Los juzgados se reforzarán para agilizar las indemnizaciones por despido

El Gobierno prevé reforzar durante seis meses prorrogables los juzgados de lo social más sobrecargados por el aluvión de despidos que ha ocasionado la crisis, con el objetivo de agilizar las sentencias pendientes, en especial, las de indemnizaciones por despido improcedente. Según el informe que el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, presentó al Consejo de Ministros, el Estado invertirá 950.000 euros en esa iniciativa, pero se ahorrará 2,5 millones de euros por los retrasos de los fallos judiciales.


La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, recordó que si la sentencia se demora más de 60 días hábiles, los empresarios pueden reclamar al Estado los salarios que debería haber pagado al empleado durante ese período.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Justicia, entre 2002 y 2008 el Estado ha afrontado de media anual 902 expedientes de pago por retrasos en las sentencias, con un importe medio anual de 5,5 millones; cifra que ha superado los siete millones de euros anuales en los últimos cuatro ejercicios.

En virtud del plan, a partir del 1 de octubre y durante seis meses, los 19 partidos judiciales con más retrasos (fundamentalmente de Madrid y el litoral mediterráneo) recibirán el apoyo de 35 magistrados, a los que se sumarán secretarios judiciales y funcionarios.

El Gobierno calcula que los magistrados de refuerzo podrán resolver 3.500 asuntos, lo que elevará a 21.000 los procesos con sentencia durante los seis meses del plan, que suponen el 42% de los registrados en el primer trimestre del año. En concreto, los juzgados de lo social que más retrasos acumulan y más expedientes generan por retrasos de los fallos se concentran en un 75% en Madrid, Barcelona, Las Palmas, Elche, Sevilla, Málaga y Valencia.

El plan, que no descarta nuevas medidas, establece que el personal de refuerzo no quedará adscrito a un único órgano judicial determinado, sino que se les asignará una determinada proporción de la carga de trabajo debida a procesos por despido. El plan tiene una duración inicial de seis meses (a partir del 1 de octubre de 2009) y una previsión económica aproximada de 950.000 euros, con posibilidad de prórroga según los resultados alcanzados.

Fuente: lavanguardia.es