Cuenta atrás para la movilización: Organos centrales

Los funcionarios del Ministerio de Justicia están dispuestos a boicotear la celebración de las audiencias previstas en la Audiencia Nacional los días 4 y 5 para decidir sobre la suspensión de actividades de los partidos PCTV y ANV porque han asegurado que no se trata de servicios esenciales, ni propios de la guardia.

En una rueda de prensa en la Audiencia Nacional, los representantes de los sindicatos convocantes de la huelga indefinida a partir del 4 de febrero (CCOO, CSI-CSIF, UGT y STAJ) han confirmado que respetarán los servicios mínimos impuestos por el Ministerio, pero, según han dicho, éstos no afectan a las audiencias sobre el PCTV y ANV porque se trata de procedimientos ordinarios, ya señalados con anterioridad, y tampoco forman parte de la guardia.


'Queremos obligar a (Mariano Fernandez) Bermejo a negociar' para terminar con unas diferencias salariales 'tremendas', ha subrayado el portavoz de CCOO, quien ha criticado duramente al ministro y le ha acusado de tener una actitud 'prepotente' y 'cobarde' por no haberse sentado a discutir con ellos sobre las reivindicaciones salariales.

Han advertido que no desconvocarán la huelga hasta no recibir una oferta 'justa' y, en este sentido, el representante de STAJ, Vicente Navarro, se ha preguntado cómo es posible que los jueces del Tribunal Supremo sean los magistrados que más cobran de España y, en cambio, los funcionarios de ese órgano judicial tengan los salarios más bajos del país.

Además, han expresado su profundo desacuerdo con los servicios mínimos fijados y han anunciado que 'si es necesario' acudirán al Tribunal Constitucional para que 'nos justifiquen porque se nos imponen unos servicios mínimos tan abusivos'.

La convocatoria de esta huelga afecta a unos 9.500 trabajadores de siete comunidades (Asturias, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Murcia, La Rioja y Baleares) más Ceuta y Melilla, así como el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, la Fiscalía General del Estado, el Registro Civil Central, los Juzgados Centrales de lo Contencioso y el Instituto Nacional de Toxicología.

Fuente: Terra