La Audiencia de Alicante ha solicitado al Ministerio de Justicia la creación de un juzgado provincial especializado en delincuencia organizada para combatir este tipo de delitos, ya que en 2008 se han celebrado doce procedimientos con más de diez acusados por asuntos de tráfico de drogas.El presidente de la Audiencia, Vicente Magro, ha explicado que el pasado año se ha mantenido el "nivel cuantitativo" de estos juicios, con unas "doscientas" vistas orales, pero que se ha detectado un aumento en cuanto a la "complejidad" de los procedimientos.
En 2008, entraron a la Audiencia alicantina "doce causas de gran complejidad con más de diez acusados", lo que ha motivado la puesta en marcha de un "turno especial en la oficina de reparto de asuntos penales" para "equilibrar" la distribución de estos juicios en las tres secciones penales.
Según Magro, este incremento de las "causas complejas" se debe a la "alta eficacia policial" y al "aumento de la delincuencia organizada", la cual "va a seguir dando muchos problemas" durante 2009 y precisa de la dotación de "medios y personal especializado" para afrontarla.
En el informe remitido al Ministerio de Justicia, Magro aboga por la creación de este nuevo órgano en aquellas provincias en las que se ha detectado una mayor incidencia de la delincuencia organizada, especialmente las que su ubicación geográfica coincide con zonas costeras, como "Alicante, Málaga, Barcelona o Galicia".
En Alicante, la celebración de estos "macrojuicios" (el siguiente de los cuales será en abril con 35 acusados por narcotráfico) también se ve afectada por la falta de dotaciones adecuadas en el Palacio de Justicia para acoger causas con tantos procesados, lo que obliga al traslado a las instalaciones del barrio de Benalúa.
"Eso repercute en la necesidad de que el Palacio de Justicia de Alicante sea efectivo para poder tener unas instalaciones propias y no tener que estar constantemente acudiendo a Benalúa, donde hay que habilitar el salón de actos porque no se está preparado para ello", ha señalado Magro.
En este sentido, ha recordado que el Ayuntamiento de Alicante se ha comprometido con la Conselleria de Justicia a urbanizar el terreno donde está previsto que se construya la futura Ciudad de Justicia, y cuya primera fase podría estar terminada a finales de 2010.
El presidente de la Audiencia también ha solicitado al Ministerio que se sancione penalmente por "estafa inmobiliaria" a los arrendatarios que no pagan los alquileres de las viviendas pero continúan residiendo en ellas, negándose a entregar las llaves a su propietario.
"No se trata de que se criminalice a la persona que deja de pagar la renta sino al que no devuelve la vivienda cuando no puede pagarla. Todo el mundo puede tener un problema económico pero si alguien no paga el alquiler lo que tiene que hacer es entregar el inmueble al propietario y buscar otro lugar donde vivir", ha dicho.
Para Magro, esta propuesta, que ha sido refrendada por el Consejo General de Administradores de Fincas de España ante la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados, "sería muy eficaz" porque al "criminalizar el hecho la gente entregaría las llaves enseguida".
También ha pedido que las víctimas de violencia machista no tengan que declarar otra vez en los juicios y que, de esta forma, se dé validez a la declaración que la mujer realiza en los juzgados de malos tratos, que sería leída posteriormente en la vista oral.
"De este modo, se evita que la víctima se niegue a declarar antes del juicio, por miedo o por la relación de amor-odio que existe entre estas parejas, lo que provoca que en muchos casos el agresor quede libre por falta de pruebas", ha destacado Magro.
El presidente de la Audiencia ha precisado que esta misma medida también se ha solicitado para los menores víctimas de abusos sexuales, pues en 2008 se ha detectado un "aumento de los delitos contra la libertad sexual, tanto dentro del hogar, entre familiares, sobre todo a menores, como fuera de él".
Fuente: informacion.es
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