Tal y como habían prometido, los trabajadores del Ministerio de Justicia en huelga desde el 4 de febrero se han convertido en la 'sombra' del presidente del Gobierno. Al igual que en los mítines de Zapatero del martes y el miércoles en Guadalajara y Gijón, los funcionarios han empañado el arranque de campaña electoral del PSOE.
Unos 200 huelguistas han sido desalojados al Palacio Municipal de Congresos de Madrid por gritar sus consignas durante el acto de los socialistas durante la intervención de Zapatero. Los servicios de seguridad les han expulsado del recinto.
Reclaman que sus salarios se equiparen con los de las comunidades autónomas donde la Justicia se ha traspasado desde la Administración central y cuyos trabajadores perciben unos 2.400 euros más al año por el mismo trabajo, cuando muchos de ellos "cobran poco más de 1.100 euros", según los sindicatos.
Los funcionarios de Justicia están en pie de guerra y se postulan como unos de los 'animadores' y 'agitadores' de estas elecciones. Están aburridos del ninguneo del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, al que acusan de "incapacidad" y "falta de voluntad" para resolver un conflicto que "asumió en abril con el cargo".
Ahora esta huelga le ha estallado en las manos al PSOE y amenaza con enturbiar los actos de campaña de sus principales líderes, Zapatero y la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. "Vamos a reventar todos los mítines que haga falta", aseguró una de las manifestantes tras ser expulsada del mitin inaugural de campaña.
En esa misma línea se expresó horas antes del inicio oficial de la campaña el coordinador del Sector Estatal de Justicia de CCOO: "Vamos a defender nuestras reivindicaciones ante el presidente del Gobierno de forma pacífica porque son derechos justos con la idea de que nos escuche". El líder sindical alertaba de la nueva estrategia de presión ante la incapacidad de llegar a un acuerdo con Justicia. Los trabajadores piensan acudir a cualquier cita importante, especialmente donde esté Zapatero y María Teresa Fernández de la Vega, para forzar un pacto con el Gobierno.
La reclamación de igualdad salarial afecta a unas 9.500 personas, según los sindicatos, una cifra que el ministerio eleva en mil más, e incluye al personal de siete comunidades autónomas (las dos Castillas, Baleares, La Rioja, Extremadura, Murcia y Asturias), las ciudades de Ceuta y Melilla y de los órganos centrales, como el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, la Fiscalía del Estado o el Registro Civil Central.
Desde que comenzó la huelga el 4 febrero, unas 35.000 actuaciones judiciales han quedado suspendidas, lo que supondrá meses de retraso. Entre otros asuntos que están prácticamente paralizados están los registros de niños recién nacidos, el 'cheque bebé' o los permisos de paternidad.
Los trabajadores aseguran que en esta batalla está en juego la dignidad y por ello reclaman ser escuchados por Zapatero. Hasta entonces, van a convertirse en su sombra.
Fuente: elmundo.es
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