A raíz de su traslado al recién inaugurado Palacio Nacional, los máximos tribunales del departamento fueron cerrados del 10 de diciembre del 2007 hasta el 19 de ese mes.
Luego la rama judicial entró a vacaciones colectivas del 20 de diciembre pasado hasta el 10 de enero del 2008. Pero todavía no abren los nuevos despachos, porque no están listas las adecuaciones necesarias.
Así, ya han pasado 44 días en que los tribunales de justicia del Valle del Cauca no prestan su servicio al público.
Debido a la falta de un concepto judicial, María Cristina Ramírez no recibe la cuota alimentaria para su hija Astrid Carolina, de 13 años.
Después de una dura batalla que le llevó cinco años, la mujer logró que un juez reconociera la paternidad de su hija, pero no le otorgó los derechos de herencia.
Por ello, María Cristina apeló la decisión ante la Sala de Familia del Tribunal Superior de Cali para que el padre de la pequeña asumiera todas sus responsabilidades.
Sin embargo, su lucha se ha visto truncada porque desde hace 44 días las puertas de los tribunales Superior de Cali y el Contencioso Administrativo están cerradas, debido a su traslado al Palacio Nacional, contiguo a la Plaza de Cayzedo, en el centro de Cali.
Al igual que ella, Marta siente que los días pasan y la justicia no llega. No sólo busca recuperar su buen nombre, sino que el Estado responda por los daños causados durante el año que estuvo privada de la libertad.
“Durante un año estuve en la cárcel supuestamente por tráfico de drogas, pero no lograron comprobar nada y me dejaron en libertad”, relató la afectada.
En septiembre del año pasado un fallo del Tribunal Contencioso condenó a la Fiscalía por los perjuicios causados y obligó al Estado a pagar 80 salarios mínimos y a cada uno de sus tres hijos 50 salarios mínimos.
Sin embargo, la Fiscalía apeló y el recurso está en proceso en el Tribunal Superior de Cali.
“Llevo dos años en esta cuestión y ahora se le añade el cierre de las instalaciones”, manifestó la demandante.
“Las audiencias que se han perdido estos días, necesariamente tendrán que postergarse dentro de cuatro a seis meses, incluso un año”, manifestó Alejandro Arenas Arcila, decano de la Colegiatura.
El profesional indicó que hay procesos que tienen más de cuatro años y “esta parálisis hace más lejano el que se administre justicia”. El vocero de más de cinco mil abogados litigantes subrayó que la lentitud en el trámite de los procesos amenaza el ejercicio profesional.
Por su parte, Gloria Canaval, magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura, indicó que son conscientes de la situación traumática ocasionada a usuarios y abogados, pero que el traslado de los tribunales tenía que hacerse.
“Pagábamos en arriendo $120 millones mensuales; cuando nos devolvieron la administración del Palacio, fue lógico que pensáramos en el traslado. Eso coincidió con las vacaciones colectivas”, explicó la magistrada.
Acotó que una vez trasladaron las oficinas, continuaron con la implementación de los sistemas tecnológicos. De ahí la demora en abrir el Palacio.
“Aspiramos hoy abrir las puertas del Tribunal Superior de Cali, Si las cosas siguen en su curso natural, la próxima semana abriremos el Tribunal Contencioso Administrativo”, concluyó.
Una vez se normalice el servicio en los tribunales, el Consejo le dará prioridad a las audiencias que no se pudieron llevar a cabo en esta semana.
En el Tribunal Superior de Cali se tramitan los procesos en apelación que provienen de los juzgados penales del Circuito, por toda clase de delitos: contra la vida, el patrimonio económico y la administración pública.
A su Sala Civil van los procesos ejecutivos (como deudas) e hipotecarios, de mayor cuantía.
En la Sala Laboral del Tribunal tienen curso las apelaciones enviadas por los juzgados laborales, como problemas patronales.
En el Tribunal Contencioso Administrativo se ventilan los litigios entre personas naturales o jurídicas y el Estado. Hay procesos de reparación directa por omisión o acción del Estado. También las nulidades de los contratos administrativos. Asimismo, acciones populares, de cumplimiento y electorales.
Fuente: El Pais.
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