Acaba de llegar al Gobierno y ya ha hecho historia. José Manuel Fínez (Mielan de Gers, Francia, 1962) es el primer magistrado en Euskadi que da el salto a la política para dirigir Justicia. También tiene su pasado: fue enjuiciado y absuelto en 1991 en Alcalá de Henares, donde estaba destinado en la Cruz Roja, como insumiso al servicio sustitutorio a la mili (PSS). La pena era de dos años, cuatro meses y un día. Pero fue uno de los primeros casos de absolución de insumisos. Antes de ir al Gobierno dirigía el Juzgado de Primera Instancia nº 13 de Bilbao. Miembro de Jueces para la Democracia, es doctor en Derecho por la Universidad de Deusto. Ha publicado una docena de libros.Pregunta. ¿Se ha recuperado la "normalidad institucional" entre Gobierno y judicatura, tras la tormentosa etapa anterior?
Respuesta. La sensación que tenemos es que hay posibilidades de recomponer las relaciones y de mantener una comunicación normal, pese a que seguro que tendremos puntos de vista distintos al enfocar algunos problemas. Hasta ahora, la relación era prácticamente inexistente.
P. Usted ha vivido ese periodo de enconamiento con la cúpula judicial a raíz de los casos Atucha e Ibarreche desde el otro lado de la barrera, cuando era magistrado.
R. Tengo una doble sensación: por un lado, en informatización, modernización de la justicia..., el Gobierno anterior hizo un gran esfuerzo. Los tiempos de respuesta judicial son buenos. Yo llegué en el 2002 y era como pasar de la máquina de escribir al ordenador, otro mundo. Pero la cruz es que uno percibe que ha habido un defecto de legitimación institucional del sistema de justicia en Euskadi. Nunca nos han considerado los jueces vascos. Y se ha ido más allá de lo razonable en las críticas a resoluciones para poner en entredicho la independencia judicial. Éramos considerados como el brazo ejecutor de la ley española. Ahora se sienten acogidos como jueces vascos, porque el reconocimiento de este Gobierno es claro.
P. ¿La descentralización del Poder Judicial le suena raro al Ejecutivo del PSE?
R. Ni raro, ni anormal. Progresivamente, se puede adecuar la Justicia vasca a la vertebración territorial del Estado. No hay que tener miedo a la descentralización o a la creación de un Consejo Judicial vasco.
P. ¿Y entiende usted que la asociación mayoritaria y conservadora (APM) convoque una huelga?
R. Lo entiendo dentro de la natural discrepancia, más bien ideológica en este caso. El juez debe estar al servicio del ciudadano. No queremos jueces casi por encima de la ley y poco controlados.
P. Pero no se puede ocultar que el Movimiento 8 de octubre ha prendido en la judicatura.
R. Si usted examina qué jueces han estado más implicados y de dónde proceden, verá que han sido los jueces jóvenes.
P. Y es normal, ¿no?
R. Sí, claro, porque son los que están en los destinos que nadie quiere y con peores medios. Se está pasando de un juez vocacional a uno funcionarizado. Y, finalmente, los desajustes en la elección del CGPJ, que prácticamente fue teledirigida. ¡Es que se estaba diciendo quién era el presidente antes de que se nombraran los vocales¡ Esos detalles hay que cuidarlos mucho, porque eso sí que da pie a pensar en las garantías de independencia del sistema judicial.
P. Por no hablar de lo que pasó también con el juez Tirado.
R. El Consejo ha tenido una posición razonable al recordar que la exigencia de responsabilidad debe ser proporcional a los medios que tiene el juez para controlar la ejecución de las sentencias. Aunque esté justificado técnicamente, que la secretaria judicial, que tiene menos responsabilidad, sufra una sanción mayor que el juez
P. ¿Cree que la realidad judicial se adecúa al reconocimiento de la cooficialidad del euskera y castellano?
R. No, y es claro que quien quiere tener una respuesta en euskera no la puede tener. En eso nos tenemos que esforzar.
P. El personal de la administración de Justicia va ahí mucho más rápido que los jueces y fiscales.
R. El euskera no se puede convertir en un instrumento de promoción profesional. Esto va a evolucionar en la medida que seamos capaces de enraizar a jueces, fiscales y secretarios. Tenemos que crear un sistema de acceso público de formación de profesionales jurídicos. El 85% de los escolares estudia en euskera y, si les ofrecemos esos cauces de integración y promoción en la oposición, van a estar perfectamente preparados, enraizados y serán bilingües.
P. ¿Para eso necesitarán dos legislaturas como mínimo?
R. Hay un experiencia en la UPV. Se trata de potenciarla. Esto despolitiza y quita de raíz ese problema de casta y secta que se ha asentado en esta profesión.
P. Los datos de violencia machista asustan.
R. Es un problema socioeducativo; esto no lo van a resolver los jueces. Podrán limitar aquellas conductas más perniciosas socialmente. La respuesta no está en crear más órganos jurisdiccionales, porque al final todos se colapsan, sino que un mismo órgano judicial esté servido por más jueces de refuerzo. Lo que está pasando con las órdenes de protección -con una duración concreta- es que se informa a la Ertzaintza y, al no existir un buen sistema con una aplicación informática, el agente ve que hay miles, cuando sólo hay unos cientos.
P. ¿Eso demuestra que el sistema no funciona?
R. Pues es así.
P. ¿Qué es la modernización de la nueva oficina judicial?
R. Desarrollo informático para conseguir el expediente electrónico al completo. Y, además, crear un nuevo sistema de administración de justicia que sea más flexible, ágil y funcional. El modelo que tenemos ahora de partidos judiciales se ha quedado obsoleto.
P. Y en ese segundo punto entran las dos experiencias piloto que han pactado con el Ministerio de Justicia para desarrollar en Euskadi. ¿Tienen decidido ya en qué juzgados serán?
R. La idea es centralizar y sistematizar todas las prestaciones de servicios que requiere un juez para ejercer su función jurisdiccional. Hasta ahora cada oficina judicial responde y sirve a un órgano judicial. Pero no se puede hacer si no está informatizado el procedimiento: es decir hay que lograr el expediente electrónico. Y sumar a todo el mundo: abogados, procuradores, notarios y registradores.
P. ¿En cuánto tiempo se pondrá en marcha?
R. Está muy avanzado. A finales de septiembre comienza una experiencia en San Sebastián.
P. ¿Esto va a suponer mucha inversión de dinero?
R. La mayor parte de la inversión ya está realizada. La implantación de la nueva oficina judicial lo que va a suponer es búsqueda de espacios y reordenamiento del personal.
P. Al final, no ha precisado en qué juzgados se aplicará la experiencia piloto para la modernización de la oficina judicial.
R. Una será en Guecho y la otra en Guipúzcoa, pero ahí estamos pendientes de los nombramientos de los secretarios judiciales por el ministerio.
Fuente: elpais.com
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