La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, considera que en el Plan de Modernizacion de la Justicia hay aspectos "que van atrasados hasta el punto que no sabemos ni siquiera si llegarán a ponerse en marcha en el marco legislativo", como es la reforma de la Ley de enjuiciamiento Criminal.En una entrevista, la portavoz del Consejo reconoce, sin embargo, que en el ámbito de reformas legislativas "se ha hecho un esfuerzo importante y creo que eso hay que reconocerlo", en alusión a la reforma de quince leyes procesales que permitirá poner en marcha la nueva Oficina Judicial, un proyecto que "ha estado paralizado desde el año 2001, después del Pacto de Estado por la Justicia".
"Ha sido un avance importantísimo y un esfuerzo que han hecho los parlamentarios, pero creo que es necesario seguir avanzando en el marco legislativo, porque necesitamos abordar reformas que considero que son vitales si efectivamente queremos que la justicia esté a la altura de las expectativas del siglo XXI", indicó Bravo.
Sobre la puesta en marcha efectiva de la nueva Oficina Judicial, dirigida a optimizar el trabajo en los juzgados españoles, Bravo señaló que el CGPJ está actuando junto con el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas para garantizar que, efectivamente, en el momento que entre en vigor la nueva oficina judicial "que está prevista para mayo se cuente con la infraestructura y todo el organigrama previsto para que se ponga en marcha", dijo.
Para avanzar en otro aspecto de la reforma se anunció la elaboración de un informe sobre la carga real que puede soportar cada órgano judicial, que pese que tenía que estar listo el pasado mes de junio aún no se ha finalizado. A este respecto, Bravo señaló que "no se ha dejado de trabajar en ningún momento en materia de cargas de trabajo".
"Se elaboró un primer borrador que presentó una serie de disfunciones que conllevó que fuera retirado -reconoció-, y está trabajando en la Comisión de Inspección en el desarrollo de un nuevo instrumento que sea capaz de definir de una forma objetiva la carga de trabajo asumible por cada órgano jurisdiccional, con la finalidad fundamental de poder dar respuesta al ciudadano en un tiempo prudente ,y que además pueda servir de herramienta para la redefinición de la Planta Judicial".
La portavoz explicó que la actual planta judicial fue diseñada por la Ley de 1988. "Han pasado muchos años y las necesidades y complejidad de la sociedad española son otras", dijo, tras confiar en que el estudio pueda ver la luz en los próximos seis meses.
DE LA RÚA.
Cambiando de asunto, y preguntada si ha pesado la relación del actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJPV) Juan Luis De la Rúa con el presidente Francisco Camps a la hora de excluirlo de la terna que fue seleccionada en principio por el CGPJ para ocupar esta plaza, Bravo insistió en que lo que la Comisión de Calificacion tiene en cuenta a la hora de determinar qué candidatos forman parte de la terna "son única y exclusivamente los méritos y la capacidad del candidato".
La terna elegida decayó el pasado jueves, al no obtener ninguno de los candidatos el apoyo de 13 vocales del Pleno del CGPJ, por lo que la plaza deberá ser convocada de nuevo. "Tanto con el candidato Juan Luis de la Rúa como con el resto se utilizó el mismo barómetro a la hora de determinar los méritos y capacidad", añadió.
En cuanto al sistema de entrevistas puesto en marcha por el actual Consejo para realizar los nombramientos, Bravo señaló que "fomenta la transparencia, el acercamiento e incluso un conocimiento respecto del candidato más cercano y más próximo".
"La trayectoria de un candidato en el ámbito académico o jurídico viene en su currículum, pero muchas veces es importante oír al candidato cuáles son sus previsiones, cómo ve él la situación de la Administración de Justicia, qué proyectos tiene", dijo la vocal del CGPJ.
Añadió que la entrevista es un dato que se aporta y junto al proyecto que aportan los candidatos. "Es un dato importante pero no es el determinante -afirmó- Lo que determina que persona pueda o no pueda ser la más capacitada o la más votada es el conjunto de todos estos requisitos".
PAGINAS WEB.
Sobre la encomendación a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de las medidas cautelares contra las páginas webs que descargen ilegalmente contenidos, Bravo reconoció que "se trata de una materia más que se incorpora a toda la carga de trabajo que los juzgados centrales de lo Contencioso tienen", y que por ello Consejo "adoptará e instará las medidas necesarias para evitar que este aumento de las competencias suponga una saturación de trabajo del órgano afectado".
"Hasta que no entre en vigor la modificación y no tengamos una visión exacta de las autorizaciones judiciales que se recaban y de la carga de trabajo que suponga es muy difícil, "a priori", hacer una valoración al respecto", dijo.
En cuanto a los principales objetivos del CGPJ para este año, Bravo destacó, además de la puesta en marcha de la Oficina Judicial y la informatización de la Justicia
"Lo que quiere este consejo es pivotar la modernización. Tenemos el diagnóstico e instrumentos muy importantes para que esa modernización de la Justicia y ese Plan Estratégico que aprobó el Gobierno realmente sea una realidad antes de 2010", concluyó.
Fuente: Siglo XXI
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