Basta ya ser los trabajadores de Justicia peor pagados de todo el Estado, es uno de los eslóganes bajo los que se están movilizando los sindicatos con representación en la administración de Justicia (UGT, CCOO, CSI-CSIF y STAJ) del territorio no transferido en esta nueva campaña de protestas de funcionarios que desenvocará en “huelga general indefinida”, aseguran, a partir del 4 de febrero.
“Vamos a paralizar la Justicia”, explicó el presidente y portavoz de la Junta de Personal de Justicia de Ciudad Real, tras una sonora pitada de empleados públicos en los juzgados, si el Ministerio de Justicia no accede al menos a negociar una situación laboral y salarial que consideran clamorosamente “discriminatoria”, con respecto a los funcionarios de Justicia de las comunidades autónomas transferidas, y que algunos casos, como en la Comunidad de Madrid, puede llegar a ser de entre 500 y 600 euros de menos.
Los convocantes de una huelga que afectará a los empleados públicos de nueve comunidades autónomas, además de a los órganos centrales del Estado: Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, etc, lamentan los perjuicios que la huelga puede acarrear a los ciudadanos y entienden que la sociedad opine que son unos privilegiados, pero aseguran que no es así. Un recién llegado a la función pública en Justicia puede que no cobre ni 1.000 euros al mes, y con unas condiciones laborales nada envidiables. “Justicia es la última de las administraciones públicas”, afirman.
Antes de hacer una convocatoria cuya relevancia, por el número de empleados a los que afecta, sólo es comparable a la huelga general del año 1978, los sindicatos han hecho encuestas entre los funcionarios que en Ciudad Real han dado como resultado un apoyo mayoritario, del 78%.
Su planteamiento de partida es muy básico: a igual trabajo igual salario, “no queremos que nos transfieran así”.
Fuente: Lanza digital
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