Si la crisis ha disparado las demandas por impagos, ahora es la Junta de Andalucía la que se enfrenta en los tribunales a una de este tipo. De hecho, la consejería de Justicia ha sido denunciada en los juzgados por la propietaria del edificio Viapol en el que se ubican buena parte de sus sedes judiciales. Según informaron fuentes de la citada inmobiliaria, el pasado día 26 se presentó en los juzgados de Sevilla una demanda por impago del arrendamiento del citado edificio. La demanda ha recaído, según confirmaron fuentes judiciales, en el juzgado de primera instancia número dos de Sevilla que dirige Sebastián Moya. Y que curiosamente se ubica precisamente en el mismo edificio que corre el riesgo de desahucio si la Junta no hace frente a los pagos.El juez rehusó hacer declaraciones sobre la demanda aunque otras fuentes confirmaron que ya se había extendido el rumor de que la Junta de Andalucía llevaba varios meses sin pagar parte del alquiler del edificio.
Según fuentes de la citada inmobiliaria, la Consejería de Justicia ha ido acumulando más y más retrasos en esos pagos. Tras varios requerimientos para que abonara su deuda, han decidido reclamar por la vía judicial lo que Justicia no le pagaba de otra manera.
Así, la deuda que actualmente se le reclama al departamento que dirige Begoña Alvarez, asciende a 194.000 euros. El pasado mes de octubre era de 120.000 euros. Al parecer se trata de flecos y retrasos en el pago de los alquileres.
La consejería de Justicia tiene alquilado el citado edificio, situado en la calle Vermondo Resta, para uso judicial. En inmueble tiene seis plantas en las que se ubican veinticinco juzgados de primera instancia, los 12 de lo contencioso administrativo, los servicios comunes de notificaciones y embargos, la Abogacía del Estado o el Registro Civil o la sala de bodas, donde se celebran a diario los enlaces por lo civil. Hasta hace unas semanas también estaban allí los juzgados de lo social aunque estos se han mudado al edificio Noga, de nueva construcción y en el que se ubican también los de lo mercantil y los de lo penal.
La versión de la Junta
Fuentes del departamento que dirige Begoña Alvarez achacaron lo ocurrido a que «en un momento de crisis la inmobiliaria quiso especular con el precio que supera la media de la zona». En ese momento, según Justicia, la Junta «al considerar abusivo para los andaluces el sobreprecio del alquiler decidió no prorrogar el contrato».
Las mismas fuentes aseguraron que el contrato que venció en febrero del pasado año suponía que Justicia pagaba 13 euros por metro cuadrado. Pero la inmobiliaria les pidió 18 para la renovación. En la negociación, la consejería llegó a ofrecer 17 euros pero la empresa lo rechazó por lo que decidió rescindir el contrato que afecta a algunas de las dependencias, no a todas, de las ubicadas en Viapol. En Justicia insisten en que por el Noga se está pagando el metro a 17 euros. «Al ser los juzgados un servicio público de primera necesidad se mantienen en esta circunstancia hasta su traslado a otras instalaciones dentro de Viapol donde hay sitios con contrato en vigor» afirmaron fuentes de la consejería. Justicia asegura que abonará a la empresa el tiempo que ha usado esos metros.
Fuente: ABC.es
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