Los jueces de Madrid han sido rotundos en su respuesta sobre la huelga. En la junta del miércoles sólo hubo 19 votos en contra de la jornada de paro convocada para el 18 de febrero en los juzgados. Tres no lo tenían claro y votaron en blanco, pero el resto, 103, dieron el sí a favor de la huelga del próximo mes.En Barcelona la respuesta final ha sido la misma. Madrileños y barceloneses se han desmarcado de la posición de las asociaciones judiciales y han apostado por plantarse ante el ministerio y utilizar la huelga de mediados de febrero como medida de presión para conseguir sus objetivos.
Sin embargo, la respuesta que han dado los jueces barceloneses muestra una postura más prudente entre gran parte de los magistrados. El 49% de los votos emitidos entre los titulares de los órganos unipersonales de la demarcación de Barcelona, no han apoyado la huelga. Fueron 115 papeletas a favor y 107 en contra.
El juez decano de la capital catalana, José Manuel Regadera, parece encontrarse en este grupo. "La huelga debe ser la última opción y no se puede comenzar una negociación con una huelga", aseguró tras la junta.
Medida de presión
En Madrid, en cambio, no quieren esperar a ver los resultados de la reunión del próximo lunes 26, cuando el Ministerio de Justicia, con Mariano Fernández Bermejo al frente, se reúna con los representantes de las asociaciones judiciales. Los madrileños han votado prácticamente en bloque a favor de la huelga porque consideran que obtendrán mejores resultados en ese encuentro si el Ministerio ve que la amenaza es real. Aplazar la convocatoria hasta el próximo 26 de junio (fecha por la que apuestan las asociaciones) es una opción con un plazo demasiado "lejano".
La suma de los jueces madrileños a la convocatoria de huelga podría servir realmente como herramienta de presión, puesto que la comunidad reúne a gran parte de los jueces españoles y porque alrededor de una cuarta parte de los casos de todo el país se celebran en sus juzgados.
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), María Eugenia Alegret, manifestó tras conocer los resultados de las juntas de su comunidad que es necesario que las autoridades gubernamentales muestren "un compromiso serio, con partidas presupuestarias y plazos" para evitar que los jueces hagan huelga el próximo mes de febrero.
Defendió a sus compañeros de profesión e indicó que "no estaban cómodos" ante esta situación de huelga, pero que entendía que era la forma de "hacer ver a la sociedad las condiciones en las que ejercen su función de servicio al público". A pesar de eso, mostró el mismo carácter comedido de muchos de sus colegas barceloneses y confió en que prime "el sentido común" y se desconvoque el paro previsto para febrero. En el resto de Cataluña la convocatoria también ha tenido bastante éxito. Sólo los jueces leridanos se posicionaron en contra del paro del próximo mes y optaron por dar un amplio margen de negociación al Gobierno y esperar hasta junio.
En cualquier caso, a pesar del apoyo que Madrid y Barcelona han dado a la propuesta de huelga que partió de Zamora, Murcia y Extremadura, la reunión del lunes será clave. Si la postura del ministerio les convence y ven que hay indicios que apuntan al cumplimiento de sus reivindicaciones (o al menos a establecer las bases necesarias para ir cumpliéndolas poco a poco) es más que probable que den un paso atrás, desconvoquen la huelga de febrero y esperen a ver cómo marcha la negociación antes de volver a la huelga en junio.
Prudencia en las audiencias
Aunque las juntas de jueces de Madrid y Barcelona han optado por la confrontación, las audiencias de ambas regiones han reducido la marcha y se han descolgado de la decisión de sus compañeros provinciales. Miguel Ángel Gimeno, portavoz de la Audiencia de Barcelona, explicó que prefieren ganar más tiempo "en negociaciones de tanta importancia". Su postura es esperar a la reunión del lunes 26 y ver cómo evolucionan las cosas y, si no van como esperan, votar a favor del paro en junio.
En la Audiencia de Madrid la situación es similar. Están de acuerdo con todas las reivindicaciones, pero van a dejar la negociación en manos de las asociaciones judiciales, a las que pertenecen aproximadamente la mitad de los jueces y magistrados del país.
Fuente: gaceta.es
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