La Junta de Andalucía suprimirá en diciembre el personal de refuerzo que puso en los juzgados de lo penal a raíz del 'caso Mari Luz' para desatascar las 16.000 sentencias sin ejecutar. En su lugar, la Consejería de Justicia proyecta poner en marcha en enero de 2010 una oficina específica de ejecuciones de sentencias para aliviar el trabajo de estos juzgados, aunque, eso sí, sin aumentar plantilla. Esta medida se va a poner en marcha sin que el problema de las conocidas como ejecutorias (ejecución de sentencias) se haya resuelto, lo que ha provocado ya una primera reacción de los jueces de lo penal y de los sindicatos de funcionarios, que se muestran contrarios a la decisión de la Junta. "Todos los juzgados saldrán perjudicados», explica Juan Antonio Luque, delegado del sindicato STAJ.El personal de refuerzo fue contratado en mayo de 2008 por la Junta de Andalucía cuando el dramático desenlace de la desaparición de la niña Mari Luz Cortés puso al descubierto la precariedad de medios de estos juzgados y las miles de sentencias sin ejecutar que se acumulaban en sus oficinas. Con el objeto de ir dando salida a las 16.000 resoluciones pendientes en Málaga, la Consejería de Justicia contrató a quince trabajadores de apoyo. Sin embargo, apenas un año después los redujo a diez.
El recorte no ha quedado ahí. Ahora los planes de la administración autónoma pasan por eliminar el personal de apoyo definitivamente a final de año. Comenzará el próximo agosto, mes en que se suprimirán entre cuatro y seis trabajadores de los diez actuales. Los restantes rotarán por las distintas oficinas judiciales hasta diciembre, mes en que cesarán.
La medida no ha gustado a los jueces de lo penal, que desde el 'caso Mari Luz' han venido reclamando que estos refuerzos no sólo hay que mantenerlos sino ampliarlos. Es más, los magistrados han pedido de forma reiterada la creación urgente de al menos cinco juzgados más de lo penal además de un aumento sustancial de la plantilla de funcionarios (de los ocho actuales a diez) para poder abordar la carga de trabajo que soportan.
A los funcionarios no les ha sorprendido la noticia de la supresión del refuerzo. «Se veía venir cuando redujeron el personal de quince a diez», asegura uno de ellos.
A los sindicatos tampoco. «No teníamos conocimiento oficial, pero hace un par de semanas nos reunimos con la delegada de Justicia y nos dijo que no había dinero para pagar los refuerzos y que le indicáramos qué juzgados saldrían menos perjudicados con la supresión. Le contestamos que todos saldrían perjudicados», explica Juan Antonio Luque, delegado del sindicato STAJ.
Luque recuerda que el pasado 29 de junio la consejera de Justicia, Begoña Álvarez, se reunió con la junta de personal: «Le pedimos que no sólo se mantuvieran los refuerzos sino que se aumentaran. La consejera nos contestó que la solución no era mantener los refuerzos, sino crear la oficina común de ejecutorias».
Sobre esta nueva oficina, el delegado sindical del STAJ opina que «se está desvistiendo un santo para vestir otro porque se trata de la misma plantilla» y pronostica un «auténtico caos» en los próximos meses en los juzgados de lo penal. Según Juan Antonio Luque, se avecina un otoño caliente «cuando en octubre o noviembre coincida el traslado de los funcionarios titulares con experiencia que han pedido otros destinos con la reducción del personal de refuerzo».
Fuente: sur.es
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