Las transferencias de Justicia para Castilla-La Mancha están cada vez más cercanas y el Gobierno regional ha planificado a conciencia la futura gestión de esta competencia con la firme intención de mejorar notablemente la prestación de este servicio a los castellano-manchegos.Para ello ha diseñado siete planes estratégicos que permiten conocer al detalle las competencias que se asumen, los problemas de su gestión y prever con antelación las medidas que van a ser adoptadas.
Según informó la consejera de Justicia y Protección Ciudadana, Angelina Martínez, en las Cortes regionales, el primer plan estratégico se refiere a la nueva estructura administrativa para gestionar las competencias; el segundo permitirá mejorar la gestión de los medios personales y materiales; el tercero, la implantación del nuevo modelo de Oficina Judicial; el cuarto, la implementación de las nuevas tecnologías; el quinto, la modernización y mejora de los archivos; el sexto, la actuación sobre el parque inmobiliario y el séptimo, la organización y mejora de la Medicina Forense, la Justicia Gratuita y la Justicia de Paz.
Por lo que se refiere al primer plan, Martínez explicó que las nuevas funciones a gestionar requieren de una estructura administrativa que debe ser creada, dotada de personal y con medios suficientes para ser eficaz.
En cuanto a la gestión de los medios personales y materiales, recordó que la transferencia llevará aparejadas 1.459 plazas de funcionarios de la Administración de Justicia, 33 funcionarios de la Administración General y 152 personas en régimen laboral, así como la asunción de 52 inmuebles repartidos por todo el territorio de la comunidad, que es amplio y extenso.
Martínez indicó que con este plan se pretenden solucionar lo más rápidamente posible aquellos problemas que, a priori, puedan resultar más acuciantes, «pero no nos engañemos, los planes tienen todos un tiempo, todo no lo vamos a hacer el día después», aclaró. Según dijo, hay elaborado un cronograma para ir abordando «con lógica» cada una de las actuaciones «de manera que no se nos amontonen los asuntos, sino que sepamos irlos trabajando en el tiempo adecuado».
Respecto a la implantación del nuevo modelo de Oficina Judicial, la titular de Justicia avanzó que será progresiva, comenzando por los servicios comunes generales de partido. Íntimamente ligado a lo anterior se afrontará la modernización tecnológica de la Administración de Justicia, con la finalidad de obtener una más dinámica y eficiente gestión procesal.
El quinto plan estratégico va enfocado a la modernización y mejora de los archivos judiciales en lo que supone un proyecto pionero, ya que ninguna otra comunidad autónoma se había planteado esa cuestión antes de asumir la competencia, aunque en los últimos meses esto también está siendo realizado por Castilla y León. A modo de ejemplo, Martínez comentó que es tanto el material por archivar que son casi 30 kilómetros de papel los que hay que ordenar y guardar, una labor nada fácil para una Administración que se enfrenta con un legado tan importante, pero también tan antiguo.
El sexto plan, de actuación sobre el parque inmobiliario, contempla las necesidades de reforma y nueva construcción de edificios, así como la estimación presupuestaria de todo ello, teniendo en cuenta que con la transferencia se van a pasar a gestionar 52 inmuebles, algunos en régimen de alquiler. Como anécdota, la consejera comentó que de algunos de estos inmuebles no había planos, porque los edificios eran muy antiguos, pero el Gobierno regional cuenta ya con todos los planos de los 52 inmuebles a transferir, lo que significa que si en algunos de ellos hay que hacer modificaciones será mucho más rápido, porque se podrá saber de hecho no sólo dónde están los muros de carga, sino también cómo abordar la reforma al tener los planos a mano.
La titular de Justicia confesó que tiene puesta una gran expectativa en el último de los siete planes, que persigue la organización y mejora de la Medicina Forense, la Justicia Gratuita y la Justicia de Paz. Según Martínez, la Medicina Forense requiere la creación efectiva de dos Institutos de Medicina Legal, el de Albacete y el de Toledo, así como la mejora y acondicionamiento de las Subdirecciones de Guadalajara, Cuenca y Ciudad Real.
También se pretende mejorar la Justicia Gratuita, del turno de oficio, y la Justicia de Paz, sin olvidar que Castilla-La Mancha es una comunidad eminentemente rural en la que hay tantos juzgados de paz como municipios donde no existen juzgados de los oficiales. De esta forma, y con casi 900 municipios en la región, tener tantos juzgados de paz requiere un programa de atención muy especializado y bien cuidado.
Sin olvidar la hipótesis de trabajo de que la transferencia se haga efectiva, la Consejería prevé entre sus actuaciones para 2008 la creación de Oficinas de Información en las Audiencias y Juzgados más importantes de la comunidad, que permitan al ciudadano saber cómo va su asunto sin tener que ir a un juez, que normalmente no le puede atender.
En Castilla-La Mancha hay 163 plazas dotadas de jueces y magistrados, 72 de fiscales, 132 de secretarios judiciales, 43 de médicos forenses, 1.416 de funcionarios y 148 de puestos laborales. Si a esos 1.416 funcionarios se suman los 43 médicos forenses suman un total de 1.459 empleados públicos, más el personal laboral.
La negociación comenzó el 27 de octubre de 2005 con la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias y fue impulsada mediante la creación de cuatro grupos de trabajo: uno para negociar temas de personal, otro de informática y telecomunicaciones, el tercero de patrimonio y el cuarto de coste y financiación. Hasta el momento se han celebrado más de 15 reuniones técnicas con el Ministerio de Justicia. El Gobierno regional no puede determinar aún la fecha en la que se hará efectivo el traspaso, todo depende de que se pueda alcanzar un acuerdo en aspectos fundamentales para la comunidad autónoma como inversiones, informática y funcionarios, donde los trabajos se encuentran algo menos avanzados.
Fuente: latribunadealbacete.es
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