La Justicia sevillana padece las mismas carencias un año después de la huelga

La radiografía de la Justicia sevillana es hoy exactamente igual a la de hace un año, cuando los jueces se echaron a la calle para reclamar más medios y personal en la primera huelga de la judicatura en la historia de España. Los magistrados reclamaron en aquella huelga del 18 de febrero -que fue seguida por más de un tercio de la carrera judicial y que tuvo su continuidad con el paro del 8 de octubre- una revisión de la actual planta judicial, con la creación de más órganos judiciales en las jurisdicciones donde fuera necesario, y elevar la ratio de jueces por habitante. Otras reivindicaciones planteaban la implantación inmediata de la nueva Oficina Judicial y de las nuevas tecnologías aplicadas a la Justicia.


Un año después de las protestas, que tuvieron su origen en la sanción impuesta al titular del juzgado de lo Penal número 1 por los errores en la ejecución de una sentencia al pederasta Santiago del Valle, presunto asesino de la pequeña Mari Luz Cortés, el volumen de causas pendientes de ejecutar sigue creciendo sin parar y ya supera las 11.180 en los juzgados de lo Penal, según las últimas estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Si se suman las sentencias en trámite en todas las jurisdicciones de Sevilla, la cifra supera los 71.000 asuntos, lo que supone 8.670 más que cuando estalló el escándalo. La crisis económica ha complicado aún más la situación de los juzgados, que ha sobrecargado los órganos de Primera Instancia, que resuelven las reclamaciones económicas; de lo Social, con los pleitos laborales; y los Mercantiles, que resuelven los concursos de acreedores, las antiguas quiebras y suspensiones de pagos. Las estadísticas avalan esa saturación y, en el caso de los juzgados de Primera Instancia, los titulares están trabajando un 130% por encima del módulo fijado por el máximo órgano de gobierno de los jueces.

La opinión de los magistrados no es esperanzadora. Nuria Orellana, presidenta en Andalucía de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial y de carácter conservador, considera que las dos huelgas estuvieron "absolutamente justificadas por la situación de colapso manifiesto de la mayoría de órganos judiciales en España" y que se debía a la carencia de medios materiales y personales. "El tiempo nos ha dado la razón, a día de hoy no ha cambiado el funcionamiento de los juzgados: no sabemos cómo se van a implantar la reformas que se proponían, la oficina judicial sigue sin desplegarse, los juzgados no tienen red integrada de comunicaciones y la planta judicial sigue siendo deficitaria", sostiene la magistrada.

El colapso de los órganos, explica la juez Nuria Orellana, fue lo que provocó "el hartazgo de la carrera judicial y las dos huelgas. Y ese malestar continúa. La Justicia sigue olvidada". Orellana, que es magistrada de lo Mercantil en Cádiz, explica que si echa una mirada atrás, al momento en que se produjeron las dos huelgas, "no ha mejorado nada en su juzgado, donde hay las mismas carencias o incluso está peor, por el aumento de los asuntos".

La presidenta de la APM en Andalucía opina que ésta es la sensación que en la actualidad tienen muchos jueces. "Lo que pedimos es poder realizar nuestro trabajo en condiciones dignas y dar respuesta a los ciudadanos en plazos razonables", asevera Orellana, que recuerda que si la Justicia es una cuestión de Estado, requiere un Pacto de Estado que se mantenga en el tiempo con independencia de los gobiernos de turno.

El decano de los jueces de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, coincide en que después de las dos huelgas "no ha habido un cambio sustancial en la Justicia". Ballester sí advierte, no obstante, una "nueva actitud de los responsables del Ministerio de Justicia como en el gobierno del Poder Judicial", que coincide con el relevo del titular de la cartera de Justicia y la entrada de los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ballester reconoce que la precaria situación económica está impidiendo que se realicen mayores esfuerzos para la creación de nuevos órganos judiciales. En cuanto a la ratio de jueces por habitantes, los niveles siguen por debajo de los europeos, lamenta el magistrado, que destaca que aunque "se nota el cambio de actitud pero no hay resultados tangibles".

El juez decano de Sevilla insiste en que hay un retraso acumulado "en todas las jurisdicciones", sobre todo en la Civil y Mercantil. Ese retraso es "difícil de reducir en un período breve porque se están acumulando tantos asuntos que si no se toman medidas de choque o de refuerzo puede tardarse muchos años en normalizar la situación en los juzgados". Federico Jiménez explica que podría pasar como con la incorporación de los juzgados unipersonales de lo Contencioso-Administrativo, en los que se disparó a tres o cuatro años la celebración de los juicios por el elevado volumen de asuntos que recibieron estos órganos.

Para el decano, lo más grave es que no se cree ningún órgano nuevo en las jurisdicciones especialmente saturadas, como los juzgados de Primera Instancia. "Quizás estos juzgados tienen menos repercusión porque tratan asuntos económicos, pero detrás de estos juzgados hay empresas que se ven obligadas a cerrar porque no cobran las deudas, o rentas impagadas". Pero a pesar del panorama que dibuja, el magistrado cree que a día de hoy no se podrían repetir las movilizaciones de los días 18 de febrero y 8 de octubre. "La huelga fue un recurso límite ante una situación límite de imputar sólo a los jueces las responsabilidades por el funcionamiento de la Justicia", puntualizó Jiménez Ballester.

Una opinión bien distinta es la que tiene el magistrado Conrado Gallardo, presidente del Foro Judicial Independiente (FJI), quien vaticina que los jueces volverán a protestar. "Es nuestro deber y nuestra única forma de hacer valer nuestra opinión, pero la solución de la Justicia no es un problema corporativo de los jueces sino de todos los ciudadanos".

El representante del Foro Judicial indicó que la huelga "sirvió" para provocar un incipiente cambio en la opinión pública, que ya percibe que "los jueces no son los responsables del lamentable estado en que se encuentra la Justicia, trasladando esa responsabilidad en gran medida a los otros poderes". Conrado Gallardo entiende que las protestas también han permitido que los otros poderes "recuperen algo del respeto perdido a los jueces", aunque subraya que el resultado práctico a un año vista es "decepcionante, pues no se ha traducido en medidas efectivas".

El magistrado admite que en un año es "imposible" resolver el gravísimo déficit de jueces y los problemas de organización estructurales, pero "tampoco se han puesto en marcha medidas solventes que permitan pensar que los problemas se van a resolver a medio plazo". La cuestión, según Gallardo, radica en que no hay previsiones del Gobierno para invertir más dinero en la Justicia "ni se han puesto en marcha reformas legislativas que no precisan coste alguno que permitirían desjudicializar muchos de los conflictos que de forma tan innecesaria como abrumadora inundan los juzgados".

El presidente del FJI cree que la situación irá a peor. "Mucho nos tememos que después de un largo período de bonanza económica en que se ha hecho poco por la Justicia, la crisis servirá de excusa para justificar que el estado de abandono se prolongue hasta que su deterioro sea irreversible, afectando no sólo a los derechos de los ciudadanos en conflicto sino a la calidad de la democracia", dijo Gallardo.

Fuente: diariodesevilla.es