Asturias: Más de un millar de compañeros se unieron a la huelga

Alrededor de 1.100 funcionarios de Justicia del Principado fueron llamados ayer a secundar la huelga indefinida convocada por Comisiones Obreras, UGT, CSI-CSIF y el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) para exigir al Ministerio una subida salarial de 200 euros mensuales que los equipare a los trabajadores de las comunidades autónomas que ya tienen transferidas las competencias en materia de Justicia.

El Principado se suma así a un paro que en el resto de las autonomías comenzó el lunes y que ha provocado ya la suspensión de decenas de juicios que no estaban incluidos en los servicios mínimos establecidos.


Los trabajadores reclaman con esta huelga al Ministerio de Justicia una «solución inmediata» a la «discriminación salarial» que sufren con respecto a sus compañeros de las comunidades transferidas, una discriminación que «aumenta cada día conforme se van alcanzando acuerdos económicos en los territorios transferidos y que en 2010 se elevaría a 500 euros», aseguró el responsable del sector de Justicia de CCOO.

«La diferencia entre los trabajadores que dependen directamente del Ministerio y los que trabajan en comunidades con las competencias transferidas puede suponer unos 2.400 euros anuales», precisó, y considera «inadmisible que el Ministerio, haciendo gala de su prepotencia, se niegue a negociar cuando se habla de criterios de homogeneidad para trabajadores que prestan los mismos servicios».

La primera medida de presión para acabar con esta actitud «con la que el Ministerio quiere dejar este asunto pudrirse», explicó el responsable de CCOO, fue una concentración que se desarrolló a las ocho y media de la mañana frente al Palacio de Justicia de Oviedo.

CCOO no cree que la negativa del Ministerio a equiparar los sueldos «sea una cuestión de falta de presupuestos, ya que sí se ha subido el sueldo a jueces y fiscales, que son quienes más cobran».

Por su parte, el responsable de Justicia de UGT, denunció que los servicios mínimos impuestos son «abusivos», superando incluso los que se suelen marcar para la sanidad, lo que no impedirá «que haya problemas en el Registro Civil y que se suspendan todos los juicios que no estén incluidos por ellos».

En opinión de los sindicatos, que ya convocaron una huelga en diciembre por este conflicto, «si no se alcanza una solución, habrá una Justicia de primera y de segunda».

Fuente: elcomerciodigital.com