Cinco años han sido tiempo más que suficiente como para mostrar las importantes carencias de la Ley Concursal, que durante décadas estuvo en fase de elaboración y que finalmente entró en vigor el 1 de septiembre de 2004. La reforma de la norma da cumplimiento al compromiso asumido por el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ante las Cortes Generales con motivo de la convalidación del real decreto ley que modificó la vigente Ley Concursal para hacer frente a algunas de las rigideces de la norma ante la crisis.Sin embargo, la reforma cuyos trabajos comenzaron no está directamente ligada a la crisis. "No busca solucionar los efectos de la crisis", aseguró el secretario general técnico del Ministerio de Justicia, Santiago Hurtado, quien además presidirá la sección especial de la Comisión de Codificación encargada de la reforma.
Según Caamaño, la futura ley "deberá contemplar la situación que nace de la nueva realidad económica y laboral de nuestra sociedad, a fin de ayudar tanto a las empresas como a los trabajadores en un escenario global".
El real decreto ley que entró en vigor el 1 de abril reformó la norma basándose en los problemas de refinanciación de las empresas, la reducción de costes del proceso sin merma en la calidad de los servicios o la reducción de la duración del proceso.
Garantía para inversores
Quedaron, sin embargo, fuera del real decreto ley algunos asuntos, como el sobreendeudamiento de particulares, por ejemplo. En todo caso, el secretario general técnico de Justicia afirmó que lo que se trata de hacer ahora es una ley concursal que sea garantía para los inversores tanto nacionales como extranjeros y que dote de seguridad a quienes pretendan financiar proyectos empresariales, "pues les proporciona una legislación de cobertura ante el supuesto fracaso de los proyectos financiados".
En todo caso, la reforma, en la que Justicia invertirá en principio nueve meses, tratará de "eliminar el estigma concursal al empresario", según Hurtado.
Los 19 componentes de la Comisión de Codificación profesionales procedentes de la doctrina científica, la carrera judicial, la Administración y los operadores privados, son Ángel Rojo Fernández-Río (que fue uno de los redactores de la actual ley), los catedráticos Manuel Olivencia, Emilio Beltrán, Alberto Díaz, Carmen Alonso, Juana Pulgar y Esperanza Gallego; los magistrados Nuria Orellana, Ignacio Sancho, Alberto Arribas (juez del concurso de Air Madrid) y José María F. Seijo (de Habitat); el auditor y administrador concursal Antonio Moreno, los abogados del Estado Concepción Ordiz, Francisco Pérez-Crespo, Enrique Piñel (en excedencia) y Luis Gonzaga. El subdirector de Política Legislativa, Julio Fuentes, será secretario, y el presidente, Santiago Hurtado, secretario general del Ministerio.
Fuente: cincodias.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario