viernes, febrero 29, 2008

El Ministerio, contra las cuerdas


Los sindicatos no paran de recibir apoyos. A los de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se suma el de los magistrados de la Sala de lo Civil, que también consideran las demandas «moralmente justas y jurídicamente fundadas». Sus compañeros de lo Penal ya señalaron el pasado miércoles que los funcionarios únicamente piden «un trato económico igual para profesionales que realizan trabajos equivalentes». Tras 26 días de huelga, el ya de por sí renqueante engranaje de la Administración judicial empieza a disparar las señales de alerta.


Desde que el pasado día 4 más de 9.000 funcionarios de siete comunidades autónomas comenzaran los paros para reclamar la equiparación salarial con sus compañeros de las autonomías transferidas, los perjuicios no han dejado de incrementarse. Hasta ahora, más de 30.000 juicios han tenido que suspenderse por la huelga, que en total ha paralizado 60.000 actuaciones judiciales. Las inscripciones en el Registro Civil de bodas, nacimientos y uniones de hecho son las principales damnificadas. De hecho, según los cuatro sindicatos convocantes, las bodas civiles están suspendidas en las comunidades afectadas (donde sólo se han celebrado las que ya estaban señaladas), dado que no tienen un carácter urgente y no están incluidas en los servicios mínimos.

Según explicó Mercedes Gómez Llinas, presidenta del sector nacional de Justicia de CSI-CISF, uno de los sindicatos que han impulsado las protestas, «el colapso está acarreando tales retrasos que después va a ser muy difícil ponerse al día».

Ayer, un millar de funcionarios (2.500, según los organizadores) trasladó sus reivindicaciones a la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz, donde exigieron al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que atienda sus reivindicaciones. Los trabajadores públicos reclaman el mismo salario que cobran sus compañeros de otras comunidades (donde las competencias han sido transferidas a los Gobiernos autonómicos), unos 2.400 euros más al año.

«Dónde está, no se ve, el talante de ZP», «este Zapatero nos quita el dinero», «Bermejo dimite, Justicia no te admite» y «hasta la subida, huelga indefinida», corearon los manifestantes, que también gritaron: «Con nuestro dinero, se ha hecho un picadero» (en referencia a los 250.000 euros que ha gastado el titular de Justicia en la reforma de su piso oficial).

Horas antes, los cuatro sindicatos convocantes de los paros (UGT, CC OO, CSI-CISF y STAJ) habían saldado con un nuevo fracaso la sexta reunión mantenida con los representantes del Ministerio para intentar llegar a un acuerdo. Hoy mismo, ambas partes volverán a darse una nueva oportunidad. Los sindicatos esperan que el Ministerio mejore una propuesta que consideran «insuficiente».


Fuente: La Razon Digital

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jueves, febrero 28, 2008

Los funcionarios de Justicia, sobre Bermejo: "Con nuestro dinero se ha hecho un picadero"

Un millar de funcionarios de Justicia se han manifestado ante la sede federal del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, al grito de "en justicia, ZP, el talante no se ve" y con el objetivo de reclamar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que acceda a las reivindicaciones de mejoras salariales que les mantienen en huelga desde el pasado 4 de febrero. Centraron sus críticas en Bermejo. "Con nuestro dinero se ha hecho un picadero", en referencia a las reformas millonarias que ha realizado en su piso.


Los participantes en la protesta, convocados por los sindicatos UGT, CCOO, STAJ y CSI-CSIF, que elevaron el número de participantes hasta los 2.500, hicieron sonar pitos, bocinas, sirenas e incluso cencerros ante la sede socialista durante casi dos horas, y gritaron consignas como "donde está, no se ve, el talante, ZP", "este Zapatero nos quita el dinero" o "hasta la subida, huelga indefinida".

Centraron sus críticas en el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, del que repartieron esquelas con su nombre, billetes de 200 euros con su efigie y carteles con su fotografía y la leyenda "se busca". "Con nuestro dinero se ha hecho un picadero", le corearon en varias ocasiones en referencia a la reforma de 250.000 euros que ordenó realizar en su piso oficial.

Los funcionarios, que ocuparon la calle Ferraz entre el número 39 y la confluencia con Buen Suceso, portaban pancartas en las que se podía leer "con este sueldo, señor Bermejo, no tenemos ni pa comer conejo", "Bermejo colega, el sueldo no nos llega" o "solución, equiparación". Al mismo tiempo ondearon banderas de sus comunidades autónomas de origen, entre ellas las de Castilla y León, Asturias, Castilla-La Mancha y La Rioja.

"Nos vemos el 9-M"

A pesar de que algunos manifestantes portaban también pancartas con lemas como "Justicia va a ganar las elecciones" o "nos vemos el 9-M", la secretaria de Justicia de UGT en Madrid, María Teresa Periáñez, aseguró a Europa Press que la concentración "no tiene un carácter político" y se limita a "una reivindicación laboral".

"Que haya coincidido con las elecciones es pura y dura coincidencia", aseguró. "Nos estamos manifestando ante el partido político que está en el Gobierno porque los responsables del Ministerio se nos han quedado cortos", explicó antes de agregar que la protesta "podría realizarse exactamente igual ante las sedes del Gobierno de la Nación, la Delegación del Gobierno o la Comunidad de Madrid".

A la huelga están convocados unos 9.500 trabajadores de siete comunidades (Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Murcia, La Rioja, Baleares y Asturias), de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y de los órganos centrales con sede en Madrid, entre ellos la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Según los cálculos de los sindicatos, los trabajadores del resto de regiones ganan de media 200 euros más al mes que sus compañeros, lo que supone una diferencia de 2.400 euros al año.

El portavoz de STAJ, Alberto García, explicó que los sindicatos siguen reclamando una subida salarial de 400 euros al mes mientras que el Gobierno mantiene su oferta inicial de aplicar un complemento de 180 euros mensuales hasta 2010. No obstante, indicó que el departamento dirigido por Fernández Bermejo tiene previsto trasladar mañana "una nueva oferta" a los trabajadores.

Fuente: Libertad Digital

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Convocada una concentración ante la sede central del PSOE en Madrid


Los funcionarios de los organismos de justicia de las Comunidades Autónomas que no cuentan con las competencias transferidas continuarán con la huelga convocada desde el pasado día 4 de este mes y tienen previsto realizar una concentración de protesta hoy en la sede central del PSOE en Madrid. En un comunicado de prensa, la plataforma sindical –integrada por CC.OO, CSI-CSIF, UGT y STAJ– reiteran su intención de continuar las movilizaciones de protesta para exigir al Gobierno un incremento salarial, tras la valoración que han llevado a cabo las diferentes asambleas regionales. Los sindicatos afirman que el Ministerio no ha presentado en la mesa de negociación ninguna propuesta que mejore la oferta que el departamento dirigido por Mariano Fernández Bermejo realizó el pasado viernes.


Por su parte, el Ministerio de Justicia detalló en un comunicado que durante la cita del lunes se transmitió una nueva propuesta a los funcionarios consistente en la paga de 60 euros mensuales desde enero de 2008, 30 euros más en 2009 y 90 más el 1 de abril de 2009. También se planteó una compensación de 360 euros en forma de pago único a percibir el 30 de abril de 2009.

Además, el Gobierno plantea también un plan de mejoras concretas en el funcionamiento de la Oficina Judicial, algunas de ella con implantación inmediata –relativas a la informatización de los procesos y el control de horarios entre otras–, para que junto a otras iniciativas se consolidara el pleno funcionamiento de la citada Oficina Judicial.

En la nota, el Ministerio expresa su voluntad de acuerdo, que se ha plasmado en la mejora de la propuesta inicial en varias ocasiones, y lamenta los perjuicios que está causando a los ciudadanos la situación de huelga indefinida “totalmente ajena a su voluntad”.

Justicia también aseguró compartir la preocupación manifestada por las Salas de Gobiernos de algunos órganos jurisdiccionales sobre la repercusión que en su trabajo están teniendo los paros convocados.

Mientras, representantes sindicales que acudieron a la reunión del lunes afirmaron que la misma concluyó sin ningún avance y que la huelga continuaría junto a las consultas de las asambleas para valorar la actitud y la postura del Ministerio sobre las mejoras salariales exigidas por los trabajadores.

El portavoz del área de Justicia de CCOO, Javier Hernández, indicó que los paros convocados continuarán tal y como han acordado los trabajadores “por amplia mayoría” en las asambleas convocadas. Asimismo, deseó que el Gobierno central sea “capaz” de presentar una oferta que satisfaga las exigencias planteadas por los funcionarios.

Además, calificó de “intransigente” la postura del Gobierno y detalló que el Ministerio condicionó la presentación de nuevas propuestas a la desconvocatoria de la huelga, según el propio Hernández.

Fuente: Libertad Balear

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Haciendo memoria

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Para el Ministerio no existe discriminación salarial

El Ministerio de Justicia asegura que ha hecho «desde el primer momento un esfuerzo» en su afán de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la huelga que mantienen los funcionarios desde el 4 de febrero. El pasado lunes se estuvo a punto de alcanzar un pacto, que cuajara la negociación que finalmente se resquebrajó cuando los representantes de los trabajadores exigieron que «no se cargue el coste de la huelga a la nómina», según afirmaron fuentes del Ministerio.


De este modo se abría una nueva brecha y un debate en el que el Ministerio «no puede ni debe entrar por razones lógicas», porque no puede asumir el coste económico de la huelga.

La negativa del Ministerio a perdonar el dinero a detraer de la nómina de los funcionarios que están en huelga, y que «por tanto no han trabajado», es un escollo más para el acuerdo. Las fuentes insistieron en que no se puede condonar las cantidades a descontar en la retribución por los días de huelga porque sencilla y llanamente «no se ha trabajado», y «cuando se inicia un paro se sabe las consecuencias que acarrea, las cantidades a restar por los días de huelga», recalcaron las fuentes.

Así las cosas, reconocieron que «no hay muchas esperanzas de alcanzar un acuerdo a corto plazo, aunque el Ministerio ha hecho un esfuerzo desde el primer momento». En esta misma línea, la Administración de Justicia explicó que, en su afán de sellar un pacto para zanjar el conflicto, puso sobre el tapete de la mesa de negociación dos iniciativas, mejorando las efectuadas en las anteriores reuniones celebradas para tratar de resolver el problema; dos nuevas propuestas «dentro de las limitaciones presupuestarias contempladas en el ejercicio de 2008».

Por otro lado, el Ministerio señaló que durante esta legislatura el aumento medio de los sueldos de los trabajadores de Justicia ha sido del 20%, cifra a la que habría que sumar los incrementos que resultaran acordados en la actual negociación.

Cuestión de 200 euros.

Los funcionarios de Justicia iniciaron la huelga indefinida, que ha entrado en su cuarta semana, para exigir la equiparación salarial en el complemento específico respecto a sus compañeros de las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias de Justicia; es decir una media de 200 euros más al mes que es lo que consideran que están cobrando de menos.

Para el Ministerio, no existe una discriminación salarial, ya que los trabajadores de la Administración de Justicia, del territorio del Ministerio, tiene el mismo salario; «la diferencia, como bien dicen, está en las autonomías que tienen las competencias, no en el Ministerio».

No obstante, Justicia hizo una primera oferta a los funcionarios en la que ofrecía 40 euros más al mes este año, otros 50 en enero de 2009 con efectos retroactivos y 90 más hasta 2010; 180 euros en tres años; oferta que retiró posteriormente y que los funcionarios se tomaron muy mal vertiendo duras críticas contra el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, al tiempo que emprendían nuevas medidas de presión.

Las últimas ofertas que presentó el Ministerio en la última mesa de negociación celebrada el pasado lunes tampoco ha convencido a los funcionarios.

Por ello, aseguran que van a continuar con las manifestaciones en la calle, además de seguir intentando boicotear todos los mítines y actos relacionados con la campaña electoral.

Fuente: La Tribuna digital

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miércoles, febrero 27, 2008

EL GOBIERNO VIOLA LOS DERECHOS DE LOS HUELGUISTAS DE JUSTICIA


Los funcionarios de la Administración de Justicia están en huelga y el conflicto, enquistado, está alargándose más allá de lo previsto. Siempre que se respeten los derechos de los ciudadanos, usuarios de los servicios públicos, la huelga es un derecho constitucionalmente garantizado de todos los trabajadores. Sin embargo esta huelga, en plena campaña electoral, ha hecho que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pierda en demasiadas ocasiones los papeles y se enfangue en un grave problema.


La huelga comenzó y continúa por la disparidad de trato entre los funcionarios que siguen al servicio directo del Ministerio de Justicia y los transferidos a las Comunidades Autónomas. Los huelguistas, convencidos de sus razones, no han conseguido concesiones del ministro Mariano Fernández Bermejo, y decidieron presionar al PSOE acudiendo a los mítines de Zapatero durante la campaña electoral. Representantes de los funcionarios afectados han acudido a varios actos con pancartas reivindicativas como Justicia en huelga y Trabajo = salario, han actuado en todo momento de manera pacífica y han aceptado ser desalojados por los servicios de seguridad internos del PSOE sin oponer resistencia.

Pero esta reivindicación pone nervioso al PSOE, y ha habido denuncias por agresiones a los funcionarios en huelga. Así, por ejemplo, en Cáceres el día 22 unos 70 funcionarios intervinieron con sus pancartas en un mitin de Juan Carlos Rodríguez Ibarra y dos de ellos terminaron con lesiones al ser expulsados. El partido del talante no se encuentra cómodo cuando le toca recibir a los manifestantes. Sin embargo, mientras sea pacíficamente, los españoles tienen derecho a manifestar públicamente sus ideas y reivindicaciones, y es aleccionador que reaccione con violencia e intolerancia precisamente el partido que protagonizó y capitalizó las manifestaciones anteriores y posteriores al 11-M.

Desde el Gobierno se están adoptando medidas de excepción para impedir que los funcionarios en huelga muestren su descontento en público. Ante el mitin de Zapatero en León el mismo día 22 se había previsto la concentración de huelguistas para recordar al presidente sus demandas. Sin embargo, fuerzas policiales, enviadas por el Ministerio del Interior y previamente avisadas de la concentración, detuvieron en las carreteras los autobuses salidos de Valladolid, Salamanca, Burgos y Zamora, y retuvieron a los huelguistas impidiendo que llegasen a León. Los huelguistas que acudieron desde Soria y Asturias sí consiguieron llegar al acto, pero al desplegar sus pancartas fueron disueltos por los servicios de orden socialistas y seis manifestantes han tenido que denunciar las lesiones recibidas.

Los españoles tienen libertad de expresión y derecho a manifestarse, y nuestra Constitución garantiza su libre circulación por el territorio nacional. Sin embargo, por lo visto, el PSOE no reconoce en la práctica ninguno de esos derechos a los funcionarios de Justicia, a los que trata como si se tratase de peligrosos hinchas violentos con medidas de muy dudosa legalidad. El subdelegado del Gobierno en León, Francisco Álvarez, y el delegado en Castilla y León, Miguel Alejo, han sido denunciados y se pide su dimisión. Si se demuestra que actuaron cumpliendo órdenes del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, será su dimisión la que deberán pedir.

Hace cuatro años, Zapatero dijo que las personas que cercaron las sedes del PP el día de reflexión ejercían su derecho a la libertad de expresión. Se trató de actos violentos en un día excepcional, pero si lo que el presidente dijo entonces sigue siendo válido deberá pedir disculpas por el trato dado a estos funcionarios. Si por otro lado le preocupa la seguridad de los actos de campaña convendría que se dedicase el mismo o mayor celo a proteger los mítines de la oposición de auténticas agresiones violentas, que Zapatero no está recibiendo pero sí María San Gil, Dolors Nadal y Rosa Díez e incluso la propia María Teresa Fernández de la Vega. El PSOE está nervioso y emplea los medios del Estado de manera abusiva en provecho propio, en el curso de una campaña en la que sabe que puede perder. Pero eso no legitima ninguna limitación autoritaria de los derechos de los ciudadanos.

Fuente: El Semanal Digital

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Logroño: Los trabajadores de Justicia forman una cadena humana

Un centenar de trabajadores de Justicia en huelga indefinida formaron ayer una cadena humana que unía el Palacete con el edificio judicial para reivindicar mejoras salariales. Los manifestantes, que portaban carteles alusivos al conflicto que mantienen con la Administración, se desplazaron -también formando una cadena humana- hasta la sede de CCOO, donde se informó de la reunión celebrada el lunes y donde mostraron su disposición a seguir con la huelga.


Fuente: elcorreodigital

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Asturias: La huelga paraliza 7.000 juicios y los registros civiles

La actividad en los tribunales y en los registros civiles asturianos empieza a sufrir un atasco considerable. Según las estimaciones de los sindicatos, hasta el momento el conflicto mantiene paralizados 7.000 juicios, mientras que los trámites para realizar la inscripción de nacimientos y defunciones sólo se realizan a medias. Los trabajadores asientan las altas y las bajas en los archivos para dar cumplimiento a los servicios mínimos, pero no expiden los libros de familia. De esa manera, los ciudadanos que acuden para realizar esa gestión deberán regresar a las ventanillas una vez acabadas las movilizaciones para acabar con todo el papeleo.


Las cifras oficiales que día a día distribuye el Ministerio de Justicia sitúan a Asturias como la comunidad autónoma con mayor seguimiento del paro entre las siete donde aún no ha acabado el proceso de cesión de las competencias en la materia. Según informó la Delegación del Gobierno, ayer pararon el 53,2% de los funcionarios, una cifra que los sindicatos convocantes -CC OO, UGT, CSI-CSIF y STAJ- elevan el 98%, un resultado cercano al abandono absoluto del trabajo. Fuentes del comité de huelga reiteraron su postura de los días anteriores y señalaron que la protesta se fortalece con el tiempo, «al contrario de lo que esperaba el ministerio», y que las asambleas matutinas crecen paulatinamente.

La acumulación de trabajo pendiente en los juzgados ha generado una corriente de demostraciones públicas de apoyo a los funcionarios. En Asturias, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia ya han expresado su respaldo de las reivindicaciones -la homologación salarial con sus compañeros de las comunidades con competencias transferidas, lo que significaría mejorar sus sueldos en 2.400 euros anuales- de la plantilla. La sala de gobierno del Tribunal Supremo, las asociaciones de jueces y fiscales y los secretarios judiciales también han expresado su solidaridad a los huelguistas y el deseo de un arreglo rápido para recuperar la normalidad en las salas.

Falta de sintonía

El acuerdo, sin embargo, aún no ha fraguado. Los representantes sindicales rechazaron el lunes, en una reunión que se prolongó hasta la madrugada, la última oferta de Justicia, a pesar de que horas antes el ministro Mariano Fernández Bermejo -al que los sindicatos reprochan su «desidia»- se había mostrado seguro de lograr un entendimiento. En Asturias, los empleados volvieron a manifestarse en Oviedo, ante la sede regional de la Federación Socialista Asturiana (FSA), y en Gijón. Los sindicatos, además estudian organizar una segunda manifestación en Madrid tras la marcha entre el ministerio y el cuartel general socialista de Ferraz.

Fuente: elcomerciodigital.com

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Baleares: Los funcionarios de Justicia paralizan el pleno del Parlament

El pleno del Parlament tuvo que ser interrumpido ayer durante unos minutos a causa de un grupo de funcionarios de Justicia que se han manifestado con pancartas justo cuando el presidente del Govern, Francesc Antich, iba a responder a una pregunta de Rosa Estaràs relativa a la huelga indefinida que mantienen los sindicatos de este sector.


El presidente del Govern, Francesc Antich, ha asegurado que espera que "bien pronto" el Ministerio de Justicia llegue a un acuerdo con los sindicatos y ha añadido que "de ninguna manera el Govern" adoptará "una postura sumisa ante el Gobierno central si no hay acuerdo". "Ni el Gobierno del Estado obligará a este Govern", así lo ha dicho en el pleno del Parlament.

Entre el público del pleno había dieciséis funcionarios de la Justicia de Palma e Inca, los cuales han sacado varias pancartas en el momento de la pregunta parlamentaria que rezaban "Justicia en huelga", lo que ha arrancado los aplausos del PP y por lo que han sido desalojados de la sala.

Momentos después, los huelguistas se han unido a otros compañeros a las puertas de la Cámara autonómica y medio centenar de ellos han protagonizado una ruidosa protesta.

Fuente: mallorcadiario.com

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Extremadura: Los funcionarios de Justicia seguirán acudiendo a los mitines del PSOE para protestar


Los funcionarios de Justicia extremeños seguirán acudiendo a los mitines del PSOE en la región para protestar por su situación, después de que no hayan fructificado las negocaciaciones a nivel nacional entre el Gobierno y los sindicatos convocantes del paro en las comunidades sin competencias transferidas.


El portavoz regional de CCOO en el área de Justicia, Vicente Alegre, indicó que, una vez concluidos los encierros en los palacios de justicia, los funcionarios se dedicarán, además de hacer acto de presencia en los mitines socialistas, a realizar pequeñas "manifestaciones" por las calles de las principales localidades de la región, en las que aprovecharán para entregar a los ciudadanos impresos en los que se explican sus reinvidicaciones.

La primera de estas manifestaciones tuvo lugar ayer hacia las 12.00 horas del mediodía, cuando un grupo de funcionarios, con banderas de los sindicatos convocantes, se dirigieron a la sede regional del PSOE, en Mérida (puedes ver el vídeo aquí). Como en esos momentos, aseguró Alegre, "no había nadie", los funcionarios se volverán a concentrar hoy frente a la sede socialista.

En cuanto a su presencia en los mitines, explicó que intentarán entrar en los recintos en los que se celebren para protestar. Apostilló que sólo harán acto de presencia "en los más significativos" para que "no se visualice" que los funcionarios están "en campaña". En particular, avanzó su intención de estar presentes en el mitin de Zapatero el próximo día 5 en Badajoz.

Preguntado por las declaraciones realizadas en rueda de prensa por el secretario general del PP extremeño, César Díez Solís, en apoyo de las reivindicaciones de los funcionarios, el dirigente sindical respondió que "cuanto más respaldo, mucho mejor". "En vistas de elecciones generales no sabemos qué gobierno va a estar; si es del Partido Popular ya está diciendo que está de acuerdo con nosotros", apuntó.

Fuente: Extremadura al dia

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Juan Pablo González: "Se han perdido cuatro años para el desarrollo de la oficina judicial"

El vocal del Consejo General del Poder Judicial Juan Pablo González ha afirmado en Logroño que los cuatro últimos años han sido "perdidos" para el desarrollo de la oficina judicial. Para González, "las reivindicaciones de los funcionarios se amparan en la realidad de que hay un trato claramente de discriminación entre los que dependen de comunidades autónomas en las que se ha producido la transferencia y los que siguen dependiendo del Ministerio". "Esa discriminación -ha añadido- no tiene justificación porque esos funcionarios pertenecen todos a Cuerpos Nacionales de la Administración de Justicia y desempeñan idénticas funciones".


González se ha reunido con el consejero de Administraciones Públicas y Política Local de La Rioja, Conrado Escobar, para dialogar sobre la colaboración que mantienen ambas entidades y que afectan a la comunidad riojana, como el proceso de transferencia de las competencias en Justicia y la construcción de un nuevo Palacio judicial en Logroño.

González, en una posterior rueda informativa, ha relatado que la Ley de desarrollo de la oficina judicial se aprobó en diciembre de 2003 y "por el actual Ministerio no se ha dado ningún paso para hacer una realidad el pacto en el que se concretó esa Ley".

"Las reformas procesales necesarias para la implantación de la nueva oficina judicial siguen pendientes, los últimos cuatro años de justicia, desde la perspectiva del Ministerio, han sido cuatro años perdidos y las reformas pendientes en materia de oficina judicial, de casación y de segunda instancia penal siguen sin haber sido desarrolladas", ha subrayado.

Por ello, cree que "el CGPJ, desde ese punto de vista, puede hacer un balance negativo de lo que han sido estos años, se ha perdido un tiempo muy importante, que podía haber sido empleado para mejorar el funcionamiento general de los servicios de la administración de justicia".

Respecto a la huelga que mantienen los funcionarios de Justicia, González ha dicho que no existe un pronunciamiento oficial del CGPJ, pero su opinión personal, "compartida por sectores muy amplios de la Justicia", es que existe una "preocupación" por el deterioro que causa en el funcionamiento de los servicios judiciales.

Esa huelga produce retrasos "muy importantes" y causa un "grave" perjuicio a los ciudadanos afectados, ha indicado González. Cree que "hay que confiar en que el Ministerio de Justicia reflexione y dé una respuesta lo más pronta posible y justa a unas reivindicaciones que tienen serios argumentos en su favor".

Fuente: larioja.com

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Oviedo: Finaliza la obra del Palacio de Justicia


Más de seis años después de su apertura y con una sobreinversión de 640.000 euros. El Palacio de Justicia de Oviedo abrió el lunes sus puertas sin su perímetro vallado, o con andamiaje, por primera vez en casi tres años. El Ministerio de Justicia finalizó este fin de semana las obras de restauración de la fachada, que comenzaron el pasado mes de julio. El edificio se mantenía acordonado de forma continuada desde 2005, después de que varias de las losetas que recubrían las paredes exteriores se desplomaran al suelo.

Justicia invirtió 637.499,80 euros en arreglar el exterior del inmueble, inaugurado -nunca se realizó un acto oficial- hace poco más de seis años. El palacio, foco continuo de quejas de usuarios y trabajadores, entró en funcionamiento en la primera semana de noviembre de 2001, tras una inversión de unos 8,5 millones de euros y numerosas críticas a sus dimensiones, por ser pequeño e incapaz de albergar a todos los órganos judiciales de la ciudad.

Sólo dos meses después de su apertura, el 28 de enero de 2002, se desplomó la primera loseta y aparecieron unas enormes grietas en la tercera planta. Desde entonces, las baldosas -las de fuera del edificio y las de las paredes de dentro- continuaron cayéndose. Técnicos enviados por Justicia llegaron a inspeccionar una a una y a marcar con una «x» las que presentaban peligro de desprendimiento, que posteriormente fueron atornilladas. Sin embargo, ni siquiera con eso se solucionó el problema, que obligó a vallar de forma permanente el edificio.

La obra consistió en la creación de una doble fachada -el nombre técnico es «fachada aireada»-, una «nueva capa» superpuesta a la actual que cubriría las polémicas losetas. El Palacio de Justicia fue transferido al Principado el 1 de octubre de 2006, aunque el Ministerio se comprometió a entregárselo con el problema de las losetas solucionado y, por supuesto, sin vallar. De este modo, las obras corrieron a cargo del Gobierno central. Los trabajos, licitados en 749.999,76 euros, fueron adjudicados a la empresa Acciona Infraestructuras, S. A. por 637.499,80 euros.

Las obras del palacio, proyectado por el arquitecto Francisco Pol, comenzaron en octubre de 1997, con el Gobierno de Aznar. En esa fecha, el ex ministro Francisco Álvarez-Cascos incluso colocó la primera piedra. Pero entonces ya había avisos. El presidente del TSJA en aquella época, Eduardo Gota, lanzó varias advertencias sobre las dimensiones del edificio. Sobre plano, el edificio ya se quedaba pequeño.

Cuatro años después -con un sonadísimo retraso- comenzó a funcionar con un cúmulo de críticas. Tal fue el volumen de quejas que en diciembre de 2001 la Inspección Provincial de Trabajo formuló un requerimiento a Justicia para que subsanara las deficiencias halladas, contrarias a la ley de Prevención de Riesgos Laborales. Entre los problemas se encontraban concentraciones de calor (llegaron a cerrarse dependencias por las altas temperaturas y funcionarios colocaron sombrillas de playa para protegerse del sol), corrientes de aire, inundaciones o grietas. A finales de junio de 2002, incluso se desplomó el techo de un pasillo en los accesos a un baño público.

Fuente: lne.es

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Guatemala: El peligroso edificio del Organismo Judicial

Elevadores en mal estado, falta de salidas de urgencia, carencia de ventilación y de espacio en juzgados y salas de audiencia han causado que el edificio de la torre de tribunales del Organismo Judicial (OJ) se vuelva inoperante y peligroso, ya que —según expertos— no cuenta con medidas de seguridad.


Las 1.500 personas, entre abogados, usuarios e igual número de empleados que a diario entran y salen de este lugar, se ven expuestas a sufrir algún tipo de incidente, por ausencia de medidas de seguridad y de mantenimiento en ese edificio.

El miércoles recién pasado, la abogada y activista Hilda Morales se cayó en la entrada del edificio, al tropezar, por la falta de dos baldosas.

“Parte del acceso a la justicia es que haya seguridad en los edificios públicos, y aquí no la hay: además, no hay salidas ni gradas de urgencia”, aseveró.

Otra de las penurias de los usuarios son los tres ascensores que funcionan en ese lugar, ya que el cuarto es para uso exclusivo de jueces y magistrados.

“Es un martirio venir aquí, pues los pocos ascensores que hay son insuficientes para la gran cantidad de personas que tenemos que hacer las diligencias aquí”, se quejó Luis Juárez, uno de los usuarios. Y la situación no es para menos, pues los usuarios deben esperar hasta 15 minutos para ingresar en uno de los tres elevadores.

Hay incluso quienes se han quedado encerrados, lo cual ha suscitado pánico entre los afectados, quienes —muchas veces— pasan más de 15 minutos en esas condiciones y sin ventilación.

“En una ocasión me quedé encerrado, y nadie llegó a auxiliarnos; primero se abrió el elevador”, recordó Juan Ramírez.

Para los fiscales y defensores, ese tiempo de espera les representa llegar tarde a las audiencias o a algún proceso.

También es usual observar en los ascensores a los reos que son trasladados a algún debate o diligencia.

“Esto es peligroso para nosotros, pues en cualquier momento los presos pueden pelearse, y uno queda en medio”, lamentó Ester Gómez.

Según la litigante Judith Álvarez, con estos problemas se viola el derecho a la justicia y seguridad.

Sin espacio

A lo anterior se suma el hacinamiento en que trabajan los jueces y oficiales en los juzgados y tribunales. En esas áreas no hay ventilación ni espacio adecuados, principalmente en las salas de audiencias, donde muchas veces los sindicados se sientan cerca de jueces y fiscales.

La misma situación se vive en las salas de debates, donde la estrechez y falta de equipo afectan los juicios.

Los principales inconvenientes en esas áreas son la carencia de sillas, micrófonos, espacio físico y ventilación, lo cual ha motivado en varias ocasiones la suspensión de audiencias como la apertura a juicio contra Roberto Segovia, ex directivo del Banco de Comercio.

Esta diligencia fue aplazada en cinco ocasiones, pues la judicatura y las salas de debates fueron insuficientes para albergar a unos 1.500 afectados por la estafa de la entidad bancaria.

Sin salidas

Otro peligro latente es la falta de salidas de urgencia en las judicaturas y salas de debates.

Eddy Sánchez, director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, expresó que los edificios deben tener gradas alternas al momento en que se evacúe a las personas por algún incendio o sismo.

Las gradas de urgencia, como las alternas, tienen que contar con iluminación. La torre de tribunales carece de estas medidas de seguridad.

De acuerdo con Guillermo Melgar, vocero del OJ, estos problemas se originan porque no se previó que la población crecería, cuando fue construido el edificio, hace 34 años.

“También hace más de 10 años se iniciaron los juicios orales, por lo que instalaron las salas de debates”, refirió.

Melgar aseguró que está en proyecto la construcción de otro edificio para descongestionar la torre de tribunales.

Los usuarios y litigantes instaron a los magistrados a que agilicen ese proyecto, antes de lamentar alguna tragedia.

Fuente: Prensa Libre

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martes, febrero 26, 2008

Castilla-La Mancha: El TSJ estima razonables las reivindicaciones de los funcionarios

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha comunicó ayer que la «excesiva duración de la huelga» de los funcionarios de Justicia está provocando una «ingente» acumulación de tareas así como demoras y dificultades «muy difícilmente recuperables». Asimismo, la Sala de Gobierno ha estimado que resulta «razonable y legítimo» el principio de equiparación salarial que inspira las reivindicaciones de los funcionarios de la Administración de Justicia.


En un comunicado oficial, el TSJ castellanomanchego ha expresado «la enorme preocupación de los jueces y magistrados de Castilla-La Mancha», transmitida por los acuerdos adoptados por distintas juntas de jueces de la región en relación a la huelga de funcionarios del Ministerio de Justicia no transferidos a las Comunidades Autónomas. Una preocupación que obedece, según el TSJ, a la grave situación de los órganos judiciales como consecuencia de la práctica paralización de la actividad provocada por el conflicto, así como a la progresiva acumulación de tareas, que inciden «muy negativamente en los sobrecargados órganos judiciales» del TSJ. Además, el Tribunal ha señalado que «el retraso supone un grave quebranto de la eficaz y adecuada tutela judicial a que tienen derecho los ciudadanos que acuden a los juzgados y tribunales».

Por último, la Sala de Gobierno del TSJCM ha reiterado el deseo de que se alcance pronto el éxito de las negociaciones entre los sindicatos convocantes de la huelga y el Ministerio de Justicia, a los que se insta a hacer un esfuerzo importante para dar una pronta respuesta a las reivindicaciones planteadas.

Fuente: laverdad.es

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Cáceres: Las imágenes del mitin

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No hubo acuerdo


El Ministerio de Justicia y los sindicatos CCOO, CSI-CSIF, UGT y STAJ, convocantes de la huelga indefinida que comenzó el pasado día 4 en la Administración de Justicia no transferida, no han logrado alcanzar un acuerdo para poner fin a la protesta.

Según ha informado el departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo, los sindicatos tras una reunión de siete horas no han querido aceptar, sin previa consulta a sus representados, la última propuesta presentada por la Administración.


Justicia, que lamenta los perjuicios que la huelga está causando, comparte la preocupación de las Salas de Gobierno de algunos órganos jurisdiccionales en cuanto a la repercusión que en su trabajo está teniendo la protesta en la que los sindicatos reclaman una equiparación salarial entre sus trabajadores y los funcionarios de las comunidades autónomas con competencias en esta materia.

Ambas partes mantienen abierta la mesa de negociación y han convocado un nuevo encuentro para acercar posturas de forma definitiva y desconvocar la huelga, según Justicia.

La reunión del lunes ha sido el quinto encuentro formal entre el Ministerio y el comité de huelga para encontrar una "salida dialogada" al conflicto.

Fuente: elmundo.es

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lunes, febrero 25, 2008

Extremadura: Los sindicatos suspenden los actos programados para facilitar el diálogo

Los sindicatos CCOO, UGT, CSI-CSIF y STAJ anuncian la suspensión de los encierros en el Palacio de Justicia de Mérida y de la manifestación de Badajoz de los trabajadores de Justicia como acto de buena voluntad ante el inicio de las negociaciones con el Ministerio de Justicia. Esta decisión pretende "facilitar un ambiente propicio al diálogo". En cualquier caso, los sindicatos señalan que hoy se celebrarán asambleas de trabajadores para decidir sobre próximas actuaciones.


Asimismo, detallan que, tras 15 días de huelga, el seguimiento sigue siendo del 90 por ciento en la comunidad extremeña, un número que coincide todos los días de huelga "lo que demuestra que el seguimiento no ha decaído ningún día". En ese sentido, lamentan que la Delegación del Gobierno "sigue insistiendo en su mentira, que no cuenten como que se esta trabajando a los que están obligados a cumplir los servicios mínimos y les saldrán las cuentas".

Fuente: La cronica de Badajoz

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País Vasco: El CGPJ insta a izar la bandera española en las sedes judiciales

El Consejo General del Poder Judicial podría facilitar los medios necesarios al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, con el fin de que la bandera española pueda ser izada en las sedes judiciales de la Comunidad Autónoma Vasca. Todo ello previa petición de la Sala de Gobierno del TSJPV. "La bandera tiene que ondear todos los días del año y en lugar preferente. La cuestión ahora es qué medidas concretas adoptar para cumplir la ley", dice Juan Pablo González, vocal del Consejo.


El pasado 15 de febrero la Sala del Gobierno del alto Tribunal vasco acordó instar al CGPJ a que adoptase urgentemente las medidas necesarias para garantizar la presencia de la bandera española en las sedes judiciales, frente a la "negativa del Departamento de Justicia" a colocar mástiles o banderas en los juzgados. Y es que la decisión del Gobierno vasco de no poner medios y no adoptar lo que González dice que son "las medidas necesarias para cumplir la ley, cuyo términos son absolutamente claros", provocan el incumplimiento de "los acuerdos necesarios en materia de recursos", y "genera un conflicto con la Sala de Gobierno del TSJPV".

Según el vocal territorial del Consejo para el País Vasco, Juan Pablo González, son dos las opciones del CGPJ para tal fin: o bien facilitar los medios necesarios para hacerlo, o bien realizar un requerimiento formal al Departamento de Joseba Azkarraga para que la propuesta, realizada por los tres vocales del grupo mayoritario (Enrique López, Carlos Triós y el propio González), se materialice. Recuerda asimismo que "la competencia en recursos materiales le corresponde al Gobierno vasco" pero ésta competencia "no es exclusiva, y el CGPJ ya ha puesto a disposición del TSJPV, en determinados momentos, recursos materiales y personales".

Pese a que el vocal territorial del Consejo no se atrevió a vaticinar cual de las dos opciones sería elegida por el CGPJ, sí que precisó que "los términos de la ley son muy claros y los de la jurisprudencia también". González declara que "la Ley tiene que respetarse y es, precisamente, la Administración de Justicia la que tiene que dar ejemplo antes que ninguna otra a la hora de cumplir y hacer cumplir la Ley".

Fuente: Libertad Digital

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La Rioja: Los funcionarios inician la cuarta semana de huelga

Los funcionarios de Justicia arrancan su cuarta semana de una huelga indefinida por la que se han suspendido ya más de 400 juicios en La Rioja. Después de tres semanas con un seguimiento del 90 por ciento, concentraciones frente a los Juzgados e incluso un encierro y desalojo, los funcionarios afrontan la nueva semana con «estupendos ánimos».


Los sindicatos han convocado una asamblea para explicar a los trabajadores la nueva oferta del Ministerio, que finalmente cedió a mejorar las condiciones, ofreciendo un incremento de 60 euros (y no 40) en el 2008 y el resto de los pagos no más tarde de abril de 2009 (en lugar de diciembre).

Sin embargo, los responsables sindicales siguen viendo «insuficiente» esta oferta, puesto que solicitan un incremento de 200 euros mensuales por empleado en el complemento específico para equipar los sueldos a la media de las comunidades que tienen las competencias de Justicia transferidas. Así, los funcionarios esperan a los resultados de la reunión con el Ministerio que tendrá lugar hoy y con cuyas conclusiones se programarán las próximas protestas.

Fuente: larioja.com

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Extremadura: Los sindicatos aclaran que la reivindicación en Justicia es exclusivamente laboral

Los sindicatos convocantes de la huelga que mantienen los trabajadores de Justicia, UGT, CCOO, CSI-CSIF y STAJ, aclararon que su reivindicación es "exclusivamente laboral, no tiene nada que ver con cuestiones políticas", y aseguran "no entender de ninguna de las maneras, es que se agreda a unos trabajadores por reclamar simplemente igualdad".


De esta forma reaccionan los sindicatos, en nota de prensa, a los hechos ocurridos a la salida de un mitin del PSOE en Cáceres, en el que uno de los trabajadores de Justicia que participaban en esta protesta, presuntamente fue agredido, y así lo denunció en el Juzgado número cuatro de Cáceres.

Los sindicatos aclaran que "quien tiene la llave para resolver el conflicto es el Gobierno, ahora sustentado por el PSOE", y de ahí las protestas en el mitin, pero añaden que "no quepa la menor duda que si el Gobierno fuera del PP o cualquier otro, haríamos exactamente lo mismo".

Explican los sindicatos que uno de los compañeros de justicia, "a los que agredieron en el mitin del PSOE", es interino, cobra alrededor de 1.000 euros al mes y tiene que desplazarse todos los días 180 kilómetros, para asistir a su puesto de trabajo. "La otra herida, ha sido una chica en similares circunstancias", aseguran.

"¿Creen que es justo que se les agreda, por reclamar igualdad salarial, con respecto a otros compañeros catalanes, vascos o andaluces, que realizan el mismo trabajo, y cobran mucho más?", se preguntan los sindicatos, que aseguran que todos los trabajadores deben "ser iguales con independencia de la comunidad autónoma donde se trabaje".

Finalmente, los sindicatos agradecen "sinceramente", el "excelente trabajo" realizado por los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía de Cáceres, "ya que si no llega a ser por su encomiable labor, el número de heridos hubiera sido mayor", aseguran.

Fuente: Extremadura al dia

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León: Las imágenes del mitin

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domingo, febrero 24, 2008

León: Denuncias contra la policía por los incidentes del mitin de Zapatero


Hasta seis denuncias presentan los sindicatos por la actuación policial en los alrededores del Palacio de Deportes para impedir que reventaran el acto. «No somos terroristas», afirma Jesús Alvarez, de STAJ. El mitin electoral de José Luis Rodríguez Zapatero en León ha traído más consecuencias que las meramente políticas.


Hasta seis denuncias han presentado los funcionarios de Justicia de Soria contra los agentes de seguridad del PSOE que les expulsaron a empujones «y algo más» del interior del pabellón cuando sacaron el cartel de «Justicia solución ya».

El delegado de CCOO en Soria, Javier Sanz, fue uno de los agredidos y la 'efectividad' empleada por los agentes de seguridad le provocó numerosos hematomas. «Nunca he visto nada igual. Fue intentar sacar los papeles y, a partir de ahí, sólo vi una avalancha de golpes», asegura.

Así lo confirman también los partes médicos con los que han avalado las denuncias presentadas en Comisaría. El delegado de CCOO afirma –todavía sorprendido– que de los 11 compañeros de Soria que entramos al pabellón «se han presentado seis denuncias. El resto serán testigos».

Los funcionarios de Justicia de Soria coinciden en relatar que «hasta el público la emprendió a golpe con nosotros con los palos de las banderas. Es increíble que estemos en democracia». El motivo por el que pudieron 'colarse' hasta el pabellón es que a última hora cambiaron de autobús y la Policía les perdió la pista.

Por otro lado, estas medidas legales contra la contundencia de la seguridad del PSOE no son excluyentes de las que puedan presentar contra la Policía por su actitud contra ellos en el mitin.

Los funcionarios de Justicia de León fueron también expulsados y relegados a las inmediaciones del Antonio Amilivia. Los sindicatos convocantes de la huelga indefinida que mantienen los trabajadores desde el 4 de febrero –CCOO, UGT, CGT, CSI-CSIF y STAJ– aseguran que «durante la reunión que tuvimos en los Juzgados había policías infiltrados que nos ficharon y luego no nos dejaron entrar», señala Jesús Álvarez de STAJ.

La plataforma sindical estudia la posibilidad de emprender acciones legales por la contundencia utilizada por el dispositivo de seguridad. Javier Fuente, responsable de CCOO, apunta que «tenemos que sopesar si la competencia de los incidentes es del subdelegado, Francisco Álvarez, que consintió que nos trataran así o averiguar de quién es responsabilidad».

Hay que recordar que los 10 autobuses en los que viajaban los trabajadores de Justicia de las provincias limítrofes fueron 'escoltados' por patrullas de la Policía que les desviaron hasta La Virgen del Camino. Los motivos: «Por órdenes de arriba» y «por problemas de seguridad» que impidieron que los trabajadores se acercaran a mostrar sus reclamaciones a Zapatero.

El responsable de STAJ en León afirmó que «no somos terroristas. El PSOE ha demostrado que no es un partido político sino una mafia». Sus declaraciones se basan en que «impidieron que nos manifestáramos y eso es totalmente ilegal. Atentaron contra nuestra libertad de expresión y circulación».

Mientras, Javier Suárez, de CGT, mostraba también su indignación. «Es vergonzoso que el viernes se produjeran tal cantidad de ilegalidades y de un modo tan brutal», a la vez que mantiene que «todo lo que nos hicieron estaba preparado hasta el más mínimo detalle porque sabían quiénes éramos y conocían las matrículas de los autobuses».

Fuente: elmundo-lacronica.com

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Casi 100.000 expedientes paralizados por la huelga

La huelga de funcionarios de Justicia cumple ya veinte días. El balance: retrasos, 30.000 causas pendientes y 50.000 actuaciones en suspenso. La Asociación Profesional de Magistradura (APM) ha advertido este domingo en La Razón que las demandas –equiparación de salarios– son "razonables". Culpan a la "cicatería" del ministerio que dirige Bermejo de éste y de otro problema, la difusión de una mala imagen de la institución.


Los 9.500 funcionarios en huelga, pertenecientes a siete comunidades autónomas (Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, La Rioja y Baleares) además de Ceuta y Melilla, afecta también a la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, la Fiscalía General del Estado, el Registro Civil, los Juzgados de lo Contencioso y el Instituto Nacional de Toxicología. Los sindicatos reclaman el mismo salario que cobran sus compañeros en las autonomías con las competencias de Justicia transferidas (que ganan de media 2.400 euros más anuales).

Según reconoce este periódico, la huelga de funcionarios "está añadiendo más 'madera' a uno de los males endémicos de los tribunales: la lentitud". Esta mala imagen causa preocupación dentro del gremio. El vocal del CGPJ, José Luis Requero, en declaraciones a La Razón, achaca lo ocurrido a la "autonomización", que acarrea que "se trate de distinta forma a funcionarios que realizan las mismas atribuciones".

Para la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) la "cicatería" del Ministerio es la culpable. De paso, la APM ha recordado a este periódico que los salarios de jueces y fiscales sólo han subido este año un uno por ciento pese a la inflación del cuatro por ciento.

Sea como fuere, los retrasos acumulados van a ser "muy importantes" y se necesitarán varios meses para recuperar el trabajo paralizado. El Ministerio de Justicia realizó el pasado viernes, tras una reunión de más de cinco horas, una última oferta sobre la que los cuatro sindicatos convocantes (UGT, CC OO, CSI-CSIF y STAJ) deberán pronunciarse mañana, lunes.

Fuente: Libertad Digital

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Cáceres: PUÑETAZO A UN FUNCIONARIO DE JUSTICIA TRAS PROTESTAR EN UN ACTO DEL PSOE

Un funcionario de Justicia, ha presentado una denuncia por “agresión” tras recibir un puñetazo en un mitin socialista en Cáceres, al protestar por sus condiciones laborales. Según ha relatado, había simpatizantes del PSOE "muy exaltados". Este suceso se produce después de que, en León, el Gobierno desplegara a la policía para evitar que los funcionarios de Justicia interrumpieran a Zapatero. Paralelamente, el día 2 de febrero fue abofeteada en Murcia una funcionaria en un acto de Fernández Bermejo.


El funcionario, Juan Santos, ha presentado esta denuncia por "agresión" en el Juzgado número 4 de Cáceres, a la que acompañó un parte médico del Hospital San Pedro de Alcántara de la capital cacereña, donde fue atendido.

Según relató el denunciante a Europa Press, la agresión se produjo cuando un grupo de funcionarios de Justicia, que había realizado una protesta en el mitin del PSOE, bajaba las gradas del pabellón cacereño para salir a la calle. "Me dieron un puñetazo en la frente, por el que fui trasladado en ambulancia al hospital y me dieron tres puntos en la frente", explicó.

Denuncia la exaltación de los simpatizantes del PSOE

En este sentido, lamentó que debido al "tumulto" que se formó no pudo ver al autor de la agresión, ya que según relató, junto a él había un grupo de simpatizantes del PSOE que estaba en el mitin, entre los que había "una persona más exaltada que incluso tiró a un compañero al suelo".

Ante este hecho, Santos requirió al personal de seguridad que les auxiliaran "vinieron, levantaron al compañero, y cuando ya íbamos saliendo fue cuando me dieron a mi el puñetazo en la frente", por lo que no pudo ver al autor.
Por eso mostró su confianza en que "las cámaras de seguridad recogieran el hecho, ya que los vigilantes de seguridad no consiguieron ni defender a los que estábamos allí presentes y mucho menos ver quien había sido el agresor".

Exige que se asuman responsabilidades

Juan Santos acudió a los juzgados de la capital cacereña acompañado por la delegada sindical de CSI-CSIF, Rosa Pérez, quien lamentó que no se haya identificado a la persona que propinó el "puñetazo en la frente" a su compañero, por lo que reclamó que "se depuren responsabilidades".

En declaraciones a Europa Press, Pérez destacó que tras este suceso "no pasó nada porque la policía montó allí un dispositivo tremendo, si no llegan a acudir y tenemos que depender de la seguridad privada, hubieran sido muchos más los heridos". De hecho, aseguró que otra de sus compañeras también "fue lesionada" en el tumulto que se formó y tuvo que ir al hospital cacereño para ser atendida, aunque señaló que desconoce si tiene previsto presentar una denuncia.

Otra funcionaria agredida

En este caso, el suceso ocurrió el sábado 2 de febrero en la localidad de La Paca (Murcia), donde un grupo de Delegados Sindicales y unos 15 funcionarios se reunieron en el centro del pueblo ante la inminente visita del ministro Mariano Fernández Bermejo. Según el documento del CSI-CSIF, una vez éste llegó, el grupo desplegó pancartas que rezaban "Bermejo dile a Solbes que no queremos conejo, queremos equiparación salarial ya" o "Bermejo no pensarás que el 9 de marzo te voy a votar", en referencia a la subida de salarios requerida por dicho colectivo.

Ante los insultos y amenazas de otros grupos allí congregados, éstos se vieron obligados a desplazarse al otro lado de la carretera nacional Lorca-Caravaca. La agresión se produjo después de que Fernández Bermejo se acercara para mantener una breve conversación con los afectados: un exaltado surgió de entre el grupo de unas 60 personas que rodeaba al ministro y, agarrando fuertemente su brazo, abofeteó en la cara a Conchi Canales, del Juzgado Mixto número 5 de Lorca.

El consecuente tumulto provocado por el suceso tuvo que ser detenido por la Guardia Civil mientras que la afectada, pese a la ansiedad producida por el ataque, pudo interponer una denuncia en la Guardia Civil de Lorca.

A continuación, se produjo un segundo encuentro de los Delegados y funcionarios con el ministro, donde éste manifestó a la agredida su pesar por el suceso, eso sí, también entre más insultos de algunos de los allí congregados.

Fuente: Libertad Digital

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Ceuta: Los funcionarios de Justicia se sintieron "engañados" en el mitin de López Garrido

Los funcionarios de Justicia manifestados el pasado miércoles durante el mitin socialista en el Hotel Tryp aseguraron haberse sentido “engañados” por los miembros del PSOE en Ceuta, quienes -afirmaron- les dieron “noticias falsas, como que se había llegado a un acuerdo en la Mesa de Negociación en Madrid, para intentar paralizar la pitada”.


Ante la información dada por los miembros socialistas, el delegado de CCOO les comunicó “que si ellos tenían algo que decir, fuera ante el público que había allí”. Durante el acto, los representantes sindicales recibieron una llamada de sus compañeros en Madrid, quienes les indicaron que una vez más, no hubo acuerdo en la reunión. Debido a que los funcionarios se sintieron “engañados y se encendieron, aunque ni se insultó a nadie ni se llevó a cabo un acto de vandalismo, sino que de forma verbal y democrática se reivindicó lo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo”.

Algo que consideran “muy fuerte” es que muchos de los asistentes al mitin “decían que todo había sido preparado por Rajoy, y no pensaron que está en juego el pan de muchas familias y que no se permitiría que ningún líder político, defienda las siglas que defienda, mande a los funcionarios a boicotear un determinado acto”. De esta manera, se sintieron “totalmente insultados”, según indicó Ramón González, otro funcionario de este Ministerio.

También destacaron que el portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Diego López Garrido, “no sabía ni las reivindicaciones que estaban haciendo los funcionarios, ni el cuerpo al que pertenecen, ni los complementos que estaban pidiendo”. De esta manera, quisieron recordar que no pertenecen a la Administración General del Estado, sino a un cuerpo independiente y del Ministerio de Justicia, y que no es el sueldo lo que se está peleando, sino la equiparación con el mínimo que están cobrando en el resto de las comunidades autónomas”.

Sin embargo, aseguraron que “no se fue con la idea de reventar un acto político, sino que se escuche las reivindicaciones. Se va al PSOE y no al PP porque es el partido que gobierna, sino se iría a un acto del PP, como ya ocurrió en la anterior legislatura”.

En el trascurso de la entrevista, el delegado de CCOO recibió un sms de sus compañeros de Madrid en el que indicaba que “100 funcionarios de Justicia se han concentrado a las puertas del Consejo de Ministros”, eran las 12:00 horas, minutos antes del comienzo del acto. “Son 100 padres de familia que luchan por el pan de sus hijos, no simpatizantes de ningún partido político”, apuntó señalando su teléfono móvil.

Destacaron también que Fernández Bermejo “se ha convertido en el primer ministro en llevar a los funcionarios a una huelga indefinida, y se está hablando de una persona que pertenece a un partido político que siempre habla del consenso, talante y paz social”.

Fuente: elfarodeceuta.es

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Com. Valenciana: La Consejería intenta evitar la huelga en los Juzgados de violencia sobre la mujer

La Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas convocó a los sindicatos a una nueva mesa de negociación, prevista para el próximo lunes, 25 de febrero, con el objetivo de estudiar la situación de los juzgados de Violencia sobre la Mujer de la Comunidad Valenciana, según informaron fuentes de la Administración.


La conselleria, ante las jornadas de huelga previstas para la próxima semana en estos juzgados, remitió un escrito a los tres sindicatos para convocarles a una nueva reunión de la Comisión Técnica, el lunes, a las 9.30 horas, en la Conselleria de Gobernación, situada en la calle Historiador Chabas.

En el texto, la conselleria se mostraba "consciente" de la "sensibilidad" de los asuntos que se tramitan ante los juzgados de Violencia sobre la Mujer, por lo que les convocó a un nuevo encuentro para "no perjudicar" a los intereses de las ciudadanas que diariamente tienen que acudir a estos órganos.

Previamente, Justicia ya se reunió este lunes con los sindicatos para intentar lograr un acuerdo, algo que no fue posible. La Administración les propuso incrementar en 190 euros el sueldo a los funcionarios de juzgados de Violencia sobre la Mujer -en concreto, a los juzgados mixtos y a los exclusivos y de capital-, pero no a los de reciente creación por no tener una sobrecarga de trabajo.

Fuente: Panorama-Actual.es

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Canarias: Los funcionarios de Justicia se movilizarán por el cumplimiento de los acuerdos de 2006

Los 2.238 funcionarios de Justicia de Canarias decidirán las movilizaciones que secundarán ante el hartazgo que sienten por la "vulneración de la legalidad" en la que incurre la Administración al no cumplir los acuerdos suscritos con los sindicatos que supusieron el fin de la huelga de 2006.

Así lo denunciaron en una rueda de prensa los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Justicia, que abandonaron la reunión que este órgano celebró "tras una hora de desencuentro" con los representantes de la Administración regional y como muestra de rechazo a "la reiterada falta de respeto que muestra hacia la parte social" y a las "malas políticas de gestión" que se desarrollan desde 2005.


María Pita, portavoz de Cobas Canarias, uno de los sindicatos representados en la Mesa, denunció la "política continuista" de la actual directora general de Justicia del Gobierno canario, Rosa Rubio, que llevó a la huelga a los trabajadores hace dos años y que se caracteriza, según dijo, por "una sistemática negación de la mesa de negociación, que reconoce tanto la ley orgánica como la Constitución Española".

Pita aludió a la falta de medios humanos y materiales con la que trabajan los funcionarios de Justicia en Canarias y afirmó que la ley reconoce a la comunidad autónoma la capacidad de aumentar la plantilla en un cinco por ciento cada año, lo que significaría la creación de unas 94 plazas anualmente.

Al respecto, la representante sindical dijo que durante el último año de la anterior legislatura "no se instó al Ministerio de Justicia ese aumento de plantilla" y agregó que con la nueva directora general se pactó en octubre de 2007 pedir ese incremento para este año.

Sin embargo, la Administración informó ayer a los sindicatos de que "ni siquiera ese pacto se llevará a afecto en un cien por cien, ya que hay más de 20 plazas más que tampoco se solicitarán este año", dijo Pita.

Otra de las carencias que denuncian los sindicatos Cobas Canarias, UGT, IC, STAJ, CSI-CSIF y CCOO, este último sin representación en la provincia de Las Palmas, es la "penuria de los juzgados de Primera Instancia, que malviven con un sólo agente judicial desde hace diez años, pese a que en los acuerdos de 2006 se estableció que tenía que haber dos en cada uno".

La imposibilidad de acceder a Internet, "que sí tiene todo funcionario de la comunidad autónoma" y, de esta forma, a las redes de comunicación sindical, es otra de las reivindicaciones del colectivo, que rechaza que los jueces, fiscales y secretarios judiciales tengan esta posibilidad que a ellos se les "niega".

Como muestra de las carencias con las que trabajan los trabajadores de la sede judicial de Granadera Canaria, edificio que está en obras desde enero de 2007, los 21 funcionarios del Juzgado de Primera Instancia Número Seis y Registro Civil de Las Palmas de Gran Canaria, decidieron hoy el cierre de estas dependencias, donde llevan trabajando sin aire acondicionado desde hace tres semanas.

La solución que se dio hoy para resolver las molestias que causan las obras en estas dependencias, en cuyos 600 metros cuadrados se guardan más de 3.500 libros, el más antiguo de 1872, consistió en la colocación de cuatro ventiladores, una medida que los trabajadores consideran una "tomadura de pelo" y ante la que el comité de salud laboral acordó que sólo atendieran las citas fijadas para el día, por lo que quedó fuera de servicio el departamento para el resto de tramitaciones, que ascienden a unas 300 al día.

Pita afirmó que los trabajadores del Registro Civil de Las Palmas de Gran Canaria soportan un volumen de trabajo muy superior al que pueden hacer frente, -lo que hace que el plazo de entrega de las partidas que se solicitan sea de cinco días, cuando la ley establece un máximo de tres-, a lo que se suman, dijo, las labores de digitalización del servicio, a las que también tienen que hacer frente, en lugar de que estas tareas las desarrolle un equipo específico para ello.

En relación a las carencias de personal, Pita dijo que en Las Palmas hay más de cien personas contratadas hace más de un año para realizar tareas de "refuerzo" que deberían formar parte de la plantilla fija de la Administración, tal y como se acordó con la Consejería de Justicia en 2006.

Fuente: Canarias7.es

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Castilla y León: La Junta rechaza fijar una fecha para asumir las transferencias de Justicia

La Junta de Castilla y León rechaza fijar una fecha o calendario sobre el momento en que asumirá las competencias de la justicia, como le ha pedido el Ministerio, hasta que no se resuelvan «los graves problemas» de este servicio en la comunidad autónoma, entre ellos la creación de la Oficina Judicial, como determina la ley, y la reunificación de sedes judiciales en Palencia, Segovia o Valladolid.


Así lo señaló la presidenta de la Sección Castellano y Leonesa de la Comisión Mixta de Transferencias y consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, al término de la reunión de este órgano de negociación en el que se analizaron las últimas reuniones de los grupos de trabajo. De los cuatro grupos constituidos a finales del pasado mes de noviembre, han mantenido encuentros los de personal e inversiones, mientras que permanecen inéditos los de informática y coste efectivo, éste último «vital» para avanzar en la negociación.

«No vamos a establecer una fecha para el traspaso cuando el Ministerio no ha aportado la documentación más esencial, eso sería abocar a esta comunidad a unas consecuencias que serían irreparables», remarcó Del Olmo, para añadir que sería «una irresponsabilidad» por su parte comprometerse a recibir las competencias en una fecha fija sin que se resuelvan «los graves problemas» que tiene la justicia en Castilla y León.

La falta de creación de la Oficina Judicial, por la que los ciudadanos podrían «visualizar» lo que va a ser la administración de justicia, la dispersión de sedes judiciales en distintas provincias y el conflicto surgido con las subidas de sueldos que reclaman los empleados públicos de justicia para homologarse con los que están transferidos a las comunidades son asuntos que debe resolver el Ministerio de Justicia, sostuvo la consejera.

«Ambición»

Por su parte, el consejero de Interior y Justicia, Alfonso Fernández Mañueco, mostró ayer la «ambición» del Gobierno autonómico porque, una vez transferidas las competencias de Justicia a la comunidad, se pondrá a Castilla y León «en la vanguardia» con las nuevas tecnologías y las herramientas para cumplir «con eficacia y calidad» el servicio. Así lo aseguró el consejero durante la inauguración de las I Jornadas de Procuradores de Tribunales y Secretarios Judiciales de Castilla y León. En este sentido, Fernández Mañueco insistió en que la Junta de Castilla y León trabajará para que en la negociación de las transferencias de Justicia se trabaje para que éstas se realizan con la dotación económica «necesaria» para desarrollarlas en las mejores circunstancias.

Fuente: Diario de Leon

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Mallorca: Descontrol total en el correo judicial por la huelga

La huelga indefinida de funcionarios judiciales en reclamación de mejoras salariales, ha causado un descontrol total en el correo de los juzgados, tribunales y fiscalía de Baleares. Miles de escritos, entre ellos informes periciales importantísimos, exhortos de otros juzgados, notificaciones, etc, etc, están bloqueados y, en muchos casos, totalmente fuera de control. Los paros han afectado fundamentalmente a las oficinas de servicios comunes, fiscalía, y entrada y salida de escritos, lo que se conoce como "correo".


Algunos juzgados y tribunales han mantenido en estas tres últimas semanas un ritmo de trabajo aparentemente normal, pero la mayor parte de esa tramitación no ha tenido salida, ni ha podido ser comunicada a los interesados.

Por su parte, la Policía y la Guardia Civil han seguido remitiendo a los juzgados sus atestados o informes relativos a cientos de asuntos, pero estos documentos, aunque físicamente hayan llegado a las oficinas no han sido examinados o tramitados.

En teoría los servicios mínimos obligan a tramitar los expedientes en los que figuren imputados privados de libertad, pero el descontrol generado por los paros se ha traducido en que únicamente se dan curso a las peticiones de libertad o ingreso en prisión.

Algunas pruebas importantes en causas con preso, como un informe pericial acerca de una prueba de ADN sobre un sospechoso, permanecen amontonadas entre otros expedientes por el conflicto.

En Correos también hay acumulados centenares de notificaciones judiciales, pendientes de su entrega.

Los funcionarios en huelga visitaron el edificio judicial de Vía Alemania, acompañados por un conejo disfrazado de juez. El roedor fue traído a Palma por una huelguista de Inca y como parodia de uno de los eslóganes más coreados en el conflicto relativo a la rima del ministro de Justicia Bermejo con conejo.


Fuente: diariodemallorca.es

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Cáceres: Los chicos del coro

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sábado, febrero 23, 2008

León: El Gobierno despliega a la Policía para que los funcionarios de Justicia no interrumpan a Zapatero


Un importante despliegue policial impidió este viernes a un centenar de funcionarios de Justicia en huelga acceder al pabellón donde Zapatero ha celebrado su mitin electoral en León. Mientras, los líderes de la oposición son atacados diariamente por radicales de distinto signo sin que el Gobierno emplee a las Fuerzas de Seguridad para garantizar la libertad de expresión.


Una de las funcionarias en huelga ha señalado que primero el autocar fue desviado de su ruta hacia una localidad cercana a la ciudad leonesa. Cuando por fin pudieron llegar, los policías permitieron que se bajaran en una zona alejada de donde tuvo lugar el acto electoral, por lo que han tenido que caminar más de media hora, escoltados en todo momento por los agentes.

La funcionaria de Justicia Fátima Vera ha denunciado que la Policía Nacional ha retenido durante 90 minutos el autor en el que se dirigía, junto a 59 compañeros, al mitin que esta noche ofrece el aspirante a la reelección del PSOE y presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el Palacio Municipal de los Deportes de León. Vera aseguró que el autobús fue desviado de su ruta hacia la capital castellana y obligado a dirigirse a Virgen del Camino, un pueblo situado a unos 25 kilómetros de León.

En declaraciones a Europa Press, la funcionaria de Justicia, que se encontraba en el interior del autocar, explicó que tras estar retenidos durante más de 90 minutos, finalmente el autobús pudo llegar a la zona del Auditórium, ya en la ciudad de León, donde la Policía dejó bajar a los funcionarios del vehículo.

Vera aseguró que los ocupantes del autocar tuvieron que recorrer la distancia que separa el Auditórium de la ciudad del Palacio Municipal de los Deportes durante media hora, escoltados en todo momento por agentes del cuerpo policial, que también escoltaron el autobús desde su salida de Virgen del Camino.

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, señaló que no hay ningún autobús retenido por la Guardia Civil en ninguna parte y que no ha dado órdenes de hacerlo. "Otra cosa es que hayan sufrido alguna retención al entrar en León, como el resto de los ciudadanos", indicó Alejo, y añadió que la prueba de ello es que "ahí están con sus reclamaciones en una concentración ilegal" a las puertas del pabellón de deportes, donde se reunieron, según sus datos, unas doscientas personas.

La funcionaria explicó que los 60 ocupantes del autocar se han reunido finalmente con el resto de sus compañeros, que según Vera, han sufrido durante el viaje por carretera la misma práctica, en otros autobuses procedentes de otras provincias.

Así, según explicó la funcionaria, a última hora de la tarde había alrededor de 200 trabajadores de justicia en las inmediaciones del Palacio Municipal de los Deportes, al que según Vera, no se ha permitido la entrada de los manifestantes ya que "la Policía ha montado un cordón de vallas que no nos permite acceder" explicó.

Los que sí han podido llegar les han desalojado del Palacio de los Deportes de León. Tres cuartos de hora antes de que comenzara el acto, cuando el pabellón estaba ya completamente lleno, los simpatizantes socialistas se dieron cuenta de la presencia del grupo de trabajadores cuando alguno de ellos exhibió un cartel con sus protestas.

El público, al ver al grupo, comenzó a abuchearles y acompañaron su salida del recinto con una sonora pitada y gritos de "fuera, fuera".

Una vez en el exterior, y después de hacerles salir de la zona de seguridad delimitada con vallas, agentes de la Policía Nacional trataron de impedir que algunos volvieran a acceder al pabellón y forcejearon con varios, mientras otros quemaban banderas del PSOE. El coordinador regional de CCOO de Justicia Javier Fuente, aseguró a EFE que estudiarán emprender acciones contra la subdelegación del Gobierno por considerar que se les han vulnerado sus derechos al no dejarles estar presentes en este mitin donde, según él, estaban "de forma pacífica"

"Somos funcionarios de justicia, nos estamos jugando el pan, y es una vergüenza que el PSOE haga esto", aseveró.

Fuente: Libertad Digital

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Badajoz: Noche de apertura de campaña electoral

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La Rioja: IU apoya las reivindicaciones

Soy Beatriz Alonso Fernández. Quiero mostrar mi apoyo en nombre de Izquierda Unida de La Rioja a los trabajadores del sector de la justicia en huelga.


El paro de los más de 9.000 funcionarios de las siete comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias en materia de justicia comenzó el pasado 4 de febrero y se ha convertido en indefinido. Hasta la fecha, y pesar de los servicios mínimos que han articulado los sindicatos, no se han podido celebrar 40.000 juicios debido a su seguimiento masivo.

Quiero adherirme a la reivindicaciones de los trabajadores, especialmente en materia salarial. Es absolutamente injustificable la diferencia retributiva que existe en hoy en día entre los trabajadores, dependiendo de la comunidad en la que desarrollan su labor. En la actualidad existe una brecha salarial, que los sindicatos cifran en más de 200 euros al mes, entre los funcionarios dependientes del Ministerio y los de las Comunidades Autónomas con las competencias transferidas. No podemos consentir que existan trabajadores de primera y trabajadores de segunda en un servicio público imprescindible para la ciudadanía como es el de la Justicia.

Exijo en nombre de Izquierda Unida al Gobierno, y en concreto al ministro del ramo, Mariano Fernández Bermejo, que se ponga a trabajar de inmediato para dar fin a este problema que está afectando a decenas de miles de ciudadanos y que puede colapsar los juzgados. Una solución que pasa, de entrada, por escuchar a los trabajadores y proceder a una justa equiparación salarial”.

Fuente: Beatriz Alonso es + izquierda

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viernes, febrero 22, 2008

Madrid: Unos 200 funcionarios de Justicia, desalojados del mitin de Zapatero


Tal y como habían prometido, los trabajadores del Ministerio de Justicia en huelga desde el 4 de febrero se han convertido en la 'sombra' del presidente del Gobierno. Al igual que en los mítines de Zapatero del martes y el miércoles en Guadalajara y Gijón, los funcionarios han empañado el arranque de campaña electoral del PSOE.

Unos 200 huelguistas han sido desalojados al Palacio Municipal de Congresos de Madrid por gritar sus consignas durante el acto de los socialistas durante la intervención de Zapatero. Los servicios de seguridad les han expulsado del recinto.


Reclaman que sus salarios se equiparen con los de las comunidades autónomas donde la Justicia se ha traspasado desde la Administración central y cuyos trabajadores perciben unos 2.400 euros más al año por el mismo trabajo, cuando muchos de ellos "cobran poco más de 1.100 euros", según los sindicatos.

Los funcionarios de Justicia están en pie de guerra y se postulan como unos de los 'animadores' y 'agitadores' de estas elecciones. Están aburridos del ninguneo del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, al que acusan de "incapacidad" y "falta de voluntad" para resolver un conflicto que "asumió en abril con el cargo".

Ahora esta huelga le ha estallado en las manos al PSOE y amenaza con enturbiar los actos de campaña de sus principales líderes, Zapatero y la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. "Vamos a reventar todos los mítines que haga falta", aseguró una de las manifestantes tras ser expulsada del mitin inaugural de campaña.

En esa misma línea se expresó horas antes del inicio oficial de la campaña el coordinador del Sector Estatal de Justicia de CCOO: "Vamos a defender nuestras reivindicaciones ante el presidente del Gobierno de forma pacífica porque son derechos justos con la idea de que nos escuche". El líder sindical alertaba de la nueva estrategia de presión ante la incapacidad de llegar a un acuerdo con Justicia. Los trabajadores piensan acudir a cualquier cita importante, especialmente donde esté Zapatero y María Teresa Fernández de la Vega, para forzar un pacto con el Gobierno.

La reclamación de igualdad salarial afecta a unas 9.500 personas, según los sindicatos, una cifra que el ministerio eleva en mil más, e incluye al personal de siete comunidades autónomas (las dos Castillas, Baleares, La Rioja, Extremadura, Murcia y Asturias), las ciudades de Ceuta y Melilla y de los órganos centrales, como el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, la Fiscalía del Estado o el Registro Civil Central.

Desde que comenzó la huelga el 4 febrero, unas 35.000 actuaciones judiciales han quedado suspendidas, lo que supondrá meses de retraso. Entre otros asuntos que están prácticamente paralizados están los registros de niños recién nacidos, el 'cheque bebé' o los permisos de paternidad.

Los trabajadores aseguran que en esta batalla está en juego la dignidad y por ello reclaman ser escuchados por Zapatero. Hasta entonces, van a convertirse en su sombra.

Fuente: elmundo.es

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Palma: Desalojados los funcionarios que permanecían encerrados en los juzgados

Agentes antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía desalojaron ayer tarde a más de medio centenar de funcionarios en huelga que permanecían encerrados desde primera hora de la mañana en los juzgados de Sa Gerreria de Palma, para protestar por el fracaso de las negociaciones que mantienen con el Ministerio para consensuar mejoras salarias que les equiparen con los funcionarios de las comunidades que cuentan con las competencias transferidas.


Según informó el coordinador Servicios Públicos de CCOO, el desalojo se ha producido sobre las 15.15 horas, cuando los agentes se personaron en las dependencias judiciales con orden de desalojar a los más de 50 funcionarios que todavía permanecían encerrados, en un proceso que según éste, se produjo “de forma contundente pero pacífica”, aunque subrayó que algunos de los manifestantes mostraron en un principio reticencias al desalojo y tuvieron que ser arrastrados por el suelo.

Esta mañana, tras la asamblea de trabajadores se ha desarrollado el piquete informativo por las dependencias de los juzgados para exponer a los trabajadores que no han podido acudir a la misma –por estar realizando los servicios mínimos–. Posteriormente “unos cuantos funcionarios han decidido de forma totalmente espontánea encerrarse en los juzgados”, según el coordinador, tal y como ya ocurrió ayer en la gerencia provincial del Ministerio de Justicia.

El portavoz sindical indicó que mañana se reanudará la jornada huelga y se comenzará la ronda en los Juzgados de Vía Alemania de Palma, recalcando que no hay previsto un encierro sino que “todo dependerá de si surge espontáneamente y lo piden los compañeros”.

Los encierros se que se vienen realizando los dos últimos días se produjeron como forma de protestas al entorpecimiento de las negociaciones con el Ministerio, el cual se mantiene firme en su propuesta de aumento inmediato del salario en 40 euros, una oferta “muy alejada de la que reivindicamos”, según el portavoz, que recordó que la demanda de los sindicatos pasa por un aumento de 200 euros para lograr la equiparación con las regiones que no dependen del Ministerio.

Fuente: Libertad Balear

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"Seguiremos a Zapatero hasta que nos escuche"


Al PSOE le ha salido un 'grano' durante esta campaña. Hartos y cansados después de una huelga indefinida que comenzó el 4 de febrero, los funcionarios de Justicia han decidido subir un peldaño más y van a ir a buscar al 'jefe de su jefe', es decir, al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero durante sus actos de campaña electoral para que escuche sus reivindicaciones y logre un acuerdo.

El propio presidente ya ha podido comprobarlo tanto en Guadalajara como en Gijón con la interrupción de sus mítines. En éste último, afirmó que sabe escuchar y siempre está dispuesto a dialogar.


Los funcionarios de Justicia están en pie de guerra y se postulan como unos de los 'animadores' y 'agitadores' de estas elecciones. Aburridos del ninguneo del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, al que acusan de "incapacidad" y "falta de voluntad" para resolver un conflicto que "asumió en abril con el cargo". Ahora esta huelga le ha estallado en las manos al PSOE y amenaza con enturbiar los actos de campaña de sus principales líderes, Zapatero y la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega.

"Vamos a defender nuestras reivindicaciones ante el presidente del Gobierno de forma pacífica porque son derechos justos con la idea de que nos escuche", explica Javier Hernández, coordinador del Sector Estatal de Justicia de CCOO, miembro junto a UGT, CSI-CSIF y STAJ, de uno de los cuatro sindicatos convocantes de la huelga. Tienen decidido acudir tanto a mítines importantes como a las principales sedes del PSOE para forzar un acuerdo con el Gobierno.

Los funcionarios de la Administración judicial dependientes del Gobierno central reclaman cobrar idéntico salario que sus colegas de otras comunidades autónomas que realizan el mismo trabajo. "En esta huelga hay algo más en juego que el sueldo, está la dignidad". Por eso, los huelguistas quieren la intervención directa de Zapatero. "Es la hora de demostrar el talante negociador de forma práctica", afirma Hernández.

La reclamación de igualdad salarial afecta a unas 9.500 personas, según los sindicatos, una cifra que el ministerio eleva en mil más, e incluye al personal de siete comunidades autónomas (las dos Castillas, Baleares, La Rioja, Extremadura, Murcia y Asturias), las ciudades de Ceuta y Melilla y de los órganos centrales, como el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, la Fiscalía del Estado o el Registro Civil Central.

Hernández explica que las diferencias económicas entre funcionarios de diferentes comunidades autónomas alcanza los 2.400 euros anuales en 2008, "y no hablamos de gente que cobra 3.000 euros, sino de personas cuyo sueldo es de poco más de 1.100 euros".

Fernández Bermejo respondía este mismo jueves en Murcia que el Gobierno "no puede responder con el sí a todo porque haya un colectivo que quiera un aumento salarial", al tiempo que apunta que "no puedo tomar decisiones que vayan contra los intereses públicos de algún modo". El Gobierno habla de un coste para las arcas públicas de 30 millones de euros, una cifra que los sindicatos reducen hasta los 22 millones.

La última negociación entre las partes volvió a fracasar este miércoles mientras ya se acumulan más de 35.000 actuaciones judiciales, según los sindicatos, que han tenido que ser suspendidas. Algunas de ellas son tan importantes como el registro de los niños nacidos desde el 4 de febrero, la tramitación del 'cheque bebé' o los permisos de paternidad.

Fuente: elmundo.es

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La APM se solidariza plenamente con los funcionarios de Justicia

La asociación de jueces mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) se ha solidarizado plenamente con los funcionarios de Justicia en el ámbito no transferido, en huelga desde el pasado día 4, y calificó como "cicatero" el trato ofrecido por el Ministerio que dirige Mariano Fernández Bermejo ante las razonables reivindicaciones de los trabajadores.


"La reivindicación de los funcionarios de equiparación retributiva con aquellos que han sido transferidos es totalmente razonable, puesto que las funciones que realizan ambos colectivos son las mismas", indica la asociación mayoritaria de jueces en un comunicado en el que añade que "no atender una reivindicación de este tipo sólo demuestra la cicatería del Ministerio de Justicia hacia sus funcionarios".

Asimismo, critica que esta actitud también la emplea el Ministerio "en relación con las Carreras Judicial y Fiscal, que han visto cómo sus salarios se han elevado este año en el 1 por ciento, con una inflación que supera el 4 por ciento".

Es por ello que la APM se solidariza "plenamente con las peticiones de los funcionarios judiciales no transferidos" y concluye asegurando que "el Ministerio de Justicia debería asumir la reclamación y no prolongar por más tiempo un conflicto que afecta de forma muy perjudicial al servicio público de la administración de Justicia".

Fuente: Libertad Digital

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