“¿Se imaginan que se le exigiese a Fernando Alonso ganar una carrera de Fórmula Uno con un seiscientos?, pues a nosotros se nos pide algo parecido”. El ejemplo es del juez decano de Ciudad Real Antonio Moreno de la Santa, el rostro del malestar de la judicatura en la provincia que secundó de manera abrumadora la primera huelga de jueces de la historia de la democracia española el 18 de febrero pasado. Cuatro meses después pocas cosas han cambiado, para desesperación de los jueces, que han pospuesto al otoño un nuevo plante ante el Ministerio de Justicia, en manos ahora del moderado Francisco Caamaño.“La gente está quemada. Lo que nos duele es que no hay sensibilidad de la clase política para ver que esto es un problema que se puede solucionar y se debe solucionar. No hay que resignar al ciudadano con la lentitud, una justicia lenta no es justicia. Del mismo modo que en otras áreas públicas exigimos rapidez, aquí lo debería hacer todo el mundo”, afirma.
Lo que dice es aplicable a los juzgados de toda España, un país que ni siquiera cumple la media de gasto en Justicia que marca la Unión Europea (en España se dedica a Justicia el 1% del PIB y los jueces quieren que se llegue al menos al 3,5%, pero en la provincia el problema es mayor: edificios obsoletos, pocos medios, jueces y funcionarios completan un panorama sólo comparable al del resto de provincias de Castilla-La Mancha, una de las pocas comunidades que aún no tienen las transferencias en la materia.
Más asuntos
La crisis económica y la cada vez mayor litigiosidad de la sociedad han agravado el problema. En el partido judicial de Ciudad Real capital, y con algunos juzgados con competencias provinciales, a estas alturas de año se ha superado la cifra de asuntos y diligencias del año anterior -el de la huelga de funcionarios-, en todos los ámbitos: penal, civil, sentencias de separación, “hasta en los trabajos en beneficio de la comunidad, que han aumentado mucho desde que se crearon los nuevos delitos relacionados con la seguridad vial”, apostilla Moreno. Y pone otro ejemplo: “Está muy bien que los políticos ‘inventen’ nuevos delitos. Conducir sin carné ha pasado de falta a delito, me parece bien, a los infractores hay que condenarles a trabajos en beneficio de la comunidad, todo eso está fenomenal, ahora bien, ¿quién ejecuta esas nuevas normas?, en este caso mi juzgado, que sirve además a la población reclusa de las prisiones de Herrera de La Mancha, Alcázar y Albacete”.
Lo peor es que los datos se envían memoria tras memoria al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), máximo órgano de gobierno de los jueces y los conoce el ministerio. También conoce el Ministerio de Justicia que el juzgado de Instrucción y Primera Instancia de Ciudad Real 4, con competencias provinciales en asuntos mercantiles, está colapsado. Un sólo juez tiene a su cargo cientos de concursos de acreedores, el más llamativo el de la cooperativa Tierra de Calatrava de Miguelturra, con millones de euros en juego y unas dos mil personas afectadas. Pero hay muchos más y no menos importantes.
En enero se pidieron refuerzos, tanto para este juzgado como para el de lo Contencioso Administrativo, se rechazaron. “Entiendo que haya poco dinero, pero para otras cosas si lo hay, y luego nos dicen que no habrá recortes en gasto social, yo me pregunto, ¿hay algo más social que la Justicia?”. Moreno cree que ya es hora de que la sociedad se niegue a ser la gran sufridora de la justicia, “todo se soporta, no entiendo bien por qué, quizá sera para tener un chivo expiatorio al que echarle la culpa de todo”.
Mejor gestión
Lo mejor según el veterano magistrado es muchas cosas se podrían solucionar y sin gastar un sólo euro o muy pocos, con una buena gestión. No debería ser normal que se pidan unos informes importantes en un procedimiento por correo ordinario y tarden quince días en llegar “cuando hoy con correo electrónico ese mismo documento te puede llegar en una hora”, dice.
Las videoconferencias son otro elemento tecnológico que ha empezado a facilitar las cosas en los juzgados y podría ahorrar mucho dinero. Lo único es que hay pocos sistemas en uso porque no funcionan bien. Mejorando este sistema, contratando más líneas telefónicas, el ministerio se podría ahorrar miles de euros en traslado de presos, testigos y peritos, todo eso operaciones costosísimas.
Moreno, en su condición de juez de Vigilancia Penitenciaria, despachó por este método hace unos días con diferentes internos de Herrera, Alcázar y Albacete, “si eso lo hago en taxi, como se hacen otras diligencias, habría necesitado varios días y habría gastado más que lo que vale la instalación del sistema de videoconferencia en mi juzgado”.
Los programas Lexnet (firma electrónica) y Minerva, que también se han vendido como grandes avances, sin embargo según Moreno precisamente la semana pasada Lexnet falló, notificó asuntos a procuradores que no le correspondían, y después hubo que anular todas esas notificiaciones.
No todo es negativo después tras el 18-F. Aunque no llega el compromiso de inversiones que exigen los jueces, algo sí ha cambiado “ha servido para que la gente tome conciencia del problema. Yo como juez soy responsable de mis decisiones y sentencias, pero a mí se me deben dar los medios para que haga mi trabajo con garantías”. Los jueces ya han dejado de callarse.
Fuente: Lanza Digital
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