Valoración «positiva» del encuentro y reunión «constructiva». Estas podrían ser las principales conclusiones de la cita que mantuvo Pedro Sanz en Madrid con el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, a tenor de los comunicados oficiales remitidos por los portavoces de ambos responsables políticos. La entrevista se había convocado con el objetivo de conversar y fijar plazos para la transferencia de las competencias en materia de Justicia a la Comunidad Autónoma de La Rioja. Y muy ligado a este asunto se encuentra la construcción del futuro Palacio de Justicia en la región.Ambos temas se encontraban 'atascados' por distintos motivos, aunque en varias ocasiones se había hablado de cuantías económicas y presupuestos. En definitiva, la transferencia de las competencias judiciales, si nos atenemos a los números adelantados en 2006 por el entonces ministro Juan Fernando López Aguilar, se cuantificaría en torno a los 9 millones de euros. Pero esta cantidad no contemplaba el coste de la construcción del Palacio de Justicia, presupuestada en 28 millones de euros y para la que los Presupuestos Generales del Estado de este año ya incluyen una dotación de 14,8 millones, si bien falta por concretar el proyecto definitivo y que comiencen las obras.
Tras la reunión con Caamaño, el Gobierno regional comunicó que La Rioja «asumirá las transferencias de Justicia antes de que acabe el año». La nota también avanzaba que la Comunidad Autónoma «construirá el Palacio de Justicia de La Rioja». Nada se decía sobre la cuantificación económica de una operación transferencial que supondrá la asunción de todos los edificios judiciales de la región y del coste de su mantenimiento, así como el pago de las nóminas de unos 300 trabajadores, entre funcionarios y forenses, ya que jueces, fiscales y secretarios judiciales seguirán perteneciendo a la Administración del Estado.
Sin embargo, teniendo en cuenta la aparente buena sintonía que demostraron el ministro y el presidente riojano, todo parece indicar que el coste del Palacio quedará finalmente incluido en el paquete económico de las transferencias para que sea el propio Gobierno regional el que ejecute las obras en el antiguo cuartel de la Guardia Civil de la calle Murrieta.
Sanz entiende que «la voluntad de cooperación de ambas administraciones ha permitido desbloquear las transferencias» y Caamaño reconoce que el proceso de cesión está «muy avanzado».
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Ignacio Espinosa, afirma que el acuerdo alcanzado en Madrid «es una buena noticia» y, «si además acarrea que el Palacio de Justicia se construya antes, mejor».
Fuente: elcorreodigital.com
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