Año nuevo, problemas viejos. Éste podría ser el lema de los seis funcionarios de la plantilla del juzgado de lo Contencioso en 2009. Tampoco exagerarían añadiendo: viejos y peores. Si en octubre pasado, cuando los trabajadores decidieron ponerse mascarillas para contrarrestar los efectos del polvo, ácaros y alergias, la situación era ya angustiosa, lo cierto es que el aspecto de la oficina es ya surrealista.
Nada más abrir la puerta de entrada del local (un antiguo garaje remodelado), uno se encuentra con un espacio libre en el suelo, en el centro, que no supera los treinta centímetros de largo y los veinte de ancho. Hay cajas a ambos lados, unas pegadas a la pared y otras a las mesas de los funcionarios.
A partir de ahí, la vista no alcanza más que expedientes y más expedientes. Están por todas partes. En las mesas hay tanto papel que los funcionarios guardan el teclado del ordenador sobre un montón de expedientes para conseguir un mínimo hueco donde abrir los legajos en los que están trabajando.
A lo largo de la jornada laboral hay momentos en los que los funcionarios escriben de pie porque utilizan sus sillas para dejar los expedientes en los que están trabajando. Tanto los letrados como los procuradores o cualquier ciudadano que entre al local, tienen que sortear las cajas, muchas veces saltando, para poder acceder hasta algunas de las mesas o a los despachos de la magistrada y del secretario judicial. Ambos están situados en el fondo del juzgado, carecen de ventanas y, obviamente, de cualquier salida de emergencia.
A la espera
Toda la oficina, que mide 56 metros cuadrado, carece de ventilación natural y el retrete se clausuró hace tres años por los olores que invadían el juzgado. Los funcionarios llevan cuatro años pidiendo mejoras, aunque sin éxito. Tras el pasado verano intensificaron sus denuncias al considerar que la situación higiénica era insostenible.
Tuvieron que esperar hasta finales de noviembre el anuncio de la toma de algunas medidas por parte de la Dirección General de Justicia. Su titular, Antonio Gastaldi, dijo en Elche tras mantener una reunión con los magistrados, que se iba a «racionalizar el espacio» del juzgado de lo Contencioso-Administrativo. Precisó entonces que «el objetivo primordial de la consejeria es garantizar la dignidad del trabajo de los funcionarios, así como su salud y seguridad».
Las medidas consistieron en arreglar el sistema de aire acondicionado, cambiar los ordenadores e instalar quince estanterías en el entresuelo donde está ubicado el archivo de dicho juzgado y de otro de Primera Instancia que ocupa otro local colindante.
Los funcionarios advirtieron entonces de que no eran las medidas adecuadas porque no solucionarían la falta de espacio. Recordaron que la única medida válida era el traslado del juzgado a un local que reuniera las condiciones necesarias. El director general de Justicia dejó claro en su visita a Elche que se descartaba alquilar otras dependencias y que el Contencioso-Administrativo no se movería hasta que estuviera terminada la Ciudad de la Justicia.
Inspección
Las estanterías se instalaron en el archivo a principios de diciembre. El juzgado de lo Contencioso no dispone más que de un centenar de expedientes para archivar en el entresuelo. El resto de las cajas están llenas de documentos en tramitación, es decir, causas vivas. Subirlas al entresuelo no es operativo, aunque tampoco se descartó con el fin de poder conseguir algo de espacio libre en la oficina.
Ni siquiera será posible. El juzgado de Primera Instancia colindante, que también está falto de espacio, ha ocupado casi todas las estanterías.
Las cajas llenas de documentos seguirán por tanto en el suelo, las mesas y las sillas. En la oficina ya no hay espacio material para colocar más estanterías contra las paredes. Si se tiene en cuenta que la construcción de la Ciudad de la Justicia no estará terminada hasta marzo de 2010 y que después la consejeria tendrá que dotarla de medios materiales y mobiliarios, todo apunta a que los funcionarios del juzgado de lo Contencioso tienen ante sí otros dos años de espera y desesperación.
El pasado 11 de diciembre y después de varias semanas de espera, un inspector del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo visitó las instalaciones. Desde entonces, nada se sabe de los resultados de la inspección.
Los funcionarios pidieron que se clausuraran los locales por no reunir las condiciones de salubridad y de seguridad. Ésta fue la segunda vez en la que lo solicitaron desde que este juzgado funciona en los locales actuales hace cuatro años.
Ante la pasividad de la Consejeria de Justicia y de la Inspección de Trabajo, los funcionarios están estudiando la adopción de otras medidas. Su preocupación crece proporcionalmente al número de asuntos que entran en el juzgado. En 2007 se registraron 986 asuntos. El año 2008 se ha cerrado con 1.046. Hay que precisar que los expedientes urbanísticos son muy numerosos. Las pruebas, varias cajas en cada caso, suelen ocupar mucho espacio.
Las medidas cautelares han crecido en un 30% y han alcanzado el pasado año las 300. A ellas hay que añadir las cuestiones incidenciales que en doce meses han pasado de 12 a 178.
Fuente: laverdad.es
Nada más abrir la puerta de entrada del local (un antiguo garaje remodelado), uno se encuentra con un espacio libre en el suelo, en el centro, que no supera los treinta centímetros de largo y los veinte de ancho. Hay cajas a ambos lados, unas pegadas a la pared y otras a las mesas de los funcionarios.
A partir de ahí, la vista no alcanza más que expedientes y más expedientes. Están por todas partes. En las mesas hay tanto papel que los funcionarios guardan el teclado del ordenador sobre un montón de expedientes para conseguir un mínimo hueco donde abrir los legajos en los que están trabajando.
A lo largo de la jornada laboral hay momentos en los que los funcionarios escriben de pie porque utilizan sus sillas para dejar los expedientes en los que están trabajando. Tanto los letrados como los procuradores o cualquier ciudadano que entre al local, tienen que sortear las cajas, muchas veces saltando, para poder acceder hasta algunas de las mesas o a los despachos de la magistrada y del secretario judicial. Ambos están situados en el fondo del juzgado, carecen de ventanas y, obviamente, de cualquier salida de emergencia.
A la espera
Toda la oficina, que mide 56 metros cuadrado, carece de ventilación natural y el retrete se clausuró hace tres años por los olores que invadían el juzgado. Los funcionarios llevan cuatro años pidiendo mejoras, aunque sin éxito. Tras el pasado verano intensificaron sus denuncias al considerar que la situación higiénica era insostenible.
Tuvieron que esperar hasta finales de noviembre el anuncio de la toma de algunas medidas por parte de la Dirección General de Justicia. Su titular, Antonio Gastaldi, dijo en Elche tras mantener una reunión con los magistrados, que se iba a «racionalizar el espacio» del juzgado de lo Contencioso-Administrativo. Precisó entonces que «el objetivo primordial de la consejeria es garantizar la dignidad del trabajo de los funcionarios, así como su salud y seguridad».
Las medidas consistieron en arreglar el sistema de aire acondicionado, cambiar los ordenadores e instalar quince estanterías en el entresuelo donde está ubicado el archivo de dicho juzgado y de otro de Primera Instancia que ocupa otro local colindante.
Los funcionarios advirtieron entonces de que no eran las medidas adecuadas porque no solucionarían la falta de espacio. Recordaron que la única medida válida era el traslado del juzgado a un local que reuniera las condiciones necesarias. El director general de Justicia dejó claro en su visita a Elche que se descartaba alquilar otras dependencias y que el Contencioso-Administrativo no se movería hasta que estuviera terminada la Ciudad de la Justicia.
Inspección
Las estanterías se instalaron en el archivo a principios de diciembre. El juzgado de lo Contencioso no dispone más que de un centenar de expedientes para archivar en el entresuelo. El resto de las cajas están llenas de documentos en tramitación, es decir, causas vivas. Subirlas al entresuelo no es operativo, aunque tampoco se descartó con el fin de poder conseguir algo de espacio libre en la oficina.
Ni siquiera será posible. El juzgado de Primera Instancia colindante, que también está falto de espacio, ha ocupado casi todas las estanterías.
Las cajas llenas de documentos seguirán por tanto en el suelo, las mesas y las sillas. En la oficina ya no hay espacio material para colocar más estanterías contra las paredes. Si se tiene en cuenta que la construcción de la Ciudad de la Justicia no estará terminada hasta marzo de 2010 y que después la consejeria tendrá que dotarla de medios materiales y mobiliarios, todo apunta a que los funcionarios del juzgado de lo Contencioso tienen ante sí otros dos años de espera y desesperación.
El pasado 11 de diciembre y después de varias semanas de espera, un inspector del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo visitó las instalaciones. Desde entonces, nada se sabe de los resultados de la inspección.
Los funcionarios pidieron que se clausuraran los locales por no reunir las condiciones de salubridad y de seguridad. Ésta fue la segunda vez en la que lo solicitaron desde que este juzgado funciona en los locales actuales hace cuatro años.
Ante la pasividad de la Consejeria de Justicia y de la Inspección de Trabajo, los funcionarios están estudiando la adopción de otras medidas. Su preocupación crece proporcionalmente al número de asuntos que entran en el juzgado. En 2007 se registraron 986 asuntos. El año 2008 se ha cerrado con 1.046. Hay que precisar que los expedientes urbanísticos son muy numerosos. Las pruebas, varias cajas en cada caso, suelen ocupar mucho espacio.
Las medidas cautelares han crecido en un 30% y han alcanzado el pasado año las 300. A ellas hay que añadir las cuestiones incidenciales que en doce meses han pasado de 12 a 178.
Fuente: laverdad.es
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