Andalucía implanta el sistema de alerta judicial para las víctimas de malos tratos

Siguiendo las directrices marcadas por el Consejo general del Poder Judicial (CGPJ), la Consejería de Justicia de Andalucía acaba de poner en marcha un sistema de alerta que obliga a comunicarles cualquier tipo de cambio en la situación procesal del maltratador. Esto supone que 408 órganos judiciales ya están listos para dar aviso ante cualquier incidencia que pueda repercutir en su seguridad.


Entre las resoluciones que deberán ser trasladadas están los autos que decreten la prisión o la libertad, permisos penitenciarios, la finalización de las órdenes de alejamiento, comunicación o de residencia en determinados municipios, provincias o comunidades, los señalamientos para los juicios o sentencias. Las alertas se han incorporado al sistema de gestión procesal que tiene la Consejería, de manera que éste mostrará, ante cualquier resolución judicial en procedimientos de violencia machista, unos avisos al personal funcionario sobre la obligación legal de proceder a su notificación a la víctima.

Los órganos que cuentan con el sistema son 298 juzgados de Instrucción y Primera Instancia, 18 juzgados de Violencia sobre la Mujer, 63 juzgados de lo Penal y 29 secciones Penales de las Audiencias Provinciales.

Con este dispositivo, Andalucía se convierte así en la tercera comunidad del país que lo implanta. Ya en septiembre lo hicieron Cataluña y País Vasco, y otras comunidades con competencias en materia de Justicia lo están ensayando para su puesta en marcha inminente, como es el caso de Canarias, Galicia, Asturias y Aragón, mientras Valencia y Madrid dicen tener la aplicación informática lista, pero aún no han precisado cuándo la activarán (las seis comunidades restantes continúan dependiendo del Ministerio de Justicia). A pesar de estar entre las comunidades que encabezan esta iniciativa, lo cierto es que todas lo hacen con retraso. En diciembre de 2008, el CGPJ ya advirtió de la necesidad de poner en marcha este tipo de mecanismos y "sin dilación" al Gobierno central y a las comunidades y, desde entonces, ha ido mandando constantes recordatorios para que lo cumplieran. El último, en abril de 2009, cuando en la Comisión de Modernización e Informática del CGPJ se acordó que el sistema estuviera implantado en septiembre de ese año, algo que sólo cumplieron las administraciones catalana y vasca.

Fuente: diariodesevilla.es