Los españoles tendrán que pagar de 25 a 50 euros por recurrir resoluciones

Todos los españoles, excepto los que se benefician de la justicia gratuita, tendrán que depositar en un futuro próximo entre 25 y 50 euros para recurrir las resoluciones de la Administración judicial, aunque recuperarán el dinero si el recurso es admitido total o parcialmente. La medida, que ha sido pactada por PSOE y PP en el Congreso, comenzará a aplicarse el año próximo, cuando se apruebe la ley de la nueva oficina judicial, que constituye el primer paso del plan para modernizar y mejorar la Justicia.


La finalidad del depósito es reducir los miles y miles de impugnaciones «sin fundamento» que se presentan cada año en los palacios de Justicia y que, en su mayor parte, sólo persiguen prolongar los procesos, al tiempo que aumentan el atasco judicial. Prueba de ello es que el 80% de las resoluciones recurridas el pasado año en los Tribunales Superiores, máxima instancia de las comunidades autónomas, fueron desestimadas.

En adelante, la persona que recurra una providencia, auto o sentencia en la jurisdicción de lo Civil, de lo Social o de lo Contencioso tendrá que adelantar 25, 30 ó 50 euros, según el tipo de recurso. Esa cantidad se desembolsará antes de ejercer la acción judicial y no se recuperará si es rechazada.

En la jurisdicción de lo Penal, la aplicación del depósito será menos estricta. Sólo se exigirá a las acusaciones populares y no se cobrará dinero alguno en el recurso en segunda instancia. Es decir, cuando se pide a un Tribunal Superior que revise la resolución. En cambio, la casación en el Supremo sí estará gravada con el depósito.

Los únicos colectivos exentos de adelantar dinero para recurrir serán los fiscales, los representantes de las administraciones y los ciudadanos de escasos recursos cuyos pleitos sean subvencionados. Los fondos acumulados, que alcanzarán una cifra millonaria, servirán para financiar la justicia gratuita y una parte de la informatización de los juzgados españoles.

El reparto de ese dinero es lo único que ha generado discrepancias en el Congreso, hasta el punto de que sólo en ese aspecto concreto de la reforma los partidos nacionalistas se van a desmarcar de la mayoría que forman PSOE y PP. En principio, está previsto que el 40% de los depósitos no devueltos en cada comunidad se entregue al Gobierno autonómico de turno. Con otro 20% se creará un organismo estatal para conectar los sistemas informáticos de los tribunales de toda España. Del resto se encargará el Ministerio de Justicia, aunque, en principio, lo destinará a las autonomías que aún no han asumido las competencias de Justicia. Los grupos nacionalistas discrepan de esa distribución y creen que el dinero debería transferirse en su totalidad a los Ejecutivos autónomos.

Fuente: diariovasco.com