Cerca de 5.000 abogados del turno de oficio, cuyo pago depende de la Comunidad de Madrid, llevan sin cobrar desde el pasado mes de enero. El total de la deuda del Ejecutivo regional con el Colegio de Abogados (ICAM) en concepto del primer y segundo trimestre de pago a Letrados -que a día de hoy no ha sido liquidada- es de aproximadamente, 20 millones de euros (19.373.904,20 euros). Y lo más preocupante, según señala Antonio Hernández-Gil, decano del ICAM, «es saber que no se ha habilitado ninguna partida extraordinaria para ello, ya que se consumió el presupuesto de 2009 para liquidar los pagos debidos del 2008».
Preguntado al respecto, el consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, reconoció que el Ejecutivo regional «había liquidado con gran esfuerzo el año 2008, y en pocos días se empezará a pagar el primer trimestre de 2009». Pero no dejó de hacer una serie de precisiones. Según Francisco Granados, lo que ha ocurrido es que «en el año 2008 y a lo largo de 2009 se ha producido un incremento absolutamente desmesurado en la factura del turno de oficio». Un incremento, señaló el consejero, de más del 50 %. «Ahora mismo -asegura-, estamos en un nivel del entorno de los 50 millones de euros». Una situación de gasto que a la Comunidad de Madrid le parece «absolutamente inaceptable».
Inmigrantes en Barajas
Cifras de gasto que para el Gobierno regional se producen por varios motivos: «Desde luego por la legislación, pero también por una aplicación excesivamente permisiva del turno de oficio, sobre todo, en lo relacionado con la llegada de inmigrantes a Barajas», indicó Granados. Para el Colegio de Abogados, los motivos del aumento en el uso del turno de oficio están en «las necesidades críticas personales, por aumento de la inmigración y por modificaciones legislativas como, por ejemplo, la penalización de infracciones contra la seguridad vial que, antes en el orden administrativo, no accedían a la justicia gratuita».
Ante esta situación el Ejecutivo regional asegura que ha manifestado tanto a la Fiscalía como al Colegio de Abogados su malestar. «La Comunidad de Madrid -advirtió el consejero- no se puede permitir niveles de gasto como los que ahora asumimos. También se lo hemos hecho saber al Ministerio de Justicia, aunque es verdad que en los dos o tres últimos meses, y como consecuencia de una sentencia de la Audiencia Provincial que apoya esta teoría de que se está siendo demasiado laxo en la aplicación de la ley y que se está haciendo un uso excesivo del turno de oficio, se ha producido algún cambio que ha traído más rigurosidad en la aplicación».
No es la primera vez que estos profesionales pasan por una situación de estas características. Los abonos de las certificaciones de los dos últimos trimestres de 2008 se realizaron con cargo a las partidas presupuestarias destinadas al ejercicio de 2009. La promesa de pago había llegado en febrero, con las movilizaciones de estos letrados. Estos se encerraron en el Colegio para demostrar a la Comunidad su recelo ante la propuesta planteada por el consejero de Justicia e Interior.
Con esta iniciativa se respondía a las exigencias fundamentales del turno de oficio, y se comprometía al pago inmediato de las cantidades adeudadas por la Comunidad correspondientes a 2008, la ejecución de los pagos de las certificaciones correspondientes a 2009 «con la debida regularidad» y la revisión, por primera vez en seis años, de los baremos de retribución de las actuaciones de estos letrados.
Esta última reclamación tampoco es nueva. Las remuneraciones fijadas por parte de la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Justicia no se han revisado desde 2003.
Fuente: ABC.es
Preguntado al respecto, el consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, reconoció que el Ejecutivo regional «había liquidado con gran esfuerzo el año 2008, y en pocos días se empezará a pagar el primer trimestre de 2009». Pero no dejó de hacer una serie de precisiones. Según Francisco Granados, lo que ha ocurrido es que «en el año 2008 y a lo largo de 2009 se ha producido un incremento absolutamente desmesurado en la factura del turno de oficio». Un incremento, señaló el consejero, de más del 50 %. «Ahora mismo -asegura-, estamos en un nivel del entorno de los 50 millones de euros». Una situación de gasto que a la Comunidad de Madrid le parece «absolutamente inaceptable».
Inmigrantes en Barajas
Cifras de gasto que para el Gobierno regional se producen por varios motivos: «Desde luego por la legislación, pero también por una aplicación excesivamente permisiva del turno de oficio, sobre todo, en lo relacionado con la llegada de inmigrantes a Barajas», indicó Granados. Para el Colegio de Abogados, los motivos del aumento en el uso del turno de oficio están en «las necesidades críticas personales, por aumento de la inmigración y por modificaciones legislativas como, por ejemplo, la penalización de infracciones contra la seguridad vial que, antes en el orden administrativo, no accedían a la justicia gratuita».
Ante esta situación el Ejecutivo regional asegura que ha manifestado tanto a la Fiscalía como al Colegio de Abogados su malestar. «La Comunidad de Madrid -advirtió el consejero- no se puede permitir niveles de gasto como los que ahora asumimos. También se lo hemos hecho saber al Ministerio de Justicia, aunque es verdad que en los dos o tres últimos meses, y como consecuencia de una sentencia de la Audiencia Provincial que apoya esta teoría de que se está siendo demasiado laxo en la aplicación de la ley y que se está haciendo un uso excesivo del turno de oficio, se ha producido algún cambio que ha traído más rigurosidad en la aplicación».
No es la primera vez que estos profesionales pasan por una situación de estas características. Los abonos de las certificaciones de los dos últimos trimestres de 2008 se realizaron con cargo a las partidas presupuestarias destinadas al ejercicio de 2009. La promesa de pago había llegado en febrero, con las movilizaciones de estos letrados. Estos se encerraron en el Colegio para demostrar a la Comunidad su recelo ante la propuesta planteada por el consejero de Justicia e Interior.
Con esta iniciativa se respondía a las exigencias fundamentales del turno de oficio, y se comprometía al pago inmediato de las cantidades adeudadas por la Comunidad correspondientes a 2008, la ejecución de los pagos de las certificaciones correspondientes a 2009 «con la debida regularidad» y la revisión, por primera vez en seis años, de los baremos de retribución de las actuaciones de estos letrados.
Esta última reclamación tampoco es nueva. Las remuneraciones fijadas por parte de la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Justicia no se han revisado desde 2003.
Fuente: ABC.es
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