Pacto en Justicia a medio gas

Hace ahora un año -el 23 de julio de 2008-, Zapatero y Rajoy se reunían en el Palacio de la Moncloa tras meses de desencuentro. La cita sirvió para cerrar un acuerdo que impulsara las reformas referidas a la Justicia, un ámbito marcado por un ya clásico desinterés de los gobiernos de turno y por el desencuentro entre PSOE y PP desde la ruptura, en 2001, del Pacto de Estado que tan buenos frutos había dado.


El optimismo de unos y otros marcó los primeros momentos, pues a la vuelta del verano se desbloqueó la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que llevaba un retraso de dos años. Pero en el primer aniversario de ese pacto, sólo los socialistas mantienen intacta la euforia. Los populares opinan que la modernización de la Justicia sigue sin ser una prioridad para el Gobierno -«le faltan ganas y va demasiado lentamente»- y critican el «absoluto incumplimiento» de la pactada reforma del Código Penal.

Pese a todo, se puede decir que el año que ha transcurrido desde aquel 23 de julio ha sido para la Justicia mejor que otros ejercicios. También se vivió un hito histórico, como fue la primera huelga de jueces y magistrados el 18 de febrero, cuyo seguimiento superó todas las expectativas y que consiguió centrar el debate público en la precaria situación que viven juzgados y tribunales.

La renovación del CGPJ

El primer gran paso tras el acuerdo se dio el pasado septiembre con la renovación del órgano de gobierno de los jueces, algo que, en opinión del portavoz socialista en la Comisión de Justicia del Congreso, Julio Villarrubia, «cambió de forma sustancial el panorama». Coincide con él el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, quien señala que «en septiembre empezó una nueva etapa» para la modernización de la Justicia, en la que el Consejo se ha implicado «al máximo».

Parecía que el acuerdo Zapatero-Rajoy iba a desbloquear también la renovación del Tribunal Constitucional. Pero en este caso sólo se llegó a cumplir con el trámite de remitir al Senado los nombres de los candidatos propuestos por las asambleas de cada Comunidad Autónoma. La decisión del PP de proponer los mismos dos nombres -Francisco Hernando y Enrique López- en todos los territorios renovó las tensiones entre los dos partidos. Desde el PP, su portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, reitera hoy que «nosotros hemos cumplido nuestra parte pese a no estar de acuerdo con la reforma de la LOTC» en lo que afecta a la selección de los candidatos por la Comunidades Autónomas. «Ahora les toca a ellos cumplir con la suya», recuerda.

Lo cierto es que, con los nombres ya sobre la mesa, las negociaciones podían haber comenzado. Y si no lo han hecho es, como admiten unos y otros sottovoce, porque se decidió que sea el Pleno del TC en su actual composición el que firme la sentencia del Estatuto catalán.

En materia legislativa, el gran proyecto que por fin ha visto la luz (llevaba bloqueado desde 2003) es el que permitirá la implantación de la oficina judicial. Para ello ha sido necesaria una profunda reforma que ha afectado a quince leyes procesales. Es, a juicio de todos, el primer paso para la manida modernización de la Justicia.

Sáenz de Santamaría recuerda no obstante que «queda mucho por avanzar»; Villarrubia, más optimista, sostiene que esa reforma «ha puesto por fin en marcha lo que llevamos persiguiendo 30 años» y cree que el buen entendimiento y colaboración que se ha conseguido hacen que la modernización de la Justcia sea ya imparable.

Relevo en el Ministerio

Con anterioridad a que la reforma procesal obtuviera el apoyo prácticamente unánime del Parlamento, se produjo el relevo en el Ministerio de Justicia. Tras sobrevivir a la huelga de jueces, Mariano Fernández Bermejo cayó en desgracia cuando se supo que, en plena ebullición de la Gürtel, había compartido fin de semana de cacería con el juez que entonces instruía el caso, Baltasar Garzón. Con su sucesor, Francisco Caamaño, el talante negociador sustituyó al insulto y logró lo que en aquellos momentos parecía imposible: aplacar la ira de los jueces con propuestas que, si bien no satisficieron todas sus pretensiones, fueron entendidas como una muestra de buena voluntad del ministro. Una segunda huelga, programada para el 26 de junio, quedó así desactivada.

Pero son muchas las asignaturas pendientes: entre ellas, la reforma del Código Penal, con penas más duras para pederastas y terroristas, o la verdadera puesta en funcionamiento, con inversiones serias en medios materiales y humanos, de la oficina judicial, en principio prevista para 2010.

Fuente: ABC.es