EL GOBIERNO VIOLA LOS DERECHOS DE LOS HUELGUISTAS DE JUSTICIA

Los funcionarios de la Administración de Justicia están en huelga y el conflicto, enquistado, está alargándose más allá de lo previsto. Siempre que se respeten los derechos de los ciudadanos, usuarios de los servicios públicos, la huelga es un derecho constitucionalmente garantizado de todos los trabajadores. Sin embargo esta huelga, en plena campaña electoral, ha hecho que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pierda en demasiadas ocasiones los papeles y se enfangue en un grave problema.


La huelga comenzó y continúa por la disparidad de trato entre los funcionarios que siguen al servicio directo del Ministerio de Justicia y los transferidos a las Comunidades Autónomas. Los huelguistas, convencidos de sus razones, no han conseguido concesiones del ministro Mariano Fernández Bermejo, y decidieron presionar al PSOE acudiendo a los mítines de Zapatero durante la campaña electoral. Representantes de los funcionarios afectados han acudido a varios actos con pancartas reivindicativas como Justicia en huelga y Trabajo = salario, han actuado en todo momento de manera pacífica y han aceptado ser desalojados por los servicios de seguridad internos del PSOE sin oponer resistencia.

Pero esta reivindicación pone nervioso al PSOE, y ha habido denuncias por agresiones a los funcionarios en huelga. Así, por ejemplo, en Cáceres el día 22 unos 70 funcionarios intervinieron con sus pancartas en un mitin de Juan Carlos Rodríguez Ibarra y dos de ellos terminaron con lesiones al ser expulsados. El partido del talante no se encuentra cómodo cuando le toca recibir a los manifestantes. Sin embargo, mientras sea pacíficamente, los españoles tienen derecho a manifestar públicamente sus ideas y reivindicaciones, y es aleccionador que reaccione con violencia e intolerancia precisamente el partido que protagonizó y capitalizó las manifestaciones anteriores y posteriores al 11-M.

Desde el Gobierno se están adoptando medidas de excepción para impedir que los funcionarios en huelga muestren su descontento en público. Ante el mitin de Zapatero en León el mismo día 22 se había previsto la concentración de huelguistas para recordar al presidente sus demandas. Sin embargo, fuerzas policiales, enviadas por el Ministerio del Interior y previamente avisadas de la concentración, detuvieron en las carreteras los autobuses salidos de Valladolid, Salamanca, Burgos y Zamora, y retuvieron a los huelguistas impidiendo que llegasen a León. Los huelguistas que acudieron desde Soria y Asturias sí consiguieron llegar al acto, pero al desplegar sus pancartas fueron disueltos por los servicios de orden socialistas y seis manifestantes han tenido que denunciar las lesiones recibidas.

Los españoles tienen libertad de expresión y derecho a manifestarse, y nuestra Constitución garantiza su libre circulación por el territorio nacional. Sin embargo, por lo visto, el PSOE no reconoce en la práctica ninguno de esos derechos a los funcionarios de Justicia, a los que trata como si se tratase de peligrosos hinchas violentos con medidas de muy dudosa legalidad. El subdelegado del Gobierno en León, Francisco Álvarez, y el delegado en Castilla y León, Miguel Alejo, han sido denunciados y se pide su dimisión. Si se demuestra que actuaron cumpliendo órdenes del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, será su dimisión la que deberán pedir.

Hace cuatro años, Zapatero dijo que las personas que cercaron las sedes del PP el día de reflexión ejercían su derecho a la libertad de expresión. Se trató de actos violentos en un día excepcional, pero si lo que el presidente dijo entonces sigue siendo válido deberá pedir disculpas por el trato dado a estos funcionarios. Si por otro lado le preocupa la seguridad de los actos de campaña convendría que se dedicase el mismo o mayor celo a proteger los mítines de la oposición de auténticas agresiones violentas, que Zapatero no está recibiendo pero sí María San Gil, Dolors Nadal y Rosa Díez e incluso la propia María Teresa Fernández de la Vega. El PSOE está nervioso y emplea los medios del Estado de manera abusiva en provecho propio, en el curso de una campaña en la que sabe que puede perder. Pero eso no legitima ninguna limitación autoritaria de los derechos de los ciudadanos.

Fuente: El Semanal Digital