jueves, enero 31, 2008

Malaga: Al final, la culpa de los malos olores en la Ciudad de la Justicia es de los funcionarios, "por salir a la zona de bares"

El arquitecto responsable de la Ciudad de la Justicia, José Seguí, insistió en que las causas de las filtraciones de malos olores a los juzgados de guardia no se debieron a un fallo técnico sino a una mala adaptación a la complejidad del edificio. Aun así, entre sus propuestas incluye que se refuerce la capacidad de extracción de aire de las salas de autopsias, "como medida exclusivamente de seguridad".

En un informe remitido a los medios de comunicación, el arquitecto detalla las actuaciones llevadas a cabo por la Junta para averiguar la procedencia del hedor que en tres ocasiones obligó a desalojar los juzgados de guardia -dos a causa de sendas autopsias y un mal funcionamiento de los desagües-.

Concluye que los malos olores se extendieron por el uso indebido de las compuertas dobles de seguridad del Instituto de Medicina Legal (IML) y a que no estaban en funcionamiento los sistemas mecánicos de extracción y sequedad de los botes sinfónicos de los aseos.

El documento resume las intervenciones que, desde el pasado 3 de enero, han llevado a cabo los técnicos de instalaciones de la UTE Ferrovial- Agromán-Sando- Inabensa, y que incluyen la revisión de las compuertas cortafuegos y del funcionamiento de los ventiladores, de los motores y de los sistemas de tomas y expulsiones de aire, "encontrando todo en orden y a pleno servicio".

Según indica en su escrito de cinco folios, tampoco la inspección de las conducciones de aire de los falsos techos ni las modificaciones realizadas en las salas de los servicios funerarios revelaron deficiencias. Fue al realizar las pruebas de humo cuando notaron las primeras anomalías. Pero tampoco técnicas: "Se observa que el humo que se acumula en el pasillo -tras inocularlo en una de las salas de autopsias- es movido por una corriente de aire (...) que se produce en las compuertas dobles de seguridad provisionalmente abiertas debido a la descarga de mobiliario (...) y a la indebida utilización del paso de acceso por algunos funcionarios para salir al exterior a la zona de bares", reza el informe.

Ante esto, asegura que se procedió a clausurar y controlar el uso de esa doble compuerta; inspeccionar la totalidad de los sistemas de desagüe; revisar todas las canalizaciones del aire acondicionado y de los conductos de la ventilación de toda la zona afectada y se han asegurado las juntas y los sistemas mecánicos, de manera que desde el pasado 14 de enero los técnicos que controlan "día y noche" posibles incidencias no han vuelto a detectar incidentes.

Asimismo, señala que la Junta se plantea reforzar la extracción del aire mediante campanas extractoras que dupliquen la capacidad actual, "como doble sistema de seguridad, además de los ya establecidos", e insiste en que las salas de autopsias están dotadas de una instalación autónoma e independiente.

Fuente: laopiniondemalaga.es

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Palencia: La Audiencia quiere más espacio

La propuesta que el Ministerio de Justicia ha hecho al presidente de la Audiencia, Carlos Javier Álvarez, al secretario coordinador, Gabriel Tezanos, y a la jueza decana de Palencia, María José Renedo, sobre el proyecto para las obras de remodelación de la tercera planta del Palacio de Justicia de la capital palentina, no ha calado. Y no lo ha hecho porque a tenor de las inquietudes judiciales en Palencia, lo que propusieron los arquitectos ministeriales no cubre la necesidad de espacio que parece haber en la Audiencia.

La propuesta que el equipo arquitectónico del Ministerio de Justicia trajo a Palencia contempla la reforma de la tercera planta del edificio de la plaza de Abilio Calderón para dar cabida a un despacho para un Equipo Psicoasistencial, un despacho para la Fiscalía, otro para los magistrados además de una sala de vistas para el Juzgado número 6 de Primera Instancia e Instrucción.

Algo que no parece ser suficiente según plantea la decana de los jueces palentinos. «Se van a remitir unas alegaciones o sugerencias porque necesitamos otra distribución del espacio de la tercera planta del edificio».

Para los representantes de la vida judicial ese tercer nivel debe albergar la sala de vistas para que el juzgado número 6 tenga una ubicación fija, espacio suficiente para los dos Equipos Psicoasistenciales en vez de uno como propone el Ministerio, un despacho para el secretario coordinador, que ahora mismo se ubica en otro edificio.

También considera que debería haber un espacio para, entre otras cuestiones, centralizar todos los servicios de atención al ciudadano informatizada «para que no tengan que recorrerse todas las sedes judiciales de Palencia y puedan saber desde un mismo lugar en qué punto están sus procesos», apuntó María José Renedo, jueza decana de Palencia. «Sabemos que los metros cuadrados son los que hay y que no se puede hacer nada por ampliarlos, pero creo que los arquitectos del Ministerio pueden cambiar las distribuciones para alcanzar nuestras peticiones».

En cualquier caso, la presentación del proyecto preliminar es un primer acercamiento entre las partes desde que hace un año llegara a Palencia el Juzgado número 6, de Familia, y se le ubicara en la tercera planta del edificio. Este primer hecho sirve para dar pie a las partes a presentar sus sugerencias al proyecto arquitectónico, que también conlleva el uso de la cuarta planta de la Audiencia, aunque no con fines judiciales, sino como mero archivo y biblioteca, con lo que se podrán desahogar otros espacios de la Audiencia.

Aún no se habla de plazos en la Audiencia Provincial para el comienzo de las reformas de la tercera planta, porque los contactos y trámites se acaban de iniciar. «Sin embargo, deberemos trabajar día a día en la condiciones que tenemos hasta que comiencen. El caso es que todo va muy retrasado, porque fue hace un año cuando elevamos nuestras peticiones al Ministerio de Justicia y es ahora cuando nos han repondido con el proyecto inicial, aunque puede que de él no coincida nada con lo que se construya», revela Renedo.

El problema que se planteará en la Audiencia Provincial será el de compatibilizar las obras con la actividad judicial en la tercera planta, ya que ésta «no va a parar».

Fuente: Diario Palentino digital

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Madrid: Nace la revista digital de la justicia

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una revista digital sobre justicia. La newsletter, que tendrá una periodicidad mensual, se enviará por e-mail a los funcionarios de justicia de la región y podrá verse, también, a través de la página web del Campus de la Justicia. Su objetivo es convertirse en una fuente de información para los madrileños y los profesionales del ámbito judicial, según ha anunciado el vicepresidente segundo y consejero de Justicia y Administraciones Públicas, Alfredo Prada.

Un boletín informativo mensual dirigido a funcionarios de justicia, jueces, magistrados, fiscales, secretarios judiciales... y también a los ciudadanos que utilicen el servicio público de la Administración de Justicia. La revista digital puesta en marcha por el Gobierno regional será una fuente de información para los madrileños y los profesionales del ámbito judicial. Así lo ha declarado el vicepresidente segundo y consejero de Justicia y Administraciones Públicas, Alfredo Prada, en la Real Fábrica de Tapices donde se exhibe la exposición 'Imágenes de la Justicia'.

Prada, que estuvo acompañado por Alberto Larrondo, director general de La Ley, -que se encargará de la edición de la revista- ha declarado que la newsletter, cuyo número cero se ha presentado este lunes, tendrá una periodicidad mensual. En concreto, será distribuida el primer día hábil de cada mes a través de e-mail y, además, podrá ser consultada en la página web del Campus de la Justicia -campusjusticiamadrid.com-.

Según ha adelantado Prada esta nueva revista digital, pretender ser una herramienta para compartir ideas e intercambiar opiniones y experiencias con los futuros usuarios del recinto judicial y, de esta manera, conocer sus necesidades y expectativas. "Se trata de una iniciativa con vocación de futuro y permanencia para servir a los ciudadanos", ha dicho el vicepresidente segundo y consejero de Justicia y Administraciones Públicas.

Para ello, la newsletter tendrá además de las noticias propias del Campus otro tipo de informaciones jurídicas y generales de interés relacionadas con la justicia así como normativas y jurisprudencias de todos los ámbitos y materias dictadas y publicadas recientemente. A su vez, y bajo el título de 'Conozca a ...', se incluirán entrevistas. En este sentido, Prada ha informado que en el primer número se entrevistará a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. También habrá artículos doctrinales de interés para los lectores del Boletín del Campus de Justicia y un seguimiento pormenorizado de la marcha del proyecto de Valdebebas.

Por otra parte, contará con una sección de agenda en la se recogerán las fechas de eventos, cursos y convocatorias así como un apartado en el que se detallarán informaciones corporativas relativas a empresas del mundo del derecho como nuevas incorporaciones o nombramientos. Finalmente, a través de la newsletter se podrán consultar links con bases de datos sobre la legislación y jurisprudencia e información relativa a la protección de datos, entre otras materias. En definitiva será "un vehículo para compartir experiencias de proximidad" entre todas las personas implicadas en el mundo de la justicia, según ha informado Alfredo Prada.

Fuente: madridiario.es

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La huelga del día 4 trastorna la agenda del juez Garzón

Los sindicatos CCOO, CSI-CSIF, UGT y STAJ han convocado una huelga indefinida en la administración de justicia no transferida, que incluye a los funcionarios de la Audiencia Nacional, a partir del próximo 4 de febrero. Esta movilización coincide con el día en el que el juez Baltasar Garzón ha citado a los representantes legales del PCTV-EHAK a los que previsiblemente comunicarles su suspensión de actividades y podría afectar también a la citación a ANV, prevista para el día siguiente por los mismos motivos.

Los convocantes se hacen cargo de esta situación a través de un comunicado en el que expresan que "el buque insignia de los órganos jurisdiccionales, la Audiencia Nacional, se va a convertir en los próximos días en un hervidero de medios de comunicación tras el anuncio de las actuaciones judiciales que se van a llevar a cabo durante los primeros día de febrero para la posible ilegalización de determinados partidos políticos".

En ese sentido, reprochan al Ministerio de Justicia, que dirige Mariano Fernández Bermejo, por pretender "boicotear esta huelga con una propuesta única y exclusivamente para los trabajadores de la Audiencia Nacional", a los que llaman a rechazar "esta burda manipulación". "Las artimañas del ministro de Justicia no van a romper la unidad de los trabajadores ni el éxito de la huelga", dicen.

"El ministro de Justicia, lejos de convocar una Mesa de negociación para solventar, con una propuesta económica para todos, el conflicto abierto que ha provocado la convocatoria de una huelga indefinida, prefiere para tratar de acallar este conflicto en los medios de comunicación y utilizar medios miserables para lograr que no vayan a la movilización aquellos compañeros destinados en la Audiencia Nacional", añade la nota.

Asimismo, se dirigen directamente al ministro Mariano Fernández Bermejo para solicitarle que deje de "manipular a los trabajadores de la Audiencia Nacional en su propio beneficio", de "utilizar argumentos cínicos" y que convoque "de manera urgente una negociación de la que salga una propuesta económica que incluya a todos los trabajadores del ámbito no transferido y que permita acercar sus retribuciones a las de los compañeros de las CC AA transferidas".

Fuente: elcorreodigital

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La UE falla a favor del anonimato de los usuarios del P2P

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fallado a favor de no dar a conocer los datos de usuarios de un proveedor de servicios, los cuales comparten archivos musicales con copyright.

La decisión se ha dado en el caso que Promusicae, una asociación española de derechos musicales, y Telefónica tenían entre manos, y en el cual Promusicae pedía a Telefónica los nombres de los usuarios que compartían material musical con copyright a través de la red KaZaA. Telefónica se negó en su día, y justificaba el no suministro de los datos a que los cargos de acusación eran del tipo civil, y no se trataban de actos criminales, amparándose en la ley española que justifica tal acción, y que a su vez está respaldada por una ley similar europea.


De esta forma, se obtiene un precedente que protege la identidad del usuario que comparte material con copyright a través de Internet, con lo cual el usuario queda protegido cuando se les acusa de cargos civiles.

Esta decisión del Tribunal de Justicia, puede servir de ejemplo en otros casos similares para toda la Unión Europea, por lo que parece que se van cerrando las puertas por parte de las asociaciones de derechos musicales, que intentan llevar a juicio directamente a usuarios concretos sin la intervención de un juez.

Fuente: Noticias3D

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miércoles, enero 30, 2008

Logroño: La construcción del nuevo Palacio de Justicia saldrá a concurso en verano

El Delegado del Gobierno en La Rioja, José Antonio Ulecia, confía en que este verano se convoque el concurso para la construcción del Palacio de Justicia, en el antiguo cuartel de Murrieta. Un trámite que exige la previa modificación del Plan General, que se aprobará en el Pleno municipal del mes de marzo, y que dará vía libre al nuevo planteamiento del Ministerio de Hacienda para el futuro Palacio de Justicia.

Un planteamiento que mantiene la actual edificabilidad (baja más tres alturas), aunque gana dos metros de altura (pasa de 13 a 15 metros) para acondicionar el sistema de cableado de servicios. Que conlleva distintos retranqueos para duplicar la anchura de las calles laterales (Fausto D'Elhúyar y Viveros) y para ganar metros a la calle trasera, Santa Justa, donde se construirá un aparcamiento subterráneo, propuesto por el anterior Gobierno municipal del PP.

El delegado del Gobierno acudió al Ayuntamiento de Logroño, en representación de la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Hacienda, para solicitar la revisión del Plan General que exige el proyecto. Tras este trámite, compareció con el alcalde de la ciudad, Tomás Santos, para explicar los pasos dados durante los últimos meses de negociaciones entre Gobierno central y Ayuntamiento de Logroño, ya con la coalición PR-PSOE al frente.

Durante su intervención, José Antonio Ulecia subrayó que la Dirección General de Patrimonio dará «prioridad absoluta» a los usos y necesidades del Ministerio de Justicia en la parcela donde se levantará el Palacio de Justicia. De tal forma que si necesitara los 30.000 metros cuadrados que suma todo el solar (3.000 de ellos corresponden al cuerpo de la fachada que mira a Murrieta y que se conservará), se le ofrecerán. Sin embargo, las estimaciones que en este momento contempla el Ministerio de Justicia están en el orden de los 25.000 metros edificados, dimensiones que triplican sus actuales dependencias en Logroño, de 8.400 metros, explicó Ulecia.

Precisamente sobre el uso que podría darse al actual edificio del Palacio de Justicia, en las calles Bretón de los Herreros y Víctor Pradera, Ulecia apuntó la «necesidad» de espacio del Ministerio de Hacienda para ampliar las dependencia de la Agencia Tributaria. Además, este uso contribuiría a aminorar el gasto de la Administración en alquileres, que asciende a 600.000 euros anuales.

El delegado del Gobierno y el alcalde de Logroño recordaron el largo y «proceloso» -como lo calificó Tomás Santos- proceso que conlleva el futuro Palacio de Justicia. En 2006, explicaron, se modificó el planeamiento del proyecto para aumentar la edificabilidad de 13.000 a 30.000 metros cuadrados, de modo que la parcela pudiera acoger los servicios de Justicia. Entonces se dejó en manos del Ministerio de Hacienda, su propietario, la presentación de un estudio de detalle que especificara cómo se distribuiría la edificabilidad en dicho solar. Pero una vez culminadas las gestiones, en mayo de 2007 el Ayuntamiento presentó una nueva petición para ampliar la calle Santa Justa, con el fin de construir allí un aparcamiento subterráneo, lo que obligó a replantear toda la operación,explicó el Delegado del Gobierno.

Fuente: larioja.com

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martes, enero 29, 2008

Valencia: Más de 500 hipotecas impagadas acabaron en los juzgados en 2007

Nunca antes, desde 2001, se habían recibido en los juzgados de Valencia más reclamaciones por hipotecas impagadas. Es lo que se conoce como ejecuciones de préstamos hipotecarios. El año pasado, 549 familias valencianas tuvieron que enfrentarse al duro trance de ver cómo los agobios por pagar la hipoteca se convertían en imposibilidad y el banco acudía a los tribunales para hacerse con su vivienda.

Evitando términos alarmantes, el juez decano de Valencia calificó la situación de "sorprendente" y "espectacular". Los impagos de hipotecas han ido aumentando exponencialmente en los tres últimos años: 243 casos en 2005, 301 en 2006 y 549 en 2007. La cifra casi se ha triplicado en sólo tres años.

Pedro Viguer quiso suavizar unas cifras que hablan por sí solas. La situación "no es preocupante" teniendo en cuenta los casi 600 casos dentro de una población censada en Valencia de unos 800.000 habitantes. Pero el aumento porcentual no puede ser más contundente.

La ralentización de la economía y los tipos de interés son dos de los elementos que han influido en este notable incremento de las ejecuciones de préstamos hipotecarios: "No cabe duda que todo ello influye, además de que los ciudadanos antes tenían más oportunidad de renegociar sus créditos y alcanzar un acuerdo antes de llegar al juzgado".

No es el único dato salido de los juzgados y que prueba la reversión de la coyuntura económica. La estadística del pasado año revelada ayer en rueda de prensa por el juez decano deja sobre la mesa otra cifra llamativa: en siete años se han triplicado los procedimientos monitorios, es decir, las reclamaciones de deudas o créditos de pequeña o mediana cuantía, hasta 30.000 euros.

Viguer apuntó que el notable auge de estas reclamaciones no sólo responde a cuestiones económicas. "En 2001, cuando entró en funcionamiento la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, era un procedimiento poco conocido, pero ahora ya está muy extendida su utilización", sobre todo entre las pequeñas empresas.

Más allá de esa interpretación, el aumento de las reclamaciones económicas de pequeña y mediana cuantía también se han incrementado un 41% en el último año, con un total de 2.508 casos registrados por los juzgados de Valencia.

Pese a estas elevadas cifras, el juez decano calificó de "altamente satisfactoria" la situación de los juzgados civiles de la capital. La nueva normativa ha permitido pasar "de un procedimiento medieval a uno ágil y primordialmente oral". Ello permite que la mayoría de las veces transcurran apenas dos meses entre la interposición de la demanda y la celebración del juicio.

Los asuntos recibidos por los juzgados civiles de Valencia aumentaron en casi todos los frentes. En líneas generales, las 34.908 demandas recibidas en 2007 (sin incluir a los juzgados de familia) suponen un auge de los pleitos del 5% con respecto a 2006. Desde 2001, estas cifras no han dejado de aumentar, con una subida acumulada del 50%.

El representante de los jueces destacó la creación en 2008 de un nuevo juzgado de primera instancia, "pues no se hacía desde 2001". Anunció su puesta en marcha "en unos meses" y fijó en diciembre la fecha aproximada en la que echará a rodar el juzgado de incapacidades.

El decano también repasó el balance de los juzgados de lo mercantil. Tampoco quiso definir su situación de alarmante, pero sí de "preocupante". El aumento del 40% en el número de asuntos (al pasar en un año de 1.393 a 1.956) y el hecho de que estos órganos traten "asuntos de gran repercusión económico" lleva al decano a calificar como "necesario" la creación del tercer juzgado de lo mercantil en Valencia.

Basta con acudir a los baremos del Consejo General del Poder Judicial para considerar justificada la petición de Viguer. El CGPJ considera idóneo que cada juzgado mercantil trate un máximo de 350 casos al año, al tratarse de procesos "tremendamente complejos". La media de los dos órganos mercantiles de la capital está muy alejada de lo deseable: 766 asuntos por magistrado.

La comparación con el resto de España también justifica la exigencia del decano. Los dos juzgados mercantiles de Valencia deben asumir la carga de trabajo de toda la provincia, con cerca de 2,5 millones de habitantes. La misma cantidad de órganos que poseen Pontevedra, Palma de Mallorca, Oviedo, Bilbao o Alicante, cuando ninguna llega a los dos millones de habitantes de Valencia.

Fuente: lasprovincias.es

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lunes, enero 28, 2008

Villareal: Los jueces ascenderán al rango de magistrados

El Ministerio de Justicia decidió elaborar la orden de elevación a la categoría de magistrados de los cinco jueces que ahora sirven al partido judicial de Villareal. Así lo ha anunciado el subdelegado del Gobierno en Castellón, Antonio Lorenzo, quien asegura que con esta decisión "queda demostrado el alto grado de compromiso del Gobierno socialista de España con la provincia de Castellón y, en el caso que nos ocupa, con el municipio de Villareal, cuyos ciudadanos se verán beneficiados a partir de ahora con la prestación de un mejor servicio, porque la conversión de jueces a magistrados servirá para aportar mayor estabilidad a estas unidades judiciales".

Para Lorenzo, este tipo de decisiones "dejan al descubierto el interesado discurso victimista de quienes durante meses se han dedicado únicamente a hacer ruido". Además, ha corroborado el anuncio efectuado días atrás por la secretaria autonómica de Justicia, Patricia Montagud, al respecto de la creación este año del sexto juzgado para Villareal, dedicado a violencia de género.

Por su parte, para el presidente de la Audiencia Provincial, Carlos Domínguez, la elevación de los jueces villarrealenses a magistrados "me llena de satisfacción porque es algo que me propuse conseguir al asumir el cargo, hace ya cuatro años".

Para Domínguez, el ascenso supone "una gran ventaja para los ciudadanos", ya que se evitan los traslados forzosos de los jueces que, por cuestiones laborales, han de subir peldaños en su carrera, al tiempo que genera "una mayor implicación" del profesional de la judicatura.

"Para Villareal este es un gran paso, porque es un partido judicial con un gran futuro, con ese Palacio de Justicia cuyas obras prevén iniciarse pronto", señala.

Sobre la anunciada --pero estancada-- integración de otras localidades al partido de Villareal, tanto por parte del Gobierno central como del autonómico, el presidente de la Audiencia considera que, con el ascenso a magistrado, la medida "no es imprescindible, aunque sí conveniente". Y apuesta porque a Burriana y Villareal se unan Almassora, Onda, Betxí y les Alqueries.

Fuente: Mediterraneo

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Marbella: Puerta abierta a nuevos juzgados

La demanda de nuevos juzgados en Marbella también ha llegado hasta el Ministerio de Justicia. El departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo no descarta crear nuevos órganos judiciales en la ciudad y en el resto de la Costa del Sol, según consta en una respuesta parlamentaria en la que se señala que «en el momento en el que se aprecie un incremento significativo» de la carga de trabajo «se procederá a la creación de nuevos órganos judiciales dentro de la programación anual judicial».


El Ministerio de Justicia responde así a una pregunta de la diputada Isaura Navarro (IU/ICV) y explica que la creación de nuevos juzgados se enmarca dentro de la programación correspondiente en base a lo dispuesto en el artículo 0.1 de la Ley de demarcación y de planta judicial. Conforme a lo anterior, los servicios técnicos de este ministerio deben realizar un seguimiento de la evolución real de la carga de trabajo de los órganos judiciales en funcionamiento. Para su establecimiento -destaca el Gobierno- se tiene en cuenta la propuesta de nuevas creaciones para el año 2008 efectuada por la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En el documento de respuesta también consta que Justicia tiene previsto crear un total de 30 unidades judiciales en Andalucía durante el próximo año, tal y como Fernández Bermejo adelantó en la Conferencia Sectorial de Justicia tras señalar que Andalucía está «entre las regiones con más necesidad» de estos nuevos órganos judiciales. De momento, Marbella cuenta desde el pasado 28 de diciembre con el primer Juzgado de Violencia sobre la Mujer, ubicado provisionalmente en el edifico Marbell Center.

Fuente: sur.es

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domingo, enero 27, 2008

Zamora: Paralizados por culpa de una pieza

Zamora. Los trabajadores de los juzgados de la capital denunciaron el «retraso» que se acumula desde el cuatro de enero en la tramitación de los asuntos judiciales provocado por la avería de una pieza, al parecer, relacionada con la memoria RAM que no acaba de llegar desde Madrid. Los funcionarios se encuentran cada día con que «no podemos trabajar, especialmente a partir de las diez de la mañana. Cada uno de los pasos que debemos dar para ejecutar las tareas se prolonga minutos. Con este caos no podemos ni registrar ni tramitar diligencias; ni hacer las citaciones».

La situación resulta «desesperante, estás aquí sentado, frente al ordenador sin poder hacer prácticamente nada», declara una funcionaria de uno de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de la capital. Otra de las empleadas describía cómo pasos que normalmente se realizan de inmediato, pueden dilatarse durante diez minutos; «el salto de pantalla a pantalla, por ejemplo, tarda entre cuatro y cinco minutos», apunta. Así, «los asuntos de la última guardia de este mes, alrededor de 50, no se han podido registrar todavía». La paralización de la actividad afecta a los ciudadanos: «vienen a preguntar por causas que les afectan y no podemos darles datos».

Fuente: laopiniondezamora.es

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sábado, enero 26, 2008

Alzira: 250 causas paralizadas por falta de funcionarios

Gabriela Bravo, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, denunció que el juzgado de Alzira atraviesa una situación de "falta de funcionarios" que está provocando que existan en la actualidad un total de 250 causas paralizadas. Esta situación, según Bravo, se ha trasladado tanto a la Fiscalía General del Estado como a la Secretaría Autonómica de la Generalitat "y el silencio es lo único que se ha recibido".

También se refirió a las condiciones de trabajo que deben soportar en la Fiscalía de la capital de la Ribera Alta: "Unos seis compañeros deben hacer su trabajo en una habitación de unos 20 metros cuadrados y los funcionarios en otra de 25 metros cuadrados compartiendo espacio con las causas", destacó en una comparecencia efectuada en Valencia.

Todos los trabajadores y los usuarios de las dos instalaciones, ubicadas en la plaza del Sufragio y en la ronda de Algemesí, claman, no sólo por la finalización del Palacio de Justicia sino por su inicio. La única esperanza es que este proyecto ya tiene consignación presupuestaria, por lo que las instalaciones, ubicadas junto al monumento de la máquina del ferrocarril, en una de las entradas de la ciudad, podrían comenzar a ser una realidad durante este mismo año.

Un funcionario de estos juzgados comenzaba a relatar las deficiencias que posee el edificio en que trabaja. En primer lugar está la incomodidad de que las instalaciones judiciales se encuentran separadas en tres edificios: los juzgados números 1, 2 y 3 en la ronda de Algemesí, el 4, 5 y 6 en la plaza del Sufragio y el juzgado de lo Penal en otras instalaciones ubicadas en la plaza de la Generalitat. "Esto provoca que mucha gente se equivoque de lugar al que debe acudir cuando no conoce bien las instalaciones", afirmaba este trabajador.

Así, una de las principales carencias es la falta de un ascensor o de rampas adecuadas para los minusválidos. Eso ha generado que, en el caso de personas mayores o con problemas de movilidad, "los tengan que subir en brazos o incluso tengamos que bajar nosotros", señaló.

No se ha dado en pocas ocasiones la estrambótica y triste situación en que una persona en silla de ruedas haya tenido que subir arrastrándose para llegar a los pisos superiores de este edificio.

Para recalcar lo complicado de su situación, ponía como ejemplo que una reciente inspección del Consejo General del Poder Judicial "remarcaba que las cosas iban bien por lo que se refería a nuestra manera de trabajar, pero que en cuanto a los medios materiales con que contábamos carecía de sentido efectuar cualquier comentario" ante las graves carencias constatadas en diversos aspectos.

Además, "si tenemos en cuenta de que es un edificio que tiene 20 años de existencia, no se ha pintado nunca", por lo que las paredes no presentan su mejor imagen.

"Tampoco hay escalera de incendios, con el riesgo que eso podría suponer", señaló este funcionario, quien calificó de "deplorables" las condiciones de trabajo que deben soportar diariamente. Esta situación de falta de higiene incluso provocó que algunos trabajadores sufrieran picaduras de pulgas durante los meses de más calor.

Además, uno de los trabajadores incluso denunciaba que, ante la falta de espacio en las estanterías y para no dejar documentos en el suelo, "me tuve que traer una estantería de mi casa".

Mientras tanto, las obras del Palacio de Justicia continúan sin comenzar, lo que genera las quejas principalmente de los trabajadores.

Respecto a esta cuestión, el decano del Colegio de Abogados de Alzira, Antonio Llácer, explicó que el próximo 1 de abril se colocará la primera piedra de este anhelado edificio.

Coincidió en la necesidad de que Alzira tuviera más juzgados de los seis actuales: "Es verdad que, con respecto a otras ciudades, Alzira se está quedando un poco desfasada, aquí necesitaríamos los juzgados 7, 8 y 9 para atender el volumen de trabajo que tenemos".

Además, negó las manifestaciones de la portavoz de la Unión Progresista de Fiscales respecto al escaso espacio de trabajo de los mismos. "Los fiscales, al igual que los abogados, tienen algo más de 100 metros cuadrados para trabajar", explicó.

También denunció que según le manifestó desde la Generalitat el propio Fernando de Rosa, "desde Madrid a Alzira nos han quitado el juzgado contra la violencia doméstica".

Así, todos los sectores confían en que el nuevo Palacio de Justicia, que no estará listo al menos hasta finales del próximo año 2009, ofrezca dos ventajas. Por una parte, solventará los problemas de espacio que han denunciado los trabajadores de los juzgados.

Además, permitirá al Ayuntamiento de Alzira, quien cedió los edificios, poder usar estas dependencias para otros usos municipales.

Fuente: lasprovincias.es

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viernes, enero 25, 2008

Burgos: Concentración en la Avenida Reyes Católicos

Los trabajadores de la Administración de Justicia de Burgos celebran hoy, viernes 25 de enero, una concentración en la puerta del edificio de Juzgados ubicado en la Avenida Reyes Católicos a las 14.15 horas para quejarse de su situación laboral, motivo por el cual darán comienzo una huelga indefinida el próximo día 4 de febrero.

Los funcionarios de la Administración de Justicia de las comunidades autónomas no transferidas, entre ellas Castilla y León, rechazan la 'intransigencia' del Ministerio a escuchar las propuestas del colectivo para eliminar la discriminación salarial que están sufriendo, según manifestaron fuentes sindicales.

La huelga, de carácter general e indefinida, ha sido convocada por la plataforma sindical unitaria, integrada por CCOO, UGT, CSI-CSIF Y STAJ.

La plataforma pidió disculpas de antemano por los perjuicios que pueda causar a los ciudadanos pero 'la cerrazón del Ministerio de Justicia nos avoca a tomar esta drástica medida'.

Además, la plataforma criticó el hecho de que el Ministerio ni siquiera haya querido recibir a los representantes sindicales para buscar una solución.

Fuente: Terra

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Valencia: Las nacionalizaciones colapsan el Registro Civil

De «situación no preocupante, sino alarmante» calificó el juez Decano, Pedro Viguer, el día a día que se vive en el Registro Civil de Valencia, aunque matizó que es algo generalizado en todos los Registros debido a los cambios operados por la sociedad civil en España, en concreto por el fenómeno de la inmigración.

El Decano destacó «las colas que a diario se producen por los usuarios que se desplazan a primeras horas de la mañana para realizar sus trámites» y que evidencian que «esto no es un servicio adecuado». Pedro Viguer explicó que se trata de un «problema generalizado por el incremento de la población y la presencia de ciudadanos extranjeros», sin intentar justificarlo porque, precisamente, en Valencia, «contrasta aún más en un entorno de modernidad como es la Ciudad de la Justicia».

Tras señalar el «problema de la lentitud en el proceso de digitalización de los datos desde el Ministerio de Justicia», Pedro Viguer hizo públicos los datos estadísticos correspondientes al Registro Civil durante 2007. Entre ellos, destacó el incremento del 40% de las inscripciones de nacimiento en los últimos seis años, que pasaron de las 9.290 de 2001 a las 13.031 de 2007.

Todavía más significativo ha sido el aumento, en un 600%, de los expedientes de nacionalidades, que han pasado de 680 en el año 2001 a las 4.030 en el año 2007.

También se han incrementado (185%) las inscripciones de capitulaciones matrimoniales, que han aumentado de las 2.180 en 2001 a las 4.078 del pasado año.

El incremento de las solicitudes de certificados vía internet, que ha sido de un 330% en los últimos cuatro años, hace necesario, según el juez decano, que además de que el Ministerio de Justicia agilice la informatización y las aplicaciones de las nuevas tecnologías, se dote de más personal para poder atender todas estas peticiones en un tiempo adecuado, ya que los dos funcionarios de refuerzo con los que cuenta el Registro Civil desde el pasado 2 de noviembre son insuficientes.

En este sentido, hizo público el compromiso de la Conselleria de Justicia en aumentar la plantilla con siete funcionarios de refuerzo en unos dos meses. Por último, Pedro Viguer anunció que en unas semanas «se instalarán las pantallas táctiles para poder solicitar trámites desde las mismas dependencias del Registro sin necesidad de hacer colas».

Fuente: levante-emv.com

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jueves, enero 24, 2008

Ciudad Real: "Vamos a paralizar la Justicia"


Basta ya ser los trabajadores de Justicia peor pagados de todo el Estado, es uno de los eslóganes bajo los que se están movilizando los sindicatos con representación en la administración de Justicia (UGT, CCOO, CSI-CSIF y STAJ) del territorio no transferido en esta nueva campaña de protestas de funcionarios que desenvocará en “huelga general indefinida”, aseguran, a partir del 4 de febrero.

“Vamos a paralizar la Justicia”, explicó el presidente y portavoz de la Junta de Personal de Justicia de Ciudad Real, tras una sonora pitada de empleados públicos en los juzgados, si el Ministerio de Justicia no accede al menos a negociar una situación laboral y salarial que consideran clamorosamente “discriminatoria”, con respecto a los funcionarios de Justicia de las comunidades autónomas transferidas, y que algunos casos, como en la Comunidad de Madrid, puede llegar a ser de entre 500 y 600 euros de menos.

Los convocantes de una huelga que afectará a los empleados públicos de nueve comunidades autónomas, además de a los órganos centrales del Estado: Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, etc, lamentan los perjuicios que la huelga puede acarrear a los ciudadanos y entienden que la sociedad opine que son unos privilegiados, pero aseguran que no es así. Un recién llegado a la función pública en Justicia puede que no cobre ni 1.000 euros al mes, y con unas condiciones laborales nada envidiables. “Justicia es la última de las administraciones públicas”, afirman.

Antes de hacer una convocatoria cuya relevancia, por el número de empleados a los que afecta, sólo es comparable a la huelga general del año 1978, los sindicatos han hecho encuestas entre los funcionarios que en Ciudad Real han dado como resultado un apoyo mayoritario, del 78%.
Su planteamiento de partida es muy básico: a igual trabajo igual salario, “no queremos que nos transfieran así”.

Fuente: Lanza digital

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Málaga: Entrevista con Aurora Santos, Delegada Provincial de Justicia de la Junta

El traslado de cerca 90 juzgados de la capital a la Ciudad de la Justicia ha concluído tras casi cuatro meses de trabajos. Sin parones administrativos, ni suspensiones de juicios y con el mínimo trastorno para los ciudadanos. Sólo la filtración de olores de las salas de autopsia del Instituto de Medicina Legal en el nuevo edificio judicial ha enturbiado los últimos días la compleja operación. Aun así, la mudanza y puesta en marcha de la sede de Teatinos diseñada por la Delegación de Justicia que encabeza Aurora Santos se ha superado con éxito. La delegada, que es jueza en excedencia, reparte méritos entre todos los que han participado en la operación, que se cierra con unas elecciones en puertas que la pueden catapultar como próxima consejera de Justicia.

La Ciudad de la Justicia ya está en marcha. Los casi cuatro meses de traslados de cerca de un centenar de juzgados al nuevo edificio se han desarrollado sin incidencias. Un trabajo complejo que se ha superado con nota ¿Hay que atribuírselo a usted?

A todos. Por supuesto a los operarios y a la empresa que han realizado la mudanza, a los funcionarios que han colaborado y también a la Delegación de Justicia, que ha orquestado y ha coordinado todo esto. No ha habido una sola queja y no me gusta ser triunfalista, pero ha sido todo un éxito, no ha habido ningún problema y me han felicitado.

Sin embargo, siempre hay pegas y en este caso, entre otras, son la escasez de aparcamientos y los accesos para las 4.500 personas que transitan diariamente por la Ciudad de la Justicia.

Tenemos 167 plazas en el sótano del edificio. Y pronto, creo que en un mes, habrá 800 en superficie, que ahora se están habilitando. No hay pegas. Habrá aparcamiento de sobras. De todas formas, cuando los funcionarios aprobamos unas oposiciones se nos garantiza un trabajo, no una plaza de 'parking'. En cuanto a los accesos, se verán notablemente mejorados en el futuro con el metro y esperamos que el Ayuntamiento amplíe y aumente pronto las líneas y frecuencias de los autobuses a la Ciudad de la Justicia.

El uso de las 167 plazas de 'parking' que tiene el edificio han enfrentado a jueces y funcionarios. No hay para todos. Los primeros han invocado razones de seguridad para ocuparlas y los segundos hablan de privilegios. La Junta pidió a Interior que se pronunciara al respecto. ¿Que se está haciendo mientras tanto?

Nosotros no hicimos distinciones entre jueces y funcionarios, sino que optamos por que se ocupara por orden de llegada. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía nos sugirió que fuera para jueces y fiscales por seguridad. No nos convenció e hicimos la consulta a Interior, pero no nos han contestado. Pensamos en reservar plazas para jueces y fiscales penales, pero tampoco nos convence. Además, en el Palacio Miramar no había aparcamiento para todos; se iban rotando las plazas con unas tarjetas y nunca se alegaron razones de seguridad. ¿Por qué ahora sí? ¿Es que antes no les podían pegar dos tiros y ahora sí? ¿Son razones de seguridad?

A la frialdad e impersonalidad propias de casi todos los edificios administrativos, se suman las quejas de los funcionarios sobre la escasez de luz y de mobiliario, amén de que desde las salas de vistas no se puede conectar telefónicamente con las oficinas judiciales.

En un edificio de 70.000 metros cuadrados no todo puede dar al exterior, pero el interior está salvado por patios de luces, aunque siempre habrán zonas con más luz y otras con menos. Si hay que poner más luminarias se pondrán. Ya se ha encargado más mobiliario y también se va a solucionar la conexión telefónica de las salas de vistas. Todavía nos queda mucho trabajo.

El éxito del traslado se ha visto enturbiado en los últimos días por la filtración al edificio de olores de cadáveres a los que se estaba practicando autopsias en el Instituto de Medicina Legal (IML). La Junta reconoció pequeñas fugas en el sistema de ventilación, que dijo haber sellado y ha dado por zanjado el problema. ¿Realmente es así?

Estamos a la espera del informe de los técnicos, que será contundente, serio y exhaustivo; que dirá qué es lo que ha ocurrido exactamente y qué se va a hacer

Se ha afirmado por parte de dos forenses patólogos que existe riesgo biológico ¿Está garantizada la seguridad?

No quiero entrar en esa cuestión. Me parece que se ha magnificado y que ha creado alarma. Los técnicos tienen que emitir su informe.

Mucha gente se pregunta por qué no se ha ubicado el IML en un módulo independiente al edificio administrativo y judicial.

La Ciudad de la Justicia es un proyecto elaborado por Patrimonio de la Junta en el que yo no he participado; no es mío. Se concibió así. En Valencia, el IML también está en el mismo edificio, y también se produjeron incidencias con lo de los olores y se solucionaron.

¿Hay espacios suficiente en la Ciudad de la Justicia para la creación de nuevos juzgados?¿Y para el macrojuicio de 'Malaya'?

Por supuesto que sí. Ya están reservados los espacios. Además, para el futuro contamos con 800 metros cuadrados más en una zona diáfana. Es más, esa es la opción que barajamos para celebrar el juicio del 'caso Malaya'. Obviamente ese espacio habrá que habilitarlo para ese fin cuando llegue el momento.

Lleva ocho años como delegada, periodo en el que los juzgados han experimentado un crecimiento importante no sólo en la capital, sino en la provincia, que ha venido acompañado de una notable modernización. Y además, la Ciudad de la Justicia. Se acercan las elecciones, parece tener una buena carta de presentación para catapultarla como futura consejera.

(Sonríe). Esto no tiene nada que ver; no me tienen que premiar ni con la consejería ni con nada, he cumplido con mi trabajo. No sé si contarán conmigo. Aquí estoy. Si no, no pasa nada. Yo tengo mi plaza reservada en el juzgado de instrucción. La de delegada ha sido una experiencia enriquecedora y positiva, pero también me gusta ser juez.

Fuente: sur.es

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Oviedo: A puertas abiertas

Sin una sala privada, entre los funcionarios realizando su trabajo diario y a la vista de cualquier persona que se encuentre en las dependencias en ese momento. Así es como se realizan los juicios en el Juzgado de violencia sobre la mujer de Oviedo, único en Asturias con competencias exclusivas sobre la materia, ubicado en la planta baja del Palacio de Justicia de la capital.

La situación se modificará en este 2008, según el Principado, que ha comprometido más de 56.000 euros para obras en el Juzgado y en la reforma del despacho de orientación jurídica. Los trabajos de ampliación consistirán en el aprovechamiento de 27 metros cuadrados del vestíbulo general del Palacio, que serán incorporados al organismo para la creación de una sala polivalente.

El Juzgado de violencia sobre la mujer de Oviedo, único en Asturias con competencias exclusivas sobre esta materia, lleva funcionando desde su inauguración sin sala de vistas. El organismo fue trasladado en abril de 2007 al Palacio de Justicia de la capital, desde la calle Doctor Bellmunt a las dependencias del antiguo Registro Civil.

Estos locales, ubicados en la planta baja del edificio, carecen en la actualidad de una habitación que pueda ser utilizada como sala de vistas, y todas las comparecencias -incluidas las de los procedimientos de los juicios rápidos, en los que el acusado sale ya con la sentencia debajo del brazo, si reconoce los hechos- se realizan en la misma oficina en la que trabajan todos los funcionarios del Juzgado, sin ningún tipo de intimidad y a la vista del público en general que pueda acudir al organismo a informarse de cualquier procedimiento o a recoger documentación.

La situación, según las previsiones del Principado, cambiará a lo largo de este año. El pasado 21 de noviembre el Consejo de Gobierno aprobó destinar un total de 56.596 euros para la reforma de las dependencias del Juzgado y el despacho de orientación jurídica. Fuentes de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad confirmaron ayer que las obras finalizarán antes de que concluya 2008 -actualmente se están cerrando los trámites de contratación-. Los trabajos consistirán en la ampliación de las dependencias del Juzgado en 27 metros cuadrados, que se «cogerán» del vestíbulo general del Palacio y que albergarán una sala polivalente.

En la actualidad todo transcurre en una misma oficina, presidida por un mostrador y donde trabajan los funcionarios: allí se toma declaración a la víctima, que, tras testificar, sale del local para que entre el imputado y evitar así encontrarse con él cara a cara. Todo en un mismo espacio, en el que, por descontado, también se acomodan -como pueden- la juez y el representante del ministerio fiscal.

Fuente:lne.es

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Madrid: El Campus de la Justicia entra en Second Life

La Comunidad quiere dar a conocer el proyecto del Campus de la Justicia a nivel internacional a través de una recreación virtual en tres dimensiones en la plataforma digital Second Life. La nueva página web del recinto judicial está en el dominio: www.campusjusticiamadrid.com.

El vicepresidente segundo y consejero de Justicia y Administraciones Públicas, Alfredo Prada, ha presentado el espacio en el que, a través de una recreación virtual de la maqueta del campus, el ciudadano podrá tener una presencia casi física y conocer ‘de primera mano’, por dentro y por fuera, los edificios que integran el recinto, obra de los más importantes arquitectos del mundo, pasearse por las instalaciones, así como por los espacios abiertos y zonas verdes del recinto.

Como ha explicado el responsable de Justicia del Gobierno regional, esta plataforma digital pondrá a disposición del usuario un espacio 3D de interacción para visitar las instalaciones del Campus. Pero además permitirá asistir, desde cualquier punto del mundo, a charlas, presentaciones, clases a distancia y ruedas de prensa que se celebren en el Campus. De esta manera los usuarios podrán interaccionar e intercambiar información con otros usuarios de la plataforma sobre temas como la Administración de Justicia, la arquitectura, el diseño o los servicios públicos.

Según ha asegurado Prada, la presencia del Campus en Second Life “es una gran oportunidad para que los madrileños, los futuros trabajadores de este gran entorno judicial y, en definitiva, los ciudadanos de todo el mundo conozcan desde dentro y en profundidad, la magnitud de este magnífico proyecto”.

El Campus de Justicia tiene una nueva página web que se plantea como una referencia interactiva, con vídeos, blog, noticias, contenidos sindicados. También incluye un amplio archivo que ofrece la posibilidad de acceder a documentación y a eventos realizados con anterioridad, permitiendo todo ello una mayor participación e interactuación de los usuarios.

Los vídeos se presentarán en esta página y en un canal creado en YouTube: www.youtube.com/campusjusticiamadrid. El Campus de la Justicia estará presente en Google Earth, lo que permitirá que sea visualizado en 3D por cualquier ciudadano del mundo.

En la nueva página Web se puede encontrar un vídeo tutorial que explica cómo descargar e instalar Second Life y cómo acceder a la recreación del Campus de la Justicia. Además se explica cómo descargar el modelo del Campus de la Justicia para visualizarlo en Google Earth, lo que permite, además de conocer el campus, ver rápidamente en qué lugar de Madrid se encuentra y que instalaciones lo rodean.

Fuente: madridiario.es

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Alicante: Los funcionarios toman declaraciones sin la presencia del juez

Funcionarios de alguno de los nueve juzgados de Instrucción del Palacio de Justicia de Alicante en numerosas ocasiones se ven obligados a tomar declaración a acusados y testigos sin la presencia del juez y del secretario judicial, responsabilidad que consideran que "excede nuestras competencias y además es ilegal".

Fuentes judiciales consultadas confirmaron que se trata de una práctica habitual que "ocurre en todos los juzgados, en los de Alicante y en los de cualquier provincia española", si bien admitieron que "con la ley en la mano no se puede hacer". De hecho, aunque estas fuentes no tienen constancia de que hasta ahora nadie lo haya reclamado en Alicante, cualquiera que preste declaración sin que esté el juez y el secretario judicial, que es el encargado de levantar acta, podría exigir la nulidad de la misma, según las citadas fuentes.

En el encabezamiento de las declaraciones transcritas figura siempre que es el juez quien las ha tomado, teniendo que dar fe de ello el secretario judicial, recuerdan los funcionarios afectados.

Estos trabajadores afirman que la responsabilidad de los interrogatorios no les corresponde, ya que "en primer lugar no tenemos por qué saber lo que hay que preguntar y, en segundo, tenemos que compatibilizar esta tarea con las que nos son propias, como tramitar los procedimientos, las citaciones y atender el teléfono, entre otras". Esto provoca, apuntan, que muchas veces tengan que prolongar su jornada laboral más allá de su horario habitual sin compensación alguna.

No obstante, varios empleados de otros órganos judiciales de Instrucción aseguraron que el juez sí está presente siempre, no así en el caso del secretario judicial.

Preguntada sobre esta problemática, la juez decana de Alicante, Montserrat Navarro, señaló que normalmente es el juez quien practica los interrogatorios, aunque admitió que en ocasiones son los funcionarios los que los llevan a cabo, pero esto ocurre en casos por faltas o delitos leves y con el objetivo de agilizar los procedimientos. En los procesos seguidos por hechos de mayor calado es el titular del juzgado quien atiende a los implicados, indicó la decana, quien precisó que "en cualquier caso siempre que el abogado o el propio acusado o testigo requiera la presencia del juez, éste acude".

Al respecto, fuentes del Palacio de Justicia de Benalúa hicieron hincapié en que, dado el volumen de trabajo que soportan los juzgados de Instrucción, si el juez y el secretario judicial tuvieran que asistir a todas las declaraciones "el colapso sería todavía peor del que ya existe". "Si se quiere trabajar con rigor absoluto, con los medios que hay, es imposible sacar el trabajo adelante", enfatizaron.

En el caso de los secretarios judiciales, ellos tienen que estar presentes, por ejemplo, en los registros domiciliarios a fin de levantar acta, por lo que su asistencia a los interrogatorios a veces es imposible, precisaron las citadas fuentes.

Otra reclamación del personal de estos juzgados es que cuando tienen que tomar declaraciones sin el juez lo hacen en sus propias mesas, sin apenas espacio físico y, sobre todo, sin privacidad alguna. "Por aquí pasa gente continuamente y no tienen por qué enterarse de lo que dicen quienes declaran", se quejan estos funcionarios.

Fuente: informacion.es

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miércoles, enero 23, 2008

Andalucía: Firmado el incremento del complemento específico

La consejera de Justicia y Administración Pública, María José López, ha firmado con los sindicatos CSI-CSIF, SPJ-USO, UGT y STAJ el acuerdo de retribuciones del personal al servicio de la Administración de Justicia en Andalucía en el periodo 2008-2009. El acuerdo establece un incremento en el complemento provisional específico de un 3,8% y una subida de 65 euros mensuales en cada periodo para los más de 7.000 funcionarios de la Administración de Justicia que existen en Andalucía.

El acuerdo reconoce también un complemento salarial de entre 100 y 200 euros mensuales para el personal que presta sus servicios en los juzgados de Violencia de Género. La consejera resaltó 'la extraordinaria labor que desempeñan los funcionarios de juzgados y tribunales y la singularidad y dificultad del trabajo en los juzgados de Violencia sobre la Mujer'.

Por otra parte, el acuerdo contempla el incremento de 240 euros mensuales del complemento provisional específico del personal funcionario adscrito a los registros civiles de la comunidad autónoma, con el fin de retribuir la dedicación adicional derivada de la apertura de estas oficinas en horario de tarde.

Fuente: teleprensa.

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El CGPJ estudia sancionar a una juez por insultar a los funcionarios del juzgado

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) respaldó hoy la propuesta realizada por los Servicios de Inspección de este órgano para suspender por un año en sus funciones al titular del Juzgado de lo Social de Teruel, José Luís Eduardo Morales Ruiz, al constatarse un retraso reiterado e injustificado en la tramitación de causas judiciales como lo demuestran los 255 asuntos que en el mes de julio de 2007 se encontraban pendientes de sentencia en dicho Juzgado. Fuentes del Consejo señalaron hoy que la citada conducta constituye una falta muy grave del artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Por otra parte, y "dada la complejidad del asunto", ha quedado aplazada para la siguiente reunión de la Comisión Disciplinaria la discusión sobre la investigación realizada sobre la que fuera en 2006 juez de Collado Villalba (Madrid) María del Carmen Gámiz, a quien la Inspección propone imponer una multa de 2.320 euros y suspensión por cinco días en el ejercicio de su cargo por insultar a sus funcionarios y tomarse días libres en perjuicio del funcionamiento del juzgado.


Según el informe realizado por la Inspección sobre Gámiz, quien desde junio de 2007 ostenta la titularidad del Juzgado de Violencia Doméstica número 7 de Madrid, esta juez habría incurrido en tres faltas de disciplina, dos de ellas calificadas como muy graves por la LOPJ -desatención y faltar a la verdad para obtener permisos- y una tercera de carácter grave, de abuso de autoridad.

Con respecto a esta última falta, la investigación realizada por los inspectores del CGPJ constató que Gámiz "maltrata" de forma habitual a los funcionarios asignados a su cargo, a los que en una ocasión tildó de "inútiles e ineptos" y les aseguró que si el juzgado de Collado funcionaba era gracias a su propia labor.

En una ocasión, la magistrada entró en cólera al observar una mancha en una de sus sentencias, por lo que, tras recriminar lo sucedido a una de las funcionarias, se encerró en su despacho y la emprendió a golpes con el armario, tal y como pudo constatar al día siguiente el servicio de mantenimiento, al observar las bisagras "arrancadas de cuajo".

Además, la juez Gámiz impidió el acceso a su despacho de un fiscal que acudió a entregarle un escrito de acusación, encerrándose en la habitación y echando el pestillo, según el informe de la Inspección.

Por todo ello, los inspectores consideran que la juez mantiene una actitud desconsiderada hacia los funcionarios y genera un clima de tensión en el juzgado, lo que constituye una falta grave prevista en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Este artículo califica de grave el exceso o abuso de autoridad, o la falta consideración respecto de los trabajadores a servicio de la juez o los ciudadanos en general.

La propuesta que se someterá a debate también propone que se sancione a la juez de Madrid con el pago de una multa de 320 euros por una falta muy grave de desatención o retraso injustificado -contemplada en el 418.5 de la LOPJ-, en relación con el retraso de unas horas que sufrió la adopción por la juez de la aplicación del 'habeas corpus' a un detenido.

La última sanción, de cinco días de suspensión en el ejercicio de su cargo, la propone la Inspección por la supuesta comisión por la juez de una falta muy grave del artículo 417.11 de la LOPJ, que censura que se falte a la verdad en la solicitud de obtención de permisos, autorizaciones, declaraciones de compatibilidad, dietas y ayudas económicas por parte de los jueces.

Al parecer, Gámiz solicitó días de vacaciones alegando que no tenía señalamientos de ningún tipo en su juzgado, cuando en realidad su ausencia sí afectó a determinadas vistas, perjudicando a los ciudadanos incursos en dichos procedimientos.

Fuente: Alerta digital

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Reclamado un juzgado de violencia sobre la mujer para Villareal

La secretaria autonómica de Justicia, Patricia Montagud, anunció que su departamento ha reclamado por escrito al Gobierno central la creación de un sexto juzgado para Villareal, esta vez dedicado en exclusiva a atender los casos de violencia de género.

Incluso, Montagud da por seguro que ese sexto juzgado especializado estará en funcionamiento "a finales del 2008" y "dará un servicio de calidad a todas las víctimas". Pese a ello, ha asegurado que la petición de la Conselleria "aún no ha tenido respuesta" desde el Gobierno.


A este respecto, la responsable autonómica señaló que, para poder poner en marcha el mismo, "se alquilará algún local próximo" a la actual sede judicial, hasta el momento en que esté listo el nuevo Palacio de Justicia, del que ha anunciado que la primera piedra se colocará a mediados de año y que estará acabado para finales del año 2010.

Asimismo, Montagud indicó que el Gobierno valenciano tiene la intención de impulsar otros dos juzgados para el partido de Villareal, uno mixto y otro de lo penal, hasta el 2011 que --estos sí-- ya se ubicarían en el nuevo edificio a construir en la entrada sur a la localidad.

Asimismo, la secretaria de Justicia aprovechó su comparecencia en Villareal, junto al alcalde Juan José Rubert y al presidente local del PP, Manuel Vilanova, para acusar a Zapatero de "discriminar" a Villareal y al resto de la Comunitat, frente a decisiones tomadas en partidos judiciales de "comunidades VIP, a las que dice a todo que sí", en referencia a Cataluña, Andalucía y Galicia, con gobiernos del PSOE.

Especialmente dura fue Montagud al referirse a la "injustificada" decisión del Ministerio de no conceder las plazas de magistrado a Villareal, "con 171 habitantes de derecho, cuando sí que lo ha hecho con otros partidos judiciales con muchas menos personas", como son los del Prat de Llobregat, con 63.000 habitantes; o el Puerto de Santa María, con 76.000 habitantes.

"Se conseguirá la plaza de magistrado para Villareal, aunque tengamos que ir con pancartas a las puertas del Ministerio, porque esto no se puede consentir", añadió, al tiempo que acuso a los socialistas de "no hacer nada en cuatro años" en Villareal.

Contundente fue también el alcalde Rubert, quien no descartó replantearse el hecho de colgar pancartas reivindicativas en edificios públicos, "porque la paciencia tiene un límite".

Fuente: Mediterraneo

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Colombia: La mudanza tiene en jaque a la justicia


A raíz de su traslado al recién inaugurado Palacio Nacional, los máximos tribunales del departamento fueron cerrados del 10 de diciembre del 2007 hasta el 19 de ese mes.

Luego la rama judicial entró a vacaciones colectivas del 20 de diciembre pasado hasta el 10 de enero del 2008. Pero todavía no abren los nuevos despachos, porque no están listas las adecuaciones necesarias.

Así, ya han pasado 44 días en que los tribunales de justicia del Valle del Cauca no prestan su servicio al público.

Debido a la falta de un concepto judicial, María Cristina Ramírez no recibe la cuota alimentaria para su hija Astrid Carolina, de 13 años.

Después de una dura batalla que le llevó cinco años, la mujer logró que un juez reconociera la paternidad de su hija, pero no le otorgó los derechos de herencia.

Por ello, María Cristina apeló la decisión ante la Sala de Familia del Tribunal Superior de Cali para que el padre de la pequeña asumiera todas sus responsabilidades.

Sin embargo, su lucha se ha visto truncada porque desde hace 44 días las puertas de los tribunales Superior de Cali y el Contencioso Administrativo están cerradas, debido a su traslado al Palacio Nacional, contiguo a la Plaza de Cayzedo, en el centro de Cali.

Al igual que ella, Marta siente que los días pasan y la justicia no llega. No sólo busca recuperar su buen nombre, sino que el Estado responda por los daños causados durante el año que estuvo privada de la libertad.

“Durante un año estuve en la cárcel supuestamente por tráfico de drogas, pero no lograron comprobar nada y me dejaron en libertad”, relató la afectada.

En septiembre del año pasado un fallo del Tribunal Contencioso condenó a la Fiscalía por los perjuicios causados y obligó al Estado a pagar 80 salarios mínimos y a cada uno de sus tres hijos 50 salarios mínimos.

Sin embargo, la Fiscalía apeló y el recurso está en proceso en el Tribunal Superior de Cali.

“Llevo dos años en esta cuestión y ahora se le añade el cierre de las instalaciones”, manifestó la demandante.


“Las audiencias que se han perdido estos días, necesariamente tendrán que postergarse dentro de cuatro a seis meses, incluso un año”, manifestó Alejandro Arenas Arcila, decano de la Colegiatura.

El profesional indicó que hay procesos que tienen más de cuatro años y “esta parálisis hace más lejano el que se administre justicia”. El vocero de más de cinco mil abogados litigantes subrayó que la lentitud en el trámite de los procesos amenaza el ejercicio profesional.

Por su parte, Gloria Canaval, magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura, indicó que son conscientes de la situación traumática ocasionada a usuarios y abogados, pero que el traslado de los tribunales tenía que hacerse.

“Pagábamos en arriendo $120 millones mensuales; cuando nos devolvieron la administración del Palacio, fue lógico que pensáramos en el traslado. Eso coincidió con las vacaciones colectivas”, explicó la magistrada.

Acotó que una vez trasladaron las oficinas, continuaron con la implementación de los sistemas tecnológicos. De ahí la demora en abrir el Palacio.

“Aspiramos hoy abrir las puertas del Tribunal Superior de Cali, Si las cosas siguen en su curso natural, la próxima semana abriremos el Tribunal Contencioso Administrativo”, concluyó.

Una vez se normalice el servicio en los tribunales, el Consejo le dará prioridad a las audiencias que no se pudieron llevar a cabo en esta semana.

En el Tribunal Superior de Cali se tramitan los procesos en apelación que provienen de los juzgados penales del Circuito, por toda clase de delitos: contra la vida, el patrimonio económico y la administración pública.

A su Sala Civil van los procesos ejecutivos (como deudas) e hipotecarios, de mayor cuantía.

En la Sala Laboral del Tribunal tienen curso las apelaciones enviadas por los juzgados laborales, como problemas patronales.

En el Tribunal Contencioso Administrativo se ventilan los litigios entre personas naturales o jurídicas y el Estado. Hay procesos de reparación directa por omisión o acción del Estado. También las nulidades de los contratos administrativos. Asimismo, acciones populares, de cumplimiento y electorales.

Fuente: El Pais.

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martes, enero 22, 2008

Retrasan al 4 de febrero el inicio de la huelga en los territorios no transferidos


Los sindicatos han decidido retrasar hasta el próximo 4 de febrero, lunes, el inicio de la huelga indefinida en Justicia, previsto en principio para el próximo 30 de enero. Lo que no han cambiado son las reivindicaciones: equiparación salarial con los empleados públicos de las comunidades que tienen la Justicia transferida.

Y es que, ser funcionario de Justicia y trabajar en una comunidad autónoma que aún dependa del Gobierno central significa cobrar al mes unos 200 euros menos de media, aparte de trabajar en peores condiciones.

Castilla-La Mancha, junto a La Rioja, Murcia, Baleares, Asturias, Castilla-León, Ceuta, Melilla y Extremadura aún no tienen competencias en la materia. La huelga también afectará a los funcionarios de los órganos centrales del Estado con sede en Madrid.

Los sindicatos convocantes son UGT, CSI-CSIF, CCOO y STAJ.

Fuente: Lanza digital

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lunes, enero 21, 2008

Lérida: Los edificios judiciales de comarcas contarán con vigilancia este año

A los edificios judiciales de la demarcación de Lérida que no tenían ningún tipo de vigilancia se les asignará seguridad privada durante este año. Esta es la promesa que ha efectuado el director del Servei Territorial de Justícia en Lérida, Luis Franco, a los sindicatos con representación en la Junta de Personal del Canyeret.

De esta manera los edificios judiciales de Balaguer, Cervera, Solsona, Tremp y Vielha podrán contar con vigilantes privados como ya tenía la Seu d’Urgell.

Por otro lado los sindicatos manifestaron su preocupación por que los efectivos de mossos d’esquadra del Canyeret han vuelto a reducirse a tres. Por lo que hay uno por cada puerta del edificio y si surge algún problema deberían dejar la puerta sin vigilancia. Según los sindicatos, Franco se mostró muy extrañado por la reducción de efectivos y aseguró no tener noticias de la misma.

En cuanto a la reforma del edificio del Canyeret, el director de los servicios territoriales aseguró que el tema depende de Barcelona y no se ha decidido nada al respecto. Aún así, aseguraron que la idea es mantener la ubicación del equipamento de oficinas en el edificio del Canyeret.

Los sindicatos solicitaron que si se retrasa la decisión de una reforma del edificio tendrían que abordarse los problemas de climatización y señalización del Canyeret. Según la junta de personal, Franco reconoció que las máquinas de la climatización “están viejas”, y por otra parte, la señalización dentro del Canyeret “da vergüenza”.

La Junta de Personal denunció que el Juzgado exclusivo de Violencia Doméstica de Lérida que entrará en funcionamiento este mismo año y se ubicará donde ahora está el juzgado de instrucción número 4. Éste juzgado deberá trasladarse a otro lugar que todavía se desconoce. El pasado 28 de diciembre, entró en funcionamiento el Juzgado de Primera Instancia número 7 especializado en familia.

Los Juzgados de Lérida ingresaron durante el año 2006 un total de 1.364 asuntos de familia y relativos a la capacidad de las personas, a los que se debe añadir aquellos casos relacionados con la protección del menor. Estas cifras se sitúan por encima del número de casos que el Consejo General del Poder Judicial tiene previsto que entren en este tipo de órganos.

No obstante, tanto el Presidente de la Audiencia de Lérida, Francesc Segura, como la Fiscalía aseguraron que esta situación de colapso no se producirá porque en el Juzgado de Familia sólo irán entrando los nuevos asuntos, dejando los anteriores en el juzgado en el que se encuentren. Así pues, la entrada en funcionamiento del Juzgado de Familia será progresiva.

Fuente: La Mañana

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domingo, enero 20, 2008

Ibiza: Justicia rechaza Sa Colomina para los nuevos juzgados

«La ubicación de la sede judicial en el edificio centro intermodal y de seguridad (el denominado Cetis de Sa Colomina) no reúne las adecuadas y mínimas garantías de seguridad». Así se puede leer en la carta de la subdirectora general de obras y patrimonio del Ministerio de Justicia, Marta García, dirigida a la alcaldesa Lurdes Costa en la que rechaza la alternativa presentada por Vila a la ubicación inicial en Sa Graduada. Una vez descartado el edificio de Sa Colomina la única opción que queda es Sa Graduada. Ahora se estudia si se utilizará todo el solar o se respetará la parte B C, ubicando los juzgados en la zona no protegida.
El concejal de Hacienda y Comunicación de Vila, Santiago Pizarro, anunció que el Ayuntamiento ha recibido una respuesta negativa por parte del Ministerio de Justicia en relación a la propuesta de ubicación de los juzgados en el edificio de Sa Colomina, también llamado `Cetis´.

La carta la firma la subdirectora general de Obras y Patrimonio del Ministerio, Marta García, y está dirigida a la alcaldesa, a la que reconoce «la voluntad de colaboración manifestada por el Ayuntamiento con la propuesta de implantación de los juzgados de Ibiza en el centro intermodal y de seguridad (Cetis)», pero en la que determina que «tras la evaluación de un informe de seguridad del Ministerio de Interior, que analiza las características de la edificación, su entorno y los usos previstos, se llega a la conclusión de que la ubicación de la sede judicial en el Cetis no reúne las adecuadas y mínimas garantías de seguridad».

Una vez recibida la notificación por parte del Ministerio de Justicia, «se ha de retomar la idea de que los juzgados se ubiquen donde se preveía: en Sa Graduada», señaló Pizarro, que recordó que el Consistorio sigue pendiente de la resolución del contencioso contra la decisión del anterior equipo del Consell de declarar una parte de este colegio como Bien Catalogado.

«Se baraja tanto la hipótesis de mantener una parte de Sa Graduada como de no mantenerla. Las dos hipótesis están contempladas, pero, lógicamente, los beneficios sería mayores si se derruyese Sa Graduada porque sería un espacio más amplio con aparcamientos y zona verde», argumentó el concejal, que remarcó que hay un proyecto adaptado a la posibilidad de que se quede en pie una parte del centro educativo. «Hay un trámite judicial abierto pero la hipótesis (más probable) es que que Eivissa Centre será con juzgados y con Graduada».

El Ayuntamiento de Eivissa quiso recordar que no tiene competencias en temas de justicia, «solamente conocemos la realidad de los juzgados de la ciudad, que es un problema que hay que resolver y la solución de Sa Graduada podría ser factible», indicó Pizarro. A partir de este momento el edificio de los juzgados «vuelve a formar parte del proyecto Eivissa Centre y así se planteará al Ministerio», añadió.

El único objetivo del Ayuntamiento en este caso «es que los juzgados de Eivissa se construyan e inauguren lo antes posible, pero son las autoridades judiciales que las que tienen las competencias», explicó Pizarro. «Si las transferencias de competencias se llevan a cabo pronto los responsables serán los titulares de la conselleria de Justicia que se podrá crear en Baleares», concluyó.

Fuente: diariodeibiza.es

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Los sindicatos retoman las protestas en los territorios no transferidos


Tras la tregua navideña los sindicatos de Justicia desentierran el hacha de guerra contra el Ministerio de Justicia y retoman las protestas interrumpidas a finales del año pasado. El lunes comienzan las nuevas concentraciones y pitadas de protesta en los juzgados -a las doce de la mañana-, pero los sindicatos, en vista de la actitud del Ministerio, están dispuestos a ir a la huelga indefinida a partir del día 30.

Las cosas en este arranque de 2008 están como estaban al cierre de 2007: el Ministerio de Justicia no está por la labor, y los sindicatos de las comunidades en las que la Justicia aún no está transferida, quieren de una vez que una Administración que defiende, al menos sobre el papel, la igualdad, lo aplique en la práctica.


Además de las concentraciones los delegados sindicales están celebrando asambleas en los distintos órganos judiciales y juzgados.

Y es que, ser funcionario de Justicia y trabajar en una comunidad autónoma que aún dependa del Gobierno central significa cobrar al mes unos 200 euros menos de media, aparte de trabajar en peores condiciones.


Fuente: Lanza digital

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Calahorra: Aumento de plantilla para los juzgados 1 y 3

El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, el socialista riojano José Ignacio Pérez, anunció «la prioridad» del Ministerio de Justicia por aumentar la plantilla del distrito judicial de Calahorra, concretamente en los juzgados número 1 y 3, «en los que no se llega a la media» establecida en La Rioja de ocho personas por cada destacamento.

El senador, que reveló además «que habrá noticias muy pronto» para el Palacio de Justicia de Logroño, destacó que «todos los momentos fundamentales, en la democracia, respecto a la Justicia en Calahorra han llegado de la mano del Gobierno socialista». Así, mencionó la puesta en marcha del nuevo edificio judicial en 1983, el segundo juzgado de 1ª Instancia e Instrucción en 1989 y la creación del tercer juzgado que comenzó a funcionar en diciembre del pasado año.

De otro lado, el Gobierno de La Rioja reclama al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía General del Estado la creación de una Sección Territorial de la Fiscalía en el partido judicial calagurritano. El Ejecutivo regional sostiene, en un comunicado, que esta reclamación se ha plasmado en dos cartas remitidas por el consejero de Administraciones Públicas y Política Local, Conrado Escobar.

Esta solicitud precisa se debe a la «inquietud» trasladada al Gobierno de la región por los operadores judiciales, que han expresado la «necesidad» de esta sección por el volumen de trabajo.

También mantiene la petición de incrementar la plantilla de los juzgados de Calahorra para mejorar el servicio a los ciudadanos y la solicitud de crear un nuevo partido judicial en Arnedo.

Fuente: larioja.com

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Málaga: Los malos olores obligan a desalojar... por tercera vez ya

La Junta de Andalucía ha asegurado que el mal olor que se ha producido el pasado viernes en la Ciudad de la Justicia de Málaga y que ha obligado a que una veintena de personas desalojaran los juzgados de guardia se debe a la obstrucción de una tubería de conducción del alcantarillado.

Según el gobierno andaluz, los técnicos de la consejería de Justicia y Administración Pública trabajan desde esa mañana en las instalaciones del recinto para localizar la avería y han comprobado que el sistema de ventilación del Instituto de Medicina Legal funciona adecuadamente y que el hedor no proviene de ahí. Dichos técnicos llevan a cabo un seguimiento permanente en las instalaciones de la Ciudad de la Justicia de Málaga desde su reciente inauguración, según la Junta.

El hecho, que es el tercero de características similares desde que se puso en marcha la Ciudad de la Justicia, se produjo a las 10.00 horas, cuando el personal de los juzgados de Guardia 1 y 14, uno de incidencias y otro de detenidos, empezaron a notar un mal olor muy fuerte. Después de abrir las ventanas y ver que el hedor no desaparecía decidieron abandonar las dependencias, que están en el sótano, e instalarse en sus juzgados ordinarios, en plantas superiores.

Un forense y un auxiliar de autopsia se personaron en estos juzgados y constataron que el mal olor no procedía de ningún cadáver. Este suceso coincide con que esa mañana había dos cadáveres de indigentes en las salas de forenses para ser analizados y ya se había comenzado el estudio de uno de ellos.

Es el tercer incidente de estas características, después de que a principios de mes se tuvieran que desalojar los juzgados de Guardia otras dos veces a causa del mal olor.

Fuente: sur.es


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Gandía: El juzgado de violencia sobre la mujer, para finales de 2008

El conseller de Justicia, Fernando De Rosa, anunció que el partido judicial de Gandia dispondrá de una nueva unidad de justicia destinada a solucionar los problemas de violencia de genero, en principio a finales de 2008.

Además, confirmó que el juzgado está "ya acordado con el Ministerio de Justicia dentro de las 22 unidades judiciales que se pondrán en marcha próximamente", y añadió que los datos obtenidos sobre la actividad judicial en Gandia determinan que el juzgado de violencia sobre la mujer "es muy necesario".

Según informó, la construcción de este nuevo juzgado ha requerido una inversión de "más de 800.000 euros por parte de la Generalitat Valenciana y supone la reducción de la ratio de habitantes por juez incluso por debajo de la que establece el Consejo del Poder Judicial", y que está cifrada en 25.000 habitantes por cada magistrado.

El conseller agregó que "la ratio se deja en 18.000 habitantes por juez, lo que significa que en Gandia hay mucho trabajo y por ello era necesario reducirla..

La nueva unidad está ubicada en la calle Benicanena y "ayudará a agilizar enormemente el trabajo judicial de los funcionarios, al permitir la división entre juzgados civiles y los exclusivamente penales", tal y como resaltó De Rosa en la inauguración.

Por su parte, el alcalde de Gandia, José Manuel Orengo, agradeció el esfuerzo de la Conselleria y afirmó que el nuevo juzgado es "fruto del trabajo conjunto entre ambas administraciones".

Por otra parte, el alcalde de Gandia y el conseller hablaron del futuro Palacio de Justicia. De Rosa calificó el proyecto de "ambicioso", ya que esta infraestructura albergará numerosos órganos judiciales: el juzgado de lo penal y los actuales ocho juzgados de instrucción, pero también un futuro juzgado de lo social y el de violencia sobre la mujer, así como otras dependencias que requerirán una inversión de 18 millones de euros y, por supuesto, un solar de grandes dimensiones.

Por su parte, De Rosa apostó por buscar un solar "de futuro" que garantice espacio para todos estos servicios a largo plazo, por lo que la ubicación del Palacio de Justicia todavía no está clara, aunque la propuesta del Ayuntamiento de Gandia era construirlo en Santa Anna.

El conseller garantizó que las negociaciones sobre el futuro Palacio de Justicia y la redacción y puesta en marcha del proyecto "no supondrán la paralización de la llegada de nuevas unidades judiciales a la ciudad".

Fuente: panorama-actual.es



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sábado, enero 19, 2008

Laredo: Nueva parada de la gira de Mediavilla y su séquito


El consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, Vicente Mediavilla, visitó ayer, viernes, las instalaciones de los dos juzgados de Laredo. Estuvo acompañado por el alcalde y el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Laredo, Santos Fernández (PRC) y Ángel Vega (PP), respectivamente; y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), César Tolosa.

Vicente Mediavilla ha anunciado que el Gobierno de Cantabria reformará este mismo año la sede del partido judicial de Laredo, ubicada en la calle José Antonio, unas instalaciones "importantes", que dan servicio a 36.000 habitantes de once municipios de la zona.

Mediavilla cree que los espacios actuales de los juzgados son suficientes, si bien, es necesario acometer "obras de mantenimiento para adecuar el servicio a las necesidades actuales".

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), César Tolosa, cree que el trabajo de los dos juzgados de instrucción de Laredo se está desarrollando a "un nivel óptimo", en cuanto a la productividad y a la capacidad de respuesta a las demandas de los ciudadanos, pese a que "este edificio necesita de una adaptación".

Por ello, "no estamos ante un problema estructural importante, pero sí ante una necesidad imperiosa de acometer una serie de obras menores que espero que sean una realidad para poder contar con un edificio judicial digno", dijo.

En este sentido, Tolosa ha valorado la importancia de las visitas que están realizando los representantes del Gobierno a todos los juzgados de Cantabria para conocer de primera mano la realidad de las necesidades estructurales y del propio personal.

Por su parte, la fiscal- jefe, Pilar Marín Nájera, ha valorado positivamente las actuales dependencias que ocupa la Fiscalía en los juzgados de Laredo, que se han habilitado recientemente, unos "espacios dignos", por lo que "de momento es totalmente adecuado para el ejercicio".




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Aparece publicada la Guía de comportamiento en las actuaciones judiciales

Existen códigos de deontología en casi todas las profesiones relacionadas con el Derecho, y sin embargo, siendo el mundo judicial un ámbito de formas y formalidades, no existía un texto que analizase y ordenase aquellas pautas de comportamiento que mejoran las relaciones entre todos los que actúan en él.

La experiencia de la autora, ejerciendo en el ámbito jurídico desde hace dieciocho años, le ha proporcionado el conocimiento suficiente para conocer la mejor manera de dar respuesta a situaciones que quedan fuera de la aplicación de las leyes, que forman parte del desarrollo cotidiano de la vida de un juzgado y para las que no hay una solución escrita, pero que son imprescindibles para mantener la solemnidad de la Administración de Justicia. Por ello, en el libro quedan plasmados aquellos comportamientos de índole formal que merecen ser sistematizados, analizados y mejorados.


La obra está dirigida a todos los profesionales que tienen relación con los juzgados: Jueces, Secretarios, Funcionarios de la Administración de Justicia, Fuerzas de Seguridad, Forenses, Fiscales, Abogados, Procuradores, Notarios, Registradores, Abogados del Estado y Periodistas, así como a los Universitarios y cualquier ciudadano que pueda entrar en contacto con la Administración de Justicia. De todos ellos se analiza en los distintos capítulos cuál debería ser su comportamiento y cuál su actitud (desde el respeto y la dignidad) con el resto de profesionales en función del cargo que desempeñan.


El libro es el resultado de reuniones de trabajo realizadas con representantes de todos los ámbitos jurídicos: los presidentes de los respectivos colegios profesionales, el Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Fiscalía, Forenses, Abogacía del Estado…Todos ellos han puesto a disposición de la autora el material preciso para la realización del libro, lo que supone un reconocimiento de la necesidad de un trabajo de estas características.


Autor: Purificación Pujol Capilla
Editorial: LA LEY
Páginas: 292
Precio: 31,73 euros


Fuente: expansion.com

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Lora del Río: Inaugurada la nueva sede provisional

La consejera de Justicia de la Junta de Andalucía, María José López, inauguró en la tarde del miércoles 9 de enero la sede provisional de los Juzgados de Lora del Río (Avda. de La Campana, 3), en un acto en el que estuvo acompañada, entre otras personalidades, por el alcalde de Lora del Río, Francisco Javier Reinoso; el delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Demetrio Pérez Carretero, la delegada provincial de Justicia, María Francisca Amador Prieto; y la fiscal-jefe de Sevilla, María José Segarra.

Tras la visita a las diferentes dependencias, las intervenciones tuvieron lugar en la Sala de Vistas número 1 de esta nueva sede judicial provisional. En este sentido, la consejera de Justicia de la Junta, María José López, agradeció “al Ayuntamiento de Lora del Río en general y al alcalde de la localidad en particular, la plena colaboración para resolver el problema que surgió en un momento determinado, y que gracias a una extremada celeridad -en la mitad del tiempo previsto- se ha conseguido habilitar esta nueva sede provisional mientras se construye el Palacio de Justicia definitivo”.


La Consejería de Justicia ha alquilado este inmueble por un periodo de cuatro años y siete meses, pero según la consejera de Justicia, “nuestra intención es no agotar todo ese periodo, sino que tanto los trámites administrativos como la construcción del nuevo Palacio de Justicia se agilizarán para dotar de estas nuevas dependencias judiciales a Lora del Río en el menor plazo de tiempo posible”.


Por último, María José López también quiso reconocer “el trabajo realizado por la delegada provincial de Justicia, María Francisca Amador Prieto, por el seguimiento semanal que ha llevado de las obras, con visitas continuas al inmueble para el control de las mismas, y a los jueces y trabajadores del Juzgado por su colaboración y comprensión con los traslados que ha habido”.


Por su parte, el alcalde de Lora del Río, Francisco Javier Reinoso, señaló que “esta inauguración es un primer paso que se tiene que traducir en la pronta construcción del definitivo Palacio de Justicia de la localidad”, y además solicitó a la consejera de Justicia “la máxima urgencia para el inicio de las obras de dicho Palacio de Justicia”.


El nuevo edificio que albergará provisionalmente los dos juzgados de Primera Instancia e Instrucción y la adscripción de la Fiscalía cuenta con unos 1.500 metros cuadrados en la avenida de La Campana de Lora del Río, y ha sido alquilado por la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía. Este edificio acogerá los Juzgados hasta que se construya e inaugure el nuevo Palacio de Justicia de Lora del Río, en una parcela frente a este edificio alquilado.


La nueva sede judicial de Lora del Río se construirá en una parcela de 2.800 metros cuadrados situada también en la avenida de La Campana, junto al IES Al-Lawra. El proyecto del nuevo Palacio de Justicia de Lora del Río prevé terreno para futuras ampliaciones de las instalaciones judiciales. En una anterior visita, la consejera de Justicia de la Junta de Andalucía, María José López, anunció que “los Presupuestos de la Junta para el 2008 contemplan ya el inicio de la construcción del nuevo Palacio de Justicia de Lora del Río”. En esta futura sede ya se integrará el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Lora del Río, que el Ministerio de Justicia ha incluido entre sus previsiones para 2008.


Hay que recordar que a finales del pasado verano el edificio de los Juzgados de Lora del Río en la calle Blas Infante tuvo que ser cerrado y desalojado por una serie de desperfectos causados en su estructura y techumbre, motivados por unas obras que se están llevando a cabo en la parcela contigua. Durante este tiempo, el Ayuntamiento de Lora del Río puso a disposición de la Consejería de Justicia el edificio del Centro de Empresas, situado en el Polígono Industrial de Matallana, que ha servido como dependencia judicial durante estos meses.


Fuente: Andalucía 24 horas





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