Las Fuerzas de Seguridad se alinean con los jueces en su batalla contra el Gobierno

La advertencia lanzada de forma unánime por las cuatro asociaciones de jueces, que se han mostrado dispuestas a promover una huelga si el Gobierno no realiza actuaciones concretas para mejorar la situación de la Administración de Justicia, ha recibido el apoyo también unitario de los cuatro sindicatos policiales más representativos y de las asociaciones de guardias civiles.


Sin perjuicio de las diferencias existentes entre ambos colectivos, jueces y fuerzas de seguridad sufren un mal similar: una «carencia crónica» de medios que dificulta el ejercicio diario de su trabajo. SUP, CEP, UFP y SP (Policía) y AUGC y UGC (Guardia Civil) creen por ello que los jueces están cargados de razón en sus reivindicaciones y aseguran que el único responsable del mal funcionamiento de la Justicia es el Gobierno.

También el PP ha salido en defensa de los miembros de la carrera judicial. El principal partido de la oposición ha pedido la dimisión del ministro de Justicia y, por boca de su portavoz en la materia, Federico Trillo, ha amenazado con romper el Pacto de Estado de Justicia suscrito el pasado verano si el Ejecutivo no atiende a las reclamaciones de los jueces, que el PP suscribe punto por punto. Lo que no respaldan los populares es la huelga, una iniciativa que, según Trillo, es «mala para el Estado de Derecho».

Responsabilidad del Gobierno

En un comunicado conjunto, los cuatro sindicatos policiales hablan del «lamentable» estado en que se encuentra la Administración de Justicia, situación que «hace imposible» que los magistrados cumplan con plena eficacia «la misión constitucional» que tienen encomendada. «Los funcionarios de la Administración no tienen ninguna responsabilidad en este estado de cosas», pues los Gobiernos «nunca» han destinado los recursos necesarios para lograr una «Justicia ágil y eficaz», aseguran.

Los representantes de estas asociaciones reivindican el derecho a la huelga no sólo para los jueces, sino también para los policías y los guardias civiles (la ley prohíbe de forma expresa el ejercicio de este derecho a los miembros de las Fuerzas de Seguridad, pero no lo prohíbe en el caso de los jueces) en su condición de funcionarios públicos. «Lo que parece tener poco sentido -afirman- es que los médicos puedan llevar a cabo huelgas cuando de ellos depende la vida de los enfermos y que no puedan hacerlo los jueces».

Tampoco se ha hecho esperar la reacción del Gobierno, al que en los primeros trece días del nuevo año le han llovido dos peticiones de dimisión: la primera para la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, por el caos que la semana pasada causó la nevada, y la segunda para el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, por la gestión de la crisis judicial. «A ver si el problema va a ser el señor Bermejo y este problema se soluciona cuando el señor Bermejo deje de ser ministro de Justicia», sugirió la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal.

Fuente: ABC.es