La inmigración masiva amenaza el servicio de justicia gratuita

El alto número de inmigrantes que usan el denominado turno de oficio, mediante el cual reciben asistencia jurídica gratuita de abogados y procuradores, hace que económicamente sea excesivamente gravoso para las arcas públicas.


El derecho a la asistencia jurídica gratuita asiste a todo aquellos que carezcan de ingresos suficientes para sufragar los gastos de un abogado particular. Son los abogados del turno de oficio quines se encargan de prestar este servicio y las arcas públicas de pagarles las asistencias. En 2007 más de un millón de personas fueron atendidas por los 30.000 abogados adscritos al Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita. La prestación de este servicio por parte de los profesionales es voluntaria y se designan de entre aquellos que están inscritos en el turno de oficio. Para ello, uno de los requisitos es que tengan al menos tres años de ejercicio.

Sin embargo en 2009 ante la crisis económica el servicio puede colapsarse. A más parados, más solicitudes de justicia gratuita. Esta es la realidad que a diario se constata en los Colegios de Abogados, que ven como se retrasa el pago de las cantidades con que el Ministerio de Justicia o las CC.AA., si tienen transferidas las competencias, cubren las prestación del servicio.

En el caso de Madrid la situación se hace especialmente crítica debido al gran número de inmigrantes que hacen uso del servicio sin contribuir en lo más mínimo a sufragar el gasto público que supone. La realidad de la comunidad madrileña es que 1 de cada 5 inmigrantes en España reside en Madrid, y que tan sólo 1 de cada 4, cotiza a la Seguridad Social. Así solo en Barajas los abogados del Turno de Oficio asistieron a más de 14.000 inmigrantes recién llegados inadmitidos durante 2007. Los letrados de oficio además tienen que asesorar y defender también gratuitamente a los inmigrantes a los que se ha incoado expediente de expulsión administrativo, al menos 56.176 ilegales en 2007. De hecho en el orden jurisdiccional contencioso administrativo, el 92,3 por ciento de los solicitantes de justicia gratuita en Madrid son inmigrantes. Además 29.125 inmigrantes en Madrid han disfrutado de asistencia jurídica gratuita al detenido y otros 109.282 extranjeros recibieron este servicio en diversos procedimientos penales, administrativos y civiles, especialmente de familia y desahucios.

La situación es preocupante ya que a inicios de este año la deuda contraída por los impagos a los letrados del turno de oficio madrileños asciende a cerca de 24 millones de euros. Del segundo trimestre de 2008 queda por abonar el 72 por ciento de los honorarios, es decir, alrededor de 7,2 millones de euros. Del tercer y cuarto trimestre se debe el 100 por ciento de la retribución, es decir, un total de más de 16,7 millones de euros. A esto se suman los intereses, de un 5 por ciento, que tiene que pagar el Colegio de Abogados por el crédito bancario solicitado para anticipar algunos pagos.

En relación a esta situación Esperanza Aguirre ha dicho que “no es posible que cualquier, cualquier litigio jurídico, incluido el divorcio, de cualquier ciudadano extranjero sin papeles lo tenga que pagar la Comunidad de Madrid”, lo que ha levantado las iras de los colectivos y asociaciones que apoyan la inmigración.

Fuente: Minuto Digital