El Ayuntamiento de Ibiza recibió esta semana una carta del Ministerio de Justicia en la que éste se considera exento de solicitar la licencia de actividad para las dependencias judiciales que se trasladaron a finales del año pasado al nuevo edificio de la estación de autobuses de Vila. De todos modos, el organismo iniciará los trámites para obtener la autorización municipal. El concejal de Urbanismo, Vicent Torres, leyó dicha carta a instancias de la oposición, que le interpeló sobre el hecho de que varios juzgados se hayan trasladado a la torre 7 del edificio del Cetis a pesar de que éste carece de final de obra.La portavoz de la oposición, Virtudes Marí, recordó que el Ministerio informó en septiembre pasado al Consistorio de su intención de trasladar varios juzgados al nuevo edificio, entendiendo que no necesitaban autorización. Entonces el Ayuntamiento respondió, a una pregunta del PP, que sí la requerían. «Pero no nos consta que hicieran nada para que pidieran la licencia o justificasen su exoneración», según comentó Marí.
Torres aseguró que sí instaron al Ministerio a regularizar la actividad de las dependencias judiciales. En su respuesta, Justicia estima que el inmueble reúne las condiciones técnicas y de seguridad que requieren los juzgados y, a continuación explica que «se viene considerando que no requieren licencia de apertura». Este tipo de autorizaciones se reservan, según la interpretación del departamento ministerial, «para la apertura de entidades mercantiles o industriales» y cita varios fundamentos jurídicos que justifican esta exención, explicó Torres.
Sin embargo, en aras a «mantener la política de colaboración y entendimiento» entre el Ayuntamiento y el Ministerio, éste informa que iniciará «los trámites oportunos» para obtener la autorización de actividad. Preguntado al final del pleno sobre el hecho de que estos juzgados operen en un edificio aún en obras, Torres contestó: «Si justifican que no la necesitan no se la podemos pedir. Nos interesaría que la pidieran porque esto implica cobrar un dinero más para el Ayuntamiento».
El concejal explicó que los servicios jurídicos municipales analizarán el escrito ministerial: «Nos tendremos que callar si se considera que tiene razón. No podemos enviar a nadie a desalojar a un juez de su despacho, sería surrealista», añadió.
«Que no pase nada en el edificio», advirtió Virtudes Marí, ya que las posibles responsabilidades podrían recaer en el Ayuntamiento por permitir que se ocupe un edificio que no tiene concedido el final de obra y no se ha comprobado la seguridad de elementos como los ascensores o los extintores.
La portavoz de la oposición también se hizo eco de las críticas vertidas por la patronal Apebús en torno a la estación terminal de autobuses de Vila, que se ubicará bajo el Cetis. «Denuncian deficiencias muy serias», comentó Marí.
El concejal de Medio Ambiente, Joan Rubio, añadió que dicho informe apunta incluso a «posibles ilegalidades» en la licencia del edificio, pero recordó que el proyecto ha superado todos los trámites y «cumple la normativa». Rubio aprecia alguna intencionalidad política en parte de la patronal por estas críticas e insistió en que «se tendrán que adaptar al nuevo edificio, aunque haya cosas que no les gusten». El edil recogió la opinión del presidente de Apebús, Alfonso Ribas, que reconoció «que su informe está algo tergiversado», y aseguró que el Ayuntamiento está preparando su respuesta al mismo tras el requerimiento recibido del Consell.
Fuente: diariodeibiza.es
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