"Seguiremos a Zapatero hasta que nos escuche"

Al PSOE le ha salido un 'grano' durante esta campaña. Hartos y cansados después de una huelga indefinida que comenzó el 4 de febrero, los funcionarios de Justicia han decidido subir un peldaño más y van a ir a buscar al 'jefe de su jefe', es decir, al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero durante sus actos de campaña electoral para que escuche sus reivindicaciones y logre un acuerdo.

El propio presidente ya ha podido comprobarlo tanto en Guadalajara como en Gijón con la interrupción de sus mítines. En éste último, afirmó que sabe escuchar y siempre está dispuesto a dialogar.


Los funcionarios de Justicia están en pie de guerra y se postulan como unos de los 'animadores' y 'agitadores' de estas elecciones. Aburridos del ninguneo del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, al que acusan de "incapacidad" y "falta de voluntad" para resolver un conflicto que "asumió en abril con el cargo". Ahora esta huelga le ha estallado en las manos al PSOE y amenaza con enturbiar los actos de campaña de sus principales líderes, Zapatero y la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega.

"Vamos a defender nuestras reivindicaciones ante el presidente del Gobierno de forma pacífica porque son derechos justos con la idea de que nos escuche", explica Javier Hernández, coordinador del Sector Estatal de Justicia de CCOO, miembro junto a UGT, CSI-CSIF y STAJ, de uno de los cuatro sindicatos convocantes de la huelga. Tienen decidido acudir tanto a mítines importantes como a las principales sedes del PSOE para forzar un acuerdo con el Gobierno.

Los funcionarios de la Administración judicial dependientes del Gobierno central reclaman cobrar idéntico salario que sus colegas de otras comunidades autónomas que realizan el mismo trabajo. "En esta huelga hay algo más en juego que el sueldo, está la dignidad". Por eso, los huelguistas quieren la intervención directa de Zapatero. "Es la hora de demostrar el talante negociador de forma práctica", afirma Hernández.

La reclamación de igualdad salarial afecta a unas 9.500 personas, según los sindicatos, una cifra que el ministerio eleva en mil más, e incluye al personal de siete comunidades autónomas (las dos Castillas, Baleares, La Rioja, Extremadura, Murcia y Asturias), las ciudades de Ceuta y Melilla y de los órganos centrales, como el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, la Fiscalía del Estado o el Registro Civil Central.

Hernández explica que las diferencias económicas entre funcionarios de diferentes comunidades autónomas alcanza los 2.400 euros anuales en 2008, "y no hablamos de gente que cobra 3.000 euros, sino de personas cuyo sueldo es de poco más de 1.100 euros".

Fernández Bermejo respondía este mismo jueves en Murcia que el Gobierno "no puede responder con el sí a todo porque haya un colectivo que quiera un aumento salarial", al tiempo que apunta que "no puedo tomar decisiones que vayan contra los intereses públicos de algún modo". El Gobierno habla de un coste para las arcas públicas de 30 millones de euros, una cifra que los sindicatos reducen hasta los 22 millones.

La última negociación entre las partes volvió a fracasar este miércoles mientras ya se acumulan más de 35.000 actuaciones judiciales, según los sindicatos, que han tenido que ser suspendidas. Algunas de ellas son tan importantes como el registro de los niños nacidos desde el 4 de febrero, la tramitación del 'cheque bebé' o los permisos de paternidad.

Fuente: elmundo.es