El caballo de Troya, por Francisco Serrano

Resulta obvio que la libertad, sobre todo la libertad de expresión, consiste en la posibilidad de decir lo que otros no quieren oír. Constituye ese reconocimiento un derecho fundamental que ampara a todos los ciudadanos sin ningún tipo de restricciones salvo las que son necesarias para evitar la conculcación de otros derechos, como es el derecho al honor, la dignidad y estima de otras personas.


La libertad de opinar, la de expresar dentro del respeto las propias ideas y pensamientos, se extiende a toda la ciudadanía, incluidos los jueces, porque ciertamente venimos obligados a acatar y cumplir y hacer cumplir las leyes, pero como ciudadanos que somos, expertos en las áreas sociales que son objeto de nuestro ejercicio jurisdiccional, resulta lícito y legítimo que también se pueda hacer un juicio crítico sobre su contenido, porque cuando se advierte que una norma no produce los bienintencionados efectos pretendidos por el legislador, es cuando se pone en práctica mediante su aplicación. Al igual que, y eso a nadie parece extrañarle, un miembro del poder ejecutivo puede comparecer manifestando que acata una sentencia pero que critica y muestra disconformidad con su pronunciamiento.

Por ello, en una democracia como la nuestra se ha de calificar como inadmisible que se haya querido pisotear, mediante el insulto, la descalificación y la amenaza de ser represaliado, a quien sólo ha expuesto su propia experiencia y los datos recopilados en la sombra de la clandestinidad no oficialista... y además corroborando su versión políticamente incorrecta con sólidos argumentos y razones. Un juez cuya voz ahora se ha hecho peligrosa que sea oída, pese a que llevo años diciendo lo mismo en conferencias, publicaciones y medios de comunicación. Mas ahora después de cinco años, mi voz que sólo tenía eco en ambientes reducidos, allí a donde sólo había alcanzado la injusticia que afirmaba se había de corregir, ha transcendido porque la sociedad ya ha podido tomar consciencia del problema; mi voz ahora es como la de Casandra, que vaticinó la toma de Troya por el engaño de un caballo de madera, pero cuando Ulises y sus colegas corren por dentro de las murallas de la ciudad condenada.

Ahora sí nos creen. Y ello gracias a que los medios de comunicación han sido, en gran medida, y hasta ahora, cómplices de ese pacto de silencio sobre un tema social tabú, conocido de sobra por todos, pero sobre el que no resultaba políticamente correcto y adecuado hablar. Ello gracias al silencio de los profesionales que no se han atrevido a contar, también, la verdad que refleja su experiencia. Muchos sólo me contaban a mí las tragedias de que habían sido testigos pero sin enfrentarse a tener que transmitirlo en público. Altísimas instancias del Estado y estamento judicial, anónimas voces políticamente correctas, en reservado, me han comentado: "Sí, de acuerdo tienes razón, la Ley de Violencia tendría que reformarse, pero no podemos decirlo". Unas veces, la inmensa mayoría, por miedo a sufrir el mordisco de la represión, el auto de fe de la nueva inquisición que ha dictado la norma no escrita de censurar lo que no quiere oír el santo oficio. Mas, en otras, por puro y duro interés y oportunismo.

Más curioso aún cuando precisamente mi preocupación por temas de calado social, especialmente con incidencia en los derechos de los niños, no se ha centrado en las críticas a la Ley de Violencia de Género, sino que también he participado activamente en otras propuestas de reformas legislativas, en materia de acogimiento y adopción, sin que a nadie pudiera en tal caso parecerle mal que un juez especialista y experto en la materia pudiera dar su opinión al respecto.

El intentar aportar ideas para mejorar, el intentar abrir debate para encontrar nuevos planteamientos y soluciones a los problemas y las injusticias, el intentar rectificar errores para seguir avanzando en igualdad, sinceramente no creo que merezca como respuesta el cadalso. Siempre he luchado por defender los intereses de los más débiles e indefensos, y mi condición de juez me ha dado la satisfacción de que, muchas veces, he logrado esa defensa efectiva. Siempre en favor de los niños y siempre en favor de las mujeres que sufren real maltrato por encontrarse en situación de discriminación, desigualdad, miedo y relación de poder frente al canalla maltratador, y ese empeño desde antes de que cumpliera la mayoría de edad la actual ministra de Igualdad que censura a quienes se atreven a contradecir su doctrina y religión de pensamiento único y monolítico, que es la que atribuye el carácter de experto a quien sólo la profesa.

No estoy contra las mujeres maltratadas, siempre he tenido las puertas abiertas para brindarles amparo en mi Juzgado. Me opongo, eso sí, a quienes se aprovechan de sus miserias, me rebelo contra las que abusan y las perjudican, sin pretender que se reduzca el número de denuncias de mujeres maltratadas sino de las formuladas por mujeres que no sufren ningún tipo trato discriminatorio en su relación de pareja. Proclamo que se redefina el concepto de maltrato para evitar cientos de miles de injusticias, comenzando por el que se irroga a las víctimas de auténtico maltrato, el que deja cicatrices en el alma. Reclamo que los recursos y fondos para atender los servicios que garanticen el derecho a la asistencia social a las mujeres víctimas de violencia de género no se distribuyan en base a criterios en los que se tenga en cuenta prioritariamente el número de denuncias presentadas, porque ello supone un efecto llamada a la presentación de denuncias infundadas que colapsan los juzgados. Solicito que se reconozca la existencia de mujeres que denuncian por despecho y venganza, debiéndose articular medidas eficaces para sancionar esas conductas desviadas. Requiero que el ámbito de protección de la norma se extienda a todos los que sufren violencia en el ámbito doméstico, con independencia de su raza, edad, creencia y género.

En fin, un disparate que merece la quema del hereje. Que cada uno saque sus conclusiones, dicho lo dicho, de quien extrae beneficio de la actual situación, que, insisto, requiere de debate y reflexión, comenzando por el del propio legislador; pues como ciudadano estoy orgulloso de que las normas se aprueben por unanimidad, pero más orgulloso estaría de que ese legislador fuera capaz de reconocer que se pueden cometer errores y que resulta preciso, a veces, rectificar el rumbo para alcanzar el destino deseado.

Un artículo de opinión de Francisco Serrano, juez.

Fuente: Libertad Digital