El número de personas removidas por la Comisión Judicial, encabezada por la presidenta del máximo tribunal, Luisa Estella Morales, incluye a funcionarios de carrera, titulares y personal con fuero sindical. Según denuncia de los gremios judiciales, los despidos comenzaron el 18 de marzo y en los últimos meses han afectado a 100 empleados tribunalicios y a casi 50 jueces.
La jueza provisoria Alicia Torres, ex encargada del Tribunal 13º de Control, tuvo que trasladarse hasta la Comisión Judicial del TSJ para ser notificada oficialmente de que había sido dejada sin efecto su designación.
Otros funcionarios han tenido la “comodidad” de recibirla en sus propios despachos, pero el hecho es que en el Poder Judicial los empleados están a la espera de que en cualquier momento puedan ser removidos en medio de la reestructuración emprendida por el Tribunal Supremo de Justicia (resolución 2009-0008).
Ser funcionario de carrera, titular, o con fuero sindical no son obstáculos para que la Comisión Judicial, presidida por Luisa Estella Morales, utilice el mismo rasero para despedir trabajadores sin previo aviso.
La depuración comenzó el 18 de marzo y en poco más de 4 meses han sido destituido más de 100 empleados tribunalicios, denunciaron los sindicatos judiciales el 13 de julio, y casi 50 jueces en todo el país entre removidos, suspendidos con o sin goce de sueldo, jubilados y los que han renunciado.
Estos datos son apenas los oficializados por el TSJ a través de su página de Internet en la sección de designaciones, en la que consta que desde abril fueron jubilados 2 jueces, suspendidos sin goce de sueldo otros 4, dejado sin efecto su designación 19 y 6 han renunciado; esto sumado a los 14 jueces que quedaron fuera entre marzo y abril.
Reestructuración
La Comisión Judicial fue autorizada por la Sala Plena para efectuar una serie de evaluaciones, cuyos parámetros aún se desconocen, a todos los funcionarios del Poder Judicial, aunque la comisión no tiene rango constitucional o legal.
Se ha arrogado responsabilidades hasta de tribunal disciplinario y se ha atrevido a remover a funcionarios de carrera, jueces titulares que se suponen gozan de estabilidad, sin sentencia previa y sin una acusación formal de la Inspectoría General de Tribunales.
A pesar de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso Apitz, Rocha y Ruggery) que instó al Poder Judicial a dar estabilidad en el trabajo a sus empleados, el TSJ sigue destituyendo jueces, en esta última tanda de despidos salieron de sus despachos María Cecilia Adame Paz, del Zulia; Gustavo Adolfo Labrador, del estado Amazonas; Hely Saúl Oberto, de Falcón; y Rosy Emily Brito, de Guárico.
Sin fuero
Así como la Comisión Judicial ha destituido jueces titulares, también la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, órgano administrador del Poder Judicial, ha hecho lo mismo pero con los empleados tribunalicios.
El 13 de julio pasado Kennedy Bolívar recibió una notificación firmada por el director, Francisco Ramos, en la que le informaban su despido a pesar de ser representante sindical.
Bolívar, que se desempeñaba como asistente de tribunales y presidente de la seccional civil del sindicato SUONTRAJ, aseguró que no fue notificado de la supuesta evaluación y que también desconocía los resultados.
El presidente del Comité Nacional del SUONTRAJ, Luis Galviz, señaló que tienen información de que antes de que finalice el año en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) esperan despedir en total a mil empleados.
Sobre las vacantes, Galviz indicó que sus fuentes le habrían aseverado que ellas serían sustituidas por estudiantes de las universidades Bolivariana y de la Fuerza Armada.
La jueza provisoria Alicia Torres, ex encargada del Tribunal 13º de Control, tuvo que trasladarse hasta la Comisión Judicial del TSJ para ser notificada oficialmente de que había sido dejada sin efecto su designación.
Otros funcionarios han tenido la “comodidad” de recibirla en sus propios despachos, pero el hecho es que en el Poder Judicial los empleados están a la espera de que en cualquier momento puedan ser removidos en medio de la reestructuración emprendida por el Tribunal Supremo de Justicia (resolución 2009-0008).
Ser funcionario de carrera, titular, o con fuero sindical no son obstáculos para que la Comisión Judicial, presidida por Luisa Estella Morales, utilice el mismo rasero para despedir trabajadores sin previo aviso.
La depuración comenzó el 18 de marzo y en poco más de 4 meses han sido destituido más de 100 empleados tribunalicios, denunciaron los sindicatos judiciales el 13 de julio, y casi 50 jueces en todo el país entre removidos, suspendidos con o sin goce de sueldo, jubilados y los que han renunciado.
Estos datos son apenas los oficializados por el TSJ a través de su página de Internet en la sección de designaciones, en la que consta que desde abril fueron jubilados 2 jueces, suspendidos sin goce de sueldo otros 4, dejado sin efecto su designación 19 y 6 han renunciado; esto sumado a los 14 jueces que quedaron fuera entre marzo y abril.
Reestructuración
La Comisión Judicial fue autorizada por la Sala Plena para efectuar una serie de evaluaciones, cuyos parámetros aún se desconocen, a todos los funcionarios del Poder Judicial, aunque la comisión no tiene rango constitucional o legal.
Se ha arrogado responsabilidades hasta de tribunal disciplinario y se ha atrevido a remover a funcionarios de carrera, jueces titulares que se suponen gozan de estabilidad, sin sentencia previa y sin una acusación formal de la Inspectoría General de Tribunales.
A pesar de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso Apitz, Rocha y Ruggery) que instó al Poder Judicial a dar estabilidad en el trabajo a sus empleados, el TSJ sigue destituyendo jueces, en esta última tanda de despidos salieron de sus despachos María Cecilia Adame Paz, del Zulia; Gustavo Adolfo Labrador, del estado Amazonas; Hely Saúl Oberto, de Falcón; y Rosy Emily Brito, de Guárico.
Sin fuero
Así como la Comisión Judicial ha destituido jueces titulares, también la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, órgano administrador del Poder Judicial, ha hecho lo mismo pero con los empleados tribunalicios.
El 13 de julio pasado Kennedy Bolívar recibió una notificación firmada por el director, Francisco Ramos, en la que le informaban su despido a pesar de ser representante sindical.
Bolívar, que se desempeñaba como asistente de tribunales y presidente de la seccional civil del sindicato SUONTRAJ, aseguró que no fue notificado de la supuesta evaluación y que también desconocía los resultados.
El presidente del Comité Nacional del SUONTRAJ, Luis Galviz, señaló que tienen información de que antes de que finalice el año en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) esperan despedir en total a mil empleados.
Sobre las vacantes, Galviz indicó que sus fuentes le habrían aseverado que ellas serían sustituidas por estudiantes de las universidades Bolivariana y de la Fuerza Armada.
Fuente: minuto59.com , SUONTRAJ
No hay comentarios:
Publicar un comentario