Más de seis años después de su apertura y con una sobreinversión de 640.000 euros. El Palacio de Justicia de Oviedo abrió el lunes sus puertas sin su perímetro vallado, o con andamiaje, por primera vez en casi tres años. El Ministerio de Justicia finalizó este fin de semana las obras de restauración de la fachada, que comenzaron el pasado mes de julio. El edificio se mantenía acordonado de forma continuada desde 2005, después de que varias de las losetas que recubrían las paredes exteriores se desplomaran al suelo.
Justicia invirtió 637.499,80 euros en arreglar el exterior del inmueble, inaugurado -nunca se realizó un acto oficial- hace poco más de seis años. El palacio, foco continuo de quejas de usuarios y trabajadores, entró en funcionamiento en la primera semana de noviembre de 2001, tras una inversión de unos 8,5 millones de euros y numerosas críticas a sus dimensiones, por ser pequeño e incapaz de albergar a todos los órganos judiciales de la ciudad.
Sólo dos meses después de su apertura, el 28 de enero de 2002, se desplomó la primera loseta y aparecieron unas enormes grietas en la tercera planta. Desde entonces, las baldosas -las de fuera del edificio y las de las paredes de dentro- continuaron cayéndose. Técnicos enviados por Justicia llegaron a inspeccionar una a una y a marcar con una «x» las que presentaban peligro de desprendimiento, que posteriormente fueron atornilladas. Sin embargo, ni siquiera con eso se solucionó el problema, que obligó a vallar de forma permanente el edificio.
La obra consistió en la creación de una doble fachada -el nombre técnico es «fachada aireada»-, una «nueva capa» superpuesta a la actual que cubriría las polémicas losetas. El Palacio de Justicia fue transferido al Principado el 1 de octubre de 2006, aunque el Ministerio se comprometió a entregárselo con el problema de las losetas solucionado y, por supuesto, sin vallar. De este modo, las obras corrieron a cargo del Gobierno central. Los trabajos, licitados en 749.999,76 euros, fueron adjudicados a la empresa Acciona Infraestructuras, S. A. por 637.499,80 euros.
Las obras del palacio, proyectado por el arquitecto Francisco Pol, comenzaron en octubre de 1997, con el Gobierno de Aznar. En esa fecha, el ex ministro Francisco Álvarez-Cascos incluso colocó la primera piedra. Pero entonces ya había avisos. El presidente del TSJA en aquella época, Eduardo Gota, lanzó varias advertencias sobre las dimensiones del edificio. Sobre plano, el edificio ya se quedaba pequeño.
Cuatro años después -con un sonadísimo retraso- comenzó a funcionar con un cúmulo de críticas. Tal fue el volumen de quejas que en diciembre de 2001 la Inspección Provincial de Trabajo formuló un requerimiento a Justicia para que subsanara las deficiencias halladas, contrarias a la ley de Prevención de Riesgos Laborales. Entre los problemas se encontraban concentraciones de calor (llegaron a cerrarse dependencias por las altas temperaturas y funcionarios colocaron sombrillas de playa para protegerse del sol), corrientes de aire, inundaciones o grietas. A finales de junio de 2002, incluso se desplomó el techo de un pasillo en los accesos a un baño público.
Fuente: lne.es
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