Alicante: Los jueces rechazan especializar un juzgado de lo Penal en violencia sobre la mujer

Los titulares de los Juzgados de lo Penal de Alicante han rechazado la propuesta lanzada desde el Consejo General del Poder Judicial para especializar uno de estos órganos, donde se dirimen delitos perseguibles hasta con cinco años de prisión y ejecutan todos los juicios rápidos, en violencia de género. Los magistrados, reunidos en una junta sectorial, calificaron de «absolutamente inviable» el plan a menos que ese juzgado, que tendría carácter provincial, sea de nueva creación.


«El volumen de trabajo es tal que haría falta crear dos juzgados más para el partido judicial de Alicante y cuatro si abarcaran otras comarcas de la provincia», explica el decano de los magistrados, Juan Carlos Cerón, que presidió esa reunión.

El plan para especializar en violencia sobre la mujer todos los escalafones judiciales del ámbito penal viene recogida en la Ley Orgánica 1/2004, la primera que aprobó el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. La falta de inversión o escasez de recursos financieros de la Administración, según quién lo mire, ha ralentizado ese proceso.

Lo primero ha sido crear juzgados específicos de Violencia sobre la Mujer (JVSM). En la provincia ya existen en la capital, Benidorm, Dénia, Orihuela y Elche, y está previsto este año uno en Torrevieja. Se encargan tanto de tramitar delitos como las consecuencias civiles de los mismos en la pareja (divorcios, pensión alimenticia o custodia de menores, entre otros).

En los partidos judiciales donde no existen, un único órgano asume ese fenómeno delictivo. La especialización también ha llegado a la Audiencia Provincial, en este caso a su Sección Primera, que juzga incluso los malos tratos de género que se registran en las comarcas del sur, Baix Vinalopó y Vega Baja, aunque éstas cuenten con un tribunal con exclusiva demarcación sobre ellas.

Cosa diferente son los Juzgados de lo Penal, donde todavía no se ha implantado la filosofía de la ley integral. Ahí se ha producido un agujero negro que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pretende ahora iluminar.

El principal problema reside en que la demarcación de Alicante, por ejemplo, cuenta con los mismos siete órganos de esta clase que unos años atrás y tiene miles de sentencias pendientes de ejecutar.

Funcionarios inexpertos

El colapso en este orden jurisdiccional, que una vez pasado el escándalo del caso Mari Luz la opinión pública parece haber olvidado para centrarse en los juzgados relacionados con el ámbito económico, se ha visto agravado por la llegada de funcionarios inexpertos para cubrir plazas que el Gobierno no saca a oposición.

Por esa razón, la junta de jueces de lo Penal hizo hincapié en la necesidad de reformar el sistema de bolsa de trabajo para que los interinos reciban un curso de formación antes de enrolarse en los intrincados vericuetos del mundo de los tribunales.

No puede ser, como argumentan muchos magistrados, que deban reforzar los juzgados profesionales de cualquier ramo, como operarios de la limpieza, que nunca han oído hablar de un auto o una providencia.

Fuente: laverdad.es