
"Basta una mera declaración de la consejera, reafirmando la actual regulación y exigiendo su cumplimiento por todos los colectivos que aquí prestamos servicio", indicaron a través de un nota, en la que consideraron que "no ha de permitir la administración andaluza perder la gestión a la que por Ley tiene derecho de un edificio, la mayor sede administrativa de nuestra comunidad".
Asimismo, lamentaron "los pobres argumentos esgrimidos por los jueces, haciendo de la seguridad el principal motivo para adjudicarse, injustamente, el uso exclusivo y excluyente de una parte de la sede judicial más moderna de Andalucía".
Ante los acuerdos del presidente de la Audiencia, Francisco Javier Arroyo Fiestas, y del juez decano en funciones, Manuel Caballero Bonald, al que se adhirió la Fiscalía a través del fiscal jefe, Antonio Morales, para el uso exclusivo de los aparcamientos, la junta de personal reiteró su "total apoyo y conformidad" a la resolución de la Consejería de Justicia por la que se reguló desde la apertura, "de acuerdo con criterios racionales y equitativos", la utilización de estas plazas. Explicaron que, según dicha regulación, los aparcamientos puestos a disposición de dicha sede judicial "son accesibles para todos los que allí trabajan, independientemente de su condición o categoría laboral, siempre que desarrollen sus tareas en el edificio en cuestión, sin que quepa lugar a discriminaciones por privilegiarse a determinado colectivo".
La junta de personal recordó a través de un comunicado que la competencia para la regulación del uso de los aparcamientos "es, por mandato de la LOPJ, de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, al igual que del resto de medios materiales de que dispone la Administración de Justicia en Andalucía".
"Los pronunciamientos del presidente de la Audiencia, el juez decano y el fiscal jefe, atribuyéndose en exclusiva el uso del aparcamiento interior no nos causan sino perplejidad e indignación a todos los usuarios de la Ciudad de la Justicia, por invadir de forma descarada las competencias de la Administración competente que, además, es la propietaria del inmueble en cuestión", apuntaron.
Por esto, reiteraron que el colectivo de funcionarios de Justicia de Málaga y la junta de personal están "firmemente determinados a defender este derecho, en caso de ser preciso, por todos los medios legales a su alcance", instando a la Consejería "a que no ceda a las presiones de que está siendo objeto por parte de algunos jueces y fiscales".
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Fuente: ymalaga.com , malagahoy.es
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