27 jueces sancionados en 2007

Veintisiete de los aproximadamente 4.400 jueces y magistrados que hay en España fueron sancionados en 2007 al haber cometido alguna infracción en el desempeño de sus funciones. La memoria de la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial explica que, en la mayoría de los casos, la conducta castigada fue el retraso injustificado en sus distintas modalidades (muy grave, grave o leve). Dos de esos 27 jueces fueron castigados con la sanción más grave prevista en la ley, la separación de la judicatura. Otros cinco sufrieron suspensiones de hasta 12 meses.


En total, los expedientes disciplinarios instruidos por el Consejo o por las Salas de Gobierno o presidentes de Tribunales Superiores de Justicia fueron 41, de los que 27 terminaron en sanción. En siete de estos últimos se investigaron conductas consideradas muy graves por la ley: dos concluyeron con la expulsión de la judicatura por desatención o retraso injustificado y reiterado en la tramitación de procesos y un tercero acarreó una suspensión de nueve meses por la misma causa. Otros tres terminaron con suspensiones de funciones de hasta siete meses por absoluta y manifiesta falta de motivación de resoluciones. El último sancionado por falta muy grave fue suspendido en su puesto por cinco meses por abusar de su condición de juez.

Entre las faltas graves y leves, castigadas con multa o advertencia (16), predominan los retrasos injustificados en la tramitación de causas o en dictar sentencia (nueve, en total). De ellos, cuatro fueron castigados con multas de entre 1.200 y 2.000 euros. Otras conductas sancionadas fueron el abuso de autoridad grave, la utilización de expresiones innecesarias o improcedentes o la inasistencia injustificada a juicio.

El trabajo de la comisión disciplinaria fue, además, confirmado en la mayoría de los casos por la Sala de lo Contencioso del Supremo. De las 74 sentencias en materia disciplinaria que ese tribunal dictó en 2007 sólo cuatro dieron la razón al juez o magistrado sancionado.

Fuente: El País