viernes, julio 31, 2009

Francisco de Vitoria ve decepcionantes las negociaciones con Justicia

La asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria considera "muy triste y decepcionante" el punto en el que se encuentran las negociaciones con el Ministerio de Justicia para la mejora de esta administración, según se pone de manifiesto en un comunicado interno.


La última reunión con responsables ministeriales se mantuvo el pasado día 23 de julio, cuando se analizaron asuntos económicos de los jueces además de un plan de prevención de riesgos laborales.

Uno de los miembros del comité nacional de la Asociación Francisco de Vitoria, el magistrado salmantino Luis Sanz, ha asegurado que el resultado "no pudo ser más triste", ya que se "ven buenas palabras, pero faltan hechos".

Esta opinión se ratifica en el documento interno de la propia Asociación, cuando se asegura que el resultado de las últimas reuniones les "obliga a considerar seriamente la posibilidad de convocar nuevas movilizaciones en el seno de la carrera judicial una vez pasado el verano".

Esta agrupación judicial y la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) están teniendo la postura más crítica con el Ministerio de Justicia, por la falta de "conclusiones prácticas", han señalado fuentes judiciales.

En las juntas de jueces celebradas en la mayoría de las provincias españolas el pasado mes de mayo se llegó a la conclusión de esperar al mes de octubre para retomar la idea de una nueva huelga, a la espera de un cambio en la postura del Ministerio.

Sin embargo, según la Asociación Francisco de Vitoria, los "gobernantes siguen sin ser realmente conscientes de la gravedad de la situación que atraviesa la Administración de Justicia, más allá de las buenas palabras y el indiscutible mejor talante en las formas del actual equipo ministerial".

Esta asociación judicial pretende esperar a la reunión que se mantendrá en Madrid el próximo día 22 de septiembre, para estudiar "medidas de actuación que se estimen necesarias que logren que la clase política en su conjunto asuma la responsabilidad que le corresponde y adopte las medidas presupuestarias que de forma tan urgente requiere la mejora de esta Administración", según concluye el documento interno.

Tras la última reunión mantenida con el Ministerio, la crítica de la Asociación Francisco de Vitoria se centra en que no se "habían hecho los deberes", según fuentes de esta agrupación judicial.

Así, el equipo ministerial se había comprometido a reunirse con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y con el Ministerio de Hacienda para estudiar las reivindicaciones económicas y sociales que habían planteado los magistrados.

Sin embargo, en la reunión del día 23 de julio se comprobó que "esas reuniones no se habían producido, por lo que el Ministerio, una vez más, venía sin propuestas concretas", ha señalado.

Fuente: adn.es

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Murcia: Se incrementará el personal en los juzgados de lo Social

El personal de los juzgados de Lo Social de Murcia se incrementará a partir de octubre para afrontar el aumento de trabajo que se ha experimentado en estas salas desde el inicio de la crisis económica, informó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región.


El presidente del TSJ, Juan Martínez Moya, explicó que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo de Ministros aprobaron este refuerzo el pasado 12 de julio.

Martínez Moya indicó que solicitó este refuerzo en mayo para evitar que se menoscaben los derechos laborales y legales de los trabajadores de los juzgados de Lo Social. Al respecto, señaló que los tribunales responsables del Ámbito Social, encargados de resolver causas en las que los trabajadores puedan verse afectados por despidos, recibieron el año pasado 273.093 casos más que en 2007, debido a la crisis económica.

Fuente: laopiniondemurcia.es

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El déficit público crece un 740% y desborda las peores previsiones

El agujero presupuestario no deja de crecer. Y lo que es todavía más llamativo, aumenta de forma cada vez más acelerada. Hasta el punto de que ha aumentado un impresionante 740% en el primer semestre del año frente al mismo periodo de tiempo del año anterior. Lo dice la Intervención General del Estado (IGAE) en su último informe de ejecución presupuestaria, en el que refleja un deterioro sin precedentes del saldo fiscal para periodos de paz.


Dos datos ilustran mejor que ninguna otra cosa lo que está ocurriendo. Mientras que los gastos crecen a un ritmo del 29,5% en términos de Contabilidad Nacional, es decir teniendo en cuenta las obligaciones de pago, los ingresos (incluyendo los derechos de cobro y no solamente lo que se recauda) están cayendo a un ritmo del 20%.

La consecuencia no puede ser otra que un ensanchamiento del déficit que ya alcanza los 38.607 millones de euros, lo que supone que el desequilibrio está creciendo a un estratosférico ritmo del 739,3%. Dicho en otros términos. Mientras que el Estado ha ingresado en un semestre 47.233 millones, ha gastado, por el contrario, nada menos que 85.840 millones, prácticamente el doble de lo recaudado, lo que da idea del deterioro de las cuentas públicas.

Como no podía ser de otra manera, el quebranto presupuestario está produciendo un impresionante aumento del endeudamiento público, que está literalmente desbocado. Sólo hay que tener en cuenta que, según las Cuentas Financieras que acaba de publicar el Banco de España, el conjunto del sector público debe ya nada menos que 540.834 millones de euros.

Los datos se refieren al primer trimestre, y ponen de manifiesto que en los últimos doce meses el conjunto de las administraciones públicas se han endeudado en 112.267 millones de euros. Es decir, por encima del 11% del Producto Interior Bruto. El Estado es, con diferencia, el agente económico con mayores necesidades de endeudamiento: casi 98.000 millones de euros en apenas un año. Las comunidades autónomas, por su parte, deben 74.478 millones; mientras que en el caso de los ayuntamientos sus pasivos financieros ascienden ya a 31.377 millones de euros. La Seguridad Social, por último, mantiene unas deudas equivalentes a 17.169 millones de euros, pero esta cantidad se mantiene estable desde hace muchos años. Estas cifras son en términos brutos, toda vez que no recogen los ajustes que permite el SEC 95.

La voracidad del Estado para captar deuda -sin contar el resto de las administraciones públicas- es tal que en los seis primeros meses del año, y según datos del Tesoro Público, el saldo vivo de endeudamiento -diferencia entre nuevas emisiones y amortizaciones- ha crecido en 64.500 millones de euros, cuando lo previsto para el conjunto de 2009 asciende a 88.000 millones, es decir, que se está incumpliendo la senda prevista a principios de año para todo el ejercicio.

Fuente: cotizalia.com

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Madrid: La Comunidad debe casi 20 millones a 5.000 abogados del turno de oficio

Cerca de 5.000 abogados del turno de oficio, cuyo pago depende de la Comunidad de Madrid, llevan sin cobrar desde el pasado mes de enero. El total de la deuda del Ejecutivo regional con el Colegio de Abogados (ICAM) en concepto del primer y segundo trimestre de pago a Letrados -que a día de hoy no ha sido liquidada- es de aproximadamente, 20 millones de euros (19.373.904,20 euros). Y lo más preocupante, según señala Antonio Hernández-Gil, decano del ICAM, «es saber que no se ha habilitado ninguna partida extraordinaria para ello, ya que se consumió el presupuesto de 2009 para liquidar los pagos debidos del 2008».


Preguntado al respecto, el consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, reconoció que el Ejecutivo regional «había liquidado con gran esfuerzo el año 2008, y en pocos días se empezará a pagar el primer trimestre de 2009». Pero no dejó de hacer una serie de precisiones. Según Francisco Granados, lo que ha ocurrido es que «en el año 2008 y a lo largo de 2009 se ha producido un incremento absolutamente desmesurado en la factura del turno de oficio». Un incremento, señaló el consejero, de más del 50 %. «Ahora mismo -asegura-, estamos en un nivel del entorno de los 50 millones de euros». Una situación de gasto que a la Comunidad de Madrid le parece «absolutamente inaceptable».

Inmigrantes en Barajas

Cifras de gasto que para el Gobierno regional se producen por varios motivos: «Desde luego por la legislación, pero también por una aplicación excesivamente permisiva del turno de oficio, sobre todo, en lo relacionado con la llegada de inmigrantes a Barajas», indicó Granados. Para el Colegio de Abogados, los motivos del aumento en el uso del turno de oficio están en «las necesidades críticas personales, por aumento de la inmigración y por modificaciones legislativas como, por ejemplo, la penalización de infracciones contra la seguridad vial que, antes en el orden administrativo, no accedían a la justicia gratuita».

Ante esta situación el Ejecutivo regional asegura que ha manifestado tanto a la Fiscalía como al Colegio de Abogados su malestar. «La Comunidad de Madrid -advirtió el consejero- no se puede permitir niveles de gasto como los que ahora asumimos. También se lo hemos hecho saber al Ministerio de Justicia, aunque es verdad que en los dos o tres últimos meses, y como consecuencia de una sentencia de la Audiencia Provincial que apoya esta teoría de que se está siendo demasiado laxo en la aplicación de la ley y que se está haciendo un uso excesivo del turno de oficio, se ha producido algún cambio que ha traído más rigurosidad en la aplicación».

No es la primera vez que estos profesionales pasan por una situación de estas características. Los abonos de las certificaciones de los dos últimos trimestres de 2008 se realizaron con cargo a las partidas presupuestarias destinadas al ejercicio de 2009. La promesa de pago había llegado en febrero, con las movilizaciones de estos letrados. Estos se encerraron en el Colegio para demostrar a la Comunidad su recelo ante la propuesta planteada por el consejero de Justicia e Interior.

Con esta iniciativa se respondía a las exigencias fundamentales del turno de oficio, y se comprometía al pago inmediato de las cantidades adeudadas por la Comunidad correspondientes a 2008, la ejecución de los pagos de las certificaciones correspondientes a 2009 «con la debida regularidad» y la revisión, por primera vez en seis años, de los baremos de retribución de las actuaciones de estos letrados.

Esta última reclamación tampoco es nueva. Las remuneraciones fijadas por parte de la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Justicia no se han revisado desde 2003.

Fuente: ABC.es

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jueves, julio 30, 2009

Galicia: El Tribunal Superior de Justicia reclama 36 nuevos órganos judiciales

Colapso y falta de juzgados. Un año más, la Justicia gallega echará un pulso a la Xunta y al Gobierno central para tratar de dar respuesta a las miles de causas pendientes de resolución y al déficit de órganos judiciales en algunas localidades.


No citó dónde para no abrir debates localistas ni crear falsas esperanzas, pero sí dio un número. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG), Miguel Ángel Cadenas, advirtió de la “necesaria creación” de hasta un total de 36 nuevos órganos judiciales en Galicia: nueve en el Contencioso-Administrativo, cinco de lo Penal, siete de lo Social, once de lo Civil, uno de Vigilancia Penitenciaria y tres en juzgados de Primera Instancia e Instrucción mixtos. Sobre los municipios en los que urgen estos nuevos juzgados, Cadenas evitó citarlos para no crear expectativas si finalmente el Ministerio de Justicia no atiende todas las demandas del TSJG.

La saturación en los juzgados se arrastra desde hace años. En declaraciones a los medios antes de la reunión de la Comisión Mixta de Justicia celebrada en la sede del Tribunal Superior, calificó de “público y notorio” que la Sala de lo Contencioso-Administrativo es el órgano “más preocupante”, con más de 19.000 asuntos pendientes.

Sobre el total de plazas, Cadenas apuntó que está fijado sin otorgar prioridad, ya que irá en función del número de órganos judiciales que se puedan crear en la comunidad gallega y en conexión con la decisión que adopte la Comisión Mixta.

En la reunión, según el conselleiro de Presidencia, Administraciones Públicas e Xustiza, Alfonso Rueda, se abordaron tres “acciones fundamentales” para llevar a cabo en los próximos años.

La primera de ellas, y que informó de que ya fue aprobada la semana pasada, es la incorporación de nuevas tecnologías en la Administración de Justicia, una iniciativa que cuenta con una inversión de 2 millones de euros entre este año, en el que comenzará su implantación, y 2010.

La segunda de las acciones es un plan elaborado por la Xunta para afrontar el reto que va a suponer la puesta en marcha de la Oficina Judicial, que empieza ya a configurarse y que supondrá una serie de cambios estructurales y organizativos que se tendrán que acometer, según Rueda, “de forma combinada y acompasadamente”.

La tercera y última, se trata de un plan “muy ambicioso” de infraestructuras judiciales, que, confió, pueda ser aprobado “en breve” por el Consello de la Xunta, con un plazo de hasta ocho años y con el que se pretenden dejar resueltas las necesidades de edificios judiciales en Galicia.

Planta Judicial

El camino para reformar la Ley de Planta y Demarcación Judicial ya ha comenzado a recorrerse. El pasado mes de junio fue nombrada una comisión que en seis meses tendrá que elevar una propuesta de reforma para su debate y posterior aprobación. Sobre la modificación del mapa judicial, el conselleiro de Presidencia manifestó su confianza en que la propuesta del ministro de Justicia, el gallego Francisco Caamaño, sea una realidad y que Galicia “pueda tener voz para exponer sus peculiaridades”.

En el acto en la sede del TSJG, Rueda consideró “necesario” llevar a cabo esa reforma de la Ley de Planta “con criterios de racionalidad” para dotar a los ciudadanos de mejores servicios.

Sobre la Torre de la Justicia de La Coruña, el conselleiro de Presidencia se limitó a apuntar que buscará “la mejor ubicación” y que ha de ser una “infraestructura” que “resuelva muchos problemas y que dure muchos años”, por lo que cualquier decisión sobre su emplazamiento se debe tomar “con la más pura y total objetividad”.

Fuente: farodevigo.es

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Baleares: El Gobierno estudia crear un juzgado en Formentera

El Gobierno central aseguró que abordará la creación de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Formentera en la revisión de la Ley de Planta Judicial. El Ministerio de Justicia, mediante respuesta parlamentaria provocada a raíz de una pregunta del senador por Baleares, Pere Torres, indicó que «será entonces cuando se evalúen todos los datos y circunstancias para determinar la necesidad y oportunidad de tal creación».


El principal problema con el que se encuentra la pitiusa menor es que para la implantación de una infraestructura de este tipo se requiere la creación de un partido judicial –unidad territorial para la administración de justicia, integrada por uno o varios municipios limítrofes y pertenecientes a una misma provincia– con la realización previa de informes preceptivos del Govern y del Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, al contar Formentera con una población de 9.147 habitantes y una superficie de 83,2 kilómetros cuadrados, el Gobierno considera que la isla no cumple los requisitos para articular un partido judicial y se encontraría «muy por debajo» de los parámetros necesarios para su creación. Dichos parámetros se basan en tener más de 50.000 habitantes o disponer de entre 700 y 1.000 kilómetros cuadrados de superficie.

En la actualidad, Formentera se encuentra integrada en el Partido Judicial número 5 de las Islas Baleares, con sede en Ibiza. Dicho partido está integrado por cuatro juzgados de primera instancia y cuatro de instrucción. El Gobierno detalla que la carga media de trabajo en los juzgados pitiusos durante 2007 fue de 764 asuntos civiles y 5.398 diligencias previas registradas.

El senador indicó, por su parte, que la competencia propia en asuntos civiles y penales para Formentera es una propuesta «con buena acogida por parte del Ministerio desde el comienzo de la pasada legislatura». Torres incidió en las singularidades de la condición insular de Formentera para respaldar la creación del nuevo juzgado y recordó la creación, durante la etapa de Gobierno del Partido Popular, de juzgados en Canarias y Valencia con la argumentación del factor turístico.

El senador también destacó la buena acogida que ha tenido el nuevo sistema de videoconferencia entre el juzgado de Primera Instancia Número 1 de Ibiza y la isla de Formentera, algo que «hace aún más evidente la necesidad de acercar la justicia a los ciudadanos de esta isla, lo que evitaría el desplazamiento a Ibiza cuando tengan que asistir a actos judiciales», según palabras de Torres.

Por otra parte, la vicepresidenta del Consell, Sonia Cardona, declaró que «la creación de este juzgado es una histórica reivindicación de Formentera y esperemos que esta vez pueda hacerse realidad».

Fuente: diariodeibiza.es

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miércoles, julio 29, 2009

Madrid: De camarero en paro, a un Juzgado de lo Penal en Plaza Castilla

La Comunidad de Madrid ha tomado la iniciativa y ha emprendido los cursos destinados a formar y especializar al personal interino de la administración regional de Justicia que se incorpora sin ninguna experiencia previa. ¿La razón de ello? Las últimas hornadas proceden de la Bolsa de Empleo Común de la Comunidad. Son personas que están en posesión del título de Bachiller Superior. Hay, entre otros, diplomados en peluquería, decoración, camareros e, incluso, amas de casas, además del perfil de licenciado; en ambos casos, sin conocimientos de ese proceloso y árido mundo para neófitos.


Esto es así «porque el Gobierno central no ha convocado ninguna oposición desde 2003», explicó Gonzalo Quiroga, director general de Justicia. Además, la Bolsa de Empleo específica de personal cualificado de la administración del Estado hace tiempo que se agotó, por lo que hemos tenido que echar mano de la común.

Compromiso y necesidad

Todo ello con el fin de poder ir cubriendo la plantilla con interinos -en tanto el Ministerio de Justicia no convoque oposiciones-, hasta el punto de que los interinos ya son el 35% de la nómina de empleados de la administración regional de Justicia, de un total de 6.500 funcionarios.

Dichos cursos forman parte del compromiso adquirido el pasado 28 de abril entre el consejero de Justicia e Interior, Francisco Granados, y el Juez Decano de Madrid, José Luis González Armengol. El objetivo: preparar y adiestrar al personal que ingrese en en ámbito judicial de la región, que ya son una realidad. «Pretendemos llenar un vacío que ha existido y aún existe, y que es un problema en muchas regiones, Madrid, incluida», precisó Quiroga.

«La ausencia de conocimientos no debe mantenerse, por eso, hemos de apostar por la especialización y formación, en línea con la modernización de la Justicia. Hemos sido pioneras al poner este ladrillo que, esperamos, no se abandone nunca».

La situación obedece a la acuciante necesidad de personal para cubrir los nuevos órganos judiciales -27 en este ejercicio y otros tantos el siguiente-, así como cubrir las vacantes por traslados (siempre son más lo que salen que los que entran), las bajas, y poder contribuir a aliviar la actual sobrecarga. Sin embargo, sin la preparación adecuada, «el nuevo empleado puede ser una carga más que una ayuda, o cometer errores graves o de bulto, derivados de su ignorancia, si bien su labor debe estar supervisada, por el juez o por el secretario judicial correspondiente, responsables últimos de lo que suceda en la oficina judicial».

En total, serán ocho cursos, con 20 alumnos en cada uno de ellos y 22 horas lectivas, repartidas en cinco jornadas en sesiones de mañana o de tarde, organizadas por el Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade). Acaba de terminar el primero, que se desarrolló del 5 al 11 de junio. Los siguientes están programados para los meses de septiembre, octubre y noviembre. Al final saldrán formados 160 funcionarios. «Intentamos darles las herramientas necesarias, una especie de salvavidas para que los nuevos que aterricen en la piscina jurídica no se ahoguen», indicó Pedro José Hernández Gallego, director de la formación.

Todos los profesores son secretarios judiciales en activo y su enfoque es eminentemente práctico. Básicamente reciben nociones de la organización judicial, de su funcionamiento, normas, procedimientos y de la Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia. «En realidad, intentamos quitarles el miedo que siempre causan los órganos judiciales, familiarizarles con la terminología, eminentemente técnica e intimidatoria, y con el procedimiento, plazos, reparto de asuntos, etc.», subraya el coordinador de los cursos.

«A mover los papeles»

En verano se abrirá la Bolsa de Empleo para personal especializado, con lo que, junto a los cursos, «la necesidad de formación será cada vez menor», precisó el director general de Justicia. «Trabajamos con lo que se van a encontrar en el día a día. Les enseñamos todo lo necesario para que puedan «mover los papeles». Y una cosa esencial: aquí las prisas son malas, hay que analizar con calma», explicó una de las profesoras de Civil. El, resto, lo dará la práctica.

«Las nociones que nos imparten son muy básicas, y eso es lo importante; justo lo que lo necesitamos», indica Josué Insua, de 35 años, interino de uno de los Juzgados de lo Penal de plaza de Castilla. «He estado 10 años trabajando de camarero, me quedé en paro, me apunté al INEM y surgió esto. A mí siempre me ha atraído este mundo. La lástima es que se va a incorporar la persona a la que sustituía por estar de baja», explica uno de los alumnos del programa. «Es un mundo nuevo. Aterrizas y no sabes moverte. Estás inundado de papeles y no sabes a quién recurrir ni que pasos seguir. Aprendes a base de que te den, pero así es mejor».

Fuente: ABC.es

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Valladolid: Vadillo asegura que los estudios de la Ciudad de la Justicia están "muy avanzados" y Mañueco denuncia el desinterés del ministro

El consejero de Interior y Justicia, Fernández Mañueco, denuncia que «el nuevo Ministro de Justicia no tiene entre sus prioridades las transferencias de Justicia, ya que no ha encontrado todavía un hueco para este tema desde que fue nombrado en el cargo hace ya unos meses» y puntualiza que a fecha de hoy, desde el Ministerio no se han puesto en contacto nadie con él, aunque espera tener mejor fortuna a la vuelta de verano.


Aunque se están manteniendo reuniones de trabajo, el proceso continúa paralizado, debido a las «importantes discrepancias económicas entre el Gobierno Central y los recursos económicos que la Junta estima necesarios para gestionar las transferencias de Justicia.»

Quedan 4 puntos clave por aclarar por parte del Gobierno Central: cómo quedará la reforma de la Oficina Judicial y quién asumiría el sobrecoste de esta cuestión; la falta de informaciones sobre las negociaciones con los sindicatos de Justicia, que se cerraron hace año y medio con el Gobierno central; no se conoce la posición del Ministerio en la utilización de las nuevas tecnologías y quién tendrá que soportar el sobrecoste de las reformas legislativas que sean necesarias.

Fernández Mañueco se pronunció también acerca del modelo de financiación autonómico, se siente satisfecho con los ingresos en cifras absolutas, aunque matiza que «hay otras Comunidades Autónomas que, en términos relativos, salen más beneficiadas».

Estas declaraciones se produjeron después de la firma de los convenios para dotación y servicios sociales entre la Consejería de Interior y 14 mancomunidades con un valor total de 1.316.000 euros.

Por su parte, El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Cecilio Vadillo, ha asegurado que "los estudios y análisis que están realizando los técnicos de Madrid están muy avanzados y muy pronto se sabrá cuál es la ubicación de la Ciudad de la Justicia de Valladolid".

Vadillo ha realizado estas declaraciones durante su visita a las nuevas instalaciones de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Medina del Campo (Valladolid), que ha sido ampliada en 250 metros cuadrados, y ha subrayado que "para el Ministerio de Justicia la Ciudad de la Justicia de Valladolid es una prioridad".

"Somos conscientes de que hay más de diez sedes judiciales y hay mucha dispersión, a lo que hay que buscar una solución urgentemente", ha matizado Vadillo.

El subdelegado del Gobierno ha recordado que "sólo existen tres propuestas para ubicar esa Ciudad de la Justicia: una parcela que ha ofrecido la Diputación en Villa del Prado y dos que ha ofertado el Ayuntamiento de Valladolid en Viveros y en Huerta del Rey".

"Los técnicos están valorando cuál es la mejor ubicación y, puesto que dichos análisis están muy adelantados, ahora sólo hay que esperar a que el Ministro de Justicia venga a Valladolid, que deseamos que sea pronto, y anuncie la decisión a los que han ofrecido las parcelas", ha añadido.

En opinión de Vadillo, "ha de ser el Ministro o la Subsecretaria de Justicia los que desvelen cuál será la parcela donde estará ubicada la Ciudad de la Justicia y, cuando se conozca esa decisión, se llevarán a cabo otra serie de actuaciones".

"Lo que está claro es que el tema de la dispersión judicial en Valladolid es prioritario y, tanto es así, que transitoriamente se ha alquilado un edificio en Nicolás Salmerón para ir reagrupando parte de las sedes judiciales, lo que no significa que se abandone el proyecto de la Ciudad de la Justicia, sino todo lo contrario", ha concluido.

Fuente: diariodeburgos.es , ABC.es

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martes, julio 28, 2009

Sevilla: Los juicios por impago de salarios llevan un retraso de más de un año


Casi año y medio tienen que esperar algunos trabajadores para poder reclamar en un juicio los salarios que, por la crisis, han dejado de cobrar. Los juzgados de lo Social están desbordados y tienen obligación de dar prioridad a los juicios por despidos. La situación es crítica y no hay previsto ningún órgano nuevo para el 2010.


Si la empresa en la que trabaja no le paga su salario, échese a temblar. Lo mejor que le puede ocurrir, por raro que parezca, es que le despidan porque al menos podrá cobrar el desempleo, pues si no se verá trabajando y sin ingresar ni un euro. Lo peor es que si acude a la vía judicial para reclamar su sueldo tendrá que esperar más de un año para que un juez vea su caso en un juicio, pues ya hay juzgados que están fijando juicios para julio y hasta noviembre de 2010.

En esta situación están las 2.430 familias que se están detrás de cada uno de estos casos de reclamaciones de cantidad que han ingresado los 13 juzgados de lo Social en el primer semestre del año. A estos se suman los casos que ya arrastran de todo el 2008, cuando tanto los despidos como las reclamaciones de doblaron como consecuencia de la crisis. Una tendencia que se mantiene en el primer semestre de este año

Estos juzgados dedican cada semana dos y hasta tres días a los juicios, y llegan a celebrar hasta 13 vistas al día y todas, salvo un par de ellas, son por despidos. Ahí es donde está el problema. Por ley, si desde que se produce el despido hasta que se dicta la sentencia pasan más de 60 días es el Estado el que debe pagar los salarios de tramitación (es decir los meses desde el despido hasta que haya sentencia). “Los jueces estamos dando prioridad a los despidos, que incluso van con retraso, y esto está provocando que el resto de asuntos se atrasen”, explica el titular del Juzgado de lo Social número 9, Rafael Ferández. Esos otros asuntos son casos de salarios sin cobrar (algunos de los cuales también derivan en un despido), o pensiones denegadas, es decir, asuntos de los que depende “los ingresos de una familia”.

El problema es que la crisis ya ha cogido a estos juzgados trabajando por encima de lo que establece el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de ahí que no hayan podido asimilar el volumen llegado con la crisis. “El último de los juzgados se creó en el año 2000, cuando ya hacía casi 20 años que no creaba uno nuevo”, apunta el secretario judicial del Social número 4, Alonso Sevillano, sin que tampoco esté previsto el número 14 para el año 2010. Para el magistrado del número 9 una de las soluciones al atasco es “ crear un juzgados bis que tras la crisis se disuelvan”.

A los magistrados también les preocupan el resto de asuntos que tienen que sacar adelante, como son las reclamaciones a la seguridad social, uno de los aspectos que también han aumentado, ya que “se están denegando muchas pensiones de invalidez con la crisis”. El último recurso es recurrir a los tribunales, donde estas cuestiones se demoran meses y meses, sin que el afectado pueda cobrar.

Fuente: elcorreodeandalucia.es

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Pacto en Justicia a medio gas

Hace ahora un año -el 23 de julio de 2008-, Zapatero y Rajoy se reunían en el Palacio de la Moncloa tras meses de desencuentro. La cita sirvió para cerrar un acuerdo que impulsara las reformas referidas a la Justicia, un ámbito marcado por un ya clásico desinterés de los gobiernos de turno y por el desencuentro entre PSOE y PP desde la ruptura, en 2001, del Pacto de Estado que tan buenos frutos había dado.


El optimismo de unos y otros marcó los primeros momentos, pues a la vuelta del verano se desbloqueó la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que llevaba un retraso de dos años. Pero en el primer aniversario de ese pacto, sólo los socialistas mantienen intacta la euforia. Los populares opinan que la modernización de la Justicia sigue sin ser una prioridad para el Gobierno -«le faltan ganas y va demasiado lentamente»- y critican el «absoluto incumplimiento» de la pactada reforma del Código Penal.

Pese a todo, se puede decir que el año que ha transcurrido desde aquel 23 de julio ha sido para la Justicia mejor que otros ejercicios. También se vivió un hito histórico, como fue la primera huelga de jueces y magistrados el 18 de febrero, cuyo seguimiento superó todas las expectativas y que consiguió centrar el debate público en la precaria situación que viven juzgados y tribunales.

La renovación del CGPJ

El primer gran paso tras el acuerdo se dio el pasado septiembre con la renovación del órgano de gobierno de los jueces, algo que, en opinión del portavoz socialista en la Comisión de Justicia del Congreso, Julio Villarrubia, «cambió de forma sustancial el panorama». Coincide con él el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, quien señala que «en septiembre empezó una nueva etapa» para la modernización de la Justicia, en la que el Consejo se ha implicado «al máximo».

Parecía que el acuerdo Zapatero-Rajoy iba a desbloquear también la renovación del Tribunal Constitucional. Pero en este caso sólo se llegó a cumplir con el trámite de remitir al Senado los nombres de los candidatos propuestos por las asambleas de cada Comunidad Autónoma. La decisión del PP de proponer los mismos dos nombres -Francisco Hernando y Enrique López- en todos los territorios renovó las tensiones entre los dos partidos. Desde el PP, su portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, reitera hoy que «nosotros hemos cumplido nuestra parte pese a no estar de acuerdo con la reforma de la LOTC» en lo que afecta a la selección de los candidatos por la Comunidades Autónomas. «Ahora les toca a ellos cumplir con la suya», recuerda.

Lo cierto es que, con los nombres ya sobre la mesa, las negociaciones podían haber comenzado. Y si no lo han hecho es, como admiten unos y otros sottovoce, porque se decidió que sea el Pleno del TC en su actual composición el que firme la sentencia del Estatuto catalán.

En materia legislativa, el gran proyecto que por fin ha visto la luz (llevaba bloqueado desde 2003) es el que permitirá la implantación de la oficina judicial. Para ello ha sido necesaria una profunda reforma que ha afectado a quince leyes procesales. Es, a juicio de todos, el primer paso para la manida modernización de la Justicia.

Sáenz de Santamaría recuerda no obstante que «queda mucho por avanzar»; Villarrubia, más optimista, sostiene que esa reforma «ha puesto por fin en marcha lo que llevamos persiguiendo 30 años» y cree que el buen entendimiento y colaboración que se ha conseguido hacen que la modernización de la Justcia sea ya imparable.

Relevo en el Ministerio

Con anterioridad a que la reforma procesal obtuviera el apoyo prácticamente unánime del Parlamento, se produjo el relevo en el Ministerio de Justicia. Tras sobrevivir a la huelga de jueces, Mariano Fernández Bermejo cayó en desgracia cuando se supo que, en plena ebullición de la Gürtel, había compartido fin de semana de cacería con el juez que entonces instruía el caso, Baltasar Garzón. Con su sucesor, Francisco Caamaño, el talante negociador sustituyó al insulto y logró lo que en aquellos momentos parecía imposible: aplacar la ira de los jueces con propuestas que, si bien no satisficieron todas sus pretensiones, fueron entendidas como una muestra de buena voluntad del ministro. Una segunda huelga, programada para el 26 de junio, quedó así desactivada.

Pero son muchas las asignaturas pendientes: entre ellas, la reforma del Código Penal, con penas más duras para pederastas y terroristas, o la verdadera puesta en funcionamiento, con inversiones serias en medios materiales y humanos, de la oficina judicial, en principio prevista para 2010.

Fuente: ABC.es

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"La justicia no es lenta, son lentos los juzgados pues tienen excesiva carga de trabajo"

Cincuenta años de ejercicio profesional del letrado Federico Arguiñarena le han merecido recientemente la distinción como colegiado de honor del Colegio de Abogados de Cantabria.


- ¿No son muchos años como para retirarse o el trabajo en este caso es una adicción?

- Efectivamente son muchos, muchísimos pero en mi caso es una adicción sin duda alguna, al margen de que el trabajo profesional me gusta.

-¿Cómo ha cambiado el ejercicio de la abogacía en este tiempo desde su punto de vista?

- Ha cambiado de forma sustancial por cuanto que las leyes se van transformando a demanda de la sociedad sin duda alguna.

-¿Qué añora de los viejos tiempos?

- Sin duda alguna la no masificación ni de juzgados, ni de abogados ni de procuradores.

-¿Qué le llevó a esta profesión?

- Pues sinceramente no Io sé aunque sin duda el componente familiar debió de influir decisivamente ya que ni abuelo materno fue Secretario Judicial y su hijo, mi tío Julio, también. Por cierto que mi abuelo era notario (con nota de sobresaliente) según título que guardo como oro en paño.

-¿Cómo fueron los comienzos?

- Difíciles, muy difíciles, pero con constancia y trabajo se lIega a casi todo. Tuve buenos maestros jurídicos (D. Francisco Trueba Hazas y D. Pedro López Agudo).

-¿En qué ha influido en su trayectoria profesional su formación en los Escolapios de Villacarriedo?

- Creo mi educación (siete años de internado) fueron decisivos en mi formación en la órbita escolapia con sacerdotes educadores de los que tengo un imborrable recuerdo y por supuesto eterno agradecimiento.

-¿Cómo ve hoy la formación de los jóvenes?

- Tengo dudas de la bonanza de la educación y ello pese a que los profesores me consta que ponen su mayor empeño en educar y formar hombres y mujeres de bien.

-¿Y los nuevos abogados llegan suficientemente preparados?

- Sinceramente creo que no, sin perjuicio de que la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados en la época a la que pertenecí como diputado tercero, con un decano de primerísima categoría como era Eduardo Casanueva Piñeiro, creamos la Escuela de Práctica judicial.

-¿Existe compañerismo en la profesión o es un oficio individualista?

- Sí existe compañerismo, pero ello no impide que cada uno busque la forma de mejorar, pues el individuo por naturaleza es bastante individualista. A mi juicio los despachos colectivos, sin duda alguna, son casi necesarios.

-¿Podría citar a algunos colegas a los que haya admirado o le hayan ayudado?

- He citado a mis dos maestros, don Francisco Trueba Hazas y don Pedro López Agudo. Asimismo citaré a don Mateo José Rodríguez Gómez, pasiego de postín y eminente jurista al igual que los dos anteriormente citados.

-¿Por qué la justicia es tan lenta? ¿No podrían agilizarse algunos trámites?

- La justicia no es lenta, son lentos los juzgados pues tienen tal carga de trabajo que es imposible que avancen a mayor velocidad. Sería preciso, por ejemplo en Santander, que hubiese el doble de juzgados.

-¿Es bueno el traspaso de las competencias al Gobierno regional?

- Por lo visto hasta ahora, sinceramente creo que sí, que es bueno, pues los problemas se ven mucho mejor de cerca que de lejos.

-¿Qué retos debe afrontar a corto plazo la administración de justicia?

- La ampliación de juzgados y tribunales, máxime en Cantabria donde la gente es conflictiva.

-¿Es más difícil defender a una persona que se sabe a ciencia cierta que es culpable o ejercer durante medio siglo en los juzgados de media Cantabria sin tener carnet de conducir?

- No sea usted sarcástico, pues lo del carnet de conducir no es sino una consecuencia de mi dedicación al automóvil y a la cantidad de muertes, parapléjicos y tetrapléjicos que he tenido que 'comerme', valga la expresión. Pero he tenido una conductora fenomenal que ha sido mi esposa.

-Buena parte de su trabajo ha estado vinculado a las compañías de seguros. ¿Alguna anécdota?

- Miles de anécdotas y le contaré una. Cierta mañana en Plus Ultra, en la que era jefe de Siniestros y abogado, se me presenta un asegurado que ha tenido un accidente. «Había un árbol caído en la carretera, margen derecha y he tenido que invadir la izquierda para pasar», me dice. Tomo contacto con la compañía contraria y me señalan que su cliente ha tenido también un accidente..., y también con el árbol a su derecha. Total, rechacé el siniestro.

-Me comentan que sigue aporreando a su máquina de escribir Olimpia ¿Los ordenadores no le seducen con todo lo que facilitan el trabajo?

- Los ordenadores me fascinan, pero mi vieja Olimpia (traída de contrabando de Las Palmas de Gran Canaria) me fascina mucho más y sigo con ella.

-La sucesión parece que la tiene asegurada ¿Cómo lo ha hecho para rodearse de hijos, yernos y sobrinos vinculados a la abogacía?

- Pues sinceramente no lo sé, sospecho que los genes deben de influir de alguna manera, pero ciertamente le digo que la libertad que da la carrera de derecho no creo que pueda darla ninguna otra.

-Como laredano 'militante', ¿Qué le parece la evolución que ha tenido la villa en las últimas cinco décadas?

- Espectacular, sin duda alguna. En algún modo caótica en cuanto a la construcción pues pudo y debió de hacerse un Laredo infinitamente más bonito. Ahora bien, yo sigo recordando nostálgicamente los años cincuenta.

-Junto a usted fue distinguido también como colegiado de honor Iribarnegaray Jado ¿Qué destacaría de él?

- Su tremenda profesionalidad y la defensa del cliente a capa y espada. Buen abogado, sí señor.

-¿Y le hubiera gustado estar al otro lado de la barrera y ejercer de juez?

- En absoluto, creo que de todas las salida de la carrera nunca hubiese sido juez. Creo que no hubiese podido dormir a gusto habiendo enviado a una persona a la cárcel, por ejemplo. Los admiro y los tengo un profundo respeto.

-Para terminar, ¿Ve a Santander como capital cultural en 2016? ¿Qué le falta a la capital cántabra?

- Creo que tenía que haber sido ya hace muchos años y ello así por cuanto que no nos damos cuenta de que Santander con su Universidad Internacional es una referente mundial de la cultura. Mi apoyo total.

Fuente: eldiariomontanes.es

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Delitos cometidos por menores: ¿Mayores penas o mejor educación?

Las recientes violaciones de dos niñas en las que se han visto implicados varios menores en Isla Cristina (Huelva) y Baena (Córdoba) han resucitado el rechazo social que provocan este tipo de delitos y con él las peticiones de aumentar las penas y castigos para los niños que delinquen. Una vez más, la Ley del Menor aprobada en el año 2000, que establece que los menores de 14 años no pueden ser imputados por los delitos que cometen, es objeto de controversia y desde numerosos sectores se aboga por una reforma que impida la "impunidad".


Los expertos, abogados y fiscales especialistas en casos de menores consultados coinciden en que la clave no está en las penas, sino en educar para la reinserción, principio al que se orienta la legislación española en esta materia.

Una apuesta por la reeducación

Para Cristóbal Fábrega, fiscal de Jaén, si se continúa trabajando sólo en el aspecto penal, "castigaremos al menor, pero no lo rehabilitaremos ni reeducaremos". Este experto en Derecho de Familia apunta que "los tiempos de un menor no son los de un adulto: 8 años en un menor de 18 son la mitad de su vida". "¿Y decimos que son pocos?", se pregunta.

En su opinión, el problema está en una carencia de valores: "los medios de comunicación, la presión social, la educación, han eliminado el concepto de responsabilidad, transmitimos un mensaje de pura satisfacción personal cueste lo que cueste, incluso por encima de los demás".

En la misma línea, Olatz Alberdi, abogada especializada en casos con niños y jóvenes en la Comunidad de Madrid, señala que las penas valen de poco si "cuando vuelven a casa no hay un seguimiento con asistentes sociales, pero muchas veces no es así".

Los delitos cometidos por menores han ido creciendo paulatinamente en los últimos años, y en concreto, en Madrid se incrementaron un 20% en 2008. El número de asistencias a menores realizadas por el turno de oficio del Colegio de Abogados de Madrid en el primer semestre de 2009 (2.572) ha aumentado un 8,71% respecto al mismo periodo del año anterior. "Yo he tenido casos en que he visto a los menores ser juzgados y me los he encontrado un rato después en la calle montando otro escándalo", relata Alberdi.

El vacío legal de los menores de 14 años

Ante una posible reforma de la Ley del Menor para que los menores de 14 años puedan ser juzgados en el caso de delitos muy graves, como propone el Partido Popular, las opiniones no son tan unánimes. "Yo no lo veo negativo, porque en realidad no se perjudica a nadie y permite tener controlada a una gama más alta de personas y tener la capacidad de poner límite a ciertas cosas", opina Alberdi.

Un criterio que argumenta recordando que nuestra ley es una de las que más eleva la edad en que se hace responsables a los menores, frente a legislaciones, como la del Reino Unido, en que son imputables desde los 10 o incluso 8 años. "Con el interés de proteger al menor por encima de todo, a veces hay otro menor que se queda desprotegido, el menor perjudicado o su familia quedan un poco al margen", afirma.

Fábrega, sin embargo, es contrario a una reforma en este sentido, apuntando que ese vacío legal no existe realmente: "¿Quién ha dicho que con los menores de 14 años no se pueda hacer nada? Se puede y se debe. Debe llevarse al ámbito educativo y de protección, pero se puede actuar". "Otra cosa es que en la práctica los servicios de protección de menores se hagan los sordos y que las Fiscalías no les controlen exigiéndoles informes periódicos sobre lo que se hace", critica.

El turno de oficio, recurso mayoritario para los menores

Cuando un menor es detenido el turno de oficio del Colegio de Abogados designa un letrado especialista, que se ocupará de defenderle y asesorarle durante todo el procedimiento judicial.

Una de las razones a las que el Presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Luis Ruipérez, achaca el aumento de asistencias a menores es el incremento de población y los efectos de la crisis: "si los padres están en paro y no pueden darle al joven una necesidad o incluso un capricho, puede que empiece a robar para conseguirlo". Pero, además, señala que los abogados de oficio de menores se han ganado la confianza de los ciudadanos, debido, por ejemplo, a que están obligados a hacer un curso de especialización, que no se pide a los abogados de libre designación.

¿Tenemos medios para reeducar al menor que delinque?

En el ámbito de la Justicia de menores España aún tiene muchas deficiencias que solucionar. En un informe presentado recientemente por el CGAE los abogados que se ocupan de la asistencia y defensa a menores citan la falta de medios, el exceso de burocracia o los problemas de comunicación con el menor y su entorno como algunas de las principales carencias de nuestro sistema.

Pese a ello, Ruipérez asegura que el turno de oficio de menores es de los que menos quejas recibe de todos los de oficio y que el único problema destacable es la falta de recursos de este servicio. Denuncia que, por ello, sólo algunas ciudades tienen Juzgados de Menores, por lo que muchos deben ser juzgados y defendidos por magistrados no especializados en el tema, igual que ocurre los fines de semana, en los que "por cuestiones económicas" no hay turno de guardia de menores y es un juez ordinario el que se asume el caso y decreta las primeras medidas.

Situaciones de este tipo dificultan -a su juicio- que se actúe desde un primer momento con vistas a esa finalidad educativa que quienes trabajan con los menores consideran clave. "Esto no es como el derecho penal de los adultos, que está más encaminado a castigar", concluye también Olatz Alberdi, incidiendo una vez más en la necesidad de trabajar en la formación de los menores en valores que impidan que vuelvan a cometer acciones similares: "Aquí se trata de intentar resolver un problema, educarles y reintegrarles en una situación normal".

Fuente: elconfidencial.com

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lunes, julio 27, 2009

Depuración en los juzgados venezolanos: Ya han sido despedidos 150 trabajadores judiciales

El número de personas removidas por la Comisión Judicial, encabezada por la presidenta del máximo tribunal, Luisa Estella Morales, incluye a funcionarios de carrera, titulares y personal con fuero sindical. Según denuncia de los gremios judiciales, los despidos comenzaron el 18 de marzo y en los últimos meses han afectado a 100 empleados tribunalicios y a casi 50 jueces.


La jueza provisoria Alicia Torres, ex encargada del Tribunal 13º de Control, tuvo que trasladarse hasta la Comisión Judicial del TSJ para ser notificada oficialmente de que había sido dejada sin efecto su designación.

Otros funcionarios han tenido la “comodidad” de recibirla en sus propios despachos, pero el hecho es que en el Poder Judicial los empleados están a la espera de que en cualquier momento puedan ser removidos en medio de la reestructuración emprendida por el Tribunal Supremo de Justicia (resolución 2009-0008).

Ser funcionario de carrera, titular, o con fuero sindical no son obstáculos para que la Comisión Judicial, presidida por Luisa Estella Morales, utilice el mismo rasero para despedir trabajadores sin previo aviso.

La depuración comenzó el 18 de marzo y en poco más de 4 meses han sido destituido más de 100 empleados tribunalicios, denunciaron los sindicatos judiciales el 13 de julio, y casi 50 jueces en todo el país entre removidos, suspendidos con o sin goce de sueldo, jubilados y los que han renunciado.

Estos datos son apenas los oficializados por el TSJ a través de su página de Internet en la sección de designaciones, en la que consta que desde abril fueron jubilados 2 jueces, suspendidos sin goce de sueldo otros 4, dejado sin efecto su designación 19 y 6 han renunciado; esto sumado a los 14 jueces que quedaron fuera entre marzo y abril.

Reestructuración

La Comisión Judicial fue autorizada por la Sala Plena para efectuar una serie de evaluaciones, cuyos parámetros aún se desconocen, a todos los funcionarios del Poder Judicial, aunque la comisión no tiene rango constitucional o legal.

Se ha arrogado responsabilidades hasta de tribunal disciplinario y se ha atrevido a remover a funcionarios de carrera, jueces titulares que se suponen gozan de estabilidad, sin sentencia previa y sin una acusación formal de la Inspectoría General de Tribunales.

A pesar de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso Apitz, Rocha y Ruggery) que instó al Poder Judicial a dar estabilidad en el trabajo a sus empleados, el TSJ sigue destituyendo jueces, en esta última tanda de despidos salieron de sus despachos María Cecilia Adame Paz, del Zulia; Gustavo Adolfo Labrador, del estado Amazonas; Hely Saúl Oberto, de Falcón; y Rosy Emily Brito, de Guárico.

Sin fuero

Así como la Comisión Judicial ha destituido jueces titulares, también la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, órgano administrador del Poder Judicial, ha hecho lo mismo pero con los empleados tribunalicios.

El 13 de julio pasado Kennedy Bolívar recibió una notificación firmada por el director, Francisco Ramos, en la que le informaban su despido a pesar de ser representante sindical.

Bolívar, que se desempeñaba como asistente de tribunales y presidente de la seccional civil del sindicato SUONTRAJ, aseguró que no fue notificado de la supuesta evaluación y que también desconocía los resultados.

El presidente del Comité Nacional del SUONTRAJ, Luis Galviz, señaló que tienen información de que antes de que finalice el año en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) esperan despedir en total a mil empleados.

Sobre las vacantes, Galviz indicó que sus fuentes le habrían aseverado que ellas serían sustituidas por estudiantes de las universidades Bolivariana y de la Fuerza Armada.

Fuente: minuto59.com , SUONTRAJ

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Granada: La Consejería de Justicia eliminará 24 puestos de interinos en los juzgados

La Junta de personal de la Administración de Justicia de Granada, compuesta por los sindicatos SPJ-USO, CSIF, CCOO, UGT y STAJ, ha denunciado que la Consejería de Justicia y Administración Pública eliminará veinticuatro puestos de interinos en varios juzgados de la provincia antes de que acabe el mes. Los trabajadores que ocupan esas plazas ejercen labores de "refuerzo" en los órganos que soportan mayor sobrecarga de trabajo, por lo que han anunciado que se producirá un colapso en la actividad de estos juzgados que afectará a los ciudadanos, según ha informado este colectivo en un comunicado.


Así, la Junta de Personal ha considerado que determinados expedientes judiciales de gran complejidad, como el caso Nevada o el caso Alhambra, sufrirán "grandes retrasos" en su tramitación tras el cese de estos trabajadores.

Los sindicatos que integran la Junta de Personal de la Administración de Justicia han criticado además que, con esta actuación, la Consejería hace "caso omiso" a la recomendación formulada en la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de 2008, que instaba a crear 26 nuevos órganos judiciales en la provincia.

Fuente: granadadigital.com

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Banesto paga 50 millones más al año para quedarse con el concurso de las consignaciones judiciales

Banesto va a conservar el concurso de las consignaciones judiciales (fianzas) durante los próximos seis años. Pero va a pagar un precio muy caro para ello: con el fin de asegurarse la victoria como fuera, ha hecho una oferta estratosférica para la remuneración de esta cuenta corriente, de Euribor más 1,80 puntos, según fuentes conocedoras del concurso. El saldo medio de la cuenta donde se depositan las fianzas es de unos 3.000 millones de euros -y es muy estable-. Dado que hasta ahora pagaba Euribor más 0,37 puntos, y que en el concurso se incluyen también horas de consultoría gratis total para el Ministerio de Justicia, esto supone un coste adicional de 50 millones al año, según estimaciones de expertos consultados.


Al concurso, celebrado este mes por el Ministerio de Justicia, se presentaron únicamente Banesto y BBVA, que era quien lo tenía hasta hace seis años, cuando se lo arrebató la filial del Santander. En su adjudicación, la oferta económica era lo más importante, con un peso de 65 puntos sobre 100 en la valoración. Es más, el pliego exigía directamente ofrecer una remuneración superior a la referencia (Euribor a tres meses a corto plazo y bono a tres años a medio), cuando hoy en día nadie recibe en su cuenta una rentabilidad superior al Euribor, sino muy inferior.

El día 13 de julio se abrieron los sobres con las ofertas económicas, y ahí saltó la sorpresa. Mientras el banco que preside Francisco González ofreció un diferencial de 0,68 puntos sobre el Euribor y de 0,53 puntos sobre el bono a tres años -una rentabilidad elevada en estos tiempos pero dentro de lo razonable, según los expertos-, el de Ana Patricia Botín se fue hasta un diferencial de 1,80 puntos sobre ambas referencias. Una cifra desorbitada que algunos en el sector han calificado de "baja temeraria", pero que le asegura la victoria en el concurso -que se decidirá oficialmente en septiembre- habida cuenta del peso de la oferta económica.

Según los términos del concurso anterior, Banesto pagaba un diferencial de 0,37 puntos. Si se mantiene estable el saldo en 3.000 millones, como en los últimos años, el salto hasta los 1,80 puntos supone algo más de 43 millones de euros. A eso hay que añadir las horas de consultoría informática de regalo que exige el Ministerio "para modernizar a justicia", que el banco debe subcontratar a alguna consultora especializada y cuyo coste puede ascender, según las fuentes consultadas, a entre 5 y 9 millones de euros. Es decir, en total un sobrecoste de unos 50 millones respecto a lo que estaba pagando hasta ahora.

¿Por qué paga tanto Banesto?

La pregunta en esta historia es por qué Banesto está dispuesto a pagar tanto con tal de mantener la gestión de esta cuenta. No hay que perder de vista que el Ministerio no paga a los bancos por este servicio, sino que son ellos los que pagan la citada remuneración al Estado; lo único que obtienen las entidades es esa liquidez, los citados 3.000 millones, que pueden utilizar para financiar su negocio. Por tanto, la clave está en el coste de esa liquidez, que sigue siendo escasa y cara en los mercados mayoristas.

Los expertos consultados recuerdan que, aunque un diferencial de 1,80 puntos parece muy elevado, es lo que pagó Banesto en abril por emitir 1.000 millones a tres años sin aval estatal. Por tanto, emitir a seis años -el concurso tiene un plazo inicial de cuatro, pero se renueva automáticamente por otros dos salvo que haya irregularidades- le habría salido más caro, probablemente por encima de los 2 puntos sobre el Euribor. Así que la opción de usar al Ministerio para financiarse le supone un ahorro, aunque sea pequeño.

Sin embargo, BBVA tiene unos costes de financiación más bajos gracias a su mayor tamaño, por lo que prefiere emitir deuda para financiarse que pagar una rentabilidad tan alta al Ministerio de Justicia. Por ejemplo, en enero emitió 1.000 millones sin aval con un diferencial de 1,80 sobre el tipo de referencia, pero a cinco años; y en abril colocó otros 2.000 millones a tres años con un diferencial de 1,50. Con la mejoría de los mercados desde entonces, ahora seguramente podría financiarse a un coste inferior.

Fuente: cotizalia.com

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Concepción: "El traspaso de Justicia a Castilla y León es casi imposible con el nuevo modelo de financiación"

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, se muestra satisfecho por el trabajo que se ha desarrollado en los cuatro años que lleva al frente de la institución. Se muestra dispuesto a continuar otros cinco años más, una vez que en el 2010 finalice su primer quinquenio, con el objetivo de consolidar el trabajo desarrollado y avanzar en retos que aún le quedan pendientes como las nuevas infraestructuras y edificios judiciales que todavía hacen falta en muchas ciudades como Valladolid, Segovia y Palencia.


Natural de Segovia, doctor en Derecho por la Universidad de Oviedo, hasta regresar a su Comunidad desempeñó sus funciones en la Audiencia Provincial de Barcelona.

Destaca el alto nivel de los jueces de la región, en la que compagina su vida profesional y laboral.

Confía en que la crisis acabe pronto, y como medida coyuntural, propone reforzar los juzgados para poder hacer frente a la actual sobrecarga de trabajo.

Preguntado por el traspaso de las competencias de justicia a Castilla y León, considera que el nuevo modelo de financiación lo hará "poco menos que imposible".

"Siempre he dicho que en Castilla y León hay unos magníficos jueces y esta justicia es de las más valoradas dentro del país.

"Me hubiera gustado que se hubieran mejorado las infraestructuras mucho antes, pero la administración es muy lenta trabajando".

"En Valladolid, la llamada Ciudad de la Justicia se encuentra en punto muerto, absolutamente. El 21 de octubre convoqué a una reunión en la propia Audiencia de Valladolid al delegado del Gobierno, al alcalde de la ciudad, al presidente de la Diputación, y al consejero de Justicia e Interior, para tratar de desbloquear la situación y dado lo angustioso de la capital vallisoletana, donde existen a día de hoy diez sedes judiciales. La pelota quedó en el Ministerio de Justicia, que es el que tiene que decidir cuál de los solares entre los que se está discutiendo va a acoger definitivamente la sede judicial de Valladolid. Llevamos nueve meses de silencio por parte del Ministerio, y creo que ya es hora de que el nuevo Ministerio de Justicia tome cartas en el asunto y decida de una vez por todas avivar un proyecto que el ciudadano necesita.

Desconozco cómo está el proceso de transferencias de la Justicia porque el poder judicial no forma parte ni interviene en la negociación de las competencias, ya que éstas se producen entre el Gobierno central y el Gobierno autonómico. Creo que están absolutamente paralizadas y que con el modelo de financiación que ha aprobado el Gobierno, esta asunción de competencias resultará poco menos que imposible".

Fuente: elmundo.es

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domingo, julio 26, 2009

El pinchazo inmobiliario desata las subastas judiciales

El pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha multiplicado el número de impagos y de terrenos, solares e inmuebles que se sacan a subasta pública después de un procedimiento judicial. Notarios, gestores y promotores inmobiliarios calculan que se están celebrando más de sesenta pujas a la semana.


Así, la Seguridad Social cuenta con un total de 3.424 subastas programadas para los tres próximos meses, en las que se sacarán a fincas rústicas, urbanas, vehículos, embarcaciones y otros bienes inmuebles.

La Agencia Tributaria permite pujar online por 148 bienes que subastarán hasta mediados de noviembre. Incluyen solares, trasteros, locales comerciales o viviendas. En este sentido, avisan que “en las subastas celebradas a partir del día 1 de septiembre de 2009 el tiempo para realizar la puja se reduce a 2 minutos”.

En cuanto a la partida de subastas judiciales, esto es, celebradas por los Juzgados, la página Web del Ministerio de Justicia anuncia la próxima celebración de 35 convocatorias, en las que se podrá pujar electrónicamente por camiones, casas de campo o apartamentos de playa. La mayoría de estas subastas las organizan los juzgados murcianos, según los datos recogidos de este sitio de Internet.

Fuentes judiciales, financieras e inmobiliarias destacan que el incremento de la morosidad y del número de desempleados ha multiplicado el número de subastas, y que se ha acelerado notablemente todo el proceso, ya que “hasta hace relativamente poco, lo normal era que el 90% de las subastas procedieran de expedientes más antiguos, no como ahora que apenas pasan 3 ó 4 meses”.

En este sentido, subrayan que “todos los procedimientos del 2008 que han acabado en subasta corresponden a demandas anteriores al mes de agosto del año pasado”, por lo que el sector “está a la espera de la avalancha de procedimientos iniciados a partir de septiembre, con la caída de Lehman Brothers”.

“Lo lógico es que se vuelva a una media de cincuenta subastas semanales, algo que no se veía desde hace más de diez años”, cuando se celebraban hasta un centenar en plena crisis de los noventa. Se corre el riesgo además, de que muchas queden desiertas por falta de atractivo en los precios. Este aspecto ha sido especialmente notorio en las organizadas por y para bancos, que se ven obligados a quedarse con los pisos que ellos mismos quieren colocar.

Fuente: elconfidencialdigital.com

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Almería: La Ciudad de la Justicia estará en funcionamiento en el primer semestre de 2010

La consejera de Justicia y Administración Pública, Begoña Álvarez, ha asegurado que la Ciudad de la Justicia de Almería, en construcción en la calle Padre Méndez, estará en funcionamiento en el primer semestre de 2010. Álvarez confirma también que únicamente alojará a los órganos unipersonales de la Administración de Justicia, permaneciendo Audiencia y Fiscalía Provincial en el edificio histórico de la Plaza Circular.


Álvarez, se ha reunido con representantes de distintos colectivos para analizar la situación la Administración de Justicia en esta provincia, sindicatos, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores, jueces y magistrados, los cuales le habrían mostrado su conformidad al respecto, estando “muy de acuerdo” con esta línea. La consejera asegura que permitirá además un futuro crecimiento, en el momento en el que haga falta.

De hecho, reconoce que la situación de los Juzgados de la provincia no es la más idónea porque no dan “la respuesta que la administración quiere” para los ciudadanos, aunque considera que se está trabajando para mejorar en este sentido con diversas medidas, como será la implantación de la nueva Oficina Judicial de Almería, teniendo siempre en cuenta las “especifidades de cada provincia”.

Fuente: teleprensa.es

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Malasia: Condenan a una mujer a 6 azotes por beber cerveza

Una corte estatal de la sharia en Malasia sentenció a una mujer a seis azotes, después de que se declaró culpable de consumir alcohol en un club nocturno de Malasia, hace dos años, según informa el New Straits Times en Kuala Lumpur.


Kartika Sari Sewi Shukarno, una modelo de 32 años originaria de Singapur, deberá pagar además una multa de 1.400 dólares por haber bebido cerveza en julio de 2007, cuando irrumpieron en el local nocturno inspectores islámicos.

“Los azotes tienen por objetivo hacer que la acusada se arrepienta y servir de lección a los musulmanes”, fundamentó la sentencia del juez.

Los abogados de la mujer anticiparon que apelarán la condena. La ley de la sharia, vigente en el estado de Pahang, prevé penas de hasta tres años de prisión y seis azotes con vara de caña por consumir alcohol.

Fuente: minutodigital.com

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Cádiz: Los archivos judiciales saldrán del Palacio de Araníbar

En esta semana se han iniciado los trabajos de adecuación del interior del Palacio de Araníbar. Las obras consisten en "darle un lavado de cara" a este edificio que lleva año y medio sin uso tras el traslado de los juzgados de la ciudad al polígono de Las Salinas de Levante.


El Palacio de Araníbar en unos meses albergará la Oficina Municipal de Turismo y algunas dependencias del Área de Fomento. Las obras serán financiadas a través del Plan Proteja, una iniciativa promovida por la Junta de Andalucía para fomentar la contratación de obras por parte de los ayuntamientos. El presupuesto de los trabajos supera los 291.000 euros y serán ejecutados por la UTE (Unión Temporal de Empresas) 956 SL y NCS Gestión de Infraestructuras Constructivas SL.

Por el momento, los trabajos de rehabilitación afectarán únicamente a la planta baja y entreplanta del edificio. Tanto la primera como el ático siguen estando ocupados por los archivos judiciales, una documentación que sigue siendo consultada en ocasiones por los funcionarios judiciales (las instalaciones de Las Salinas no tienen la dimensión necesaria para albergarlos).

No obstante, la concejala de Patrimonio del Ayuntamiento, Leocadia Benavente, anunció que se está próximo a cerrar un convenio con la Consejería de Justicia para que estos documentos pasen a otro edificio municipal. Concretamente, se llevarán al nuevo archivo que actualmente se está habilitando en una bodega de propiedad del Ayuntamiento en la calle Los Moros. Las obras concluirán en unos meses por lo que se estima que el traslado se pueda realizar a lo largo del próximo año. En un principio, se prevé que esta documentación siga guardándose en las dependencias municipales durante, al menos, cinco años.

Según los análisis técnicos realizados, la estructura del Palacio de Araníbar no presenta problemas. Sólo en el ático apareció alguna que otra fisura que se achacó al peso de los archivos. Por esta circunstancia, se hizo una redistribución de cargas de la documentación almacenada para que el problema no fuera a mayores. Esta deficiencia se resolverá en una futura actuación sobre las plantas altas del edificio cuando ya esté libre de su actual uso.

Fuente: diariodecadiz.es

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sábado, julio 25, 2009

Santander: El juez decano asegura que en los juzgados "trabajan como mulas" ante el incremento de asuntos por la crisis

El juez decano de Santander, José Arsuaga, aseguró que en los juzgados se trabaja "como mulas" para poder atender el incremento de asuntos que se está registrando en los tribunales cántabros como consecuencia de la crisis económica. Así lo manifestó en una entrevista con Radio Nacional de España en Cantabria, en la que detalló que este incremento se está notando "de forma muy relevante" en las jurisdicciones de lo Social y lo Mercantil, aunque también "significativamente" en los Civiles, donde se resuelven los conflictos entre particulares.


En concreto, en los cinco Juzgados de lo Social de Santander, que prestan servicio a todo Cantabria, los despidos han aumentado en un 146% durante el año pasado, mientras que el incremento medio de los asuntos registrados fue de un 30%, motivo por el que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó medidas de refuerzo.

Esto sucede, según señaló, con los "mismos medios que hace un año", ya que los incrementos "suceden en un año o dos". Por tanto, el contar con "medios parecidos" a antes de la crisis "supone a veces trabajar como mulas", en funciones de las jurisdicciones y los juzgados.

Así, se pasa por un "aumento significativo" al que "tenemos que dar salida como podemos", indicó el juez decano, que precisó que lo hacen "trabajando más", aunque, "si no se puede porque a veces tenemos limitaciones de tiempo", se tiene que recurrir "necesariamente" a prolongar los señalamientos de los juicios o su tiempo de tramitación.

"No debería de ser, pero es el resultado que inevitablemente se produce", afirmó Arsuaga, quien añadió que tampoco se ha notado que hayan disminuido los recursos con que se trabaja desde que se asumió la transferencia.

"Solucionar los problemas de administración es muy complicado y muy serio", aseveró, ya que requeriría una inversión "muy importante" de un 3% del PIB en toda España, la misma que la media europea, que es lo que reclaman los jueces.

Además, incidió en que la organización interna de la justicia se ha "quedado obsoleta", y que se trata de un sistema "todavía decimonónico y rural". Si bien admitió que se avanza tanto en la mejora de la organización interna como en la modernización tecnológica, recordó que "queda pendiente la inversión económica.

"Con muy buenas ideas se pueden hacer cosas, pero las buenas ideas deben ir acompañadas de dinero", afirmó Arsuaga, quien aseguró que le gustaría que en España se "incentivaran" los mecanismos de arbitraje y conciliación para evitar la vía judicial, como sucede en otros países.

Fuente: Europa Press

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Palencia: El Ayuntamiento implanta un programa piloto de mediación penal en los juzgados de la ciudad

El Ayuntamiento de Palencia, a instancias de la Asociación para la Difusión y el Desarrollo de la Mediación, está en proceso de implantar un programa piloto de mediación penal en los juzgados de la capital palentina, con el fin de ayudar a la víctima a superar sus miedos e inseguridades, amén de ser reparada patrimonial o simbólicamente, favorecer la prevención de la reincidencia y agilizar y descongestionar los tribunales de la capital palentina.


El desarrollo del programa ha sido promovido también por la juez decana de Palencia, María José Renedo, que el pasado 6 de mayo convocó la Junta de Jueces con el fin de informarles sobre la posibilidad de implantar este servicio de mediación y obtuvo una respuesta unánime favorable.

«Se configura un protocolo con el Ayuntamiento en vía penal y con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta en vía civil para que, antes de llegar a juicio, se articule la posibilidad de que mediadores puedan intervenir para resolver el conflicto familiar», explica la juez decana, que hace hincapié en cómo el programa persigue resolver divorcios, pensiones o custodia de niños en vía civil, o la justicia reparadora en vía penal.

Desde un punto de vista procedimental, la mediación penal se basa en la participación voluntaria del imputado por un delito o falta y de la víctima o perjudicado en un proceso de diálogo y comunicación conducido por un mediador imparcial, con el objetivo de lograr una reparación adecuada del daño y la solución del conflicto.

Fuente: nortecastilla.es

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Alicante: La Audiencia Provincial propone rebajar la edad penal a los 11 años

Los jueces no quieren que queden impunes los delitos cometidos por menores de 14 años, como ha ocurrido con los casos de violaciones registrados durante los últimos días en Córdoba y Huelva. La Audiencia Provincial de Alicante remitirá el lunes al Ministerio de Justicia un informe en el que solicita que se estudie la posibilidad de rebajar la edad penal de los 14 a los 11 años (mediante una reforma de la Ley del Menor) y que se pueda aplicar directamente el Código Penal a los jóvenes desde los 17, en los casos de especial gravedad.


Estas propuestas son fruto del programa "Educando en Justicia" desarrollado por la Audiencia, en el que han participado 800 muchachos de una veintena de centros educativos de la provincia.

Al dar a conocer las conclusiones, el presidnte de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, explicó que los delitos cometidos por menores de entre 11 y 14 años se han incrementado un 20%, mientras que ha "aumentado la gravedad" de los protagonizados por jóvenes de 16 a 18.

Respecto a las propuestas planteadas, Magro abogó por reformar la Ley del Menor de Responsabilidad Penal del Menor para dar una respuesta más contundente a los actos cometidos por chicos de 11 a 14 años, aunque precisó que no se trata de aplicar penas "carcelarias, sino de vigilancia, internamiento en centros educacionales y de tratamiento terapéutico por parte de expertos".

Fuente: ABC.es

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Los vascos podrán comunicarse con todos los juzgados por internet a partir de 2012

La nueva oficina judicial, una reorganización de los juzgados que permitirá a los magistrados concentrarse en dictar sentencias y a los ciudadanos dirigirse a ellos a través de Internet, se empezará a implantar en Euskadi en abril de 2010. Se desarrollará de forma progresiva, comenzando por las comarcas más pequeñas. La idea es que esté lista en las tres capitales para 2012.


Con ello, el País Vasco será la primera comunidad autónoma en culminar la reforma de la Administración de Justicia, un proceso que transformará profundamente la fisonomía de los juzgados, el trabajo de los funcionarios y la manera en que los juristas y sus clientes se relacionarán con ellos. «Una notificación o una citación tardan de cinco a seis días en llegar a su destinatario por vía postal. Por Internet, la comunicación será mucho más rápida, con lo que los procedimientos se agilizarán», explica el viceconsejero de Justicia, José Manuel Fínez.

El Gobierno autónomo, que ensayará los cambios a la vuelta del verano en juzgados de San Sebastián y Getxo, tiene previsto invertir 64,6 millones de euros entre 2008 y 2011 en mejorar el sistema informático de la Administración judicial vasca, que es la que más ha avanzado hasta ahora en esta reforma. Y es que Euskadi es la única comunidad cuyos jueces disponen de herramientas telemáticas para comunicarse con sus colegas de otras autonomías, aunque de momento no les son útiles porque en las demás regiones aún carecen de ellas. Ahora mismo, un juez vasco sólo tiene acceso a los archivos estatales de antecedentes penales y de violencia de género.

Mientras se resuelve este problema -una de las causas de las últimas protestas de la judicatura-, el Ejecutivo de Vitoria estudia con los magistrados, con los colegios de letrados, notarios, registradores y, sobre todo, con los procuradores fórmulas informáticas que permitan a estos profesionales «trabajar en red» con los juzgados mediante claves, para implantar así el expediente electrónico; es decir, para que los documentos esenciales de un procedimiento sean accesibles por el ordenador. «La reforma sólo saldrá adelante con la cooperación de estos colectivos», advierte el viceconsejero de Justicia.

José Manuel Fínez subraya que la labor de los jueces y de los funcionarios judiciales se simplificará notablemente cuando los sumarios sean 'escaneados' y no haya que remover toneladas de papel para encontrarlos, sino sólo apretar una tecla del ordenador. La digitalización de los expedientes no beneficiará exclusivamente a magistrados (214 en todo el País Vasco), fiscales (88), secretarios (175) y demás personal judicial (1.448). Los ciudadanos podrán comunicarse con los jueces directamente por Internet cuando el motivo no requiera letrado y procurador. «Para que el cambio tenga éxito no es suficiente con que los tribunales estén informatizados», explica el viceconsejero. «Es necesario que los usuarios también lo estén», resalta.

Sentencias y papeleo

La nueva oficina judicial no se limitará a aprovechar las posibilidades de Internet. Sobre todo, modificará de arriba a abajo la organización actual de juzgados y tribunales que, en el futuro inmediato, sólo estarán compuestos por magistrados y un grupo de funcionarios a su servicio reducido a la mínima expresión; los primeros se dedicarán a redactar sentencias y los segundos, a buscar documentos y a trasladar los expedientes.

El papeleo de los órganos judiciales descansará en los denominados servicios comunes, en los que se repartirán los secretarios y funcionarios. Tendrán tres funciones básicas: registrar y repartir las demandas y escritos que llegan a la Administración judicial; tramitar los procedimientos de los juicios que se vayan a celebrar y ejecutar las sentencias dictadas por los magistrados.

De ese modo, cuando el ciudadano o el letrado se interese por su pleito, no tendrá que acudir al mostrador del juzgado que lleva el caso, sino al servicio común correspondiente, que dispondrá de una oficina de atención al público más amplia que ahora y estará dividido en grupos de trabajo (civil, contencioso o penal). «Si un funcionario está destinado en un órgano judicial, ahora no se le puede cambiar de sitio», indica Fínez. «Pero dentro de un servicio común podría pasar de un grupo de trabajo a otro. Así nos adaptamos a las necesidades sin aumentar el número de funcionarios». Para el viceconsejero, es una forma de organizarse más «eficiente».

Las 'experiencias piloto' en Guecho y San Sebastián arrancarán en otoño, pero la reforma no podrá acometerse oficialmente hasta que el Congreso apruebe los cambios legislativos necesarios. Deben modificarse catorce leyes procesales, y ese trámite no se cumplirá hasta octubre. Luego hay que dejar pasar seis meses de 'vacaciones legales', de manera que la reestructuración de los juzgados, incluyendo las obras necesarias para poner los edificios a punto, no arrancará en Euskadi hasta la primavera de 2010.

Según José Manuel Fínez, los cambios empezarán en los partidos judiciales pequeños, que son «menos complicados», y concluirán en Bilbao en 2012. Vitoria será la primera capital vasca en modernizarse por completo, seguida de San Sebastián. Para cerrar el proceso, el Gobierno vasco ha presentado al Ministerio de Justicia un modelo organizativo que contempla la creación de veinte nuevas plazas de secretario judicial. La cifra podía haber sido mayor, pero la viceconsejería de Justicia ha optado por la contención. «No vamos a crear unos servicios comunes y reproducir en ellos la fórmula que existe hoy en los juzgados», indicó Fínez.

Fuente: elcorreodigital.com

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Paraguay: Se declara un asueto de dos días para evitar el contagio de influenza

Se reanudaron las actividades en el Poder Judicial tras el asueto declarado por dos días hábiles con el objetivo de evitar el contagio de influenza A H1N1. Las dependencias del Palacio de Justicia fueron desinfectadas profundamente, informaron funcionarios.


A las 48 horas de asueto para evitar el contagio de influenza, se sumó el fin de semana que fue aprovechado por las autoridades para la desinfección de las oficinas. Los funcionarios afirmaron que los cuatro días sin acudir a las dependencias del Poder Judicial sirvieron para acudir este lunes con menos temor.

Las medidas de desinfección se extremaron en el subsuelo del Palacio de Justicia de Asunción donde existe un mayor hacinamiento y una mayor concurrencia de público, comentaron los empleados. Los funcionarios que estarán en contacto con el público utilizará tapabocas y alcohol en gel para disminuir la posibilidad de contagio, explicaron.

Fuente: ABC Digital

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viernes, julio 24, 2009

Madrid: Se incrementa en más de medio millón el número de asuntos pendientes en la Justicia

El número de asuntos pendientes en los tribunales de la Comunidad de Madrid se ha incrementado en 2008 en más de medio millón, según el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Javier Vieira, quien ha presentado la Memoria del Alto Tribunal madrileño correspondiente a 2008 a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre.


Tras reunirse con Aguirre y con el consejero de Presidencia, Justicia e Interior madrileño, Francisco Granados, Vieira apuntó que este documento recoge los datos "más esenciales" de la evolución de la Justicia el pasado año y que el resultado de este análisis "es muy preocupante".

"Se ha incrementado el número de asuntos pendientes, ya hemos pasado del medio millón de asuntos pendientes en todos los órganos judiciales de Madrid, a pesar de que se ha incrementado la laboriosidad de los órganos judiciales", indicó el presidente, que señaló que a pesar de ello, éstos "no han sabido absorber el número de asuntos registrados".

Así, alertó de que la Justicia en Madrid "está en estos momentos en una situación bastante crítica", y las razones se ajustan a distintos factores, según Vieira, quien destacó que son sociales y económicos, entre otros.

"Todos somos conscientes de la situación de todo el país, pero es la agravación de una situación que ya se ha puesto de manifiesto en anteriores memorias", recordó el presidente del Alto Tribunal madrileño, quien aseguró que hay que modificar mucho las estructuras judiciales y las leyes procesales.

En opinión de Vieira, hay que emprender una reorganización "muy profunda" de toda la organización de Justicia, "que la haga realmente eficaz", y para ello, según el presidente, hay que empezar a trabajar con medidas que reduzcan la litigiosidad, conjugadas "con la creación de órganos judiciales", añadió.

En este trabajo, indicó Vieira, deben participar todas las administraciones empezando por el Ministerio de Justicia, que tiene que hacer propuestas, aunque le consta, que "ya están en marcha" porque ha acudido en multitud de ocasiones hasta esta Cartera para tratar los distintos problemas. "Sé que en estos momentos está haciendo (el Ministerio) un esfuerzo muy importante para recoger todas las ideas de reducción de litigiosidad y reorganización de órganos judiciales", agregó.

Junto a esto, Vieira indicó que el Consejo General del Poder Judicial está haciendo "una labor impresionante" para recoger todas las propuestas en este sentido que poder suministrar los órganos judiciales "y con todo eso, trasladarlo al Parlamento". tiene que plasmarse en reformas profundas que permitan superar la situación no solo en Madrid, en toda España.

Preocupación en el Gobierno

Por su parte, Granados indicó que tras conocer estos resultados, el sentimiento del Gobierno regional por el aumento de asuntos pendientes es de "preocupación". "La justicia si no es rápida, no es justicia", aseveró, por lo que le comunicó a Vieira que la Comunidad de Madrid iba a poner todos los medios que fueran necesarios para ayudar a desatascar la situación.

Su preocupación incrementa, además, por el hecho de que aumente el número de causas pendientes a pesar "de la dedicación con la que los jueces y los secretarios de los juzgados trabajan en la Comunidad", pero justificó la situación, en parte, por la crisis económica que ha provocado que aumenten "muchísimo" todo lo relacionado con lo social y los expedientes de las empresas.

No obstante, señaló que también es consecuencia de que son necesarias las reformas procesales "que se tienen que producir en el Parlamento y que deben agilizar y simplificar la Justicia", añadió Granados, quien recordó que el Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene "la permanente" reivindicación de creación de órganos, que coincide, precisamente con la que plantea el TSJM, y que van a continuar con ella.

En lo que respecta a la responsabilidad del Gobierno regional, el consejero madrileño aseguró que, por su parte, el TSJM tiene el compromiso de que la Comunidad pondrá "todos los medios materiales" que estén a su alcance para que sea el proceso "más ágil", lo que redundará, en su opinión, "en la calidad del servicio y en la mayor satisfacción en los ciudadanos, que ven como determinados casos se eternizan en los juzgados", concluyó.

Fuente: elmundo.es

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El Gobierno cede a Andalucía el soporte de sistemas informáticos judiciales

El Ministerio de Justicia y la Consejería de Justicia y Administración Pública han firmado un convenio de colaboración por el que el Gobierno cederá a Andalucía la infraestructura jurídica necesaria para integrarse en el sistema informático de gestión procesal de la nueva Oficina Judicial. Los elementos que conforman la infraestructura jurídica de este sistema tienen en cuenta tanto los modelos de documentos como el esquema de tramitación de los distintos procedimientos, sus fases, y los trámites que componen el desarrollo procesal.


Este convenio, por el que el Gobierno central cede los derechos de gestión del sistema informático judicial a la Junta de Andalucía, se firma en el marco de la "modernización" y permitirá que todos los tribunales de España puedan "trabajar en red", según explicó el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, tras la firma del convenio.

"Hay aspectos en los que las competencias de las comunidades autónomas y las del Estado se tocan", ha afirmado Caamaño, por lo que a través de este acuerdo, el Gobierno de España delegará la "gestión de ciertas competencias" vinculadas a las aplicaciones en la Comunidad Autónoma para que los pueda incorporar a su propio sistema informático y "facilitar el trabajo en los tribunales de la Comunidad".

La puesta en marcha de la nueva Oficina Judicial, prevista para el próximo año, permitirá racionalizar la actividad de la Administración de Justicia, a través de la reordenación de los servicios procesales y de la incorporación de medios tecnológicos que permitan realizar los trámites judiciales de forma más eficaz y segura.

En esta misma línea, las consejerías de Justicia y Cultura firmaron otro convenio con el Ministerio de Justicia a través del cual Andalucía cederá al Gobierno central el sistema de información "@rchiva", utilizado para la gestión de documentos y archivos de titularidad de la Junta.

Esta aplicación, elaborada y desarrollada en Andalucía, permitirá "mejorar la ordenación de la documentación que existe en los tribunales", según ha asegurado Caamaño, quien ha informado de que el Ministerio de Justicia incorporará dicha aplicación a los ámbitos de competencia del Ministerio y la trasladará a otras comunidades autónomas.

Por último, el Ministerio de Justicia y la consejería de Justicia y Administración Pública firmaron un tercer convenio por el que se constituye una Comisión Mixta entre ambas administraciones como instrumento de "colaboración" entre la Consejería y los secretarios judiciales destinados en Andalucía.

Así, ha quedado establecida una comisión de seguimiento permanente ante los nuevos retos "compartidos" de la Administración de Justicia para que los secretarios judiciales y la Junta de Andalucía puedan tener un "lugar de encuentro".

Además, el ministro de Justicia hizo entrega de los primeros lectores de firmas digitales para los secretarios judiciales, dentro del proceso de modernización llevado a cabo por el Ministerio de Justicia y que prevé llegar a los 4.200 secretarios de justicia de toda España.

Estas tarjetas pueden ser empleadas en aplicaciones ya en uso como la cuenta de depósito y consignaciones judiciales y, próximamente, podrán ser usadas también en los sistemas de grabación de las salas de vistas o en la expedición telemática de exhortos y otros despachos.

Según ha facilitado el ministro de Justicia, esta iniciativa permitió que en 2004 se realizaran alrededor de 23.000 actos de notificación procesal entre tribunales a través del correo electrónico, una cifra que ya ha alcanzado los 2,5 millones de actos notificados mediante el uso de esta aplicación en 2009.

Fuente: adn.es

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El CGPJ nombró a la mujer de Conde Pumpido magistrada del Tribunal Supremo

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) avaló con 15 votos el nombramiento de Clara Martínez de Careaga, esposa del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para la plaza de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo que dejó libre el pasado mes abril el magistrado Ángel Juanes, actual presidente de la Audiencia Nacional, informaron fuentes del órgano de gobierno de los jueces.


La propuesta que se discutió en el Pleno, el último que se celebra antes del paréntesis estival, procede de la Comisión de Calificación, que elevó al órgano superior del CGPJ una lista de cinco candidatos ordenados por orden alfabético, y sin mostrar especial predilección por ninguno de ellos.

Se precisaban 13 votos para lograr el nombramiento, aunque finalmente la candidatura de Clara Martínez, hasta ahora magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), obtuvo el apoyo de 15 de los 21 vocales que integran el órgano de gobierno de los jueces.

La lista de candidatos la integraban según las mismas fuentes, los magistrados Felisa Atienza, Emilio Berlanga, José Alberto Fernández, José María Gil Sáez y Clara Martínez de Careaga.

La vacante en la Sala Quinta del alto tribunal se mantenía desde que el pasado 26 de marzo el CGPJ acordara con el voto de 11 de sus vocales, designar a Ángel Juanes como nuevo presidente de la Audiencia Nacional. Antes de tomar esta de decisión, los 20 vocales del CGPJ y su presidente, Carlos Dívar, avalaron el contenido de un informe elaborado por el secretario de este órgano que defendía la procedencia de que Juanes pudiera optar el cargo pese a poseer una categoría superior a la exigida para el mismo, al tratarse de un magistrado del Tribunal Supremo.

Fuente: Libertad Digital

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