Metros de escritos. Ésta es la medida que se usa para cuantificar el número de expedientes que llegan cada día al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Así lo relata Diego Medina, secretario judicial en el máximo órgano andaluz. Con la autoridad que le dan sus 28 años de experiencia en la Administración de Justicia, asegura que, a pesar de que el sistema no funciona como debiera, la realidad tampoco es el caos que se ilustra con funcionarios sepultados bajo montañas de papel. Es mucho más compleja.Los retrasos son más o menos admisibles según la jurisdicción donde se produzcan, "pero un ciudadano no puede esperar ni tres ni seis años a un juicio", dice el decano de los jueces de Granada, Antonio Moreno. En su partido judicial se están señalando juicios para 2012. "La Justicia lenta no es Justicia", avisa.
Pero no hay visos de que este "innegable agobio" desaparezca a corto plazo. Basta con ojear las estadísticas oficiales. Cada día ingresan en los órganos judiciales andaluces una media de 5.000 asuntos, lo que sitúa a Andalucía a la cabeza de España, junto con Baleares, en tasa de litigiosidad, esto es, en número de casos registrados por cada mil habitantes. El índice es de 55, y especialmente elevado en asuntos penales, pero en provincias como Granada llega a los 61 y en Málaga, hasta los 75. Aun así, la media diaria de casos resueltos es de 4.700, cifra insuficiente para acabar con la congestión judicial pues, dado los asuntos que se van acumulando, por cada expediente cerrado hay otros dos pendientes de una sentencia.
Suma y sigue. Hace poco más de un mes, el juez decano de Córdoba, Luis Rabasa, decidió romper el juego y, se podría decir que por agotamiento, anunció que, salvando lo urgente, los juicios señalados se reducirían a la mitad en 2009. "Y claro, esto así, en dos años, permítame la expresión, revienta", vaticinó el juez de menores. Pero la mecha se encendió mucho antes. Rodeado de armarios atestados de documentos y harto de jornadas laborales que acaban en el despacho de casa, Rabasa aporta argumentos de peso para su huelga de celo: cada juzgado de lo Penal de Córdoba tramita una media al año de 1.030 asuntos, un 129% por encima de los 450 casos que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aconseja para garantizar una buena respuesta a los ciudadanos.
El ambiente ya se había caldeado en los días previos, tras la presentación de un informe por parte del TSJA que, en conclusión, acusaba a la Junta andaluza de incapacidad para gestionar la plantilla de los juzgados. El documento terminó por dinamitar las relaciones entre los jueces y el Gobierno andaluz, que plantó cara a los magistrados públicamente. "Hágalo", respondió con altivez la consejera de Justicia, Evangelina Naranjo, a la amenaza del juez cordobés.
El informe del TSJA, que se presentó como una herramienta útil para afrontar las carencias del sistema judicial, dibuja un mapa muy pesimista: advierte del "muy alarmante déficit" en la plantilla de funcionarios, en concreto, de 1.719. La operación es simple: los 617 órganos judiciales andaluces tienen una plantilla orgánica de 5.898 funcionarios y, a fecha del pasado diciembre, sólo 4.179 plazas estaban ocupados por sus titulares. Un 30% de las plazas se cubren con interinos que no siempre proceden de la bolsa de Justicia, pues en el pasado año hubo que contratar a 399 trabajadores, poco o nada cualificados, a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). En Marbella, que cuenta con doce de los juzgados "más laboriosos" de Andalucía, de la noche a la mañana un empleado de Correos y un traductor ejercen como funcionarios. Además, una de las sedes de Primera Instancia no tiene ningún funcionario titular y los interinos son minoría sólo en el juzgado número 6.
En Huelva, la situación es "singular", en palabras del informe del TSJA, pues la interinidad roza el 57%, un problema que toca de lleno a las secretarías, pues en los cinco partidos judiciales de la provincia todas estaban vacantes y atendidas en régimen de provisión temporal.
Faltan funcionarios, secretarios judiciales y jueces, sólo hay que mirar a Europa o a otros puntos de España. Andalucía cuenta con una tasa de 9,4 jueces por cada 100.000 habitantes, un punto por debajo de la media nacional. Hay nuevos órganos que se abren sin personal y vacantes que tardan meses en cubrirse. Es el caso de Jerez, donde el Penal número dos lleva dos meses y medio sin uno de sus agentes judiciales. También en la provincia de Cádiz, en San Roque, el juez del número 1 ha atendido durante semanas las guardias de su compañero del número 2, de baja, hasta que el lunes pasado llegó por fin el sustituto. La justificación en el retraso es difícil de creer; había dos jueces sustitutos admitidos que no se presentaron. A la tercera, la vencida.
Hacen falta manos, en todos los sitios. El trabajo es inabarcable en los juzgados de Málaga donde cualquier juez de lo Penal pone alrededor de 600 sentencias al año y celebra unas 700 vistas. "¿Cómo puede controlar ese juez las 1.500 ejecutorias que tiene pendientes?", pregunta un funcionario. No hay una única respuesta.
Isabel Morón, decana del partido judicial de Algeciras, que integra además a Tarifa y Los Barrios, se confiesa desbordada y cree que como mínimo haría falta incorporar un juzgado de lo social, uno de Familia, otro de Primera Instancia y otro de Instrucción. Y el juez decano del Partido Judicial de Granada, Antonio Moreno, estima que necesitaría una decena de órganos nuevos para paliar el agobio.
La crisis no ayuda. En Málaga, por ejemplo, un juzgado de lo Social está celebrando al día unos 15 o 16 juicios, la mayoría por despidos. Una sobrecarga que crece con los juicios rápidos y las reformas legales en materia de seguridad vial. "En tres meses se han disparado las sentencias ejecutorias urgentes, hemos registrado 150 más en cada juzgado", confirma el decano de Jerez, Juan José Parra. No es un caso aislado. En Sevilla el número de sentencias por ejecutar ha crecido en más de un millar. "Hay nuevos delitos y la gran problemática de la Justicia se centra en el ámbito penal; lo ideal sería acercanos al modelo de Portugal, por ejemplo, donde las autoridades hacen mucho caso a las peticiones de los jueces", comenta el decano de los jueces de Almería, Luis Columna, que encuentra que la huelga es la única forma de presión ante el Gobierno.
La falta de medios también es material. El decano de Granada se queja de que no tiene ordenadores suficientes ni fotocopiadoras, "lo que supone un menosprecio ante nuestra función y hacia los ciudadanos", asegura. En otras sedes la situación es mucho más grave. Los juzgados de La Línea, en Cádiz, llevan más de una década en unas instalaciones provisionales, sin salida de emergencia y con una sala de vistas de dimensiones ridículas. Hace dos meses uno de los juzgados se inundó y cientos de expedientes quedaron mojados. A pocos kilómetros, en San Roque, los órganos han sido trasladados a un local de alquiler donde es imposible recibir llamadas de teléfono.
Otras veces es una cuestión de estabilidad. En El Ejido y Roquetas de Mar, en Almería, es muy raro que el mismo juez que inicia un pleito acabe poniendo la sentencia por el continuo cambio en el puesto. De hecho, hay pleitos por los que pasan hasta tres jueces. Éstos son los dos únicos partidos judiciales donde los titulares no cuentan con la categoría de magistrados.
La concurrencia de tres administraciones distintas en la oficina judicial complica la organización: los jueces dependen del CGPJ; los secretarios, del Ministerio de Justicia; y los funcionarios, de la Junta de Andalucía. Y, por ende, la resolución de los conflictos.
El debate va más allá de la imagen escandalosa de expedientes apilados en los pasillos. "No se necesita una reforma, sino una revolución", alega el abogado sevillano José Joaquín Gallardo. Entre la plantilla hay un temor que revela Diego Medina, secretario judicial del TSJA: "Yo creo que algunos podemos hacer más por mejorar la eficacia, pero me da miedo que el desprestigio de nuestro trabajo acabe introduciendo una fuerte desmoralización: el Estado de Derecho está en juego". El debate sigue y también se mide en metros.
Fuente: diariodecadiz.es
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