Los vascos podrán comunicarse con todos los juzgados por internet a partir de 2012

La nueva oficina judicial, una reorganización de los juzgados que permitirá a los magistrados concentrarse en dictar sentencias y a los ciudadanos dirigirse a ellos a través de Internet, se empezará a implantar en Euskadi en abril de 2010. Se desarrollará de forma progresiva, comenzando por las comarcas más pequeñas. La idea es que esté lista en las tres capitales para 2012.


Con ello, el País Vasco será la primera comunidad autónoma en culminar la reforma de la Administración de Justicia, un proceso que transformará profundamente la fisonomía de los juzgados, el trabajo de los funcionarios y la manera en que los juristas y sus clientes se relacionarán con ellos. «Una notificación o una citación tardan de cinco a seis días en llegar a su destinatario por vía postal. Por Internet, la comunicación será mucho más rápida, con lo que los procedimientos se agilizarán», explica el viceconsejero de Justicia, José Manuel Fínez.

El Gobierno autónomo, que ensayará los cambios a la vuelta del verano en juzgados de San Sebastián y Getxo, tiene previsto invertir 64,6 millones de euros entre 2008 y 2011 en mejorar el sistema informático de la Administración judicial vasca, que es la que más ha avanzado hasta ahora en esta reforma. Y es que Euskadi es la única comunidad cuyos jueces disponen de herramientas telemáticas para comunicarse con sus colegas de otras autonomías, aunque de momento no les son útiles porque en las demás regiones aún carecen de ellas. Ahora mismo, un juez vasco sólo tiene acceso a los archivos estatales de antecedentes penales y de violencia de género.

Mientras se resuelve este problema -una de las causas de las últimas protestas de la judicatura-, el Ejecutivo de Vitoria estudia con los magistrados, con los colegios de letrados, notarios, registradores y, sobre todo, con los procuradores fórmulas informáticas que permitan a estos profesionales «trabajar en red» con los juzgados mediante claves, para implantar así el expediente electrónico; es decir, para que los documentos esenciales de un procedimiento sean accesibles por el ordenador. «La reforma sólo saldrá adelante con la cooperación de estos colectivos», advierte el viceconsejero de Justicia.

José Manuel Fínez subraya que la labor de los jueces y de los funcionarios judiciales se simplificará notablemente cuando los sumarios sean 'escaneados' y no haya que remover toneladas de papel para encontrarlos, sino sólo apretar una tecla del ordenador. La digitalización de los expedientes no beneficiará exclusivamente a magistrados (214 en todo el País Vasco), fiscales (88), secretarios (175) y demás personal judicial (1.448). Los ciudadanos podrán comunicarse con los jueces directamente por Internet cuando el motivo no requiera letrado y procurador. «Para que el cambio tenga éxito no es suficiente con que los tribunales estén informatizados», explica el viceconsejero. «Es necesario que los usuarios también lo estén», resalta.

Sentencias y papeleo

La nueva oficina judicial no se limitará a aprovechar las posibilidades de Internet. Sobre todo, modificará de arriba a abajo la organización actual de juzgados y tribunales que, en el futuro inmediato, sólo estarán compuestos por magistrados y un grupo de funcionarios a su servicio reducido a la mínima expresión; los primeros se dedicarán a redactar sentencias y los segundos, a buscar documentos y a trasladar los expedientes.

El papeleo de los órganos judiciales descansará en los denominados servicios comunes, en los que se repartirán los secretarios y funcionarios. Tendrán tres funciones básicas: registrar y repartir las demandas y escritos que llegan a la Administración judicial; tramitar los procedimientos de los juicios que se vayan a celebrar y ejecutar las sentencias dictadas por los magistrados.

De ese modo, cuando el ciudadano o el letrado se interese por su pleito, no tendrá que acudir al mostrador del juzgado que lleva el caso, sino al servicio común correspondiente, que dispondrá de una oficina de atención al público más amplia que ahora y estará dividido en grupos de trabajo (civil, contencioso o penal). «Si un funcionario está destinado en un órgano judicial, ahora no se le puede cambiar de sitio», indica Fínez. «Pero dentro de un servicio común podría pasar de un grupo de trabajo a otro. Así nos adaptamos a las necesidades sin aumentar el número de funcionarios». Para el viceconsejero, es una forma de organizarse más «eficiente».

Las 'experiencias piloto' en Guecho y San Sebastián arrancarán en otoño, pero la reforma no podrá acometerse oficialmente hasta que el Congreso apruebe los cambios legislativos necesarios. Deben modificarse catorce leyes procesales, y ese trámite no se cumplirá hasta octubre. Luego hay que dejar pasar seis meses de 'vacaciones legales', de manera que la reestructuración de los juzgados, incluyendo las obras necesarias para poner los edificios a punto, no arrancará en Euskadi hasta la primavera de 2010.

Según José Manuel Fínez, los cambios empezarán en los partidos judiciales pequeños, que son «menos complicados», y concluirán en Bilbao en 2012. Vitoria será la primera capital vasca en modernizarse por completo, seguida de San Sebastián. Para cerrar el proceso, el Gobierno vasco ha presentado al Ministerio de Justicia un modelo organizativo que contempla la creación de veinte nuevas plazas de secretario judicial. La cifra podía haber sido mayor, pero la viceconsejería de Justicia ha optado por la contención. «No vamos a crear unos servicios comunes y reproducir en ellos la fórmula que existe hoy en los juzgados», indicó Fínez.

Fuente: elcorreodigital.com