El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de la Ley de Mediación, el de reforma de la Ley de Arbitraje y de la Ley Orgánica del Poder Judicial en esta materia, enmarcados en el Plan de Modernización de la Justicia, y cuyo objetivo es reducir la carga de trabajo de los tribunales. Con este paquete legislativo, al que el Consejo de Ministros ha dado luz verde el viernes para su remisión a los órganos consultivos, el Ejecutivo pretende disminuir el número de litigios que llegan a los juzgados y que los ciudadanos no tengan que pasar siempre por los tribunales para resolver sus desavenencias.La futura Ley de Mediación servirá para conseguir más "agilidad, sencillez y eficiencia", según ha defendido la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Por su parte, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que ha presentado al Ejecutivo estos proyectos, enmarcados también en la estrategia de economía sostenible, ha insistido en que la mediación será un cauce "ágil, barato y rápido" para resolver las controversias de los ciudadanos sin llegar a los tribunales.
La ley regula la mediación para asuntos civiles y mercantiles, pero excluye expresamente la mediación penal, que se incluirá en la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y la conciliación laboral y en materia de consumo, que ya regulan otras normativas.
El procedimiento de mediación en los ámbitos civil y mercantil será voluntario, sencillo y económico, y el acuerdo alcanzado se considerará "cosa juzgada" y tendrá los mismos efectos que una sentencia judicial.
La elección del mediador se deja a la libertad de quienes se sometan a la conciliación y no se exige ninguna condición específica para ejercer como tal, salvo la de ser licenciado universitario, aunque se regulará un estatuto mínimo de la persona mediadora para dar garantías de profesionalidad y calidad a la actividad.
Será obligatorio también para el mediador tener un seguro de responsabilidad civil e inscribirse en un registro de mediadores, que será gratuito y de acceso público para los ciudadanos y dependerá del Ministerio de Justicia.
Caamaño ha explicado que será un procedimiento "muy sencillo", en el que nadie estará obligado a concluir un acuerdo ni a mantenerse en el procedimiento de la mediación, y cuya solicitud de inicio interrumpirá la prescripción o caducidad de acciones judiciales.
La ley establece también que será preceptivo acudir a la mediación una primera vez en los supuestos de reclamación de cantidades económicas inferiores a los 6.000 euros, y potencia la conciliación a través de medios electrónicos.
En este sentido, establece que para reclamaciones inferiores a 300 euros el proceso mediador podrá desarrollarse a través de Internet, como ya ocurre también en otros países de nuestro entorno.
El segundo de los anteproyectos aprobados, el de reforma de la Ley de Arbitraje de 2003, actualiza en nuestra legislación esta figura, que se diferencia de la mediación en que las partes, que se someten también voluntariamente al procedimiento, deben acatar la decisión del arbitraje.
Otra novedad es que el Gobierno ha decidido "aplicarse a sí mismo la misma receta que a los ciudadanos", según ha dicho el ministro de Justicia, y creará una comisión delegada para resolver los conflictos entre distintos organismos de la Administración General del Estado e impedir así que lleguen a los tribunales.
El tercer anteproyecto aprobado es una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para adaptar las competencias de los juzgados y tribunales en estas materias.
Fuente: larioja.com
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