Algunos funcionarios de la Administración de Justicia empezaron el año en Aragón con ordenador nuevo. En total, se repartieron setenta en distintas sedes judiciales de esta Comunidad autónoma, una renovación informática con la que se simbolizó la asunción, por parte del Gobierno aragonés, de las competencias de Justicia. Junto a esos setenta ordenadores, se distribuyeron siete impresoras.
Con agradecerlo los funcionarios a los que les hayan llegado estos equipos, lo cierto es que las necesidades de la Administración judicial van mucho más allá en esta región. Lo reconoce el propio Gobierno aragonés, que es el que a partir de ahora tiene ante sí el reto de resolver las carencias. Entre ellas, la falta de espacio. El consejero de Política Territorial, Justicia e Interior del Ejecutivo autónomo, Rogelio Silva, afirmó que harán falta un 30 por ciento más metros cuadrados que los que ocupan ahora las sedes judiciales de la capital zaragozana.
Silva afirmó que, para resolver esta necesidad, técnicos del Ejecutivo regional evalúan de forma «seria» y «rigurosa» las posibilidades para crear un espacio o conjunto de espacios que mejoren la prestación de estos servicios. Se están considerando varias opciones, entre ellas la utilización de edificios situados en la parte trasera del actual Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
El consejero de Política Territorial, Justicia e Interior avanzó que su Departamento va a invertir inicialmente cinco millones de euros para acometer obras que entienden prioritarias. Entre ellas, la ampliación de las sedes judiciales en Huesca, la construcción de unos nuevos juzgados en la localidad oscense de Fraga, la conclusión del nuevo edificio de Caspe y la ampliación de los actuales espacios de los juzgados de Teruel.
El consejero de Política Territorial, Justicia e Interior avanzó que su Departamento va a invertir inicialmente cinco millones de euros para acometer obras que entienden prioritarias. Entre ellas, la ampliación de las sedes judiciales en Huesca, la construcción de unos nuevos juzgados en la localidad oscense de Fraga, la conclusión del nuevo edificio de Caspe y la ampliación de los actuales espacios de los juzgados de Teruel.
El Gobierno regional empieza a gestionar la Administración de Justicia con un presupuesto de 49,27 millones de euros, a los que en este momento se añaden seis millones de euros adicionales para mejoras en infraestructuras y equipamientos. El traspaso de estas competencias afecta, en términos de plantilla, a un total de 1.261 trabajadores.
Fuente: ABC.es
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