, el subarriendo, la no utilización como vivienda permanente y los desperfectos.
A todo esto hay que sumar la lenta aplicación de la Justicia y el alto coste del abogado y el procurador. «Esto ha frenado mucho el mercado. Nosotros procuramos agilizar los trámites, transmitir más seguridad y, a la vez, quitar trabajo a los juzgados. Porque es un hecho que el alquiler es ahora mismo una solución a la crisis», reconoce un árbitro de la Corte de Arbitraje.
La compraventa ha descendido de media un 70%, lo que ha provocado el cierre de muchas inmobiliarias. En el País Vasco más de la mitad han tenido que bajar la persiana: el 61% en Vizcaya, el 55% en Guipúzcoa y un 62% en Álava. Las entidades que aún sobreviven han tenido que buscar nuevos mecanismos para atrapar al cliente.
Tras diez años al frente de la Asesoría Inmobiliaria Zorroza, Óscar Rodríguez, ha visto cómo sólo esa empresa y otra similar resisten en este barrio bilbaíno. «La compra de vivienda se ha desplomado y eso no se puede cubrir con el alquiler. Pero es cierto que éste ha subido».
En su establecimiento se trabaja desde hace meses con el contrato de arbitraje. «Garantizamos al propietario, por sólo 52 euros, que no se va a quedar sin piso, y está encantado. De hecho, a quienes se lo hemos propuesto lo han aceptado», explica Rodríguez. Por el momento, han proporcionado veinte 'garantías de alquiler', costeadas en muchos casos «entre el dueño y el inquilino, porque se benefician ambos».
Pero hay quien en épocas de crisis va más allá. La inmobiliaria Urdiña, de Bilbao, ha visto como sólo en un año la fuente de sus ingresos se ha invertido. «Ahora, el 80% es de alquiler y el 20% de venta. Justo al revés», asegura su gerente, Igor Godoy. Mediante una cuota de 59 euros mensuales, esta oficina incluye 'la garantía de alquiler' de la Corte de Arbitraje, pero añade un sinfín de utilidades. Un seguro de impago de hasta 3.000 euros de daños, visitas a la vivienda, cambio de suministros, parte de incidencias, alta en una empresa de reparación de 24 horas... Incluso, notifican las modificaciones por 'sms' y se encargan de la subida del IPC y del inventario. Además, los inquilinos pasan un filtro a través de una empresa que analiza su solvencia. Y se toman imágenes de la casa antes de alquilarla para que no haya problemas con la fianza.
«Los dueños se llenan la boca con el aval bancario, pero es una operación de riesgo que reduce muchísimo la posibilidad de alquilar. Con este mecanismo que hemos puesto en marcha hemos gestionado veinte arrendamientos en menos de seis meses», dice Godoy.
Fuente: elcorreodigital
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