La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, ha criticado que el Gobierno haya elaborado un informe sobre el Plan preventivo de refuerzo para la jurisdicción social "sin pedirnos opinión a las Comunidades Autónomas, a las que no ha consultado sus necesidades". La consellera ha recordado que "este es un plan por el que el Consell venía apostando", pero subraya que el Ministerio de Justicia se comprometió a llamar a todas las Comunidades y llevar a cabo este plan de manera consensuada."Se nos dijo que seríamos consultados no sólo de en qué juzgados sociales de la Comunitat se aprobaría el refuerzo, sino también la fecha de entrada en funcionamiento, para que las Comunidades Autónomas pudiésemos dar nuestra opinión, pero la falta de colaboración es clara", ha insistido.
Para la consellera, "con estas decisiones el Ministerio trata a las Comunidades Autónomas como si fuéramos una gestoría o como si fuéramos una gerencia territorial y no una Administración competente que debe participar en el diseño e implantación de las decisiones".
"Sin aviso, sin una llamada de teléfono y sin que hayamos podido opinar, el Gobierno aprueba un plan que incluye medidas de refuerzo, no sólo de jueces y secretarios judiciales, sino de funcionarios, que son competencia nuestra, y que teníamos que haber sabido antes", ha indicado.
El plan anunciado en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros, el Gobierno señala que los 19 partidos judiciales que más retraso acumulan recibirán el apoyo de 35 magistrados, además de secretarios judiciales y personal funcionario.
Según el citado informe, el 75% de los expedientes de pago de salarios de tramitación se concentran en los juzgados de lo social de Barcelona, Las Palmas, Elche, Madrid, Sevilla, Málaga y Valencia.
Fuente: ABC.es
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