La puntilla: Cien catedráticos y profesores firman un manifiesto contra la nueva oficina judicial

Con los jueces en pie de guerra y recién salidos de una huelga histórica, al Gobierno se le ha abierto otro frente. Casi un centenar de catedráticos y profesores de Derecho Procesal de universidades de toda España han firmado un manifiesto para expresar su «honda preocupación» por «los daños irreparables» que, de aprobarse en su redacción actual, causará a la Administración de Justicia el proyecto de ley que regula la nueva oficina judicial.


Los firmantes, que pertenecen a distintas escuelas y entre los que también figuran catedráticos próximos al PSOE, advierten de que el proyecto no sólo no resolverá los problemas de la Justicia sino que los agravará y que, además, es «conceptual y constitucionalmente inadmisible». Piden que el texto «sea sustituido por el resultado de una reflexión detenida» que cuente con la aportación de expertos en la materia.

Noventa y siete eran, por ahora, los catedráticos y profesores de esta especialidad que se habían adherido al manifiesto. Una cifra elevadísima si se tiene en cuenta que se ha alcanzado en menos de dos semanas y que, según admiten fuentes universitarias, se trata de profesionales poco amigos de protagonizar movimientos colectivos. Junto al catedrático de la Universidad Complutense Andrés de la Oliva, que se ha erigido en portavoz por ser el más antiguo del escalafón entre los firmantes, encabezan la lista otros prestigiosos cátedros como Juan Montero Aroca (U. de Valencia) o Vicente Gimeno Sendra (Uned y magistrado emérito del Tribunal Constitucional), padres cada uno de ellos de distintas escuelas de Derecho Procesal. La preocupación de los profesores ha sido puesta en conocimiento del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo; de los portavoces parlamentarios de los distintos partidos así como de los diputados que forman parte de la Comisión de Justicia del Congreso. A todos ellos se ha dirigido por carta De la Oliva.

El manifiesto es un torpedo en la línea de flotación del plan de modernización de la Justicia del Gobierno, que pivota en torno a la puesta en marcha de la nueva oficina judicial. La preocupación de los catedráticos se centra en el proyecto de ley, remitido al Parlamento el pasado mes de diciembre, que reforma más de veinte leyes procesales (un millar de artículos) para regular la atribución a los secretarios judiciales de funciones que hasta ahora correspondían a los jueces.

Y es en ese punto donde los firmantes del manifiesto dan la voz de alarma. Pero lo hacen yendo mucho más allá que los propios jueces, una de cuyas reivindicaciones irrenunciables se refiere a la potestad que el Gobierno quiere atribuir al secretario judicial sobre la agenda de señalamientos.

El manifiesto advierte de los «graves errores» en que incurre el proyecto, entre ellos «la sorprendente idea, inexplicada e injustificable, de separar y diferenciar lo jurisdiccional de lo procesal», separación que contradice el mandato constitucional según el cual sólo a los jueces corresponde «administrar justicia».

Fuentes consultadas explican que en determinados procedimientos el proyecto del Gobierno convierte al juez en un espectador que sólo puede intervenir, al final del proceso, para dictar la resolución. En este sentido, el manifiesto señala que «administrar justicia o ejercer la potestad jurisdiccional requiere e incluye (...) dirigir de principio a fin los procesos de todo tipo». «Los jueces no pueden ser situados al final del recorrido procesal o verse ajenos a buena parte de sus incidencias, en las que se pone en juego la tutela jurisdiccional, confiada exclusivamente, insistimos, a los juzgadores independientes».

Funcionarios no independientes

De aprobarse el proyecto sin modificaciones, «gran parte de la administración de la justicia estaría a cargo de los secretarios judiciales», un cuerpo jurídico al que los catedráticos expresan su «respeto» al tiempo que recuerdan que se trata de «funcionarios públicos que dependen del Ministerio de Justicia y que, salvo en el ejercicio de la fe pública judicial, desempeñan sus funciones con sujeción a los principios de «unidad de actuación y dependencia jerárquica»». El aumento de las funciones encomendadas a los secretarios, recuerdan, no se acompaña en el proyecto de ley «de suficientes mecanismos de control por los jueces y magistrados».

Los profesores consideran «inadmisible» que los secretarios asuman la ejecución en los procesos civiles o laborales o que se les confíen resoluciones con efectos jurídicos, no sólo procesales.

Fuente: ABC.es