Los Tribunales cerrarán 2009 con 3,3 millones de asuntos pendientes

Los juzgados españoles acabarán el año con 3,3 millones de asuntos «en trámite», es decir, en espera de resolución, lo que supone un incremento del 18,7 por ciento respecto a los casi 2,8 millones con los que terminó 2008, según datos ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial. Junto a ello, los ingresados superarán los 9,8 millones, lo que supone un 8,70 por ciento más que el último año, y los resueltos se situarán en 9,3 millones, un aumento del 7,70 por ciento.


Pese a esta subida de la carga de trabajo de los juzgados y tribunales, tal como se pone de manifiesto en el estudio de la «Justicia dato a dato» de 2008, la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, destacó cómo el tiempo de respuesta, es decir, de resolución, ha descendido respecto a años anteriores, situándose en unos límites que calificó de «razonables». En el aspecto positivo, destacó igualmente cómo los asuntos que esperan una resolución del Tribunal Supremo han descendido desde 2004 de 48.543 a 16.000 en el último año.

El estudio, presentado también por los vocales Miguel Carmona y Antonio Dorado, pone de relieve también que será la Jurisdicción Penal la que ingrese un mayor número de causas, con 6,8 millones, seguida a mucha distancia de la Civil, con 2 millones. Para mejorar la situación de los juzgados y aliviar esas cargas de trabajo, la portavoz del Consejo reseñó que se han adoptado, junto con el Ministerio de Justicia, 200 medidas de refuerzos, destinadas de forma especial a los juzgados de lo Mercantil, ya que se han visto saturados a causas de procesos relacionados con la crisis económica.

Por otro lado, el Estado tuvo que pagar en 2008 más de 3,5 millones de euros por responsabilidad patrimonial por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia. La mayor parte de esa cuantía deriva de sentencias de la Audiencia Nacional.

Madrid fue la comunidad que registró la mayor tasa de litigiosidad el año pasado, al contabilizar cerca de 230 nuevos asuntos judiciales por cada mil habitantes, mientras que el País Vasco se situó a la cola, con 136 expedientes. Las cifras ofrecidas por el órgano de gobierno de la judicatura sitúan a Andalucía como la segunda autonomía con más pleitos en relación con su población (228), seguida por la Comunidad Valenciana (212) y Canarias (211). En el otro extremo, las comunidades menos litigantes, después de Euskadi, fueron Extremadura, La Rioja y Castilla La Mancha.

El número de sentencias en trámite de ejecución al final del pasado año fue de 1.763.226. La mayor parte de ellas recayó en la jurisdicción Civil, que ha visto incrementada su carga de trabajo como consecuencia de la crisis económica, según detalla el informe.

La crisis económica está teniendo un gran efecto en la Administración de Justicia, algo que tiene que ver con el hecho de que esta situación está produciendo un notable incremento de los embargos, ejecuciones hipotecarias, concursos de acreedores y despidos.

Sin embargo, también está suponiendo una reducción del número de divorcios y separaciones. Así, el total de divorcios fue de 121.543 en 2008, frente a los 141.317 de 2006. A su vez, las separaciones fueron 9.058 en 2008, mientras que en 2006 se registraron 14.158.

Según refleja el informe, "la crisis económica está teniendo un importantísimo impacto en los juzgados de lo mercantil, en los que el número de concursos (de acreedores) se ha triplicado en 2008, y es previsible que los presentados en 2009 duplicarán a los de 2008".

La investigación del CGPJ apunta también que en el primer trimestre de 2009 han aumentado un 112% las ejecuciones hipotecarias respecto al mismo período de 2008. Además, estas ejecuciones pasarán de 15.411 en 2005 a una cifra estimada de 181.020 en 2010.

En cuanto a los concursos de acreedores, éstos han aumentado un 220% en el primer trimestre de este año frente al ejercicio anterior. En este apartado, la previsión es también notable, ya que estos concursos pasarán de 1.405 en 2005 a una cifra estimada de 14.951 en 2010.

Además, los procedimientos por despido en los juzgados de lo social han registrado una subida del 96% respecto al primer trimestre de 2008. La estimación en este caso es llegar a 186.481 procedimientos laborales de este tipo en 2010, lo que es más del doble de los 64.923 de 2005.

Otro dato preocupante es que los procedimientos por embargo han crecido un 53,5% en el primer trimestre de este año, mientras que los lanzamientos han subido un 52%.

La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, señaló que, aunque estos datos "asustan", hay que tener en cuenta que la crisis económica afecta a jurisdicciones como lo social o lo mercantil, que estaban menos saturadas.

Por su parte, el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, insistió en que la Justicia española necesita la elaboración de una ley de modernización que concrete y fije la fecha para la reforma que hay que llevar a cabo. Esa normativa, explicó, deberá subrayar la utilización de Internet y de las nuevas tecnologías.

«Debemos ser valientes y hacer una ley que ponga negro sobre blanco; es decir, que establezca que, a partir de tal fecha, los juzgados van a trabajar de tal manera», señaló durante su intervención como ponente en el curso 'Medios y remedios para la Administración de Justicia', que se celebró en Aranjuez.

De Rosa enumero una serie de reformas que, a su juicio, son necesarias y que debería contemplar la ley, como la obligatoriedad de la intercomunicación de los juzgados, la necesidad de que los abogados presenten los escritos telemáticamente o que el modo de comunicarse con los tribunales sea por expediente electrónico.

El vicepresidente del Poder Judicial recalcó que la modernización de la Justicia no es simplemente una cuestión técnica, sino que debe ir asociada con un «cambio de mentalidad» entre los funcionarios.

Para De Rosa, la transformación debería llegar a través de la formación de las plantillas. El ponente abogó por eliminar las trabas que dificultan un eficaz funcionamiento de los tribunales, no sólo en los procesos sino también en la relación con los ciudadanos. «Que una persona no sepa si ha sido condenada o absuelta leyendo una resolución supone, evidentemente, un problema», resumió.

Fuente: larazon.es , elcorreodigital.com , rtve.es