domingo, febrero 28, 2010

Los sindicatos convocan movilizaciones ante el inmovilismo del Ministerio

Tras varias reuniones con el Ministerio de Justicia en las que no se ha logrado ningún acuerdo, CCOO, UGT y STAJ han convocado concentraciones el 10 de marzo en las ocho ciudades españolas en las que ya se está desarrollando el programa piloto de la Oficina Judicial (Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Logroño, Murcia, Palma de Mallorca, Ceuta y Melilla).


En el caso de que el Ministerio siga sin atender sus reivindicaciones, las movilizaciones que los sindicatos han anunciado "se irán incrementando con contundencia durante el mes de abril, confluyendo todos los territorios en una jornada de huelga general el día 5 de mayo".

Ese día entrarán en vigor las reformas procesales aprobadas por el Ejecutivo y que, según denuncian los sindicatos de Justicia, suponen una "vulneración de los derechos de los trabajadores" del sector, ya que en la Nueva Oficina Judicial se les asignan nuevas funciones de forma discrecional e incluso se prevé la movilidad no voluntaria.

Por su parte, el sindicato de funcionarios CSI-CESIF ha convocado en solitario movilizaciones continuas en todas las ciudades piloto y una concentración el próximo 11 de marzo, que seguirá a las que ya se celebraron el pasado día 22 en toda España, para exigir "una negociación real sobre los puestos de trabajo y sus condiciones".

Las organizaciones sindicales exigen al Gobierno la movilidad "exclusivamente voluntaria" de los trabajadores y mediante concurso de traslado, una asignación clara de funciones por secciones y que se respeten los actuales derechos retributivos.

"Ante el inmovilismo" del Ministerio, que no ha aceptado hasta ahora ninguna de sus reivindicaciones, las centrales sindicales han decidido apostar por la movilización.

Los sindicatos argumentan que Justicia hace una interpretación forzada de la regulación de la Nueva Oficina Judicial, adjudicando más trabajo y responsabilidad a los funcionarios, sin ninguna compensación.

Fuente: ABC.es

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Apoyo a la equiparación del partido judicial de Algeciras con los de Cádiz y Jerez

El diputado del Partido Popular en el Congreso José Ignacio Landaluce indicó que la formación a la que pertenece apoyará la reivindicación del decanato de Algeciras para que los magistrados, jueces, fiscales y secretarios del partido judicial algecireño (Algeciras, Los Barrios y Tarifa) sean equiparados con el nivel de los de Cádiz y Jerez.


Landaluce, que se reunió en el Palacio de Justicia con el juez decano Jesús Madroñal, subrayó que la demanda era justa por la singularidad que representa esta zona. "No es por la cantidad económica, que es mínima (281 euros más anuales), sino por el prurito. Es una manera de reconocer la potencialidad, el esfuerzo, el trabajo y la singularidad que tiene el Campo de Gibraltar. También servirá para que los magistrados lleguen y se queden más tiempo".

Madroñal ya mantuvo la pasada semana un encuentro con los representantes parlamentarios del PSOE, Salvador de la Encina y José Carracao, a quienes trasladó la necesidad de que se modifique la Ley 15/2003 para que se incluya a los funcionarios de justicia de Algeciras en el Grupo III.

En la proposición no de ley presentada por el PP, afirma la formación que el volumen de trabajo que los funcionarios sacan adelante en el partido judicial de Algeciras -que incluye los términos municipales de esta localidad, Los Barrios y Tarifa- es muy superior al de otros partidos con la misma población. Éste se debe, según el diputado nacional del PP, a la «particular» ubicación geográfica de la comarca, frontera entre dos continentes. Así, comentó Landaluce que por el Estrecho de Gibraltar pasaron en 2009 cerca de 5 millones de personas de una orilla a la otra y, en lo que afecta a la Administración de Justicia, en el partido judicial de Algeciras se contabilizaron más de 3.000 detenciones y se produjeron aprehensiones de droga que superaron los 60.000 kilogramos, principalmente hachís.

En opinión de los populares, estas circunstancias hacen que la carga de trabajo de magistrados, jueces, secretarios y fiscales sea enorme y no se corresponda con la actual categoría que poseen estos profesionales de la justicia. Un ejemplo de ello son los partidos judiciales de Cádiz o Jerez, donde el número de habitantes es mayor que en Algeciras pero inferior el volumen de trabajo.

Ampliación de juzgados

El portavoz de la comisión de Infraestructuras en el Congreso, Salvador de la Encina, reconoció la pasada semana tras el encuentro con Madroñal que la propuesta era razonable además de justa. «Algeciras no puede estar fuera de esa equiparación que se pide. Es merecedora por su singularidad», dijo el diputado socialista.

Además, destacó la necesidad de crear un segundo Juzgado de lo Social y que recabará información para estudiar durante 2010 la manera en la que se puede activar un Juzgado de lo Mercantil. «Queremos en esta legislatura cerrar ambos órganos judiciales para seguir mejorando la planta judicial», apuntó De la Encina.

Fuente: diariosur.es , europasur.es

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Palomo: "La crisis ha traído un importante volumen de asuntos"

Tiene 55 años y lleva más de once como presidente de la Audiencia Provincial de Segovia. Andrés Palomo, natural de Salamanca, cree imposible que la Ciudad de la Justicia sea una realidad antes de que en el 2013 expire su tercer mandato. Vaticina la inmediata necesidad de un sexto juzgado de instrucción en la ciudad y dice que por el volumen de casos estaría justificado un juzgado de familia de ámbito provincial.

-Es de suponer que tiene muy claras las necesidades de la Justicia en Segovia.

-Claro, lo que ocurre es que evolucionan al compás de las necesidades sociales y del nivel de litigiosidad. Con la crisis, la litigiosidad civil y los concursos de acreedores han determinado que el Juzgado de lo Mercantil se haya visto muy cargado competencialmente. Y luego, por diferentes causas de razones de reformas legislativas y de mayor incriminación de conductas, como la violencia de género contra la mujer y la seguridad vial, por ejemplo, en la actualidad si que necesitamos ayuda en el Juzgado de lo Penal.

-¿Qué haría falta para que fuese más rápida y eficaz?

-Los tiempos, salvo casos puntuales, eran tolerables y en algún supuesto muy aceptables, pero en niveles de eficacia sí que podíamos mejorar. En primer lugar el modelo de oficina que quiere implantar ahora el Ministerio de Justicia es inédito y hay que concederle un cierto nivel de esperanza. Supone una renovación absoluta, porque introduce criterios de gestión empresarial. Se intenta descargar a jueces y tribunales de tareas que no son exclusivamente las propias de dictar sentencia. Los juzgados contarán con una unidad de apoyo procesal y todo lo demás, la tramitación, la ejecución y las notificaciones, irán a una oficina común.

-Y, además se crea la figura de los jueces de adscripción temporal.

-Es una figura que se crea ex novo y creo, porque no están adjudicados, que van a ser dos para Castilla y León. Su eficacia probablemente será limitada, pero si que en algún supuesto vendrá a cubrir una carencia y permitirá aminorar la llamada a sustitutos externos.

-¿Se ha superado el atasco que generaron las huelgas del 2009?

-Creo que eso se solucionó enseguida porque en Segovia partíamos de una situación no mala y consecuentemente la situación generada por la huelga fue absorbida en un rápido lapso de tiempo. Otra cosa es que coincidiera con la crisis y la carga competencial que entró de nuevo se incrementara notablemente. Y eso sí que se nota en la demora de los juzgados en señalar las vistas.

-¿Son los segovianos muy prestos a acudir a la Justicia con asuntos que no debieran?

-El derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho constitucional y en ese sentido procuramos resolver todo lo que se somete a nuestra consideración. Es verdad que no es raro que, no una, sino dos instancias deban intervenir para decidir si una pensión alimenticia debe ser de 10o euros o de 150. Sería deseable que se resolviera por otro cauce, pero si hay un conflicto la función principal nuestra es resolverlo.

-¿Cómo va el proyecto para construir la Ciudad de la Justicia en Nueva Segovia?

-Pues en teoría va bien. No hay ningún impedimento, pero se está demorando el trámite de publicación del concurso de ideas del proyecto. No acaba de salir en el BOE.

-O sea, que va para largo.

-No. En fin, no es inmediato y puede que se tuerza, pero si no se tuerce los plazos se deberían ir cumpliendo, porque la edificación es fácil ya que la parcela está expedita.

-¿No se verá afectada por recortes presupuestarios?

-Puede ser, pero sucede que, además de las cantidades que vienen en el Presupuesto General del Estado, para Justicia, por acuerdo del Parlamento, hay una adjudicación extra al margen de ello durante los tres próximos años.

-¿Será una realidad antes de que expire su actual mandato?

-Yo acabo en el 2013 y estamos en el 2010. Es casi inviable.

-¿Falta voluntad para que los competencias de Justicia pasen a la Junta de Castilla y León?

-La voluntad evidentemente falta, no se sabe si por parte del Ministerio o de la Junta, por que si la hubiera ya se habría conseguido. Luego parece que alguien no está muy dispuesto. Considero que sería deseable la transferencia porque tendríamos un interlocutor más cercano al que manifestar nuestras necesidades. Pero dicho esto, también es cierto que una transferencia competencial sin la adjudicación de fondos necesarios lo único que haría sería agudizar el problema en vez de solventarlo.

-¿Están bien defendidos los segovianos por sus abogados?

-Si, desde luego que sí. De eso no hay ninguna duda. Además, el Colegio de Abogados siempre ha hecho esfuerzos para atender no sólo a aquellos clientes de pago, sino a todos los que disfrutan del beneficio de la justicia gratuita , haciendo un ingente esfuerzo para que estén bien respaldados.

-¿Cree viable la petición de los padres separados de crear un juzgado de familia?

-El Consejo General del Poder Judicial quiere que los juzgados sean especializados y que en todas las provincias haya juzgados de familia. Si tuviese un nivel provincial, los números en Segovia sí darían para un juzgado de familia, que al resto de juzgados les liberaría de estas tareas, porque la verdad es que con el nivel de asuntos que tenemos es muy probable que a corto plazo se haga necesario un sexto juzgado de instrucción en Segovia.

-Pero si casi acabamos de estrenar el quinto.

-Ya pero ya tienen más carga competencial cada uno de ellos que en el momento de crear el quinto. Por eso decía que el nivel de asuntos se ha incrementado notablemente.

-¿Está politizada la Justicia?

-Los órganos judiciales no, pero el gobierno de los órganos judiciales, que es el Consejo general del Poder Judicial, sí por su propia definición ya que es un órgano administrativo-político que no pone sentencias y esa es la confusión que se origina.

-¿Le molestan las críticas ciudadanas hacia la Justicia?

-Molestarme no, pero agradable no es. Es un problema que entiendo grave de educación, de formación y de consideración unitaria de la Justicia por la que se produce una identificación del juez con toda la administración de Justicia y cualquier cosa que acontezca se reprocha al juez.

-¿Que valoración hace de los jurados populares?

-La experiencia es que asumen su papel con absoluta responsabilidad, pero también que es una carga muy pesada para ellos. Ha habido juicios con componente emocionales o de especial trascendencia que han dejado a los jurados psicológicamente muy afectados.

Fuente: nortecastilla.es

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Venezuela: Prohíben usar faldas cortas y escotes en tribunales

El calor no puede ser excusa. Tampoco el gusto de las venezolanas porque las miren y las piropeen. Los jueces, celadores y visitantes de los Tribunales en Venezuela deberán vestirse acorde con la “majestad” del Poder Judicial. El uso de escotes, licras y faldas cortas está prohibido en los circuitos penales por afectar a su "dignidad".


Esta medida, vigente desde el martes, fue propuesta por la presidenta del Circuito Judicial Penal de Caracas, la magistrada Veneci Blanco, en una circular que exhorta a todos los funcionarios cumplir con “el decoro” de esta institución, y vestirse de manera más recatada.

El comunicado también insta a los secretarios y alguaciles a usar de forma “apropiada el uniforme", y prohíbe "combinarlo con camisas o pantalones distintos a los que hayan sido dotados”.

La presidenta del Circuito Judicial Penal de Caracas solicitó a los jueces estar atentos para cumplir estas instrucciones; "su inobservancia acarreará responsabilidades", dice la misiva.

El uso de escotes generosos, que más que sugerir; muestran, es algo común en Venezuela, donde el buen clima y los coquetos gustos de sus mujeres hacen del quirófano y el bisturí una cita casi obligada.

La circular generó reacciones encontradas entre los jueces. "Habrá que venir en ropa interior, porque este edificio no tiene nada de majestuoso (la construcción del Palacio permanece inconclusa desde hace más de 15 años)", dijo con burla un magistrado. Otro, en cambio, mostró su disgusto, señalando: "Ninguna norma faculta a la presidenta del Circuito a adoptar semejante resolución. Está usurpando funciones".

Fuente: elmundo.es

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Sevilla: La falta de taxis dispara las notificaciones pendientes

Seis meses después de que la Consejería de Justicia y Administración Pública decidiera limitar drásticamente el uso de taxis para las actuaciones judiciales y sustituirlos por el transporte público, el retraso evidente en el servicio común de notificaciones y embargos ya puede cuantificarse. En la actualidad hay más de 4.000 diligencias pendientes de practicar.


Antes de que la Junta emprendiera los recortes de taxis -que pasaron de 20 coches a cinco, aunque poco tiempo después volvieron a aumentarse a diez-, el servicio común de notificaciones y embargos estaba considerado como la perla del decanato de los juzgados por su buen funcionamiento, una cuestión que se evidenciaba en que las notificaciones se realizaban a diario y no había ningún retraso en las mismas. Ahora, en sus armarios se acumulan miles de expedientes por notificar, una situación insólita para los funcionarios destinados en este órgano. El atraso en el servicio común de notificaciones afecta principalmente a los denominados actos de comunicación, como los emplazamientos y citaciones personales que en ocasiones obligan a volver a los domicilios de los ciudadanos en varias ocasiones porque no se encuentran.

El juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, explicó que las 4.000 diligencias pendientes de practicar "revelan que la restricción en el uso de los taxis ha provocado una disfunción en un servicio que hasta esa fecha funcionaba con normalidad". El decano explicó que aunque no puede decirse que el servicio común esté colapsado, la situación por la que atraviesa si puede calificarse de "grave retraso" y advirtió que la paralización de esta unidad provoca nuevos retrasos en los órganos judiciales.

Federico Jiménez señaló que los ciudadanos ya están percibiendo el retraso puesto que, según dijo, ya hay casos en los que no se ha podido llevar a cabo la citación de alguna persona para acudir a un juicio o a una comparecencia. El magistrado considera que la Consejería de Justicia debería adoptar "medidas de refuerzo personales y materiales" para devolver a la normalidad el funcionamiento de un servicio común de notificaciones que da cobertura a los más de 90 órganos que hay en el partido judicial de Sevilla.

Fuente: diariodesevilla.es

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sábado, febrero 27, 2010

"Siempre pagamos los mismos"

A los funcionarios no les va el donde dije digo, digo Diego. El mensaje de tranquilidad enviado por los tres vicepresidentes del Gobierno garantizándoles el cumplimiento del acuerdo para la función pública -que prevé una subida salarial del 0,3 por ciento este año y una cláusula de revisión hasta 2012- no sirvió para apaciguar los ánimos del colectivo después de que el pasado miércoles el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, anunciase que está sobre la mesa la revisión salarial de los funcionarios.


Mar Alonso, funcionaria de la administración de justicia en Asturias, cree que las declaraciones del secretario de Estado fueron una especie de globo sonda. «Yo lo veo crudo, muy serio no me parece. Se lanza un globo sonda. Primero venden algo bueno, luego te ponen en lo peor, al final rectifican con algo intermedio y al final acaban quedando bien. Dicen y desdicen sin rigor», cuenta la trabajadora.

Francisco Pérez, también funcionario de justicia desde hace 25 años, asegura que ya ha vivido otros anuncios de congelación de sueldo. «Congelaciones salariales me tocaron unas cuantas, con el PSOE y con el PP. Eso sí, las subidas siempre van por debajo», explica Pérez. Otro funcionario de justicia, Francisco Ardit, propone que a la hora de congelar sueldos «empiecen primero por los de los jefes». Ardit opina que «dinero hay, pero se tira» y que al final «acabamos pagando siempre los mismo». Como ejemplo cita la distribución de agendas en asturiano en la época de Francisco Javier García Valledor como consejero de Justicia. «Para ese tipo de cosas siempre hay dinero», dice.

Gloria Losada es funcionaria del Registro Civil y opina que «de los funcionarios no se acuerda nadie cuando las cosas van bien». También defiende que «las cosas públicas no se hacen solas. Las partidas de nacimiento, los matrimonios no existirían sin nosotros, y no paramos», defiende esta mujer que trabaja desde hace catorce años como funcionaria. Recuerda que sólo dos años después de aprobar la oposición a su puesto de trabajo ya le aplicaron una congelación salarial. «Espero que esta vez no sea así», sostiene.

«Ya no sabe uno a qué atenerse. La desconfianza es absoluta. Los funcionarios siempre acabamos pagándolas todas. Ahora, cabezas de turco de la crisis», explica María del Mar García, funcionaria de la administración local en Oviedo, empleada pública desde hace una década. Ricardo Menéndez, docente en un colegio de Gijón, dice que no sabe a quién creer. «Se supone que un vicepresidente está por encima de un secretario de Estado, pero esto es un cachondeo. Para coches oficiales, viajes de negocios y otras cosas prioritarias -ironiza- sí que hay dinero. Acabamos pagando el pato los que más sufrimos la crisis, que somos los trabajadores, la gente de a pie», explica el funcionario.

Fuente: lne.es

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Navarra: La magistrada Esther Erice será la primera mujer que presida la Audiencia Provincial

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) eligió a la magistrada Esther Erice Martínez, pamplonesa de 51 años, como nueva presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra para los próximos cinco años. El puesto había quedado vacante tras finalizar el mandato de Fermín Zubiri Oteiza. Erice obtuvo los votos de 19 vocales del CGPJ frente a 1 que consiguió el otro candidato, el magistrado José Francisco Cobo Sáenz, presidente de la Sección Segunda de la Audiencia.


Esther Erice, casada y con dos hijos, es licencia en Derecho por la Universidad de Navarra e ingresó en la carrera judicial en 1986. Tras haber pasado por varios juzgados (Primera Instancia e Instrucción de Azpeitia, Primera Instancia e Instrucción de Tafalla, juez de Instrucción de Pamplona), es desde 1989 magistrada de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra. En la actualidad también ejerce como profesora asociada de la Universidad Pública de Navarra, en el área de Derecho Penal (Criminología y Derecho Penitenciario) y como tutora de prácticas de alumnado perteneciente al programa Erasmus Humboldt-Universit"a"t zu Berlin-UPNA.

Ha colaborado como docente en el Plan Nacional de Formación para Jueces y Magistrados, el Plan de Formación de Funcionarios Públicos de Justicia y en el Curso Internacional de Jueces y Magistrados y Operadores Jurídicos, entre otros. Además, coordinó el Foro Centroamericano para la Independencia del Poder Judicial y Eficacia de la Administración de Justicia en Centroamérica y tiene publicados varios trabajos sobre la atención integral a víctimas de agresiones sexuales, la iniciativa del tribunal en la prueba pericial, credibilidad y denuncias falsas, y prevaricaciones urbanísticas.

La implantación del nuevo concepto de oficina judicial y la agilización del trámite de expedientes son los principales retos de Erice, que ha comentado que éste es "un momento en sí mismo lleno de novedades" para el sistema judicial.

En concreto, ha apuntado, está en marcha un plan de modernización con una nueva oficina judicial y, por otra parte, se incrementa la planta de la Audiencia de Navarra con tres magistrados más, por lo que "articular tanto los medios de gestión como el trabajo de los compañeros" sería el primero de sus objetivos.

Respecto al trámite de expedientes, ha asegurado que, si se lleva a cabo la reforma adecuadamente, "cambiará mucho y mejorará bastante".

Otra de las cuestiones pendientes es la ampliación que se está llevando a cabo del edificio del Palacio de Justicia y en este sentido ha afirmado que no termina de "hacerse a la idea de cómo van a quedar las oficinas", porque "van a cambiar sustancialmente", aunque ha aventurado que dentro de unos años, "no muchos", la Audiencia "se quede pequeña otra vez".

Al ser preguntada por el posible deterioro de la imagen de la justicia a causa de su lentitud y fallos judiciales polémicos, Erice ha señalado que le preocupa sobre todo la primera, porque los segundos "en principio no son demasiado significativos teniendo en cuenta que hay millones de resoluciones", aunque "desde luego que se deben evitar y hay que buscar siempre un punto de equilibrio y de sensatez" en las sentencias.

En cambio, ha agregado, la lentitud, el retraso en la respuesta judicial, "es más habitual por una falta de agilidad, de medios, déficit de gestión" y en ese aspecto sí hay "un gran problema al que hay que responder".

Por una parte, ha dicho Erice, es necesario adecuar el número de jueces a la litigiosidad existente porque "sigue siendo insuficiente", mientras que el número de funcionarios "es importante", pero sobre todo lo es su cualificación.

"También hemos de hacer una reflexión social sobre qué materias deben ser sometidas a un órgano jurisdiccional y cuáles pueden ser resueltas de otra manera", ha subrayado.

Erice ha asegurado que, en la resolución de estos problemas, deben colaborar el Gobierno de Navarra, el Ministerio de Justicia y los profesionales del sector "los primeros", porque "uno de los problemas que pueden generarse en una institución que está gestionada por distintas entidades es que cada uno se escude en las grandes responsabilidades que tiene el otro. Todos tenemos que coordinarnos y trabajar juntos".

Al respecto, ha abogado también por una mayor coordinación entre órganos judiciales de diferentes territorios, porque, si bien se han hecho esfuerzos sobre todo en medios informáticos, todavía queda "un poquito" de trabajo por desarrollar, "porque también cada vez la ambición es mayor".

"Ahora el deseo es no sólo coordinarnos con otras comunidades sino con otros países", ha concluido.

Fuente: diariodenavarra.es

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Ibiza: Justicia dice que no necesita licencia de actividad en el Cetis pero la pedirá

El Ayuntamiento de Ibiza recibió esta semana una carta del Ministerio de Justicia en la que éste se considera exento de solicitar la licencia de actividad para las dependencias judiciales que se trasladaron a finales del año pasado al nuevo edificio de la estación de autobuses de Vila. De todos modos, el organismo iniciará los trámites para obtener la autorización municipal. El concejal de Urbanismo, Vicent Torres, leyó dicha carta a instancias de la oposición, que le interpeló sobre el hecho de que varios juzgados se hayan trasladado a la torre 7 del edificio del Cetis a pesar de que éste carece de final de obra.


La portavoz de la oposición, Virtudes Marí, recordó que el Ministerio informó en septiembre pasado al Consistorio de su intención de trasladar varios juzgados al nuevo edificio, entendiendo que no necesitaban autorización. Entonces el Ayuntamiento respondió, a una pregunta del PP, que sí la requerían. «Pero no nos consta que hicieran nada para que pidieran la licencia o justificasen su exoneración», según comentó Marí.

Torres aseguró que sí instaron al Ministerio a regularizar la actividad de las dependencias judiciales. En su respuesta, Justicia estima que el inmueble reúne las condiciones técnicas y de seguridad que requieren los juzgados y, a continuación explica que «se viene considerando que no requieren licencia de apertura». Este tipo de autorizaciones se reservan, según la interpretación del departamento ministerial, «para la apertura de entidades mercantiles o industriales» y cita varios fundamentos jurídicos que justifican esta exención, explicó Torres.

Sin embargo, en aras a «mantener la política de colaboración y entendimiento» entre el Ayuntamiento y el Ministerio, éste informa que iniciará «los trámites oportunos» para obtener la autorización de actividad. Preguntado al final del pleno sobre el hecho de que estos juzgados operen en un edificio aún en obras, Torres contestó: «Si justifican que no la necesitan no se la podemos pedir. Nos interesaría que la pidieran porque esto implica cobrar un dinero más para el Ayuntamiento».

El concejal explicó que los servicios jurídicos municipales analizarán el escrito ministerial: «Nos tendremos que callar si se considera que tiene razón. No podemos enviar a nadie a desalojar a un juez de su despacho, sería surrealista», añadió.

«Que no pase nada en el edificio», advirtió Virtudes Marí, ya que las posibles responsabilidades podrían recaer en el Ayuntamiento por permitir que se ocupe un edificio que no tiene concedido el final de obra y no se ha comprobado la seguridad de elementos como los ascensores o los extintores.

La portavoz de la oposición también se hizo eco de las críticas vertidas por la patronal Apebús en torno a la estación terminal de autobuses de Vila, que se ubicará bajo el Cetis. «Denuncian deficiencias muy serias», comentó Marí.

El concejal de Medio Ambiente, Joan Rubio, añadió que dicho informe apunta incluso a «posibles ilegalidades» en la licencia del edificio, pero recordó que el proyecto ha superado todos los trámites y «cumple la normativa». Rubio aprecia alguna intencionalidad política en parte de la patronal por estas críticas e insistió en que «se tendrán que adaptar al nuevo edificio, aunque haya cosas que no les gusten». El edil recogió la opinión del presidente de Apebús, Alfonso Ribas, que reconoció «que su informe está algo tergiversado», y aseguró que el Ayuntamiento está preparando su respuesta al mismo tras el requerimiento recibido del Consell.

Fuente: diariodeibiza.es

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Garzón sigue pidiendo firmas



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El CGPJ archiva la queja del abogado que tuvo que pagar una traducción al castellano

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha archivado la queja que el abogado José Luis Mazón presentó contra una providencia de un Juzgado de Vic (Barcelona) que consideró que el letrado debía afrontar los gastos de la traducción al castellano de varios documentos judiciales redactados en catalán.


La Comisión Disciplinaria del CGPJ acordó el pasado 8 de febrero archivar la queja de Mazón al entender que el asunto relativo al pago de las traducciones al castellano de los documentos constituye una "cuestión jurisdiccional" ajena a la competencia del Consejo General del Poder Judicial.

El informe del Servicio de Inspección aprobado por la Comisión Disciplinaria asegura que si bien el CGPJ tiene por misión contribuir a salvaguardar la independencia de los jueces y magistrados, "no está autorizado para corregir la aplicación que aquellos hagan del ordenamiento jurídico, en el marco del proceso y en el ejercicio de las potestades jurisdiccionales".

Con este argumento rechaza la queja del abogado contra la providencia dictada el pasado mes de octubre por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Vic (Barcelona), que acordó que la traducción de un auto y otra documentación debía ser costeada por el letrado.

El abogado José Luis Mazón, personado en un asunto encomendado por un vecino de Vic, alegaba que al exigirle el pago de las traducciones el juez vulneraba la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que se procederá de oficio a la traducción si se alega indefensión por desconocer el idioma.

Tras el archivo de la queja, Mazón ha anunciado que recurrirá la decisión del CGPJ ante el Tribunal Supremo y ha recordado que ya ha ha presentado también un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la "denegación de las traducciones" por parte del juez.

El abogado considera que el Consejo General del Poder Judicial "no ha protegido la independencia del juez sino su independentismo incluso de la propia ley, cuyo menoscabo notorio el CGPJ ampara".

"Ese modo de gestionar el poder público conduce al desastre", concluye Mazón.

Fuente: La Ley

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Jerez: Los jueces alertan de un aumento del 30% de casos penales

A pesar del baile de cifras de los sindicatos policiales en cuanto al nivel de delincuencia en Jerez, un dato sí es irrefutable: el volumen de casos de Derecho Penal se ha incrementado en un 30% en los últimos dos años, lo que hace suponer que, o bien se ha disparado la criminalidad, o se está actuando con una mayor contundencia.


Así lo puso de relieve el presidente de la Audiencia Provincial, Lorenzo del Río, durante la visita de los vocales andaluces del Consejo General del Poder Judicial a los juzgados de la ciudad. Del Río precisó que este incremento no se debe a la crisis, como se pueda imaginar en un principio, sino que está más relacionado con la proliferación de casos de narcotráfico e inmigración ilegal, sobre todo en lo relativo al mundo de la droga.

Un repunte que se ha producido no sólo en el volumen sino también en la complejidad de los procedimientos, con unos juicios que suelen durar hasta quince días debido a lo dificultoso de las pruebas expuestas. Aunque este aumento de trabajo es evidente, los vocales del CGPJ resaltaron durante su visita que a grandes rasgos el sistema judicial jerezano goza de buena salud, salvo algunas carencias puntuales.

«A pesar de los grandes problemas que hay en todo el territorio nacional -apuntó uno de los representantes del Consejo, Pío Aguirre-, la Justicia en Jerez va relativamente bien. Es verdad que podía ir mejor, tal vez creando algún juzgado más, pero hay una gran coordinación entre abogados, jueces, procuradores y secretarios y todos están de acuerdo en que los juzgados van bastante bien».

Tras este moderado optimismo, que contrasta con las viejas reivindicaciones de los profesionales, los vocales fijaron como las necesidades más acuciantes la de crear un nuevo órgano de lo Contencioso-Administrativo, así como la de mejorar las instalaciones de los juzgados de Tomás García-Figueras, que ha sido la demanda que más han escuchado entre la plantilla.

Descontento con el edificio

«No es de nuestra competencia -aclararon-, pero nadie está contento allí, por lo que lo visitaremos e instaremos a la comunidad autónoma a que arregle este problema». En cuanto a la carga de trabajo, continuamente denunciada por los sindicatos, reconocieron la existencia de algún juzgado saturado, «como en el 90% de las ciudades», y agradecieron a los jueces que se estén volcando y contribuyan con su esfuerzo al mantenimiento del sistema.

«Antes las sentencias se dictaban en tres meses y ahora en cinco. Es verdad que se nota la saturación, pero siguen saliendo en un plazo razonable y tenemos que agradecérselo a los jueces... Muchas carencias son coyunturales fruto de la crisis, que se acabará algún día».

Fuente: lavozdigital.es

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País Vasco: La Fiscalía advierte que la publicidad sobre la violencia de género puede generar "un efecto expansivo"

La Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma Vasca, María Ángeles Montes, advirtió en el Parlamento autonómico de la posibilidad de que la publicidad sobre los casos de violencia contra la mujer a través de los medios de comunicación pueda generar "un efecto expansivo" sobre este tipo de delitos.


Montes compareció ante la Comisión de Interior y Justicia de la Cámara vasca para presentar la Memoria de 2008 de la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en la que se indica que las secciones de Violencia de género de los juzgados registraron 3.787 diligencias previas o procedimientos abreviados, de las que 2.140 corresponden a Vizcaya, 870 a Guipúzcoa y 777 a Álava.

En el apartado sobre 'Violencia de género y doméstica' del documento se incluye una reflexión muy parecida a la realizada por Montes ante el Parlamento acerca de los posibles efectos de la proliferación de noticias sobre este tipo de violencia.

En concreto, y en el primer párrafo de la página 74 de la memoria, se señala que "somos conscientes de que la solución (al problema de la violencia contra las mujeres) no es nada fácil, y desde luego, es muy posible que la publicidad que se da a tales hechos a través de los medios de comunicación social no ayude a paliar sus efectos ni mucho menos a erradicar el problema, pues es un hecho generalmente admitido el efecto expansivo que la publicidad de estas conductas puede acarrear".

En respuesta a una pregunta del PNV sobre el alcance de esta reflexión incluida en la memoria, Montes explicó que, "a veces, en nuestros círculos, cursos y reuniones, sí que parece que queremos ver o deducir de los medios de comunicación que, a veces, se produce ese efecto expansivo, ese efecto dominó". "Puede ser", añadió.

La Fiscal Superior puso como ejemplo las agresiones contra indigentes. "No hace muchos años hubo algún acto de violencia sobre mendigos, y no sé por qué, quizá por esto, que se dio publicidad, se produjeron una serie de actos de esta naturaleza, de homicidios, de asesinatos de mendigos, en diferentes puntos de la geografía nacional". De todas formas, precisó que "es bueno que se dé publicidad" para que "la sociedad sepa lo que está pasando".

Montes, que afirmó que no es su intención realizar un análisis sociológico sobre este asunto, indicó que, "en violencia de género, a lo mejor también pasa lo mismo". "No soy socióloga. Yo detecto las cifras", manifestó.

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO

En el mismo apartado de la memoria, se recoge que la violencia de género es "una lacra social que, no sólo no disminuye a pesar de las medidas de todo tipo que se están tomando por parte de los poderes públicos, asociaciones privadas y sociedad, en general, sino que cada día aumenta de manera francamente alarmante".

Por otra parte, la responsable de la Fiscalía Superior del País Vasco anunció que espera que el sistema de 'expediente electrónico' pueda implantarse en los juzgados de lo Civil y lo Social de San Sebastián para el próximo mes de marzo.

Montes también destacó el incremento que se está produciendo en el número de delitos de pornografía infantil a través de las nuevas tecnologías, por lo que subrayó la importancia de la especialización de fiscales en esta y otras materias.

La falta de medios informáticos adecuados fue otra de las cuestiones que puso sobre la mesa en su intervención ante la Cámara. "El sistema informático que tenemos no se adecua suficientemente a los datos que nos piden desde la Fiscalía General", afirmó.

Fuente: La Ley

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viernes, febrero 26, 2010

El Gobierno... ¿recula? tras el globo sonda sobre el salario de los funcionarios

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, corrigió este jueves al secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, sólo 24 horas después de que éste admitiera que estaba sobre la mesa estudiar un recorte en el gasto de personal de la administración un 4 por ciento, y dijo que el acuerdo salarial pactado con los sindicatos de la función pública se va a respetar "absolutamente y al cien por cien", por lo que no habrá congelación de sueldos.


Según explicó en rueda de prensa, la reducción a la que se refiere el capítulo de gasto de personal no afectará a las retribuciones de los empleados públicos y se centrará en recortar la Oferta Pública de Empleo. Al respecto, puso como ejemplo que, si no se cubriera ninguna plaza de los empleados públicos que se jubilen, el recorte de gasto alcanzaría el 7%. Por ello, destacó que con esa medida ya se conseguiría el objetivo del 4% y sin tocar los sueldos.

A pesar de estas precisiones, el Ministerio de Economía y Hacienda remitió a los medios un comunicado, de dos párrafos, en el que insistía en que los funcionarios no verán congelados sus sueldos. Sobre esta aclaración y las que ha tenido que dar el Gobierno sobre las pensiones anteriormente, Salgado dijo que quiere que los fallos de comunicación se puedan reducir a la anécdota y subrayó que el Ejecutivo ya está trabajando "en ello".

Antes de que Salgado aclarara el asunto en rueda de prensa, el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, dijo en RNE que el Gobierno cumplirá sus acuerdos con los sindicatos, que fueron firmados en septiembre de 2009 y fijan una subida salarial del 0,3% para 2010. No obstante, precisó que "es posible" modificarlo, pero "siempre desde la perspectiva del acuerdo" con los mismos.

Sobre esta polémica, el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, manifestó que "son tiempos de ajustes colectivos" y que en este contexto "va a haber que exigir esfuerzos a todos". Entretanto, los sindicatos han criticado y rechazado el anuncio de Ocaña.

Fuente: elimparcial.es

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Valencia: La Ciudad de la Justicia recicla más de 108 toneladas de papel

La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, destacó que la Ciudad de la Justicia de Valencia recicló durante el pasado año 108.860 kilos de papel, que equivalen a 1.416 árboles de una edad mínima de 10 años, según informó la Generalitat.


De este modo, la consellera explicó que "el papel reciclado se ha reducido un 30 por ciento respecto a 2008 debido a la entrada en funcionamiento del sistema LexNET que permite la notificación electrónica a los procuradores, lo que se traduce en una disminución del número de impresiones que se realiza y, por tanto, del papel que se deshecha".

En este sentido, la titular de Justicia hizo hincapié en que la Generalitat "trabaja para impulsar el uso de la notificación electrónica entre los profesionales de la Justicia como un preámbulo de la extensión del expediente electrónico, lo que disminuiría considerablemente la acumulación de papel en los órganos judiciales".

La consellera señaló que "los proyectos de los nuevos edificios judiciales ya incluyen un área de reciclaje para facilitar el depósito y recogida del papel", y añadió que en todos los órganos judiciales "hay avisos y señales que invitan a los funcionarios al reciclaje".

Este tipo de medidas forman parte de la política de la Generalitat "encaminada a favorecer el desarrollo y cuidado del medio ambiente en las distintas áreas administrativas, pero con especial cuidado en conservar la confidencialidad de los documentos judiciales", apuntó Sánchez de León.

De este modo, los 100 juzgados que forman la Ciudad de la Justicia de Valencia, más la Audiencia Provincial y la Fiscalía, cuentan con un cubo de reciclaje en sus instalaciones que se recoge semanalmente y se lleva a la compactadora situada en el sótano del edificio.

El papel es destruido mediante proceso de molino triturador, con lo que se asegura la confidencialidad de la documentación retirada. Esta amalgama se lleva a la industria de reciclaje de papel, evitando que acabe en vertederos de basura. Sánchez de León subrayó que "ya no existen depósitos intermedios" entre la Ciudad de la Justicia y la industria de reciclaje, "lo que asegura la destrucción confidencial de la documentación retirada".

Fuente: diariocritivocv.com

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Mérida: Reclaman el traslado al nuevo Palacio de Justicia

Despacho del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Mérida, sección Civil. Multitud de carpetas, archivadores y documentos por el suelo, encima de sillas o repartidos por mesas auxiliares. Faltan estanterías para guardar tanto papel. También están abarrotadas de procedimientos. Los funcionarios que trabajan en este departamento también se quejan de que la impresora está rota. Dicen que han llamado ya varias veces para que la arreglen, pero lleva así desde hace cinco meses.


Estas condiciones de trabajo son algunos de los motivos por los que trabajadores de esta sección aseguran que tienen ya ganas de irse al nuevo Palacio de Justicia, que se construye en la actualidad. «El espacio que tenemos ahora es muy pequeño. Ya no nos caben la mayoría de los procedimientos. Necesitamos mejores condiciones para trabajar», aseguran.

Otra de las razones por las que desean que se haga cuanto antes el traslado es por la futura creación de la Oficina Judicial. Con ella esperan «estar un poco más liberadas de funciones». Además, el volumen de trabajo ha aumentado. Tanto que, si en el año 2008 acabaron con 860 demandas, en el 2009 éstas ascendieron a 1.500. «Y siendo el mismo personal. Porque no nos quieren dar una ampliación de jornada ni traer a más funcionarios».

Muchos de los despachos de este juzgado se encuentran vacíos de personal. Esto es porque, durante estos días, los funcionarios están recibiendo los cursos de formación para poner en marcha la Oficina Judicial. Al menos, la mitad de la plantilla está ausente de su puesto de trabajo. «Por eso, nos tenemos que ir turnando para poder desempeñar nuestro trabajo», explican.

Otro tanto ocurre en los despachos de Fiscalía. Están situados justo al lado de los anteriores, en la calle Almendralejo. Nada más subir las escaleras por la que se accede a ellos se entra en los pasillos. Se ven varias cajas amontonadas en rincones. También hay pasillos en los que se han instalado estanterías, sillas y mesas y que se han habilitado como despachos improvisados. Hay puertas que dan paso a salas que tienen el pomo roto y baldosas destrozadas. Varios funcionarios desempeñan su trabajo en pocos metros cuadrados y las estanterías están hasta el techo de papeles.

«En Fiscalía el trámite es sencillo pero hay mucho volumen de trabajo. Esto es una pena. Las instalaciones están mal y estamos mucha gente en poco espacio», señala otra trabajadora. Tan sólo en ese edificio, entre jueces, fiscales y funcionarios, trabajan unas 40 personas.

Los funcionarios que están en este departamento también creen que, en verano, podrían trasladarse al nuevo Palacio de Justicia. « Por una parte, sí que tenemos ganas, aunque también nos va a dar algo de pena dejar este sitio donde llevamos tanto tiempo trabajando. Pero creemos que las instalaciones serán mucho más adecuadas».

Fecha estimada

El próximo verano. Es la fecha que se estima para el traslado de todos los juzgados de Mérida a las dependencias del nuevo Palacio de Justicia. Se construye en el proyecto de Mérida III Milenio, frente a la barriada de San Lázaro. «Las obras van bien. En estos momentos se está en la fase de dar los últimos retoques. Se espera que esté terminado, definitivamente, con mobiliario y todo, en verano. Pero, como siempre, las fechas son estimativas», explican desde la Delegación del Gobierno.

Fuente: hoy.es

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jueves, febrero 25, 2010

Hacienda estudia una rebaja salarial a los funcionarios

Poco ha tardado el secretario de Estado de Hacienda en dejar en evidencia a Elena Salgado. La ministra negó la semana pasada que bajar el sueldo a los funcionarios fuera una opción para reducir el déficit, pero faltaba a la verdad. Carlos Ocaña afirma que el acuerdo para la Función Pública, firmado el pasado 25 de septiembre y que contempla un incremento salarial del 0,3% en 2010, se tendrá que revisar.


El secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, abrió este miércoles la puerta a la revisión del acuerdo salarial alcanzado con los funcionarios para garantizar la reducción en un 4% en 2013 del gasto del personal, que actualmente se estima en unos 120.000 millones, tal y como contempla el plan de austeridad.

"No es lo principal, pero sí está sobre la mesa el revisar esos pactos para hacerlos coherentes el objetivo marcado por el Gobierno", señaló Ocaña en una rueda de prensa sobre la Ejecución Presupuestaria del año 2009, donde aseguró que el instrumento principal será la reducción de la tasa de reposición.

Ocaña dijo que el acuerdo para la Función Pública, firmado el pasado 25 de septiembre y que contempla un incremento salarial del 0,3% en 2010, se tendrá que revisar en el marco adecuado, que es la negociación con los sindicatos.

El objetivo será asegurar que se cubre la reducción del 4% del coste que suponen los empleados públicos y que ha planteado el Gobierno en su plan de austeridad, puesto que lo acordado inicialmente con los sindicatos tiene ahora que adaptarse a lo planteado por el Gobierno para reducir el déficit.

Preguntado por las declaraciones del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, sobre la necesidad de llevar a cabo una reforma laboral, Ocaña coincidió en la importancia de acometer una reforma "ambiciosa" que cambie las expectativas del mercado.

"Necesitamos un reforma que acabe con la sensación de que estamos condenados a tener este número de parados durante mucho tiempo. Estoy absolutamente de acuerdo" (con Fernández Ordóñez), señaló, tras destacar que ésta es una de las prioridades del Gobierno, junto a la reducción del déficit y el restablecimiento del sistema financiero.

Fuente: gaceta.es

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Vitoria: Los desahucios se duplican en cuatro años

El vecino del piso de arriba, el que nunca utiliza el ascensor o el que saluda cada mañana con una amable sonrisa. Cualquiera de ellos puede encontrarse a punto de tener que abandonar su vivienda por diversos motivos económicos, como haber dejado de abonar la cuota de alquiler o encontrarse ahogado por las deudas. Los ocho juzgados de Primera Instancia de la capital alavesa dictaron hasta 313 desahucios por faltas de pago a lo largo del pasado año.


Y hasta 5 inquilinos más se enfrentaron a un desalojo por precario, es decir, porque residían en un inmueble ajeno sin que su dueño real les cobrara nada a cambio. «Para lo que es Vitoria, son muchos», admite Blanca de la Peña, abogada especializada en la materia que trabaja para la Asociación de Propietarios Urbanos de la provincia.

La fría estadística no habla de historias personales ni de los problemas particulares de cada residente, pero advierte de un incremento paulatino de este tipo de situaciones extremas. Así, el número de desahucios se ha duplicado en los últimos cuatro ejercicios -en 2005 fueron 136- e incluso se ha cuadruplicado si se toma como referencia una fecha anterior, 2001, cuando se registraron tan sólo 67 en toda la ciudad. Eso sí, aún queda cierto espacio para la esperanza pues «desde septiembre hasta febrero ha habido un pequeño bajón», asegura la letrada mientras observa un aumento de las personas que eligen el alquiler porque la compra de una casa les resulta inalcanzable.

Además, la actitud del propietario también ha cambiado. «Muchos evitan ya meterse en el juzgado, tener que pagar abogados... y deciden llegar a acuerdos con el inquilino. Prefieren llevar la negociación hasta el final y hasta perdonar parte de las deudas», constata desde su despacho, donde algunos de estos casos de desalojo han dado sus primeros pasos.

Recuperar el piso

Así, pese a los quebraderos de cabeza que sufren muchos arrendadores, lo que prima es recuperar el piso. La tarea no siempre es sencilla. «El primer mes intentan hablarlo con el inquilino, el segundo ya se asustan y el tercero reclaman», resume De la Peña, quien recuerda que no existen plazos legales ni oficiales para resolver las deudas. El último escalón toma ya forma de demanda ante los tribunales, donde tardan en torno a «un mes» en fijar la cita para la vista oral y otro más para llevar a cabo el alzamiento judicial o, lo que es lo mismo, el desalojo. En total, «una media de dos meses» para que, «si todo va bien», el propietario pueda volver a entrar al inmueble.

¿Qué ocurre entonces con los desahuciados? Las salidas de quienes habían firmado un contrato privado pueden ser múltiples, mientras que en el caso de los desalojados de un piso de protección oficial aparecen dos nuevas opciones. El Departamento vasco de Vivienda determinó el pasado año que aquellas personas obligadas a abandonar su VPO accedieran «con preferencia» al programa Bizigune, que paga una renta mensual a los dueños de viviendas vacías para que las saquen al mercado a través de una sociedad pública. Hace pocas semanas, además, alcanzó otro acuerdo con las entidades financieras para permitirles «recomprar la casa de los que no puedan pagarla y usar ese dinero para saldar el crédito», explican desde el Ejecutivo autónomo.

Fuente: elcorreo.com

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miércoles, febrero 24, 2010

Briviesca: De hospital del siglo XVI a juzgado

El Ministerio de Justicia ha enviado al Ayuntamiento el proyecto básico y de ejecución del nuevo edificio de Juzgados para solicitar la licencia de obras. El alcalde, José María Martínez, señala que se dará al expediente «la máxima agilidad». Las obras contenidas en el proyecto están presupuestadas en 1,6 millones de euros y saldrán a contratación dentro de este año, según la subdelegada Berta Tricio.


Con este nuevo trámite, se avanza un paso más en la creación del nuevo edificio de Juzgados sobre los tres solares ubicados en la esquina de las calles Pedro Ruiz y Santa Ana al Río. En noviembre de 2006, la entonces subdirectora de Obras y Patrimonio del Ministerio de Justicia dijo en su visita a la ciudad, con motivo de la presentación del anteproyecto, que «los nuevos juzgados estarían listos en dos años». Pero este plazo no llegó a cumplirse por diversos motivos, entre ellos la realización de un informe del Ministerio de Cultura sobre qué hacer con el escudo de armas existente en los restos de la fachada que aún queda en pie en los tres solares afectados.

Perfil cúbico

El nuevo edificio tendrá perfil claramente cúbico y su exterior destacará el valor institucional. Las fachadas se configurarán mediante lienzos de pieza caliza que se mimetizarán con las del entorno. Con una superficie de 1.000 metros cuadrados, el inmueble constará de sótano y de plantas baja, primera, segunda y tercera.

En su diseño destacará la sencillez con el fin de que el usuario pueda orientarse fácilmente en su interior. Todas las dependencias estarán situadas a lo largo de las dos fachadas, con lo que se conseguirá iluminarlas mediante luz natural procedente del exterior. En el proyecto se señala que «el elemento protagonista es el gran espacio público que acoge al visitante, que da acceso a las zonas públicas y que dota de unidad visual y espacial al interior». Este espacio atravesará las cuatro alturas del edificio y recibirá la iluminación cenitalmente, a través de unos lucernarios.

El escudo, en el interior

Finalmente, y tras el informe del Ministerio de Cultura, el escudo que actualmente existe en los restos de fachada de los solares sobre los que levantará la nueva edificación será colocado en el interior del nuevo inmueble. El elemento patrimonial (protegido por el Plan Especial del Casco Histórico) será integrado junto con restos de sillería dentro de un mural. Además, compartirá espacio con algún recurso expresivo en el que se deje constancia de que fue en Briviesca donde se definió por primera vez, a finales del siglo XIV, la figura legal del fiscal. El proyecto del nuevo edificio de Juzgados ha sido redactado por el arquitecto José Antonio Rodríguez Casas, que resultó adjudicatario en el procedimiento negociado sin publicidad abierto por el Ministerio de Justicia.

Desde el año 2004, los juzgados están ubicados en un edificio alquilado de la calle Justo Cantón Salazar. Anteriormente, se encontraban en un ala de la Casa Consistorial pero tuvieron que salir de allí porque las dependencias estaban muy deterioradas y porque la Casa Consistorial iba a ser reformada integralmente un tiempo después.

Cesión de solares

Los solares sobre los que se construirá el nuevo edificio son de propiedad municipal y han sido cedidos hace tiempo al Estado. Uno de ellos, era el Hospital de las Viejas (fundado en 1513) y aparece con protección estructural dentro del Plan Especial del Casco Histórico, actualmente en periodo de exposición pública. El Ayuntamiento lo compró en 1978 y veinte años después adquirió los otros dos terrenos para ampliar el patrimonio arquitectónico municipal.

El nuevo edificio contará, a propuesta de la subdelegada del Gobierno, Berta Tricio, con un cartel o leyenda que aludan al hecho histórico de que el Ministerio Fiscal se creó en Briviesca en el marco de las Cortes Generales de Castilla León, convocadas en el año 1387 por el rey Juan I.

Fuente: diariodeburgos.es

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La defensa de Garzón "intenta amedrentar" al Supremo y al CGPJ

En el momento de mayor debilidad de su carrera, Baltasar Garzón ha vuelto a demostrar su capacidad para revolucionar el ámbito judicial. La campaña en defensa del juez estrella se ha convertido en las últimas semanas en un asedio a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, al magistrado Luciano Varela y a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Así lo denunciaron diversas fuentes del CGPJ y de la judicatura, que lamentaron lo que consideran es un “intento de amedrentar” a los órganos judiciales.


De acuerdo con las fuentes consultadas, el último episodio de esta batalla para salvar a Garzón del banquillo fue la dimisión a medias de su abogado, José Manuel Gómez Benítez, que abandonó la comisión del CGPJ encargada de los nombramientos. No obstante, continúa como vocal del Consejo, donde podrá seguir defendiendo a su cliente habitual, disfrutando de coche oficial y de los 6.000 euros netos de salario. En su escrito de renuncia, Gómez Benítez aludió a la “devaluación de la función de la comisión calificadora impuesta por algunos vocales ajenos a la misma procedentes de las dos asociaciones más representadas en el Consejo”.

Una clara referencia a Margarita Robles, ex secretaria de Estado de Interior y miembro de Jueces para la Democracia; y al conservador Manuel Almenar, de la Asociación Profesional de la Magistratura. Y es que la batalla habitual por colocar en puestos de responsabilidad a candidatos afines a cada bloque ideológico ha acabado contaminándose con el caso Garzón. Según fuentes cercanas al CGPJ, Gómez Benítez ya había amenazado con dimitir hace meses, pero la más que probable inhabilitación de Garzón le ha podido hacer perder las formas. “Se ha ido corriendo a llorarle a El País en lugar de hablar con sus colegas del Consejo”, criticaron estas fuentes, que recordaron que este abogado fracasó en 2009 en su intento de aupar a Garzón a la presidencia de la Audiencia Nacional.

En efecto, Robles y Almenar son los pesos pesados del bloque progresista y conservador, ambos tienen una buena relación personal y forman parte de la Comisión Permanente que decidirá si se suspende al magistrado de la Audiencia Nacional, a punto de sentarse en el banquillo por prevaricación. El CGPJ inició en enero el proceso para inhabilitar temporalmente a Garzón ante los indicios de delito encontrados por el Supremo en la instrucción de los crímenes del franquismo y en el dinero que solicitó a Emilio Botín para dirigir unos cursos en Nueva York. “Desde entonces El País ha arremetido duramente contra este órgano. Nunca se había dado una apertura a cuatro columnas a un asunto interno de una comisión del Consejo”, denunciaron fuentes próximas al CGPJ.

Contra el Tribunal Supremo

El instructor de la querella contra Garzón, Luciano Varela, y el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Juan Saavedra, también han sido objetivo de la estrategia en defensa del juez estrella. Precisamente, el CGPJ archivó una denuncia de las asociaciones de memoria histórica contra Saavedra. Estos colectivos alegaron sin resultado que el magistrado debería haberse abstenido en la causa contra Garzón, ya que previamente habían reclamado su recusación.

Asimismo, Varela, de acuerdo con las fuentes consultadas, ha tenido que soportar una intensa campaña mediática en su contra por haber recomendado el enjuiciamiento del famoso juez de la Audiencia Nacional. “Se está tratando de amedrentar a aquellos que tienen que ver con la causa de Garzón, pero no lo van a lograr. Si la Sala de lo Penal decide que hay que juzgar a Garzón se tratará de una decisión compartida, difícilmente influenciable. Lo mismo sucederá en el Consejo, porque es un órgano colegiado”, señalaron fuentes del CGPJ.

Ruptura en el CGPJ

Por otra parte, el caso Garzón ha puesto en evidencia el desacuerdo que reina en el seno del CGPJ. “El consenso está completamente roto”, aseguraron fuentes del sector progresista, donde existe, a su vez, otro enfrentamiento: por un lado, los que respaldan a Robles y, por otro, sus críticos, que le acusan de buscar acuerdos con los conservadores para enchufar a sus amigos en los cargos importantes.

La división en Jueces para la Democracia se remonta años atrás, pero el liderazgo de Robles en el CGPJ ha reabierto las heridas. “Es cierto que es una mujer resolutiva, y que tiene un olfato político que no tienen otros juristas, pero también que es una de las vocales que más horas dedica. De esta forma, y con su buena relación con el sector conservador es como ha conseguido imponer su criterio en muchas ocasiones”, explicaron las fuentes consultadas. Pero lo cierto es que la pugna interna está teniendo consecuencias: los tribunales superiores de País Vasco, Comunidad Valenciana y Cataluña todavía no tienen nuevo presidente.

Fuente: elconfidencial.com

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martes, febrero 23, 2010

Albacete: Cuevas insta a iniciar las obras del nuevo Palacio de Justicia cuanto antes

El Partido Popular ha presentado ante la Comisión de Justicia del Senado una moción en la que insta al Gobierno a que “inicie cuanto antes las obras del nuevo Palacio de Justicia en Albacete, agilizando las mismas de forma que como mínimo se cumplan las previsiones presupuestarias tanto en el tiempo como en los fondos destinados a esta infraestructura”, según publica el Boletín Oficial de las Cortes Generales de fecha 19 de febrero. La moción ha sido elaborada por el senador por Albacete Dimas Cuevas, y será defendida por el mismo en una próxima convocatoria de la Comisión correspondiente.


Cuevas ya había denunciado en rueda de prensa las discrepancias existentes entre las previsiones presupuestarias y la información facilitada por el Ministerio de Justicia. Así, mientras los Presupuestos Generales (PGE) prevén invertir 33,4 millones y concluir las obras en 2013, el Ministerio contempla una inversión de 31 millones de euros y retrasa la entrega del edificio al menos hasta 2014.

La moción pretende que el Gobierno cumpla, al menos, la inversión y el plazo que señalan los PGE, y señala en su argumentación que “las obras de construcción de un nuevo Palacio de Justicia en Albacete, sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, acumulan un retraso de varios años que empieza a convertirse en un serio problema para la calidad de la aplicación de la Justicia.

Hace ya tres años que la Diputación Provincial cedió un terreno de 30.000 metros cuadrados para ubicar un nuevo Palacio de Justicia, y van a cumplirse dos años desde que el Ministerio aceptó e hizo firme dicha cesión. En este tiempo, ni siquiera se ha concluido el proyecto para la construcción del edificio.

La situación es doblemente grave dado que el actual Palacio de Justicia presenta severos problemas de espacio, y de hecho los servicios de la Administración de Justicia en la ciudad de Albacete están dispersos en al menos seis sedes”. Esta iniciativa parlamentaria recuerda que la escasa inversión presupuestaria contemplada para 2009 no se llevó a cabo; para 2010, los socialistas rechazaron una enmienda del PP para incrementar los fondos destinados a esta obra.

El senador Dimas Cuevas considera que la Comisión de Justicia, en la que están representados todos los grupos políticos, debe apoyar esta moción en un asunto de gran trascendencia para Albacete y Castilla-La Mancha, y recuerda que tiene solicitada una comparecencia del ministro ante la misma Comisión; el Gobierno, concluye Cuevas, debe incrementar sus actuaciones para paliar las graves carencias de la Administración de Justicia en nuestra región, con un número de jueces muy inferior a la media nacional y un histórico déficit de infraestructuras.

Fuente: lacerca.com

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Andalucía implanta el sistema de alerta judicial para las víctimas de malos tratos

Siguiendo las directrices marcadas por el Consejo general del Poder Judicial (CGPJ), la Consejería de Justicia de Andalucía acaba de poner en marcha un sistema de alerta que obliga a comunicarles cualquier tipo de cambio en la situación procesal del maltratador. Esto supone que 408 órganos judiciales ya están listos para dar aviso ante cualquier incidencia que pueda repercutir en su seguridad.


Entre las resoluciones que deberán ser trasladadas están los autos que decreten la prisión o la libertad, permisos penitenciarios, la finalización de las órdenes de alejamiento, comunicación o de residencia en determinados municipios, provincias o comunidades, los señalamientos para los juicios o sentencias. Las alertas se han incorporado al sistema de gestión procesal que tiene la Consejería, de manera que éste mostrará, ante cualquier resolución judicial en procedimientos de violencia machista, unos avisos al personal funcionario sobre la obligación legal de proceder a su notificación a la víctima.

Los órganos que cuentan con el sistema son 298 juzgados de Instrucción y Primera Instancia, 18 juzgados de Violencia sobre la Mujer, 63 juzgados de lo Penal y 29 secciones Penales de las Audiencias Provinciales.

Con este dispositivo, Andalucía se convierte así en la tercera comunidad del país que lo implanta. Ya en septiembre lo hicieron Cataluña y País Vasco, y otras comunidades con competencias en materia de Justicia lo están ensayando para su puesta en marcha inminente, como es el caso de Canarias, Galicia, Asturias y Aragón, mientras Valencia y Madrid dicen tener la aplicación informática lista, pero aún no han precisado cuándo la activarán (las seis comunidades restantes continúan dependiendo del Ministerio de Justicia). A pesar de estar entre las comunidades que encabezan esta iniciativa, lo cierto es que todas lo hacen con retraso. En diciembre de 2008, el CGPJ ya advirtió de la necesidad de poner en marcha este tipo de mecanismos y "sin dilación" al Gobierno central y a las comunidades y, desde entonces, ha ido mandando constantes recordatorios para que lo cumplieran. El último, en abril de 2009, cuando en la Comisión de Modernización e Informática del CGPJ se acordó que el sistema estuviera implantado en septiembre de ese año, algo que sólo cumplieron las administraciones catalana y vasca.

Fuente: diariodesevilla.es

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Descalzo: "Hay que rescatar a la Justicia del poder político"

Ana Descalzo Pino, nueva decana de jueces de Zamora, está en la plataforma para la independencia de la justicia, convencida de que los partidos políticos han copado los órganos de gobierno del poder judicial. Es una de las firmantes del manifiesto que muchos jueces han suscrito en ese sentido, que se remitirá al Parlamento para que revise el sistema de elección de los órganos de gobierno del poder judicial. Ya circula entre la magistratura y se hará llegar a los profesionales del sector.


La decana nació en Zamora, aunque se crió en Nava del Rey. Estudió en Valladolid la carrera de Derecho entre 1983 y 1988, y aprobó la oposición a juez en 1990. Casada y con dos hijos, regresó hace 13 años a Zamora para ser titular del Juzgado número 2. Actualmente es titular del Contencioso Administrativo.

-Es la primera decana de jueces de Zamora elegida por votación de sus compañeros y no por antigüedad, como venía siendo, ¿qué le movió a presentar su candidatura?

-Los motivos son muchos y diferentes. Esto supone un plus de trabajo y de esfuerzo porque se acumulan no sólo los asuntos que llegan a tu juzgado, sino muchas cuestiones que inciden en el resto, además de ser el representante de todos los compañeros. Al principio era bastante reticente, más que nada porque en el Juzgado en el que estoy destinada, el Contencioso Administrativo, tengo muchísimo trabajo, no doy abasto para sacar todo lo que deseo al día, pero me propusieron todos los compañeros y no me quedó más remedio que darles las gracias, aceptar e implicarme. Y una vez que me decidí, tirarme a la piscina.

-Imagino que en su "cartera" traerá problemas prioritarios para esta provincia, como la escasez de jueces y la necesidad de aumentar juzgados.

-Hace poco se ha presentado la memoria del año 2009, los datos son desalentadores y muy preocupantes: Ha aumentado el porcentaje de trabajo de forma desproporcionada para lo que es el número de jueces. Es inasumible e inabarcable por todos los jueces y magistrados no sólo de los juzgados de Primera Instancia e Instrucción, sino de los órganos Penal, Contencioso e incluso Menores. Como primera reivindicación, por tanto, está la creación al menos de un juzgado mixto; y luego si se pueden crear más juzgados, unidades judiciales y más plazas de jueces, que es lo que se necesita.

-¿Sería bueno que hubiera jueces de apoyo?

-Estamos ahora en un momento de muchísimo cambio en la estructura, organización y funcionamiento de la Administración, entre ellos la creación de jueces de adscripción territorial, de carrera, asignados al Tribunal Superior de Justicia para cubrir plazas en las que se produzcan bajas temporales. Nosotros pedimos jueces titulares, que se aumente la plantilla, dado que, a pesar del gran esfuerzo que realizamos, los que estamos ahora somos incapaces de sacar los asuntos que nos entran. En el Contencioso estoy señalando juicios para finales de enero de 2011, es una barbaridad y totalmente incompatible con la tutela judicial efectiva.

-Precisamente una de las exigencias que motivaron la huelga de jueces, de la que usted fue una de las precursoras, fue el bajo ratio de jueces por habitante respecto de Europa.

-Siempre hemos trabajado al 120% de lo que podíamos, renunciado a cantidad de aspectos de nuestra vida personal y familiar para que la Administración de Justicia funcionaria y para que las resoluciones de los pleitos salieran en un plazo razonable. Pero somos incapaces de afrontar todo el trabajo que llega, por eso hemos salido de nuestros despachos, porque necesitamos mucho apoyo y muchos más medios materiales y personales. Una de las reivindicaciones fundamentales y esenciales que motivó la primera huelga, el 18 de febrero de 2009, era incrementar la ratio de jueces. Lo hemos repetido hasta la saciedad, pero hay determinadas personas que no quieren entender: Mientras en el resto de la Unión Europea hay 20 jueces por cada 1.000 habitantes, aquí hay 9,8. Y el número de pleitos es tres veces superior al de cualquier país de la UE, es totalmente desorbitado. Por eso se están adoptando medidas para disminuir la litigiosidad, hay que atajar el problema. A veces vemos reclamaciones que deberían solucionarse con mediación, que deben llegar al juez cuando falla ésta. Esto nos preocupa.

-¿Cómo se puede evitar que el aumento de pleitos?

-Potenciando los mecanismos de mediación extrajudicial. Ahí intervienen los abogados, que deben determinar si en un asunto hay visos de llegar a un acuerdo extrajudicial. O cuando la reclamación es de tan escasa cuantía económica que «sale más caro el collar que el galgo», ¿cómo voy a ir por nueve euros al Juzgado?, estamos viendo reclamaciones de esa cantidad e incluso inferiores. Todo el mundo tiene derecho a una resolución judicial, pero la Justicia es muy cara como para estar pleiteando y no tiene sentido tener a cantidad de personas con asuntos pendientes de una sentencia judicial cuando deberían haberse solucionado por otras vías.

-¿Quizás las juntas arbitrales no están funcionando como debieran?

-Cada junta arbitral que hay en cada Consejería, dependiendo de órganos autonómicos o periféricos del Estado, cumplen sus competencias y dictan las resoluciones sobre los asuntos que les llegan. A lo mejor el ciudadano es el que no acude a esos organismos por desconocimiento, desinformación o falta de asesoramiento. Pero ahí están e imagino que funcionan lo mejor que pueden, como hacemos todos.

-¿Tal vez falta una labor de educación a la ciudadanía para que acuda a la mediación?

-Sí, enseguida todos decidimos acudir al juez y, desde luego, la solución del juzgado no es la más rápida ni la esperada. Hay un dicho «tengas pleitos y los ganes», es verdad. No creo que compense denunciar y que el juicio se celebre un año después. Y al año, cuando el juez va a dictar sentencia, se encuentra a veces impotente y siente verdadera frustración al decir «¿qué hago yo resolviendo este concurso en el que se están dilucidando plazas de bomberos, de policías, de cualquier Administración local, e incluso muchas veces autonómica, y han pasado dos años de la vida de la persona que denunció?». La justicia tardía no es justicia. Todos tenemos que intentar solucionar esas situaciones.

-¿Siguen creyendo que debe rebajarse la cantidad de asuntos que les exigen resolver cada año?

-El anterior Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estableció unos módulos que se vinculaban a nuestras retribuciones, se valora el trabajo por puntos-hora y un procedimiento cualquiera, desde que entra hasta que se termina y ejecuta, vale 3 puntos, o sea, como mucho yo le puedo dedicar tres horas. Es una barbaridad, no se puede calcular un tiempo de dedicación, hay procedimientos que te desbordan por su complejidad, la cantidad de informes que tiene, únicamente mirártelo te lleva semanas y meses; luego estudiarlo, razonar una resolución fundada, consultar jurisprudencia y elaborar la sentencia.

-¿Cree que fueron capaces de hacer ver a la sociedad que no convocaron la huelga por dinero, sino por la gran acumulación de trabajo que soportaban y la falta de medios?

-No, es muy difícil cuando se piensa «estos señoritos, con esta crisis, con cantidad de parados, ¿cómo se atreven a reivindicar algo?». En ningún momento hacíamos huelga para que nos aumentaran el sueldo, lo que queremos es que la justicia funcione y poder agilizar la resolución de asuntos. Estamos en una situación económica muy delicada y las reivindicaciones salariales las hemos apartado a la espera de que mejore. Pedimos asimilarnos con lo que cobran jueces de países del entorno, de los que estamos muy, muy lejos.

-¿Sabe en qué porcentaje de sueldo estarían por debajo de sus colegas europeos?

-Cobramos menos de la mitad que ellos. Cuando se hizo público lo que cobraba un juez que empieza a ejercer en una localidad pequeña, tras una media de seis años de oposición, -entre 2.500 y 2.800 euros líquidos al mes-, las personas que trabajan con nosotros día a día, los abogados y procuradores, no se lo creían por la responsabilidad que asumimos, las sentencias, la disponibilidad... se nos exige dedicación exclusiva, sólo podremos ejercer en la docencia y muy esporádicamente.

-La Oficina Judicial a punto de funcionar, ¿resolverá muchos de los problemas de la justicia?

-Se habla de ella como si fuera la panacea de todos los problemas y no es así. Es un paso muy importante el terminar con la organización de la justicia decimonónica que teníamos y plantear una organización distinta de los juzgados y tribunales. El proyecto es de 2003, han pasado siete años, por tanto tan nuevo no puede ser y supongo que eso permitirá que su funcionamiento esté muy estudiado, de forma muy sosegada y que su puesta en marcha no cause muchos problemas.

-¿Agilizará la justicia?

-No creo. Hace poco leía un artículo en el que se decía que no hacía falta ser un lince para ver que la agilidad de la justicia pasa por dictar más resoluciones y terminar con el colapso de pleitos existente. La solución está en nombrar más jueces, que son los que ponen sentencias, solo así se reducirá el número de asuntos pendientes. Están poniendo un AVE necesario, pero mientras no se reforme la estación principal no habrá mayor agilidad.

-¿Opina que hay que rescatar a la justicia del poder político?

-Sí. Estamos dando una imagen desastrosa, viendo las noticias donde se habla del «reparto de cromos», «éste me toca, éste no porque es más afín a un partido o más amigo», debe terminarse. El Tribunal Constitucional está paralizado, no se renuevan los cargos, antes pasó en el CGPJ. Es por la injerencia política, porque el Gobierno quiere controlar a la justicia evidentemente y el poder judicial es la base fundamental del Estado de Derecho. El sistema actual de elección es perverso, sólo ha servido para que los partidos tengan su poder y no debe consentirse. El CGPJ debe ser independiente y ajeno a todo ese tejemaneje político.

Fuente: laopiniondezamora.es

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lunes, febrero 22, 2010

Asociaciones de jueces critican que los abogados participen en las designaciones del CGPJ

Las asociaciones de jueces Francisco de Vitoria (FV) y Foro Judicial Independiente (FJI) han criticado el convenio suscrito el pasado miércoles entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) que permitirá que los letrados intervengan en los nombramientos de altos cargos de la judicatura mediante la emisión de informes sobre los candidatos. Igualmente, las dos asociaciones solicitan que se de la misma posibilidad de intervenir en los nombramientos a otros profesionales como pueden ser los procuradores, abogados del estado, letrados de las CCAA y de la seguridad social, graduados sociales, sindicatos de funcionarios de la Administración de Justicia e, incluso, asociaciones de usuarios de la Justicia.


A juicio de ambas organizaciones, el convenio "resucita la delación secreta y la denuncia anónima, por cuanto se establecen mecanismos para que los colegios de abogados puedan -como corporación- denunciar a los miembros de la Carrera Judicial sin que necesariamente se identifique al denunciante".

Dicha posibilidad, añaden, "provoca consternación a cualquier ciudadano que crea en los valores democráticos básicos, por ser constitutiva de una posible indefensión".

Recuerdan que el CGPJ tiene como principal misión velar por la independencia de los jueces y magistrados y que el informe de los "colegios de abogados resulta extraño a tal exigencia constitucional por cuanto tales profesionales tienen encomendado la defensa legítima de intereses particulares no siempre coincidentes con la imparcialidad que debe presidir el ejercicio de la función jurisdiccional".

"A pesar de la confianza que nuestro órgano de gobierno parece depositar en tales profesionales, no ha reclamado la intervención del Consejo o de otros órganos judiciales en la designación de decanos de los abogados y demás cargos colegiales, quienes por cierto son directamente elegidos por los propios colegiados", apostillan ambas asociaciones, que piden al CGPJ el texto del convenio y conocer en qué reunión del CGPJ se acordó suscribirlo.

Según el documento, el órgano de gobierno de los jueces podrá recabar informes de la Consejo de la Abogacía que, a su vez, la pedirá a los Colegios de Abogados, "respecto de la designación de cargos y nombramientos de presidentes de las audiencias provinciales y Presidentes de los tribunales superiores de justicia".

Fuente: diariosigloxxi.com

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«La Administración de Justicia genera mucho papel»

Diplomada en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de Granada en 1988, y zamorana de nacimiento, Rocío Bolaños ha trabajado para las administraciones públicas en el archivo de documentos oficiales. Desde hace dos años selecciona las montañas de papel que se generan en la justicia.


-Tiene experiencia en bibliotecas municipales, como documentalista en el Ministerio de Educación, en la Diputación y ahora en los tribunales.

-Sí, así es. Estoy adscrita a la Audiencia de Valladolid, aunque el trabajo que hago es para todos los juzgados clasificando diligencias, demandas o sentencias.

-¿Entiende la sociedad el papel de un archivero?

-No muy bien. Si digo que soy archivera a la gente le suena raro, pese a ser un puesto que socialmente es necesario. Tanto las empresas como las administraciones generan mucha documentación que es preciso clasificar.

-¿Van a desaparecer las montañas de papel?

-Algún día lejano quizás. La oficina sin papel es ciencia ficción, por ahora. Habrá un periodo muy largo en el que la informática y el papel convivan juntos.

-¿La Administración de Justicia es la que más documentación genera?

-Sin duda. Y eso se debe a que cada vez el ciudadano utiliza los juzgados para resolver sus problemas. Y eso hay que documentarlo. Además, se acumula por la falta de expurgo de expedientes que no tienen interés. De todos modos, es necesario conservar parte de esta documentación, por ejemplo la de una década, para que los historiadores en el futuro la analicen y vean cuáles eran los problemas que tenía nuestra sociedad.

Fuente: nortecastilla.es

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domingo, febrero 21, 2010

Asociaciones de jueces rechazan la actuación del CGPJ en materia de nombramientos

Las asociaciones de jueces Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente han criticado los últimos acuerdos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en materia de nombramientos y han mostrado su rechazo a cualquier sistema de cuotas o "intercambios" en la designación de cargos judiciales. A través de un comunicado, estas dos asociaciones judiciales reiteran que el régimen de nombramiento de cargos judiciales discrecionales debe "obedecer a criterios de solvencia profesional y capacidad de los elegidos", y censuran que los vocales del Consejo se hayan podido guiar por otras cuestiones distintas al mérito y la capacidad.


La Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente lamentan que las noticias sobre posibles pactos en el Consejo para nombrar los cargos pendientes pongan de manifiesto que priman criterios como "la adscripción asociativa, el amiguismo, la procedencia del gobierno de la comunidad autónoma donde el nombramiento ha de producirse y hasta la supuesta ideología política del nombrado".

De esta forma se refieren al aplazamiento por parte del CGPJ del nombramiento de los presidentes de los TSJ de Valencia, Cataluña y el País Vasco al no haber logrado un acuerdo a pesar de haber sometido las candidaturas a varias votaciones.

Para evitar cualquier "influencia o contaminación de clase alguna, especialmente la política", las asociaciones de jueces piden la participación de los magistrados en el proceso de selección de candidatos cuando se trate de presidentes de Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) o Audiencias Provinciales.

La semana pasada fue la asociación Jueces para la Democracia (JpD) la que criticó que las "luchas internas de poder" en el seno del Consejo General del Poder Judicial impidan a este órgano alcanzar acuerdos para renovar los Tribunales Superiores de Justicia.

No obstante, la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, aseguró que para el nombramiento de magistrados el Consejo se basa en los parámetros de mérito y capacidad, y recordó que para dotar a esos procesos de mayor transparencia se ha incorporado en el trámite de la designación de cargos discrecionales la entrevista de los candidatos, que además será pública.

Fuente: La Ley

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El Gobierno da un impulso a la mediación para rebajar la carga de los juzgados

El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de la Ley de Mediación, el de reforma de la Ley de Arbitraje y de la Ley Orgánica del Poder Judicial en esta materia, enmarcados en el Plan de Modernización de la Justicia, y cuyo objetivo es reducir la carga de trabajo de los tribunales. Con este paquete legislativo, al que el Consejo de Ministros ha dado luz verde el viernes para su remisión a los órganos consultivos, el Ejecutivo pretende disminuir el número de litigios que llegan a los juzgados y que los ciudadanos no tengan que pasar siempre por los tribunales para resolver sus desavenencias.


La futura Ley de Mediación servirá para conseguir más "agilidad, sencillez y eficiencia", según ha defendido la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Por su parte, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que ha presentado al Ejecutivo estos proyectos, enmarcados también en la estrategia de economía sostenible, ha insistido en que la mediación será un cauce "ágil, barato y rápido" para resolver las controversias de los ciudadanos sin llegar a los tribunales.

La ley regula la mediación para asuntos civiles y mercantiles, pero excluye expresamente la mediación penal, que se incluirá en la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y la conciliación laboral y en materia de consumo, que ya regulan otras normativas.

El procedimiento de mediación en los ámbitos civil y mercantil será voluntario, sencillo y económico, y el acuerdo alcanzado se considerará "cosa juzgada" y tendrá los mismos efectos que una sentencia judicial.

La elección del mediador se deja a la libertad de quienes se sometan a la conciliación y no se exige ninguna condición específica para ejercer como tal, salvo la de ser licenciado universitario, aunque se regulará un estatuto mínimo de la persona mediadora para dar garantías de profesionalidad y calidad a la actividad.

Será obligatorio también para el mediador tener un seguro de responsabilidad civil e inscribirse en un registro de mediadores, que será gratuito y de acceso público para los ciudadanos y dependerá del Ministerio de Justicia.

Caamaño ha explicado que será un procedimiento "muy sencillo", en el que nadie estará obligado a concluir un acuerdo ni a mantenerse en el procedimiento de la mediación, y cuya solicitud de inicio interrumpirá la prescripción o caducidad de acciones judiciales.

La ley establece también que será preceptivo acudir a la mediación una primera vez en los supuestos de reclamación de cantidades económicas inferiores a los 6.000 euros, y potencia la conciliación a través de medios electrónicos.

En este sentido, establece que para reclamaciones inferiores a 300 euros el proceso mediador podrá desarrollarse a través de Internet, como ya ocurre también en otros países de nuestro entorno.

El segundo de los anteproyectos aprobados, el de reforma de la Ley de Arbitraje de 2003, actualiza en nuestra legislación esta figura, que se diferencia de la mediación en que las partes, que se someten también voluntariamente al procedimiento, deben acatar la decisión del arbitraje.

Otra novedad es que el Gobierno ha decidido "aplicarse a sí mismo la misma receta que a los ciudadanos", según ha dicho el ministro de Justicia, y creará una comisión delegada para resolver los conflictos entre distintos organismos de la Administración General del Estado e impedir así que lleguen a los tribunales.

El tercer anteproyecto aprobado es una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para adaptar las competencias de los juzgados y tribunales en estas materias.

Fuente: larioja.com

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España paga cinco millones de dólares y espera la inminente liberación de Alicia y sus compañeros

"La liberación de los cooperantes españoles se puede producir en cualquier momento". Esta ha sido la frase empleada el pasado miércoles por un alto cargo de Interior cuando un destacado miembro de la judicatura española le preguntó sobre la suerte que podían correr Alicia Gámez, Roque Pascual y Albert Vilalta.


El Ejecutivo español, con la ayuda e intermediación de las autoridades de Mali, llegó a un acuerdo la última semana de enero con los terroristas de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) para pagar cinco millones de dólares por la liberación de los cooperantes de Barcelona Acción Solidaria, cuenta este domingo El Mundo.

El acuerdo se materializó días después de que los agentes del CNI destacados en Bamako llamaran a Madrid para confirmar al Ejecutivo español que habían visto un vídeo donde aparecían los tres cooperantes españoles sanos y salvos.

Toda parece indicar, señala el diario de Unidad Editorial, que la puesta en libertad de los tres cooperantes catalanes, que están en manos de AQMI desde el 29 de noviembre de 2009, parece inmediata.

Fuente: EcoDiario

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La Justicia sevillana padece las mismas carencias un año después de la huelga

La radiografía de la Justicia sevillana es hoy exactamente igual a la de hace un año, cuando los jueces se echaron a la calle para reclamar más medios y personal en la primera huelga de la judicatura en la historia de España. Los magistrados reclamaron en aquella huelga del 18 de febrero -que fue seguida por más de un tercio de la carrera judicial y que tuvo su continuidad con el paro del 8 de octubre- una revisión de la actual planta judicial, con la creación de más órganos judiciales en las jurisdicciones donde fuera necesario, y elevar la ratio de jueces por habitante. Otras reivindicaciones planteaban la implantación inmediata de la nueva Oficina Judicial y de las nuevas tecnologías aplicadas a la Justicia.


Un año después de las protestas, que tuvieron su origen en la sanción impuesta al titular del juzgado de lo Penal número 1 por los errores en la ejecución de una sentencia al pederasta Santiago del Valle, presunto asesino de la pequeña Mari Luz Cortés, el volumen de causas pendientes de ejecutar sigue creciendo sin parar y ya supera las 11.180 en los juzgados de lo Penal, según las últimas estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Si se suman las sentencias en trámite en todas las jurisdicciones de Sevilla, la cifra supera los 71.000 asuntos, lo que supone 8.670 más que cuando estalló el escándalo. La crisis económica ha complicado aún más la situación de los juzgados, que ha sobrecargado los órganos de Primera Instancia, que resuelven las reclamaciones económicas; de lo Social, con los pleitos laborales; y los Mercantiles, que resuelven los concursos de acreedores, las antiguas quiebras y suspensiones de pagos. Las estadísticas avalan esa saturación y, en el caso de los juzgados de Primera Instancia, los titulares están trabajando un 130% por encima del módulo fijado por el máximo órgano de gobierno de los jueces.

La opinión de los magistrados no es esperanzadora. Nuria Orellana, presidenta en Andalucía de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial y de carácter conservador, considera que las dos huelgas estuvieron "absolutamente justificadas por la situación de colapso manifiesto de la mayoría de órganos judiciales en España" y que se debía a la carencia de medios materiales y personales. "El tiempo nos ha dado la razón, a día de hoy no ha cambiado el funcionamiento de los juzgados: no sabemos cómo se van a implantar la reformas que se proponían, la oficina judicial sigue sin desplegarse, los juzgados no tienen red integrada de comunicaciones y la planta judicial sigue siendo deficitaria", sostiene la magistrada.

El colapso de los órganos, explica la juez Nuria Orellana, fue lo que provocó "el hartazgo de la carrera judicial y las dos huelgas. Y ese malestar continúa. La Justicia sigue olvidada". Orellana, que es magistrada de lo Mercantil en Cádiz, explica que si echa una mirada atrás, al momento en que se produjeron las dos huelgas, "no ha mejorado nada en su juzgado, donde hay las mismas carencias o incluso está peor, por el aumento de los asuntos".

La presidenta de la APM en Andalucía opina que ésta es la sensación que en la actualidad tienen muchos jueces. "Lo que pedimos es poder realizar nuestro trabajo en condiciones dignas y dar respuesta a los ciudadanos en plazos razonables", asevera Orellana, que recuerda que si la Justicia es una cuestión de Estado, requiere un Pacto de Estado que se mantenga en el tiempo con independencia de los gobiernos de turno.

El decano de los jueces de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, coincide en que después de las dos huelgas "no ha habido un cambio sustancial en la Justicia". Ballester sí advierte, no obstante, una "nueva actitud de los responsables del Ministerio de Justicia como en el gobierno del Poder Judicial", que coincide con el relevo del titular de la cartera de Justicia y la entrada de los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ballester reconoce que la precaria situación económica está impidiendo que se realicen mayores esfuerzos para la creación de nuevos órganos judiciales. En cuanto a la ratio de jueces por habitantes, los niveles siguen por debajo de los europeos, lamenta el magistrado, que destaca que aunque "se nota el cambio de actitud pero no hay resultados tangibles".

El juez decano de Sevilla insiste en que hay un retraso acumulado "en todas las jurisdicciones", sobre todo en la Civil y Mercantil. Ese retraso es "difícil de reducir en un período breve porque se están acumulando tantos asuntos que si no se toman medidas de choque o de refuerzo puede tardarse muchos años en normalizar la situación en los juzgados". Federico Jiménez explica que podría pasar como con la incorporación de los juzgados unipersonales de lo Contencioso-Administrativo, en los que se disparó a tres o cuatro años la celebración de los juicios por el elevado volumen de asuntos que recibieron estos órganos.

Para el decano, lo más grave es que no se cree ningún órgano nuevo en las jurisdicciones especialmente saturadas, como los juzgados de Primera Instancia. "Quizás estos juzgados tienen menos repercusión porque tratan asuntos económicos, pero detrás de estos juzgados hay empresas que se ven obligadas a cerrar porque no cobran las deudas, o rentas impagadas". Pero a pesar del panorama que dibuja, el magistrado cree que a día de hoy no se podrían repetir las movilizaciones de los días 18 de febrero y 8 de octubre. "La huelga fue un recurso límite ante una situación límite de imputar sólo a los jueces las responsabilidades por el funcionamiento de la Justicia", puntualizó Jiménez Ballester.

Una opinión bien distinta es la que tiene el magistrado Conrado Gallardo, presidente del Foro Judicial Independiente (FJI), quien vaticina que los jueces volverán a protestar. "Es nuestro deber y nuestra única forma de hacer valer nuestra opinión, pero la solución de la Justicia no es un problema corporativo de los jueces sino de todos los ciudadanos".

El representante del Foro Judicial indicó que la huelga "sirvió" para provocar un incipiente cambio en la opinión pública, que ya percibe que "los jueces no son los responsables del lamentable estado en que se encuentra la Justicia, trasladando esa responsabilidad en gran medida a los otros poderes". Conrado Gallardo entiende que las protestas también han permitido que los otros poderes "recuperen algo del respeto perdido a los jueces", aunque subraya que el resultado práctico a un año vista es "decepcionante, pues no se ha traducido en medidas efectivas".

El magistrado admite que en un año es "imposible" resolver el gravísimo déficit de jueces y los problemas de organización estructurales, pero "tampoco se han puesto en marcha medidas solventes que permitan pensar que los problemas se van a resolver a medio plazo". La cuestión, según Gallardo, radica en que no hay previsiones del Gobierno para invertir más dinero en la Justicia "ni se han puesto en marcha reformas legislativas que no precisan coste alguno que permitirían desjudicializar muchos de los conflictos que de forma tan innecesaria como abrumadora inundan los juzgados".

El presidente del FJI cree que la situación irá a peor. "Mucho nos tememos que después de un largo período de bonanza económica en que se ha hecho poco por la Justicia, la crisis servirá de excusa para justificar que el estado de abandono se prolongue hasta que su deterioro sea irreversible, afectando no sólo a los derechos de los ciudadanos en conflicto sino a la calidad de la democracia", dijo Gallardo.

Fuente: diariodesevilla.es

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