sábado, febrero 28, 2009

Los ecologistas protestan contra Garzón


Una quincena de defensores de los animales, pertenecientes a la asociación Igualdad Animal, exhibieron este viernes, frente a la Audiencia Nacional, en Madrid, fotos de 'piezas muertas' para protestar contra la participación del juez Baltasar Garzón en cacerías y reivindicar "los derechos de los animales".


Así, al grito de 'Derechos ya para los animales' y 'Garzón, ¿quién te juzga a ti por matarles?', los activistas, enfundados en buzos de color blanco, portaron fotografías en las que mostraban distintos animales, como zorros o ciervos, muertos en cacerías.

La protesta, según indicó el portavoz de la asociación Javier Moreno, "no tiene nada que ver con ningún partido o ideología política porque a los animales les es irrelevante el signo político de sus cazadores". Moreno se refirió al juez Garzón como "un aficionado a matar animales por diversión". "Después de juzgar (Garzón) de lunes a viernes a otras personas ¿quién le juzga a él los fines de semana cuando se va con una escopeta a arrebatar vidas de otros seres que también quieren vivir, que también son inocentes?", continuó.

Además recordó que el magistrado fue recientemente ingresado en un hospital por ansiedad y le animó a que reflexione porque "esa misma ansiedad es la que sufren los animales cuando son perseguidos por cazadores que impunemente les matan". "La caza es asesinar animales", aseveró.

"Condenamos a Garzón en particular"

En este sentido el portavoz indicó que la intención de la organización es "generar un debate social y que la sociedad se ponga en el lugar de los animales" e insistió en pedir "justicia" para ellos, en la caza o en otros ámbitos. "Condenamos a todos los cazadores y a Garzón en particular por quitar la vida a otros animales que también quieren vivir", añadió.

Nacida en 2005, Igualdad Animal es una organización sin ánimo de lucro, de carácter internacional dedicada a "conseguir que los demás animales sean considerados nuestros iguales y respetados como tales". Actualmente cuenta con representación en España, Colombia, Perú y Venezuela. Una de sus últimas acciones tuvo lugar el pasado lunes 23 de febrero, cuando dos activistas saltaron a la Pasarela Cibeles con carteles en los que se leía 'Piel es Asesinato', durante el desfile de Roberto Torretta.

Fuente: Libertad Digital

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El Gobierno nombra nuevo secretario de Estado de Justicia al ex vocal del CGPJ Juan Carlos Campo

El Gobierno ha nombrado este viernes nuevo secretario de Estado de Justicia, en sustitución de Julio Pérez, al ex vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Juan Carlos Campo, actualmente magistrado de la Audiencia Provincial de Cádiz.


El nuevo nombramiento se producía el mismo día en el que la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha trasmitido la bienvenida del Consejo de Ministros al nuevo titular de Justicia, Francisco Caamaño, que llega al departamento con el objetivo de dar un "impulso" al diálogo y las reformas para modernizar la Justicia.

Campo, que nació en Osuna (Sevilla) el 17 de octubre de 1961 e ingresó en la carrera judicial en 1987, era uno de los candidatos propuestos por el PSOE en el Senado para cubrir una de las vacantes de magistrado en la próxima renovación del Tribunal Constitucional.

Entre 1997 y 2000 fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Junta de Andalucía y entre el 2001 y el 2008 vocal del CGPJ.

Ejerció, entre otros, en el Juzgado de Distrito de Sanlúcar de Barrameda, en el Juzgado de Distrito número 2 de Cádiz y en el Juzgado de lo Penal número 5 de Cádiz, con sede en Jerez de la Frontera, hasta que en 1991 se incorporó a la sección segunda de la Audiencia Provincial de Cádiz.

Entre el 2000 y el 2003 fue miembro de la sub-red judicial europea y ha sido vocal encargado de las Cumbres de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia de Iberoamérica y representante de la secretaría permanente de Encuentros Iberoamericanos de Consejos de la Judicatura.

Por otra parte, el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha nombrado nuevo secretario general de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia a Ignacio Sánchez Guiu y como nueva subsecretaria del Ministerio de Justicia a Purificación Morandeira.

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento como secretario general técnico del Ministerio de Justicia a Santiago Hurtado Iglesias y como director del Gabinete de Caamaño a José Luis Rodríguez Álvarez.

La bienvenida de Caamaño

Fernández de la Vega ha trasmitido este viernes la bienvenida del Consejo de Ministros al nuevo titular de Justicia, que llega al departamento con el objetivo de dar un "impulso" al diálogo y las reformas para modernizar la Justicia. Así lo ha indicado De la Vega en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la primera a la que ha asistido Caamaño tras su nombramiento el pasado martes.

La vicepresidenta también ha trasladado el agradecimiento del Gobierno al ex ministro Mariano Fernández Bermejo, de quien ha dicho que ha sido "un ministro entregado de lleno a la tarea de modernizar la administración de Justicia y al objetivo de mejorar el servicio que se presta a los ciudadanos".

Una prioridad en la que ahora va a continuar trabajando con "el mismo tesón y entrega" Francisco Caamaño que, según De la Vega, "cuenta con la colaboración y consideración de todo el Gobierno para que pueda culminar con éxito esa tarea".

Fuente: Estrella Digital

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Venezuela: Detenido el secuestrador de trece personas en un juzgado

La policía venezolana ha confirmado la detención del sujeto armado que ha mantenido como rehenes en un juzgado de Carúpano (noreste) a más de una docena de personas, entre ellas la jueza. El jefe de la policía judicial local, Pablo Heredia, ha explicado que la situación se había solucionado con la detención del secuestrador y sus cómplices, y el decomiso de dos pistolas y una granada.


Previamente, Wilmer Flores, director de la policía científica, relataba que en la sala 3 del tribunal de Carúpano, 545 kilómetros al este de Caracas, se celebraba la vista contra dos individuos por robar un centro comercial, que fueron detenidos a finales de 2008.

Y añadía que hasta esa sede llegaron, con intención de rescatar a los acusados, cuatro individuos armados con pistolas y granadas, pero sólo uno de ellos entró al juzgado y los otros tres huyeron tras ser descubiertos y enzarzarse en un tiroteo con los guardias del lugar.

El sujeto armado se dirigió hasta la sala donde se celebraba el proceso de los dos acusados y tomó como rehenes a la juez, cuatro alguaciles, el abogado defensor y unas siete personas más que asistían al acto, indicó Flores.

El jefe policial señala que no se registraron heridos o lesionados ni en el tiroteo que se dio a la entrada de la sede de los tribunales ni en la toma de la sala por parte del sujeto armado.

Fuente: ABC.es

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Madrid: Vuelve la calma después de la huelga

A las 11.20 horas, Rubén y su mujer, ambos bolivianos, llegan al Registro Civil de la calle Pradillo (Chamartín) con su bebé recién nacido en brazos y envuelto en una manta. Salen sólo cinco minutos después. Su niño ya está inscrito: se llama oficialmente Rubén, como su padre. "Nos ha sorprendido la rapidez con que lo han hecho. Nada que ver con la semana pasada, cuando nos tocó irnos sin apuntarlo", dice la madre.


Como ellos, los ciudadanos que pasaron este jueves por los registros de Madrid se sorprendieron con la calma reinante. Era la primera jornada en que los funcionarios de Justicia se ponían a trabajar, tras ocho días de huelga, y los sindicatos esperaban largas colas en los juzgados.

Avisaron a los madrileños para que afrontaran el previsible caos con paciencia, pero la predicción ha fallado. Y se han dado prisa para recuperar el tiempo perdido. Andresa, de 52 años, llevaba casi dos semanas intentando que le dieran fecha para su boda. Finalmente, el jueves lo consiguió nada más llegar: se casará el 20 de mayo. "Está bien la huelga, porque hay muy pocos trabajadores y los ordenadores siempre fallan".

"Resuelto en 5 minutos"

Tampoco Rogger Tarrillo, de 22 años, tuvo problemas para conseguir información sobre los trámites de la nacionalidad: "No sabía que hasta el miércoles hubo huelga. Veo que he tenido suerte en venir hoy. En cinco minutos, todo resuelto".

La tranquilidad suavizó a los ciudadanos que llevaban días esperando sus trámites: "Me han ocasionado molestias, pero tenían todo el derecho. La culpa es de los políticos", dijo Cándido Santiago, al salir con su certificado de matrimonio en el bolsillo.

Fuente: 20minutos.es

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viernes, febrero 27, 2009

Gijón jubila su "nuevo" palacio de justicia

La sede judicial gijonesa, situada en la avenida de Juan Carlos I, al lado de la playa de Poniente, fue pensada a mediados de los años noventa del siglo pasado para albergar los Juzgados civiles. Finalmente, la opinión de un juez -que hizo valer la cercanía de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía- reconvirtió las instalaciones en un edificio penal. Estos Juzgados estaban llamados a ser el gran centro neurálgico de la vida judicial de Gijón, en sustitución de los situados en la calle del Decano Prendes Pando, pero el reinado del nuevo palacio de justicia gijonés ha sido breve.


Poco más de una década después de abrir sus puertas ya ha recibido el aviso de jubilación. Las autoridades regionales y locales colocaron el pasado mes de diciembre la primera piedra del futuro palacio de justicia de La Bohemia: el gran complejo judicial del nuevo siglo en Gijón.

Los Juzgados de Poniente empezaron su andadura con mal pie. El artefacto explosivo instalado por la banda terrorista ETA en la puerta del edificio, cuando aún estaba en construcción, fue el primer tropiezo con el que se encontraron estas instalaciones. Era el 2 de noviembre de 1996. Después llegó la reconstrucción y su entrada en servicio. Los políticos de la época ni siquiera llegaron a inaugurar los Juzgados de manera oficial. Sencillamente, los trabajadores fueron llegando a ocupar sus puestos en marzo de 1998. Y lo hicieron con sorpresa.

El primer día el suelo jugó una mala pasada a una pareja de funcionarios, que resbalaron y se cayeron. Un primer paso excesivamente malo al que siguieron otros desperfectos hasta que, no hace mucho, el Principado decidió jubilar todas las sedes judiciales gijonesas: el edificio de Poniente, el situado en Prendes Pando, un piso de la calle Donato Argüelles y un local comercial cercano al futuro palacio de La Bohemia.

Los abogados fueron los primeros en quejarse del edificio judicial de Poniente. Un inmueble «con mucho espacio vacío y pocos lugares habilitados para el trabajo», en palabras de Antonio José Colunga, decano de los letrados entre los años 1999 y 2004. A día de hoy, en Poniente conviven los Juzgados penales, los de instrucción y otros servicios, como la sede del Colegio de Abogados o la de la fiscalía. La sede judicial es manifiestamente pequeña. Y, como muestra, un ejemplo: los representantes de la fiscalía trabajan en un pasillo.

No son los únicos. Las paredes de cristal, la falta de espacio y de intimidad en unas oficinas donde el anonimato es tan importante han hecho que los sindicatos levanten la voz más de una vez. Incluso los policiales. Nada más entrar se vislumbra el primer problema: el ciudadano no sabe dónde acudir, ya que no hay una oficina de información, y tienen que preguntar al agente policial encargado de la seguridad.

Posteriormente, cuando se dirigen a la sala a la que tengan que acudir, se encuentran con el gran problema: la falta de espacio. En algunas ocasiones tienen que esperar fuera de las salas, mezclándose con los funcionarios, que también trabajan, por otra parte, rodeados de papeles que ya no caben en el archivo.

A los profesionales de la judicatura les queda poco para conseguir nuevas oficinas. Durante el primer trimestre del año 2011 está previsto que se concluyan las obras del nuevo palacio de justicia de La Bohemia. Sin embargo, aunque la construcción del nuevo edificio ha comenzado ya, durante los últimos meses las sedes judiciales gijonesas han seguido necesitando dinero público. La última inversión que se llevó a cabo en el edificio situado en la avenida Juan Carlos I costó al Principado 60.000 euros. Las obras del quinto Juzgado de instrucción, el último instalado en la sede antes del traspaso de los Juzgados, se iniciaron en agosto del 2008. Fue el último paso de una historia de inversiones que comenzó cuando corría el año 1996.

La obra de los juzgados de Poniente era, por aquel entonces, más que necesaria. Al menos así lo asegura Eduardo Gota Losada, quien fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias entre 1989 y 2000: «La creación de las salas de la Audiencia, además del incremento exagerado de la litigiosidad en Asturias, hacían necesaria la inauguración de una nueva sede en Gijón». Un acto que se retrasó por el atentado y la falta de dinero para mobiliario.

Los comienzos fueron difíciles, además de caóticos. Algunos ciudadanos fueron citados en las dos sedes judiciales: la nueva y la vieja, ante la poca certeza del día de la inauguración.

Una vez abiertas las puertas, las obras continuaron. Algunas, de adecuación, y otras, de mejoras. El 4 de mayo de 1999, cuando apenas se había cumplido un año de la entrada de los trabajadores, se localizaron nuevas deficiencias: la caída de placas de la fachada.

El 1 de noviembre de 1999 se pusieron los primeros andamios para instalar la sede de la Sección Octava de la Audiencia. La justicia continúo avanzando con el paso del tiempo y el Ministerio adjudicó nuevos Juzgados para la ciudad. Tantos que la decimoprimera sala de primera instancia no pudo instalarse en las sedes existentes y tuvo que buscar un local independiente, situado en la Carretera Vizcaína, de manera que las instalaciones pasaron a dividirse en cuatro sedes. «En el Juzgado número 11 tienen hasta duchas», ríen algunos funcionarios conscientes de la poca adecuación de las instalaciones.

Las «nuevas» instalaciones de Poniente tienen sus días contados. El edificio ha sido donado como permuta a una empresa ferroviaria de las implicadas en la operación urbanística del «plan de vías» que cambiará la imagen de Gijón.

Fuente: lne.es

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Aragón: Silva espera retomar pronto con el ministro de Justicia los proyectos pendientes

El consejero de Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón, Rogelio Silva, espera que cuanto antes se puedan retomar los proyectos pendientes en la Comunidad con el nuevo ministro de Justicia, Francisco Caamaño, del que ha destacado su capacidad negociadora.


Así lo ha afirmado el consejero durante la presentación de un sistema de emergencias para personas sordas, donde ha subrayado que Caamaño es una persona de "buen talante, negociadora" y ha señalado que comenzarán a trabajar con él y su equipo "con toda la ilusión del mundo".

Ha recordado que con el anterior ministro, Mariano Fernández Bermejo, ha tenido una "relación buena" y, aunque cada uno defendía una postura, desde el punto de vista del Ministerio y desde el de la Comunidad Autónoma, la relación fue en cualquier caso fluida.

Esa es ya una etapa pasada, donde hubo proyectos encima de la mesa, ha dicho, al tiempo que ha señalado que, partiendo de una buena perspectiva, ahora hace falta que el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Comunidad Autónoma saquen adelante esos proyectos importantes.

Fuente: soitu.es

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El ministro de Justicia británico, víctima de los hackers

El ministro de Justicia británico, Jack Straw, fue víctima de un grupo de hackers informáticos nigerianos, que enviaron cientos de correos electrónicos en nombre del ex canciller pidiendo dinero.


Los correos electrónicos indicaban que Straw había perdido su billetera durante un viaje benéfico a Africa y subrayaba que el ministro necesitaba unos 3.500 dólares para regresar a Londres.

Los mensajes, que estaban encabezados con la frase "El honorable Jack Straw, miembro del parlamento (MP)", fueron enviados a autoridades locales, funcionarios del gobierno e individuos allegados al ministro laborista.

Según se informó, el grupo de hackers logró ingresar a la computadora de Straw en su oficina parlamentaria de Blackburn, en el norte de Inglaterra.

Tras el hecho, el Ministro de Justicia confirmó que varios e-mails fueron enviados a un "número significativo de personas" de su lista de direcciones, aunque aclaró que no se produjo ninguna violación de seguridad ya que la casilla de correo no era la personal, sino de la oficina en Blackburn.

"Comencé a recibir llamados de varias personas de mi circunscripción parlamentaria preguntándome si había estado realmente en Nigeria y si necesitaba los 3.500 dólares", declaró Straw al periódico local Lancashire Telegraph.

"Estamos investigando lo ocurrido y se me ha asegurado que no fue afectada la confidencialidad de los constituyentes", agregó.

Cuando Straw se desempeñó como ministro del Interior, estableció la Unidad Nacional contra el Crimen de Alta Tecnología para combatir a hackers de Internet.

"Internet es maravilloso en muchos sentidos, pero estas bandas ponen mucho esfuerzo en sus tareas porque obtienen dinero de esas actividades. En muchos casos logran hacer caer a la gente. Pero en mi caso era ridículo sugerir que me había ido de paseo por Africa y que había perdido mi billetera", continuó.

El correo electrónico falso, que fue enviado a electores laboristas, alcaldes y funcionarios del Ministerio de Justicia, afirmaba que Straw había viajado a Africa para participar de un proyecto llamado "Dándole Poder a los Jóvenes para Luchar contra el Racismo", antes de hablar en la capital nigeriana de Lagos.

Fuente: latercera.com

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jueves, febrero 26, 2009

La sentencia de muerte de "El País" acabó por hundir a Bermejo

A los pocos minutos de que Mariano Fernández Bermejo anunciara su renuncia como ministro de Justicia, por los pasillos de la Audiencia Nacional aparecieron colgados varios carteles con su foto que decían irónicamente: "Ohhh! dimitió Bermejo". La anécdota, obra de los funcionarios de Justicia, es la clara muestra de los pocos amigos que deja el abulense tras dos años al frente del Ministerio, después de que José Luis Rodríguez Zapatero decidiera mandar a Juan Fernando López Aguilar a probar fortuna en Canarias en las elecciones autonómicas de 2007.


Su fuerte carácter y su brusquedad en las formas han sido sus sellos de identidad. En este tiempo ha conseguido que todo el mundillo judicial se levante en armas contra él y que nadie se lamente de su marcha. El lunes, las reacciones de las asociaciones de jueces, de fiscales y del resto de profesionales de la Justicia se sucedían, y todas en la misma dirección.

El año pasado, en plena campaña de las elecciones generales, fue Fernández Bermejo quien tuvo la culpa de que los funcionarios de Justicia boicotearan los mítines de campaña de Zapatero día sí, día también. "Este conflicto lo va a arreglar este ministro, no les quepa duda", decía él. Pero no lo arregló. Muchos pensaron entonces que aquella huelga de funcionarios le dejaría en la cuneta y que el presidente no contaría con él para su segundo mandato, pero sorprendentemente Zapatero le mantuvo en su cargo.

La huelga de este año ha sido todavía peor: la primera de los jueces en toda la historia. Y, para colmo, la cacería con Baltasar Garzón en plena Operación Gürtel, sin licencia siquiera. No se había dado cuenta de que Jaén no estaba en Castilla-La Mancha.

Convencido de poder capear la tormenta, el ya ex ministro de Justicia dedicó los primeros días de la polémica a defenderse con uñas y dientes de las constantes embestidas de la oposición. El malestar de sus compañeros socialistas y del propio Gobierno era mayúsculo, pero muy pocos se atrevían a reprobar en público su comportamiento.

El antes y el después de la "no licencia"

El punto de inflexión se produjo el pasado jueves, cuando al cazador no le quedó más remedio que reconocer que no tenía licencia para cazar en Andalucía. Después de aquello, según fuentes cercanas a Fernández Bermejo, éste se entrevistó con Zapatero y María Teresa Fernández de la Vega y puso su cargo a su disposición. Pero el presidente prefirió esperar a que pasara el fin de semana para ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Quedaron en verse de nuevo el lunes y tomar una decisión.

Entre medias, el sábado el diario El País firmaba su sentencia de muerte: "Zapatero planea relevar a Bermejo en su primera remodelación del Gobierno". Ése era el titular de una información firmada por los bien informados periodistas Luis R. Aizpeolea (que goza de hilo directo con el presidente) y Anabel Díez en la que, citando fuentes del entorno del presidente, desvelaban que al abulense le quedaban sólo unos pocos meses de vida en Justicia. Puesto que Zapatero estaba decidido a hacer una remodelación de su Gobierno antes de enero de 2010 (cuando comienza el turno español en la Presidencia de la UE) y él estaba en la lista de damnificados.

Aquello terminó de convencer a Fernández Bermejo. Tirando de orgullo, pensó que, antes de que le echaran, mejor irse por su propio pie. Y así se lo comunicó a Zapatero en una nueva reunión celebrada este lunes en La Moncloa. El presidente no hizo nada por retenerle. Es más, ya le tenía buscado sustituto: Francisco Caamaño Domínguez. Zapatero no pudo proponerle su nombramiento en persona porque la marea le pilló en Galicia, echando una mano a sus compañeros socialistas en campaña.

Fuente: El Semanal Digital

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Los jueces, dispuestos a retomar el diálogo con el Gobierno

Las asociaciones judiciales se mostraron dispuestas a retomar el diálogo con el Gobierno, interrumpido con el anterior ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, tras la huelga del pasado día 18.


Los representantes de las cuatro asociaciones judiciales -la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Francisco de Vitoria (AJFV), Jueces para la Democracia (JpD) y Foro Judicial Independiente (FJI)- comparecieron ante la Comisión de Justicia para explicar sus reivindicaciones y las razones que les llevaron a la movilización de la pasada semana.

Las cuatro asociaciones de acuerdo

Todas han defendido su derecho a la huelga a pesar de ser un poder del Estado y han reiterado las peticiones que plasmaron el pasado 12 de enero en el documento conjunto en el que demandan mejoras en la Administración de Justicia.

En este sentido, han dado un voto de confianza al nuevo ministro, Francisco Caamaño, para recuperar el diálogo, aunque han advertido de que si fracasa el proceso negociador se mantendrá la huelga anunciada para el 26 de junio.

El presidente de la APM, Jesús Chamorro, ha destacado que el camino a seguir es el de la negociación dentro del sentido de la responsabilidad institucional, aunque ha advertido que serán "firmes" en la defensa de sus reivindicaciones.

Por ello, ha explicado a los diputados que la posibilidad de acudir a una huelga no es un fin en sí mismo, ya que pretenden agotar las vías de diálogo, y ha recordado a los grupos que compete al Parlamento regular este derecho.

También ha mostrado su disposición al diálogo el portavoz de una de las asociaciones convocantes de la huelga del pasado día 18, la Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, quien ha dado un margen de confianza al nuevo ministro de Justicia y espera que detrás de su invitación al diálogo "haya algún fundamento".

Acto de responsabilidad

Según Sexmero, el paro de jueces no fue un acto de irresponsabilidad sino, por el contrario, una enorme muestra de responsabilidad para pedir un cambio que permita la tutela judicial efectiva y se ha preguntado si habrían comparecido en el Congreso en caso de no haber protagonizado esa protesta.

El portavoz de JpD, Miguel Ángel Gimeno, ha recordado que su asociación ha optado por la negociación y que sólo se plantean la huelga como "último extremo", ya que prefieren llegar a acuerdos, aunque defiende que los jueces pueden ejercitar ese derecho.

Nuevas expectativas

Además, Gimeno ha dicho que el relevo al frente del Ministerio de Justicia abre nuevas expectativas, como también ve con optimismo el interés demostrado por el Parlamento para solucionar las carencias judiciales.

En la defensa de las reivindicaciones de la carrera judicial se ha mostrado firme el portavoz del Foro Judicial Independiente (FJI), -otra de las convocantes de la pasada huelga-, Conrado Gallardo, quien ha insistido en que las reformas procesales no servirán para solucionar los problemas si no se aumenta el número de jueces.

También ha subrayado la importancia de mantener las demandas de incrementos salariales para los jueces y magistrados, que se aparcaron en la última reunión con el ministro Fernández Bermejo. Por su parte, los portavoces de los grupos parlamentarios han apelado a la responsabilidad de las asociaciones ante el mantenimiento del anuncio de huelga para junio.

El socialista Julio Villarrubia ha subrayado que un poder del Estado no debe recurrir a la huelga por responsabilidad, mientras que el portavoz del PP en Justicia, Federico Trillo, ha defendido que las asociaciones de jueces tienen derecho a defender sus intereses profesionales, pero "sin caer en el sindicalismo".

Legitimidad de las demandas de los jueces

Todas las fuerzas políticas han admitido que las demandas de los jueces son legítimas, aunque consideran que su respuesta ha sido excesiva y esperan que retomen el proceso negociador con Caamaño.

Así, Joan Ridao, portavoz de ERC-IU-ICV, ha considerado que su reacción ha sido "en cierta forma corporativa o gremial" por temor a que se reprodujera el "caso Tirado".

Desde el PNV, Emilio Olabarria, ha defendido las reivindicaciones de los magistrados, a quienes a invitado a retomar el diálogo con el Gobierno, y Jordi Jané, de CiU, ha pedido a las asociaciones que pongan "el contador a cero" y colaboren con los grupos políticos para fijar un calendario de actuaciones para modernizar la Justicia.

Fuente: EcoDiario

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Caamaño tiende la mano a los jueces para modernizar la Justicia


El nuevo ministro de Justicia, Francisco Caamaño Domínguez, se ha marcado como principal objetivo seguir con el proceso de modernización en la Justicia iniciado por su antecesor en el cargo, Mariano Fernández Bermejo, y ha tendido la mano a los jueces y a todos los sectores implicados para acometer esa reforma que ponga fin a una justicia "masificada" a través de un "diálogo sincero".


El nuevo titular de Justicia ha señalado que es un honor para él ocupar ese cargo porque su compromiso con una Justicia "ágil, transparente y responsable" es "muy firme". Ha agradecido al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, su confianza, y a la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, "lo mucho que he aprendido en los últimos cinco años a su lado".

Ha insistido en que buscará el acuerdo con los jueces, los secretarios judiciales, los médicos forenses, la Policía Judicial y los graduados sociales para conseguir una justicia "mejor y más cercana a los ciudadanos".

"Soy conciente de la gran responsabilidad que se me encomienda", ha señalado en una intervención en la que ha planteado las necesidades básicas de la Administración de Justicia: la modernización desde los medios técnicos y humanos; y desde la formación a sus profesionales. Ha apelado a la independencia de los jueces pero también a su responsabilidad.

"Estoy convencido de que en esta reforma es más lo que nos une que lo que nos separa", ha destacado el ministro, quién ha marcado toda una declaración de intenciones: "no cejaré en mi empeño para que el diálogo sea posible". Ha mostrado su voluntad de colaborar con el Consejo General del Poder Judicial y con la Fiscalía General del Estado.

Un ministro que caminará por la senda del diálogo

El nuevo ministro ya había asegurado en una entrevista que dará continuidad a los proyectos de su antecesor en el cargo y que caminará por la senda del consenso y el diálogo para poner fin al conflicto del ministerio con los juces, que protagonizaron su primera huelga en España y que ven con optimismo la llegada de Caamaño.

De origen gallego y licenciado de Derecho, Caamaño, que ha desempeñado su cargo de secretario de Estado durante los últimos cinco años y fue el principal "negociador" del Gobierno en la reforma del Estatuto de Cataluña, será el tercer ministro de Justicia de los Gobiernos de Rodríguez Zapatero.

Fuente: rtve.es

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miércoles, febrero 25, 2009

Madrid: Desconvocada la huelga de los funcionarios de Justicia


Los funcionarios de la Administración de Justicia de Madrid han aceptado esta tarde en asamblea, por amplia mayoría, el principio de acuerdo alcanzado esta mañana entre los sindicatos y la Consejería, con lo que queda desconvocada la huelga que mantienen desde el pasado día 16. El acuerdo ha sido aprobado por 936 votos a favor, 126 en contra y 24 abstenciones, según los portavoces de UGT y STAJ. Ver vídeo.


Así, los trabajadores de Justicia, reunidos en asamblea, han votado desconvocar la huelga indefinida que habían convocado para el próximo 9 de marzo. La reunión se ha celebrado en el instituto Virgen de la Paloma de Madrid y han asistido unas 2.000 personas, aunque no todas han podido entrar en el recinto en el que se votaba.

Una vez respaldado el texto por los funcionarios, el acuerdo se ha firmado oficialmente, entre los representantes sindicales y el consejero Francisco Granados, a las 20.00 horas en el sede de la Consejería de Justicia.

Mañana jueves, Francisco Granados llevará el preacuerdo a la Asamblea y el jueves 5 de marzo será aprobado por el Consejo de Gobierno y publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM).

Ahora, los usuarios de la Administración de Justicia sólo esperan que el acuerdo se ponga en marcha para dar salida a los miles de asuntos que se han acumulado desde el arranque del conflicto.

Fuente: elpais.com , madridiario.es

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Granada: Funcionarios de los juzgados de lo Penal paran 15 minutos contra la precariedad laboral

Los funcionarios de los juzgados de lo Penal de la capital granadina han protagonizado hoy un nuevo paro de quince minutos a las puertas del edificio judicial de la Caleta para exigir a la administración más medios humanos y materiales ante la precariedad laboral que sufren.


El acto de protesta, convocado por la Junta de Personal de la Administración de Justicia de Granada, ha sido secundada por la "práctica totalidad" de los 60 trabajadores que desempeñan su labor en estos órganos, ha manifestado el delegado de personal del STAJ, Nicolás Núñez, quien ha anunciado que volverá a repetirse dentro de quince días.

La mejora de la aplicación informática, la creación de tres nuevos juzgados de lo Penal en la provincia, dos en la capital y uno en Motril, y la aprobación de un plan de actuación urgente para reducir el número de asuntos que lleva cada juzgado son algunas de las demandas de los funcionarios.

Además, la Junta de Personal ha denunciado que la administración ha suprimido "poco a poco" los refuerzos contratados tras conocerse casos como el ocurrido en Sevilla con Santiago del Valle, el presunto asesino de la niña de Huelva Mari Luz Cortés.

Núñez ha lamentado que esta situación se produzca después de que la consejera de Justicia, Evangelina Naranjo, anunciara en noviembre pasado que para 2009 se incrementaría un 80% el presupuesto para sustituciones y refuerzos.

Mañana, de 11 a 11:15 horas, las protestas se trasladarán hasta la sede judicial de Motril, donde los funcionarios se concentrarán para exigir la implantación del juzgado de lo Penal número dos, así como para que no se quiten los refuerzos.

Fuente: Granada Digital

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Madrid y los funcionarios de Justicia alcanzan un preacuerdo para poner fin a los paros

La Comunidad de Madrid y los sindicatos de los funcionarios de Justicia de la Comunidad de Madrid han alcanzado hoy miércoles un preacuerdo, que deberá ser ratificado esta tarde en la asamblea de trabajadores, para desbloquear la huelga que dura ya diez días. El texto consensuado prevé un complemento mensual de 90 euros en 2009, un incremento de plantilla en los registros civiles y la conversión de contratos de refuerzo en plantilla.


Veinte horas después de que los funcionarios de Justicia, reunidos en asamblea en los Juzgados de la plaza de Castilla, acordaran prolongar definitivamente a partir del 9 de marzo la huelga, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, accedía a sentarse en la Mesa Sectorial junto a CCOO, UGT, STAJ, y CSIF con una nueva propuesta en la mano.

Esta cambiaba radicalmente los ofrecimientos anteriores (subida de sueldo parcial, refuerzos para el Registro Civil) y se aproximaba mucho más a las reivindicaciones de los trabajadores. Dos horas después, la reunión concluía y se anunciaba un preacuerdo no con nuevos puntos, sino destinado a aplicar aquellos que ya se firmaron en 2007 y que la Comunidad no ha cumplido por falta de presupuesto.

Fuera de las dependencias de la consejería, cientos de trabajadores se manifestaban a la espera de una solución provocando un gran tapón circulatorio en la Gran Vía. Y finalmente han aplaudido la posibilidad de que se cierre un acuerdo.

Más personal contra las colas

Así las cosas, Francisco Granados anunció que en 2009 los funcionarios de Justicia cobrarán 90 de los 450 euros mensuales que se les prometieron como complemento, sumados a los 130 que ya estaban cobrado. El resto del complemento se irá regularizando a lo largo de 2010 y 2011. Asimismo este año se incrementará la plantilla de los registros civiles (24 personas al menos para el de la calle Pradillo, en la capital), que, como admitió el consejero, sufren "colapsos importantes que causan graves perjuicios a los ciudadanos".

Otra mejora, que ha sido bien valorada por los sindicatos, es la promesa de la Consejería de que durante este año se consolidarán los puestos de 181 trabajadores que, contratados en un principio como refuerzos, se habían convertido en imprescindibles pero seguían renovando sus contratos mes a mes. En 2010 se crearán otras 70 plaza nuevas y para 2011 se reservará un fondo de 2'6 millones de euros para nuevas contrataciones. El consejero se comprometió a llevar su decisión al Consejo de Gobierno regional para informar favorablemente de la misma este jueves y que el próximo, día 5 de marzo, el organismo lo apruebe definitivamente para su aplicación.

Esfuerzo de comprensión

En rueda de prensa posterior, los delegados de CCOO, UGT, STAJ y CSIF valoraron la reunión de este miércoles como un "paso adelante" muy positivo. El preacuerdo será sometido por los trabajadores a votación esta tarde en asamblea y, si deciden ratificarlo, supondrá la desconvocatoria de la movilización.

El consejero Granados ha valorado "el esfuerzo de comprensión" de los sindicatos que han tenido en cuenta la crisis económica a la hora de ceder en sus solicitudes. "Creo que es un buen acuerdo para la mejora de la administración de Justicia, al reforzar los juzgados más colapsados", ha indicado.

El principio de acuerdo se ha producido después de que ayer los funcionarios de Justicia presionaran con un paro indefinido si no se atendían sus demandas. Esta mañana, la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguire, ha pedido "solidaridad" a los huelguistas. "La Justicia es un servicio público fundamental y los funcionarios de la administración de Justicia son funcionarios, tienen un empleo fijo en un momento en el que 7.000 españoles se van al paro todos los días. Yo estoy convencida de que ellos van a ser solidarios también", ha señalado Aguirre.

Fuente: madridiario.es , elpais.com

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Huelga Madrid: Funcionarios de Justicia protestaron en un acto de Aguirre pidiendo su dimisión

Más de un centenar de funcionarios de la Administración de la Justicia de la Comunidad de Madrid se han manifestado ayer tarde ante las puertas de un hotel de Madrid, donde la presidenta Esperanza Aguirre tenía un acto, para pedir su dimisión por no reconocer el acuerdo que tenía con ellos.


Los manifestantes, que ayer decidieron convertir en indefinida la huelga que mantienen, portaban pancartas de "Aguirre dimisión" y "Desbloqueo de la Justicia" para exigir a la presidenta mejoras para la Administración de Justicia mediante un incremento de plantilla en las instituciones judiciales que peor funcionan.

A la llegada de la presidenta al hotel Intercontinental, que acudía a la presentación del libro de Alfonso Ussía, "Mujeres del reino" y que finalmente ha entrado por otra puerta, los manifestantes han respondido con pitadas y peticiones de dimisión de ella y de su consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados.

Fuente: soitu.es

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Los secretarios judiciales "invitan" a los catedráticos a salir de sus despachos

El manifiesto en el que un centenar de profesores y catedráticos critican el diseño de la nueva oficina judicial del Gobierno no ha sentado muy bien a los secretarios judiciales, cuyas competencias salen reforzadas con esta reforma procesal. Los fedatarios han «invitado» a los firmantes del manifiesto a salir de sus despachos de la Universidad y «acercarse a la realidad» de la Justicia.


En un comunicado, les acusan de una «falta absoluta de conocimiento» del funcionamiento de Juzgados y Tribunales y de no aportar «argumentos sólidos» cuando critican el proyecto de ley que deja en manos de los fedatarios la agenda de señalamientos.

A diferencia de los catedráticos, el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales sostiene que esta reforma procesal, pieza clave para el Gobierno en su plan de modernización de la Justicia, «es escrupulosa y estrictamente respetuosa con la Constitución Española» en las atribuciones competenciales que efectúa a favor de este cuerpo. Recuerdan que la entrega de la llamada «gestión del proceso» a «otros juristas distintos del juez» permitirá la agilización y racionalización de los medios personales al servicio de la Administración de Justicia, «economizando recursos, evitando gastos (...) y manteniendo la imparcialidad y exclusividad del juez en las fases del juicio». Se salvaguarda, así, dicen, el control judicial y la tutela judicial efectiva.

Precisamente, y respecto a la imparcialidad del juez, sostienen los secretarios que son los principios de unidad de actuación y jerarquía que rigen en el cuerpo los que permitirán «asegurar la igualdad de trato de todos los ciudadanos en el ejercicio de su derecho al acceso a la Justicia», evitando de esta forma que pueda hablarse de los Juzgados como «auténticos reinos de taifas».

Organización «arcaica»

Recuerdan los fedatarios que la ejecución -concebida en la Carta Magna como «hacer ejecutar lo juzgado»-, «no implica que los jueces y magistrados tengan que adoptar todas y cada una de las decisiones del proceso de ejecución», pues el ejercicio de la «potestad coactiva del Estado» puede ser atribuido a otros funcionarios o Administraciones, como sucede con la Administración Tributaria o con la ejecución de penas privativas de libertad en la Administración Penitenciaria.

«Los daños irreparables a nuestra Justicia -señalan- no los producirá esta nueva forma de hacer las cosas que prevé el proyecto, sino que dichos daños, que ya tristemente padecen los ciudadanos, son consecuencia, entre otros motivos, de una organización arcaica».

Fuente: ABC.es

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El PP presentará hoy una querella contra Garzón por prevaricación

El Partido Popular ha anunciado que presentará hoy miércoles ante el Tribunal Supremo una querella contra Baltasar Garzón. El magistrado de la Audiencia Nacional instruye el 'caso Gürtel', la investigación de la presunta red de corrupción en la que estarían vinculados cargos del PP.


A lo largo de 16 folios, el escrito de la querella expone los fundamentos de hecho y de derecho para acusar al juez de la Audiencia Nacional de prevaricación. Como principal motivo, se señala que el juez actuó "con plena consciencia de que carecía de competencia para instruir" en el caso de presunta corrupción entre miembros del PP.

Los populares indican que la ley establece con toda claridad que cuando los delitos "estén implicados aforados", los jueces de instrucción sólo pueden tomar medidas urgentes.

'Comportamiento doloso'

Los populares acusan también a Garzón de seguir con la instrucción y no haberse inhibido a favor de los tribunales correspondientes como solicitó la fiscalía Anticorrupción el pasado 18 de febrero, instando a Garzón a inhibirse de la causa y dejar las diligencias en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y en el de Valencia.

Durante este pasado martes, diversos dirigentes populares habían manifestado que la querella ya estaba lista y que en cualquier momento sería presentada. Finalmente, los populares han acordado que la querella será presentada hoy y en la misma se denunciará el comportamiento del juez en la instrucción.

Según el escrito que avanza la presentación de la querella, el comportamiento de Garzón "sólo se entiende con una decisión consciente de suplantar la ley por propia voluntad". También recuerdan que existen dos datos que "refuerzan" la idea de que Garzón ha actuado con "comportamiento doloso".

Primero recuerdan la célebre cacería de el ya ex ministro de Justicia con el juez y por otro lado recuerdan que Garzón ha rechazado aceptar la petición tanto del Partido Popular como de la Comunidad de Madrid de personarse como acusación en la causa.

Fuente: elmundo.es

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martes, febrero 24, 2009

Huelga Madrid: No hay posibilidad de acuerdo con la Comunidad, por lo que el paro se convertirá en permanente


La huelga de funcionarios de Justicia se convertirá en indefinida. Este martes, después de dos días de negociaciones y de que el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, no se sentase en la mesa de negociación, los sindicatos CCOO, UGT y STAJ han anunciado que el paro se convertirá en permanente desde el próximo 9 de marzo.


Los funcionarios de la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid han decidido que pase a ser "indefinida" la huelga que mantienen desde el lunes de la semana pasada. La causa de esta medida drástica es el "inmovilismo" de la consejería que dirige Francisco Granados.

Los funcionarios han tomado esta decisión por mayoría absoluta, con cuatro votos en contra y tres abstenciones, en la asamblea de trabajadores que se ha celebrado esta mañana. La reunión se ha celebrado poco después de que la consejería informara por vía telefónica a los sindicatos convocantes, CCOO, UGT, y Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), de que el pago del complemento mensual de 155 euros, comprometido para este año, se ha de posponer al ejercicio 2010-2011.

La Comunidad de Madrid ha retirado la oferta económica de 450 euros de incremento de sueldo en cuatro años que había planteado a los trabajadores, que están en huelga por el incumplimiento de los acuerdos firmados en 2007 cuando Alfredo Prada era consejero y que incluían un plan de choque para desatacar los juzgados.

Entre otras medidas, los sindicatos reclaman 74 personas más para el Registro Civil de la calle Pradillo, un aumento de dos a cuatro trabajadores en los Juzgados de lo Penal y 50 nuevos puestos en la Fiscalía de Madrid.

Una alternativa antes de la huelga

Sin embargo, este lunes la Consejería ofrecía únicamente un aumento de personal en el Registro, una de las sedes más atascadas de la región, pero la asamblea de trabajadores, reunida este martes en los Juzgados de Plaza de Castilla, rechazó esta posibilidad y aprobó tomar medidas contundentes. Así, dentro de dos semanas el personal funcionario parará completamente. En origen, la huelga iba a ser de 15 días con una semana de trabajo, pero la situación se ha enquistado tanto que el trabajo se detendrá, "lamentablemente" según los delegados sindicales, por completo.

Para la Comunidad, esta medida es desproporcionada, por lo que ya ha reclamado a CCOO, UGT y STAJ que tenga en cuenta que la difícil situación económica por la que atraviesa el Ejecutivo debida a la crisis impide cumplir lo pactado. Las centrales esperan en cambio que de aquí al 9 de marzo la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior les ofrezca una alternativa que evite un perjuicio aún mayor a los usuarios de la Justicia.

Según ha informado Alberto García, portavoz de STAJ, se ha decidido prolongar la huelga iniciada el pasado lunes 16 ante el "inmovilismo" de la Consejería de Justicia, a quien van a pedir en la reunión que mantendrán mañana que "acerque posiciones y se coloque para resolver el conflicto". Los trabajadores no se muestran de acuerdo con la respuesta de hoy del Gobierno regional, según ha explicado García, porque consideran que el pago del suplemento que hay pendiente ha de hacerse proporcionalmente.

"No puede ser que un año te paguen cero y al año siguiente te paguen el oro y el moro, porque la gente tiene pagos que cumplir", ha explicado el portavoz del STAJ. Tanto sindicatos como los representantes de Justicia de Madrid se reunirán mañana a las 9.30 para retomar las negociaciones.

Fuente: madridiario.es , elpais.com

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Bermejo ya tiene trabajo


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Huelga Madrid: Los trabajadores de Justicia volvieron a cortar la Gran Vía

Por el momento no existe un principio de acuerdo en las negociaciones que los representantes sindicales de los funcionarios de la Administración de Justicia han mantenido ayer lunes con la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior. La consejería retiró la oferta económica que planteó el pasado viernes que incluía un aumento de 450 euros del complemento específico en cuatro años.


Según explicó un portavoz sindical, las mejoras propuestas por la Comunidad no cumplen los requisitos demandados por los trabajadores de Justicia, pues son iniciativas planteadas a largo plazo. Desde la Comunidad se declaró que se habían ofrecido propuestas de mejora del personal en el Registro Civil.

El enfado de los empleados públicos ha llevado por tercera vez a cortar la calle Gran Vía a la altura del número 18, donde se ubica la sede de la Dirección General de Justicia de la Comunidad de Madrid. La invasión de los carriles se produjo cuando los delegados sindicales informaron durante un receso a los 800 compañeros concentrados la retirada de la propuesta económica formulada para partir de cero en las conversaciones.

Alberto García, de STAJ, señaló que se trataba de negociar sobre la base de ese acuerdo. "Con esta actitud, la Consejería está alejando posturas. Nos hicieron una propuesta concreta y ahora la retiran. Es indignante. Así no se puede negociar", criticó. "Las conversaciones no pintan nada bien", comentó Francisco López, también de STAJ.

El bloqueo de la Mesa Sectorial se produjo el pasado miércoles al no adecuarse la oferta de la Administración regional a las reivindicaciones de incremento de personal que demandan los trabajadores. Entre otras medidas, los sindicatos reclaman 74 personas más para el Registro Civil de la calle Pradillo, un aumento de dos a cuatro trabajadores en los Juzgados de lo Penal y 50 nuevos puestos en la Fiscalía de Madrid.

Aguirre y el consejero Francisco Granados pactaron el pasado viernes este encuentro con los sindicalistas, cuando cerca de 500 huelguistas se congregaron delante del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para protestar durante la toma de posesión de la nueva presidenta de la Audiencia Provincial, Ana Ferrer.

Tras ser abucheado a su llegada al tribunal junto a la presidenta autonómica, Esperanza Aguirre, los responsables regionales decidieron sentarse por primera vez con los representantes de CCOO, STAJ, UGT y CSI-CSIF esa misma mañana, al finalizar el acto. Granados avanzó que las conversaciones continuarían el lunes con su presencia, una situación que no se ha producido.

Fuente: madridiario.es , Europa Press

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Francisco Caamaño Rodríguez, nuevo ministro de Justicia


Francisco Caamaño Domínguez, hasta ahora secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, sustituirá al dimitido Mariano Fernández Bermejo como ministro de Justicia.


Caamaño nació el 8 de enero de 1963 en la villa coruñesa de Cée. Se licenció en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela.Desde entonces, su trayectoria profesional ha estado vinculada al Derecho Constitucional, materia de la que fue Profesor Titular en la citada Universidad.

En 1993 fue designado Letrado del Tribunal Constitucional y en 2002 obtuvo la plaza de Catedrático en la Universidad de Valencia y ha sido director de la Fundación Democracia y Gobierno Local y codirector de la revista Cuadernos de Derecho Local.

Durante su etapa académica fue becario del Parlamento de Galicia y de las Cortes Generales. Igualmente realizó diversas estancias de estudios tanto en centros de investigación nacionales como extranjeros, particularmente en las Universidades de Coimbra, Edimburgo y Bolonia, así como en el Instituto Europeo de Florencia.

Aunque se colegió como abogado en el Ilustre Colegio de La Coruña, pasó a la situación de no ejerciente en 1989. En octubre de 1990 fue contratado como Profesor Ayudante de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago de Compostela, adquiriendo, a finales de 1991, la condición de Profesor titular interino de Derecho Constitucional.

En 1993 ganó por oposición la plaza de Profesor titular de Derecho Constitucional en dicha Universidad. En ese mismo año pasó a la situación de servicios especiales al haber sido designado por el pleno del Tribunal Constitucional Letrado adscrito a este órgano jurisdiccional.

En el año 2001 cesó como Letrado del Tribunal Constitucional regresando a su plaza en la Universidad de Santiago. En octubre de 2002 obtuvo por oposición la plaza de Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia. Ha impartido docencia ordinaria de Derecho Constitucional, Derecho comunitario y autonómico e, igualmente, ha impartido un gran número de conferencias, seminarios y cursos de doctorado y de postgrado, así como maestrías de especialización tanto en Universidades como en otros muchos centros públicos y privados sobre temas relativos a su especialidad.

Asimismo ha dirigido y participado en diversos programas de investigación, tanto nacionales como comunitarios y en programas de cooperación jurídica con el exterior, principalmente con países centroamericanos. Producto de esta actividad ha sido su especialización en temas de derecho parlamentario y jurisdicción constitucional.

En el año 2001 fue nombrado Director de la Fundación Democracia y Gobierno Local cuyo patronato está constituido por diversas Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares. Permaneció en el cargo hasta 2004.

El 19 de abril de 2004, en el primer consejo de ministros del nuevo gobierno socialista, fue designado secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, dependiente del ministerio de la Presidencia. Sustituyó en el cargo al popular Jorge Fernández Díaz.

Durante su mandato participó, en nombre del Gobierno, como negociador en el proceso de reforma del Estatuto catalán, aprobado por el Congreso el 30 de marzo de 2006 y por el Senado el 10 de mayo del mismo año.

El 14 de abril de 2008, en el primer Consejo de Ministros del nuevo gobierno de Rodíguez Zapatero, fue nombrado secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, cargo de nueva creación, en el ministerio de la Presidencia.

Fue además codirector de la Revista Cuadernos de Derecho Local (QDL) y ha figurado en diversos Consejos de redacción de otras publicaciones sobre Derecho Público y Constitucional.

Autor de un amplio número de artículos en revistas especializadas, ha escrito, entre otros, los siguientes libros y monografías: "El mandato parlamentario" (1991), "El sistema político de Galicia" , en colaboración con Vilas, Máiz y Rivera (1998), "El control de constitucionalidad de disposiciones reglamentarias" (1993), "Jurisdicción y procesos constitucioneas , en coautoría con Requejo, Medina y Montoro, (1997), "El derecho de sufragio pasivo" (2000), o "La garantía constitucional de la inocencia" (2003).

Francisco Caamaño está en posesión de la Medalla del Tribunal Constitucional. Está casado y es padre de dos hijas.


Fuente: expansion.com

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Jose Luis Requero: "Bermejo ha sido el peor ministro que ha tenido nunca Justicia"

El magistrado y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial considera un triunfo de la democracia que Mariano Fernández Bermejo haya dimitido de su cargo de ministro, como consecuencia del escándalo de la cacería con Garzón. “Era insostenible que siguiera… su marcha beneficia a todos, hasta al PSOE”.


-Quince días después de que se destapase el picnic cinegético del ministro y el juez, Bermejo se ve obligado a irse ¿cómo lo valora?

- Es una buena noticia, para la democracia y el Estado de derecho. Con su actitud, con actuaciones como la cacería que compartió con Baltasar Garzón, con su carácter de juez y parte ha hecho mucho daño a las instituciones. La revelación de la cacería ha servido para ponerlo en evidencia.

- Era insostenible que siguiera en el cargo.

- No tenía sentido, ni siquiera le querían en el PSOE, porque les perjudicaba mucho tener en el Gobierno a alguien que ha actuado así. Su marcha es beneficiosa para todos, hasta para los socialistas.


- Defina su actitud con una palabra.

- Autocomplacencia. No se trata de sacar leña del árbol caído, pero se puede decir que Bermejo ha sido el peor ministro que ha pasado nunca por el edificio de la calle San Bernardo. No ha aportado realmente nada, ha contribuido a enfrentar a los jueces, ha cometido abusos e irregularidades, como la reforma del edificio o cazar sin licencia, Y ha roto el principio de imparcialidad con sus encuentros con el juez Baltasar Garzón

- Queda Garzón.

- Garzón no es dimitible de su puesto de magistrado. Pero con su actitud también ha quedado desacreditado. Su papel en la cacería también le retrata.

Fuente: lanacion.es

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La trayectoria de Bermejo: De la "fiscalía anti-pp" a las monterías con Garzón

Mariano Fernández Bermejo declaró en su día que ‘soy de izquierdas y como tal actúo’ y se ha definido a sí mismo como ‘rojo’. Repasemos la trayectoria vital y profesional del que ha sido el más polémico de los ministros.


Mariano Fernández Bermejo (1948), que ha declarado famosamente que ‘hemos luchado contra los padres y ahora toca luchar contra los hijos’, es sin embargo hijo del alcalde falangista de su localidad natal, Arenas de San Pedro (Ávila). El padre del ministro era también jefe provincial del Movimiento.

Mariano cobró pronto fama de ‘señorito’ en su pueblo pues prefería tocar el bajo con su grupo ‘yeyé’, Los Cirros, antes que ayudar en las gasolineras de su padre, gasolineras que siguen funcionando hoy y que han sufrido el boicot de algunos vecinos.

La carrera como fiscal de Bermejo ha sido imparable. Fue número uno en la convocatoria de oposiciones de 1974. En 1985 cofunda la Unión Progresista de Fiscales. En 1989 es fiscal del Tribunal Supremo. Durante más de diez años marcados por la polémica ideológica (1992-2003), Bermejo fue fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. Antes de ser nombrado ministro de Justicia en 2007, era fiscal jefe de sala de la sección de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

El nombramiento de Bermejo como ministro de Justicia se explica por su cercanía a Rodríguez Zapatero. El anterior ministro, López Aguilar, dejó una lista de ministrables entre los que no figuraba Bermejo. Bermejo, en cambio, era apoyado por Cándido Conde-Pumpido, Fiscal General del Estado, amigo de Bermejo desde antes de los tiempos en que este era conocido como ‘el fiscal anti-PP’.

En cuanto a carrera política, Bermejo no quiso figurar como cabeza de lista electoral por la circunscripción de Ávila en 2008. Para explicar su candidatura por Murcia, hay que tener en cuenta que Bermejo ha sido durante un buen tiempo uno de los intervinientes más requeridos en todo género de mítines, por su capacidad para enardecer al electorado socialista. En Ferraz se hizo el balance entre la mala prensa que generaba Bermejo y su capacidad de arrastrar votos. Esta capacidad le hizo ser enviado a una plaza tan difícil como Murcia. Las previsiones socialistas, sin embargo, se volvieron un chasco pues Bermejo fue doblado en resultados por la lista del PP, perdiendo por un 32% frente a un 64%.

Con todo, la estima que Bermejo recibe del PSOE ha decrecido. Ha sido José Antonio Alonso, el portavoz parlamentario, y no el ministerio de Justicia, el encargado fundamental de negociar en materias de Justicia con el PP, asunto que, a comienzos de legislatura, dolió mucho al ministro.

Bermejo fue nombrado fiscal jefe de Madrid por Eligio Hernández en un nombramiento que muchos, en su día, consideraron ilegal. Los progresivos ascensos de Bermejo han sido compatibles con el mantenerse en el ‘club de los cero’ de los que no tienen ningún voto a favor por parte del Consejo Fiscal. Como fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la autonomía madrileña, la llamada ‘fiscalía anti-PP’, Bermejo demandó en vano a José María Michavila al comienzo de los juicios rápidos, y asimismo fue sancionado por filtrar a PRISA una sentencia en tiempos del caso Simancas.

En la reunión del Comité del PP en la que se decidió abandonar el Pacto por la Justicia, Michavila recordó asimismo los últimos ‘favores’ que Bermejo había hecho a Zapatero en su condición de fiscal: Bermejo le prometió pruebas sobre la trama del ‘ladrillazo’ para el Debate sobre el Estado de la Nación aunque luego no las aportó; sin embargo, al día siguiente del debate presentó una querella contra tres alcaldes y diversos concejales del PP que ya había sido previamente archivada. El resultado fue un nuevo archivo.

Estos son sin embargo asuntos menores por comparación con otros temas. En lo personal, se criticó duramente el gasto de 250000 E de dinero público para remodelar su vivienda oficial a sólo dos meses de las elecciones. Vivienda que, según reconoció con su anterior usufructuaria, la exministra Trujillo, estaba en óptimas condiciones de habitabilidad y no necesitaba ese gasto dedicado fundamentalmente a jardineras. La CIP (Comisión Interasociativa Permanente), órgano que reúne a las muy enfrentadas asociaciones de jueces, planeó una visita conjunta al ático de Bermejo para mostrar su malestar con la actuación del ministro cuando los jueces han sufrido una pérdida económica, en estos dos últimos años, que se calcula en 7400 E.

Otros puntos de crítica causados por Bermejo son: la gestión del caso de la niña Mariluz, el baile con su mujer en plena campaña electoral cuando esta se encontraba de baja laboral, la huelga de funcionarios judiciales y la huelga –la primera en la historia- de los jueces. Bermejo también ha sido el ministro peor valorado por los votantes de la oposición.

El detonante del último e irreversible desencuentro en materia de Justicia con el ministro Bermejo ha sido la cacería de este con el juez Garzón, cacería que, sumada a una cena compartida en días previos, ha indignado a un PP investigado por el propio Garzón.

Bermejo, asiduo a todo tipo de monterías, es conocido en el mundo de la caza como "un gorrón de invitaciones", puesto que no falta siempre que puede a su ya conocida afición.

De hecho, durante las cacerías también se muestra su personalidad política, durísima e irascible. Algunos de los compañeros que han acompañado a Fernández Bermejo en las cacerías dicen de él que "es un cazador de puntería fina, pero nervioso y loco por disparar. Le tira a todo".

En este sentido, su fama de "gorrón" y de "nervioso" se manifestó en una de sus monterías en Quintos de Mora, finca estatal en la que según el titular de Justicia puede cazar todo el mundo. Allí abatió a cuatro venados.

Y es que el siempre polémico ministro Bermejo tiró piedras contra su propio tejado en marzo de 2008, antes de que se conociese su gran afición. En ese momento, miles de cazadores, cetreros y agricultores se manifestaron por la Castellana en Madrid y el titular de Justicia los calificó como "los de La escopeta nacional, que invitan a grandes fortunas a sus cotos privados y sienten nostalgia del No-Do".

Según sus compañeros de Facultad, Bermejo entiende que el "Derecho es un medio para hacer política". Incluso no se le conocen demasiados afectos en la profesión debido a su marcado componente ideológico.

Fuente: elconfidencialdigital.com , Libertad Digital

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lunes, febrero 23, 2009

Bermejo presenta su dimisión como ministro de Justicia


El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha anunciado hoy en rueda de prensa su dimisión como titular del departamento. Bermejo, que ha estado poco más de dos años al frente del ministerio, fue nombrado para ese cargo el 9 de febrero de 2007. En este sentido, el hasta ahora titular de Justicia dijo que llegó al "Ministerio de Justicia con un enorme bagaje de ilusión y de servicio público y aquí me he vaciado". "Esta ilusión con la que vine es la que me llevo al Congreso". Anunció además que seguirá trabajando en "el proyecto socialista" para mejorar la Justicia.


"He dimitido porque en esos momentos ese impulso para hacer un trabajo que yo me habría propuesto, con un proyecto ilusionante por parte de todo mi equipo, está situándose en una posición en la que es mejor que otra persona con un nuevo impulso lo continúe", indicó el ex titular de la cartera de Justicia.

Bermejo añadió que "podrán observar que en estos días se ha estado utilizando, utilizándome, en contra de ese proyecto por el que uno trabaja y uno no ha venido aquí a estar pegado al banco". "Cuando uno se da cuenta de que está siendo utilizado contra ese proyecto lo que debe hacer es evitarlo. Es lo mejor que puede hacer para que ese proyecto continúe", reiteró.

"Desde mi posición no puedo tolerar esa utilización que se está haciendo de los acontecimientos que todos ustedes conocen para dirigirlo contra quienes trabajamos por esos ideales del Gobierno socialista. Sé que lo mejor que puedo hacer por ese proyecto es dejarle sitio a otro, que seguramente con ilusión parecida continuará esa obra", dijo.

Además, agregó que "no puedo decir que me vaya ligero de equipaje, siempre ando ligero de equipaje, pero llevo un bagaje que es absolutamente envidiable, un bagaje de ilusión por la Justicia de este país".

"Todos sabemos que nadie es indispensable, nadie debe estar amarrado a un puesto si no es para servir", espetó el ya ex ministro. Para acabar, dijo que "no les diré adiós sino hasta luego porque seguiré trabajando" para el bien de España y para cambiar la Justicia.

Las consecuencias de la cacería

La dimisión de Bermejo se produce después del escándalo político que se ha producido por la participación del ministro en una cacería junto al juez Baltasar Garzón, cuando éste estaba instruyendo un sumario sobre presunta corrupción que afecta a miembros del PP. El ministro tampoco tenía licencia para cazar en la finca de Andalucía donde se desarrolló la cacería.

En los últimos días distintos dirigentes socialistas habían mostrado su incomodidad con las actividades privadas del ministro. Este lunes Pachi López aseguraba en una entrevista que no le gustaba ni a él ni a ningún socialista la cacería de Bermejo, posición a la que se ha sumado José Bono. Previamente, el ex-ministro Jerónimo Saavedra había pedido la dimisión del titular de Justicia.

Bermejo ya presentó su dimisión la semana pasada, cuando se supo que había cazado en una finca de Jaén sin tener licencia para ello, pero el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, le emplazó a una nueva reunión hoy mismo. Así lo han informado hoy fuentes próximas al ex ministro, que han añadido que el titular de Justicia se entrevistó la semana pasada con el jefe del Ejecutivo y con la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y puso su cargo a disposición de los mismos.


Fuente: Libertad Digital , elconfidencial.com

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Madrid: La huelga de Justicia paraliza el control de los imputados en libertad condicional

Desde hace una semana, la ventanilla de los Juzgados de Instrucción y Primera Instancia de Plaza de Castilla que se ocupa de controlar a las personas acusadas en algún procedimiento judicial, que no permanezcan en prisión preventiva, está cerrada ante la ausencia de trabajadores que lleven a cabo esta labor.


Cientos de imputados en libertad provisional no pueden, desde hace una semana, firmar ante los Juzgados para certificar su presencia y evitar posibles casos de fuga. Esta situación se está produciendo por la huelga iniciada el pasado 16 de febrero de los funcionarios de la Administración de Justicia de la Comunidad.

En muchos casos, el juez impone a los imputados comparecencias semanales, quincenales o mensuales para asegurar la presencia del acusado en el juicio. Por tanto, la huelga podría facilitar que se den situaciones de fuga sin que la Justicia se percate hasta que los funcionarios retomen su actividad normal.

No obstante, muchos de los abogados de los clientes que no pueden firmar están comunicando al Juzgado esta situación para evitar que se decreten ingresos en prisión por este motivo. "Mi cliente está preocupado porque no puede firmar al estar la ventanilla cerrada desde hace una semana", manifestó un letrado que defiende a uno de los imputados en el 'caso Guateque', que investiga el juez Santiago Torres.

La situación generada por la huelga es crítica. Hasta ahora, la cifra de procedimientos judiciales bloqueados se eleva a 10.000, entre actuaciones judiciales, trámites y juicios, es decir, una media de 2.000 al día. El Registro Civil es una de las sedes más afectadas por el plantón de los trabajadores de la Justicia madrileña, con consecuencias directas para los ciudadanos.

Fuente: madridiario.es

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El juez Ferrín Calamita demanda al abogado de la querella que le inhabilitó

El magistrado Fernando Ferrín Calamita, que fue acusado por un supuesto retraso malicioso en el expediente de una mujer que quería conseguir la adopción de la hija biológica de su compañera sentimental, aseguró que ha presentado en el Juzgado de Guardia de Murcia una denuncia penal contra el abogado querellante José Luis Mazón Costa "por delitos de coacciones, tentativa de extorsión y obstrucción a la justicia".


Esta denuncia, según explicó Ferrín Calamita, tiene relación con su actuación "extraprocesal" en el juicio seguido su persona, "exigiéndome que me fuera de Murcia y que le abonara dinero como conexión para retirar la querella, así como por influir en una parte para que se modificara la actuación procesal".

Tras lo que manifestó que "la denuncia, aunque en principio va contra Mazón, puede extenderse a más personas, evidentemente". Al tiempo que recordó que "en breve" presentará una querella contra el juez instructor, Manuel Abadía, y contra el gabinete psico-social "por elevar un informe sin haber examinado a la pareja de lesbianas, lo que supone una clara falsedad documental", explicó ya el pasado mes de diciembre.

Calamita fue condenado entonces por la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia a la pena de dos años, tres meses y un día de inhabilitación para empleo o cargo público y la indemnización de 6.000 euros a la demandante por retardo "malicioso" a la adopción de una menor que había sido solicitada por la compañera sentimental de la madre biológica.

La querella contra el juez instructor de la causa respondía a "una prevaricación culposa y dos dolosas". Y es que, según explicó el pasado 23 de diciembre de 2008, Abadía "aceptó la causa a pesar de no apreciar indicio de delito para no contradecir a la Sala"; razón por la que se preguntó "dónde queda la independencia del instructor, porque posteriormente modificó la calificación jurídica sin practicar pruebas adicionales"

Por su parte, la defensa del juez, Javier Mª Pérez-Roldán, subrayó "lo curioso es que el juicio se abrió por prevaricación continuada y, sin embargo, finalmente la Sala ha decidido modificar la calificación y condenarle por un retardo que estima como malicioso". En realidad, el letrado argumentó entonces que "el retraso se produce porque el primer informe solicitado por el juez de Familia al equipo psico-social adscrito al juzgado nunca se realizó". Incluso, advirtió, "las propias lesbianas reconocieron que nunca fueron evaluadas por los profesionales del equipo".

El segundo informe solicitado por el juez a la Dirección General de Familia de Murcia "tampoco resultó satisfactorio, porque los psicólogos no quisieron manifestarse sobre cuestiones psicológicas tras haber sido aprobado el mal llamado matrimonio homosexual", sostuvo el letrado Pérez Roldán, quien recordó que "argumentaron que, en todo caso, la niña viviría con las dos 'madres' y que sería mejor que ambas gozaran de la patria potestad a efectos de una mayor protección jurídico-patrimonial de la niña".

"Sin embargo, no respondieron a la pregunta formulada por el juez, que no era otra sino evaluar el eventual impacto psicológico que para la niña tendría ser educada por dos madres", indicó el abogado defensor, tras lo que recordó que "el juez exigió a la Dirección General de Familia que propusiera prueba".

Por ello, consideró que "el retraso no se debe a una actitud maliciosa por parte del juez, sino a la ausencia de informes profesionales serios sobre la idoneidad de la adoptante". Al hilo, apuntó que "lo irónico de esta sentencia es que se condena al juez Ferrín Calamita por haber tenido el expediente seis meses parado, cuando la realidad en la justicia española es que los asuntos están mucho más tiempo sin que se realice actuación alguna sobre ellos".

Igualmente, criticó entonces que el TSJ de Murcia "ni siquiera dictara la sentencia de condena en el plazo que la ley establece, que son cinco días", por lo que se preguntó si "ha prevaricado por ello el TSJ".

Fuente: Libertad Digital

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domingo, febrero 22, 2009

Zapatero planea relevar a Bermejo en su primera remodelación del Gobierno


Las irregularidades administrativas, torpezas y gestos imprudentes del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, motivarán su casi seguro relevo en la primera remodelación que efectúe el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero. Fuentes gubernamentales sitúan ese cambio antes de que España asuma la presidencia de la UE, lo que ocurrirá en el primer semestre de 2010.


Aunque los avatares que han rodeado la cacería en la que participó el ministro junto al juez Garzón, y otras cuarenta personas, será el elemento definitivo para su destitución, ha pesado mucho "su ausencia de pericia para resolver los conflictos" desde que en 2007 llegó al Gobierno.

"Uno puede cometer una imprudencia y no es un buen ejemplo, porque el ministro debería haber tenido licencia para cazar, como hay que tenerla para conducir". Esta apreciación de José Blanco, vicesecretario general del PSOE, ha influido de forma decisiva. Eso sí, muchos socialistas añaden esta observación: "Esto es una anécdota y una cortina de humo del PP, porque el problema no es de caza sino de cazo". En esta línea se mueve también la secretaria de Organización, Leire Pajín.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, trató de guardar un difícil equilibrio ante las preguntas de los periodistas. "El ministro ha cometido un error y una inoportunidad; pero él lo ha reconocido". No obstante, la desautorización vino de inmediato: "El Gobierno no tiene como prioridad hacer una ley para que los jueces no puedan hacer huelga". La respuesta de Bermejo a la huelga de jueces del pasado día 18 había sido anunciar, ese mismo día, una ley para prohibir en el futuro un paro similar, en vez de decir "mañana proseguimos la negociación a las nueve de la mañana", precisan las fuentes consultadas.

Desde que llegó al ministerio, Fernández Bermejo ha tenido que afrontar otros conflictos que no logró sofocar. En plena campaña electoral, en marzo de 2008, participantes en la huelga de funcionarios de justicia abroncaron a Zapatero a su llegada a numerosos mítines.

Ahora, los socialistas no quieren dar bazas al PP pero a la vez saben que existe un grave malestar con Bermejo, incluso dentro del Gobierno. La actitud del presidente, ostensiblemente distante de Bermejo el pasado martes en el Senado y el miércoles en el Congreso, es un dato de la máxima relevancia.

Fuente: elpais.com

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Huelga Madrid: La Comunidad ordena no renovar contratos a los interinos que están de baja médica

Más de dos años acumulando renovaciones cada dos semanas sin la posibilidad de llegar a tener un contrato estable y sin poder cogerse baja médica los días previos a la finalización del contrato para no quedarse sin su trabajo. Ésta es la situación en la que se encuentran cientos de interinos contratados como refuerzo por la Consejería de Justicia, según se revela en un documento oficial interno.

"Los contratos de refuerzo serán renovados, excepto en los casos en los que exista baja médica en la fecha de prórroga", reza esta circular. Es decir: no se queda ningún trabajador que esté de baja el día que le toca renovar.

La precariedad de este tipo de contratos, que, según el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), afecta a más de 800 interinos, es uno de los motivos de la huelga de funcionarios de Justicia.



Es legal

Esta forma de contratar es legal (en ello se escuda la Consejería para hacerlo), pero abusiva: "Existe una directiva europea que establece que cada país debe regular para evitar los abusos sobre los trabajadores temporales y tratar de que éstos acaben como fijos, ya estén contratados por una empresa privada o por el sector público, aunque aquí esta normativa no se ha aplicado a funcionarios", explica Antonio V. Sempere, catedrático de Derecho Laboral de la Universidad Rey Juan Carlos.

Este tipo de contratación fue uno de los puntos que se debatieron el jueves en la reunión que los sindicatos convocantes de la huelga de funcionarios de Justicia (CCOO, STAJ y UGT) y el Gobierno regional mantuvieron para poner fin a la huelga.

Un acuerdo muy lejano

Sin embargo, el acuerdo aún parece muy lejano, ya que los sindicatos no aceptaron ni la mejora salarial propuesta por el Ejecutivo regional ni la conversión de los trabajadores temporales en fijos a lo largo de 2010 y de 2011. "Ninguna de estas propuestas cumple el convenio firmado por la Consejería en 2007, no nos vale que digan que por la crisis no hay dinero para más", afirma Alberto García, portavoz del STAJ.

Fuente: 20minutos.es

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Bermejo pagó 6.000 euros por una cabeza disecada

Fernández Bermejo parece no sólo tener afición a la caza sino también a coleccionar cabezas de algunas de las piezas abatidas durante las monterías en las que participa. Según informa El Mundo, el titular de Justicia pagó 6.000 euros, en 12 billetes de 500 euros, a un taxidermista por una cabeza de venado que cazó en una jornada en la que el ministro no consiguió nada.


El suceso ocurrió en la A-5 entre las localidades madrileñas de Villaviciosa de Odón y Móstoles, cuando tres coches y una furgoneta llegaron a la cita prevista con el taxidermista. Allí, dos de los hombres que acompañaban a Bermejo metieron la cabeza en el furgón y éste le pagó en un sobre que contenía doce billetes de 500 euros. Esta pieza fue abatida "hace dos años" en una montería conjunta entre el vendedor y el político socialista. Este venado entusiasmo a Bermejo que durante ese día no consiguió cazar nada por lo que decidió comprarla a toda costa.

Mientras tanto, ABC asegura que en la montería en la que "coincidieron" Fernández Bermejo y el juez Baltasar Garzón en la finca jienense de Cabeza Prieta cuando comenzó la operación anticorrupción se cazaron cinco jabalíes a pesar de que es ilegal realizarlo en ese espacio.

Esta finca establece la posibilidad de la caza menor en el plan de gestión del parque natural de Sierra Mágina. Si bien está permitido abatir ciervos, gamos y muflones, prohíbe hacerlo con jabalíes. En dicha montería además se cazaron ocho muflones más una veintena de venados durante la jornada anterior en la finca Navaltorno, en la Sierra de Andujar.

Por su parte, La Razón desvela que desde la llegada de Rodríguez Zapatero al Gobierno la finca estatal de Quintos de Mora se ha convertido en un lugar de descanso y de ocio para el ministro de Justicia, todo siempre a gastos pagados.

Con José María Aznar al frente del Ejecutivo, la finca se utilizó para recibir a numerosos jefes de Gobierno, algo que no ha hecho Rodríguez Zapatero. De hecho, Bermejo utiliza al personal de la instalación para sus servicios, algo que no ocurría con el popular, que trasladaba al personal desde la Moncloa.

De este modo, Aznar prohibió cazar en la finca permitiendo tan sólo los descastes. Pero el titular de Justicia ha declarado que se puede cazar durante todo el año, contradiciendo al Gobierno manchego, prohibiendo esa práctica a los guardeses como lo venían haciendo hasta ahora. Además, aseguran que Bermejo se comporta como "un déspota" con el personal.

Fuente: Libertad Digital

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Garzón y los Bermejoides



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La puntilla: Cien catedráticos y profesores firman un manifiesto contra la nueva oficina judicial

Con los jueces en pie de guerra y recién salidos de una huelga histórica, al Gobierno se le ha abierto otro frente. Casi un centenar de catedráticos y profesores de Derecho Procesal de universidades de toda España han firmado un manifiesto para expresar su «honda preocupación» por «los daños irreparables» que, de aprobarse en su redacción actual, causará a la Administración de Justicia el proyecto de ley que regula la nueva oficina judicial.


Los firmantes, que pertenecen a distintas escuelas y entre los que también figuran catedráticos próximos al PSOE, advierten de que el proyecto no sólo no resolverá los problemas de la Justicia sino que los agravará y que, además, es «conceptual y constitucionalmente inadmisible». Piden que el texto «sea sustituido por el resultado de una reflexión detenida» que cuente con la aportación de expertos en la materia.

Noventa y siete eran, por ahora, los catedráticos y profesores de esta especialidad que se habían adherido al manifiesto. Una cifra elevadísima si se tiene en cuenta que se ha alcanzado en menos de dos semanas y que, según admiten fuentes universitarias, se trata de profesionales poco amigos de protagonizar movimientos colectivos. Junto al catedrático de la Universidad Complutense Andrés de la Oliva, que se ha erigido en portavoz por ser el más antiguo del escalafón entre los firmantes, encabezan la lista otros prestigiosos cátedros como Juan Montero Aroca (U. de Valencia) o Vicente Gimeno Sendra (Uned y magistrado emérito del Tribunal Constitucional), padres cada uno de ellos de distintas escuelas de Derecho Procesal. La preocupación de los profesores ha sido puesta en conocimiento del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo; de los portavoces parlamentarios de los distintos partidos así como de los diputados que forman parte de la Comisión de Justicia del Congreso. A todos ellos se ha dirigido por carta De la Oliva.

El manifiesto es un torpedo en la línea de flotación del plan de modernización de la Justicia del Gobierno, que pivota en torno a la puesta en marcha de la nueva oficina judicial. La preocupación de los catedráticos se centra en el proyecto de ley, remitido al Parlamento el pasado mes de diciembre, que reforma más de veinte leyes procesales (un millar de artículos) para regular la atribución a los secretarios judiciales de funciones que hasta ahora correspondían a los jueces.

Y es en ese punto donde los firmantes del manifiesto dan la voz de alarma. Pero lo hacen yendo mucho más allá que los propios jueces, una de cuyas reivindicaciones irrenunciables se refiere a la potestad que el Gobierno quiere atribuir al secretario judicial sobre la agenda de señalamientos.

El manifiesto advierte de los «graves errores» en que incurre el proyecto, entre ellos «la sorprendente idea, inexplicada e injustificable, de separar y diferenciar lo jurisdiccional de lo procesal», separación que contradice el mandato constitucional según el cual sólo a los jueces corresponde «administrar justicia».

Fuentes consultadas explican que en determinados procedimientos el proyecto del Gobierno convierte al juez en un espectador que sólo puede intervenir, al final del proceso, para dictar la resolución. En este sentido, el manifiesto señala que «administrar justicia o ejercer la potestad jurisdiccional requiere e incluye (...) dirigir de principio a fin los procesos de todo tipo». «Los jueces no pueden ser situados al final del recorrido procesal o verse ajenos a buena parte de sus incidencias, en las que se pone en juego la tutela jurisdiccional, confiada exclusivamente, insistimos, a los juzgadores independientes».

Funcionarios no independientes

De aprobarse el proyecto sin modificaciones, «gran parte de la administración de la justicia estaría a cargo de los secretarios judiciales», un cuerpo jurídico al que los catedráticos expresan su «respeto» al tiempo que recuerdan que se trata de «funcionarios públicos que dependen del Ministerio de Justicia y que, salvo en el ejercicio de la fe pública judicial, desempeñan sus funciones con sujeción a los principios de «unidad de actuación y dependencia jerárquica»». El aumento de las funciones encomendadas a los secretarios, recuerdan, no se acompaña en el proyecto de ley «de suficientes mecanismos de control por los jueces y magistrados».

Los profesores consideran «inadmisible» que los secretarios asuman la ejecución en los procesos civiles o laborales o que se les confíen resoluciones con efectos jurídicos, no sólo procesales.

Fuente: ABC.es

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Menos de 5.000 jueces para casi 9 millones de asuntos al año

¿Cuántos jueces hay exactamente en España? ¿Cuántas horas trabajan? ¿Cuánto cobran por su labor? ¿Cuántos asuntos tienen que tramitar? ¿Qué opinan de su trabajo? Aquí van algunas respuestas.


A 31 de enero de este año, el número de jueces en activo era -según los datos facilitados por el Ministerio de Justicia- de 4.860, aunque a esa cifra hay que restarle los 442 que están disfrutando de distintas excedencias y uno más que se encuentra suspendido.

Para este año, Justicia prevé la creación de 150 unidades judiciales, con lo que pretende mantener la trayectoria seguida en los últimos 4 años, en los que se han convocado 1.100 nuevas plazas de jueces y fiscales.

A pesar de la ampliación de la planta judicial (250 unidades judiciales en 2005, 93 en 2006, 131 en 2007 y 150 en 2008), España, con diez jueces por cada 100.000 habitantes, está lejos todavía de la media europea, donde esa ratio es de 19,8, y más aún de casos como el de Alemania, donde llega a 26.

El Gobierno, sin embargo, afirma que las estadísticas no son equiparables, porque muchos países utilizan baremos distintos y cuentan, por ejemplo, a los jueces de paz, que en España no pertenecen a la carrera.

Además, desde la creación de una plaza judicial hasta su entrada en funcionamiento transcurre una media de tres años, de tal forma que en 2008 comenzaron a trabajar los 250 jueces cuyas plazas se convocaron en 2005.

Asturias, con 12,93; Cantabria, con 11,35; y Baleares, con 10,81, son las Comunidades Autónomas que disfrutan de un mayor número de jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que en el otro extremo se sitúan Castilla-La Mancha y Murcia, donde no llegan a 9.

Los jueces españoles se encuentran cada año con millones de asuntos que entran en los tribunales: en concreto 8.908.495 en 2008, año en el que los órganos jurisdiccionales resolvieron 8.570.089 y dictaron 1.487.012 sentencias, según las cifras facilitadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El resultado es que, al inicio de cada año, la cuenta no está a cero: a 31 de diciembre de 2008 en los tribunales había 2,5 millones de asuntos en trámite, a los que irán sumando los que entren en 2009.

La opinión de los jueces ante esta situación es rotunda: la inmensa mayoría -el 71 por ciento- ya opinaba en 2006 que realiza "demasiado trabajo", según una encuesta realizada ese año a toda la carrera judicial española por el CGPJ.

Además de considerar que trabajan demasiado -declaran una media de 45,95 horas a la semana, un 38 por ciento de ellas en su casa- los jueces no están satisfechos con su nivel retributivo, de tal forma que un 41 por ciento dice que lo está poco o muy poco.

Las retribuciones de la carrera judicial abarcan una horquilla que va desde los 84.567 euros anuales que cobran los presidentes de Sala y magistrados de Tribunales Superiores de Justicia a los 50.566 euros de media de los jueces, según el Ministerio.

No obstante, tanto en la media del sueldo de un magistrado -75.623,28 euros al año- como en el de los jueces no se incluyen las retribuciones variables por trienios, guardias o planes concretos de actuación.

Las mujeres representan el 46,8 por ciento del total de jueces y en los grupos de edad más jóvenes (hasta los 40 años) son una clara mayoría, de tal forma que el CGPJ calcula que en los próximos años se llegará a un predominio en todos los grupos de edad.

Pero la presencia de mujeres en los distintos órganos jurisdiccionales no es homogénea y es bastante menor en los que se requiere mayor antigüedad, ya que mientras las juezas tienen una antigüedad media de 11,7 años, la de los varones es de 16,6 años, situación que según el Consejo se irá corrigiendo en los próximos años.

La media de edad de la carrera judicial es de 45 años, pero mientras la de las juezas se sitúa en los 41,6, la de los varones alcanza los 48.

Fuente: heraldo.es

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