La Fiscalía recurrió más de mil bodas de conveniencia en 2008

Se enamoraron y pensaron en casarse. Eso es lo que Antonio y Mónica deseaban hace ya casi siete años, pero los tribunales se lo impidieron en mayo del 2008 ¿El motivo? Ella tenía 25 años y él 65. Ella era nigeriana y él español. La Fiscalía consideró que se encontraba ante un caso evidente de matrimonio 'de conveniencia' e impugnó el enlace que se iba a celebrar en Madrid.


Una acusación similar pesó el año pasado sobre el jugador de baloncesto del TAU Cerámica Will McDonald, que fue apartado de la final de la Supercopa cuando un rotativo madrileño le acusó de haberse desposado con una española para lograr el pasaporte y ocupar plaza de comunitario. Algo que ambos negaron tajantemente.

Las bodas llamadas 'de conveniencia', 'blancas' o 'de complacencia' son en realidad un fraude de ley en el que dos personas, una española y otra extranjera, matrimonian sin conocerse de nada. De este modo, el inmigrante puede obtener de forma más sencilla la nacionalidad, en el plazo de un año y el permiso de residencia de manera inmediata. La persona que se ofrece para la boda recibe una sustanciosa cantidad de euros.

Durante el 2008, las fiscalías paralizaron más de un millar de bodas por resultar sospechosas de tratarse de maniobras para obtener la nacionalidad. En concreto, un total de 1.016 parejas recurrieron la decisión de la Fiscalía de negarles la autorización o inscripción de su matrimonio. De ellos, 577 ya se han desestimado, con lo que esos matrimonios han sido paralizados y prosigue su investigación. Según la Dirección General de Registros y Notarias, hay más casos «pero los interesados no presentan recurso», con lo que no se contabilizan.

No conviven

El Instituto Nacional de Estadística calcula que en la actualidad en España hay más de 16.000 inmigrantes casados con un cónyuge español, que no conviven con su pareja. «Es una realidad que no para de aumentar», confirma la profesora de la Universidad de Zaragoza e investigadora en temas de extranjeros, Pilar Diago Diago.

En el 2007 se celebraron en España 35.185 matrimonios en los que al menos uno de los cónyuges era extranjero. El 43,5% de estos enlaces se realizó entre varones españoles y mujeres extranjeras y el 30% entre mujeres nacionales y hombres foráneos. El resto fue entre los propios extranjeros. De ellos 650 fueron recurridos y unos 500 paralizados por la justicia al levantar sospechas de que podían no responder a sentimientos sinceros.

Alguien que desee realizar un matrimonio fraudulento sólo necesita acudir al Juzgado de Paz de cualquier municipio con sus documentos de identidad y una certificación del registro civil. Pilar Blanco, directora de Registros y Notarías, explica que previamente a todo matrimonio se realiza un expediente en el cual el juez del registro confirma que los contrayentes tienen la edad legal para casarse, la capacidad mental suficiente, no están obligados por nadie a contraer matrimonio y no existe impedimento que lo prohiba. Si se han casado en el extranjero, entonces se comprobará que el matrimonio cumple las condiciones de la ley española.

Desde el año 2006, una instrucción del Gobierno alecciona a los jueces de los registros para endurecer la concesión del certificado. Los funcionarios deben interrogar por separado a los contrayentes para descubrir los posibles fraudes. Son preguntas sobre datos personales y familiares básicos. Por ejemplo, deben conocer el nombre de la calle en la que van a vivir, si recuerdan cómo se conocieron, observar su diferencia de edad y si ambos comprenden la misma lengua. Pero el sistema no es perfecto. «En realidad, los funcionarios no se toman la molestia de contrastar los datos del cuestionario y así se cuelan matrimonios inverosímiles», discrepa la profesora Diago.

Precio del matrimonio

Aunque existen casos de ciudadanos españoles que consienten casarse con un inmigrante por solidaridad con su situación, la mayoría son personas con problemas económicos captadas por redes o que se ofrecen a cambio de dinero. El precio por un 'matrimonio blanco' puede ir desde los 5.000 euros a los 15.000 que cobraba la red desarticulada por el Cuerpo Nacional de Policía el pasado 4 de marzo en Navarra. De ese dinero, los que se prestan a la boda reciben unos 4.000 o 5.000 euros; los testigos del evento en torno a los 300 euros, y el resto va a manos de la organización.

La red se encarga de todo: desde hacer las gestiones necesarias hasta acompañar al futuro 'matrimonio' al juzgado o facilitarles los testigos necesarios para su enlace. También les recuerdan que deben ir bien vestidos a su boda y que los anillos sean de su talla. Como los funcionarios de los registros civiles investigan a las parejas mixtas, las redes instruyen a los contrayentes dándoles información sobre dónde pasaron unas supuestas vacaciones de Navidad; dónde viven los padres respectivos; cuándo se dieron el primer beso que nunca existió o si su pareja tiene algún tatuaje o cicatriz. Al año o a los dos años les consiguen también el divorcio, concepto por el cual suelen cobrar aparte.

Algunas de estas bodas se celebran incluso sin que uno de los contrayentes lo sepa. Las redes a veces usurpan la identidad de un ciudadano español tras obtener su documentación tras una pérdida o un robo. Los afectados sólo se enteran cuando meses después reciben una carta de su supuesto 'marido' o 'mujer' extranjero agradeciéndoles el favor hecho para solucionar su situación de irregularidad.

Fuente: nortecastilla.es