Unos 4.500 jueces de treinta provincias españolas han acordado ir a la huelga mañana miércoles, 18 de febrero, decisión que ha generado un importante debate social, ha dividido a la carrera judicial y ha suscitado polémica política, jurídica y con otros agentes judiciales.Durante el último mes, el Gobierno, con el ministro de Justicia a la cabeza, ha intentado frenar la huelga de los jueces, negociando con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al que ha puesto de su parte, y sentándose a debatir con las cuatro asociaciones de jueces y magistrados (APM,JpD,Foro Judicial Independiente y Francisco de Vitoria).
Una delegación del Ministerio de Justicia, encabezada por el secretario de Estado, Julio Pérez Hernández, y otra del CGPJ se reunieron el 19 de enero y coincidieron en que la huelga no era el cauce más adecuado para conseguir las reivindicaciones de este colectivo, "por el enorme perjuicio que causaría a los ciudadanos".
En esa reunión, el Ministerio de Justicia consideró "asumibles" la mayoría de las peticiones que planteó el CGPJ para la mejora y modernización de la justicia.
El compromiso que salió de esa reunión fue incrementar el número de jueces en los próximos cuatro años, lo que supondría la incorporación de unos 700 nuevos jueces; modificar las leyes para suprimir el "ascenso forzoso" en la carrera judicial; crear la figura del "juez volante" para sustituciones; mejorar las retribuciones de los jueces por las jornadas de guardia y crear 15 nuevos juzgados mercantiles para aliviar el colapso de éstos, a tenor de la crisis.
El Ministerio de Justicia -esta vez encabezó la reunión el propio ministro Mariano Fernández Bermejo- se reunió el 26 de enero con las cuatro asociaciones de jueces, que llevaban en su cartera el documento original acordado en la reunión de la Comisión Interasociativa Permanente (CIP), que resumía en ocho puntos sus reinvindicaciones.
Tras siete horas de reunión, dos de las asociaciones convocadas, la Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, decidieron romper la unidad de acción y sumarse a la huelga del 18 de febrero que habían acordado ya una buena parte de los jueces de provincias en las juntas de jueces que se han ido sucediendo durante las últimas semanas.
La APM y JpD consideraron prematura esta decisión, ya que entendían que en una primera reunión no podían avanzar lo suficiente en las negociaciones para plantearse la huelga. Ambas no descartan aún tener que convocar una jornada de huelga para el 26 de junio, que es lo que en la reunión de la CIP habían pactado las cuatro organizaciones.
ROTA LA UNIDAD
Rota la unidad de acción, las posturas de las dos asociaciones que se suman a la huelga del miércoles y las que se descuelgan, de momento, de la movilización son opuestas. Mientras las primeras piensan que Bermejo no ofrece nada, las otras creen que sí existe voluntad de llegar a acuerdos.
Las juntas de jueces han continuado celebrándose en distintos lugares de España y crece el número de jueces que apoyan la huelga el 18-F. La mayoría de los huelguistas se encuentran en los juzgados unipersonales, entre otros los de Madrid y Barcelona, mientras que en las audiencias provinciales los jueces y magistrados están más cerca de la postura inicial de las asociaciones. En la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han decidido descolgarse de la huelga del 18 de febrero.
El lunes 9 de febrero, el Pleno del CGPJ se reunió para pronunciarse sobre la huelga del 18-F, para la que habían remitido preaviso varias asambleas de jueces y las dos asociaciones convocantes.
En una resolución aprobada por unanimidad, el CGPJ afirma que la huelga convocada para el 18-F "no tiene cobertura legal", por lo que los magistrados "tendrán que estar en sus puestos de trabajo el día fijado para el paro", afirmó la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo.
Toda la carrera judicial, incluso las dos asociaciones que no se suman a la huelga, coinciden en la "ambiguedad" de la resolución del órgano de gobierno de los jueces. La indefinición deja la puerta abierta para recurrir al Tribunal Supremo.
El ministro de Justicia, en todo este conflicto, no ha perdido oportunidad para llamar a los jueces a la "responsabilidad" y ha dicho que con la huelga solo perderán "credibilidad". Las asociaciones de fiscales no apoyan la huelga de jueces. Los sindicatos de funcionarios de la Administración de Justicia están divididos ante esta movilización: UGT cree que es "inconstitucional", y CCOO, CSI-CSIF y STAJ creen que los jueces también tienen derecho a hacer huelga.
Los secretarios judiciales también se pronunciaron sobre esta decisión de la carrera judicial y no consideraron oportuna la huelga, aunque sí apoyan las demandas de los jueces que contribuyan a mejorar y modernizar la justicia.
Los jueces y magistrados de 30 provincias españolas y los de la ciudad autónoma de Ceuta irán a la huelga el 18-F, frente a los de 18 provincias y la ciudad autónoma de Melilla, que no secundarán la jornada de paro, y dos juntas (Ávila y Salamanca) que no han adoptado una decisión conjunta y dan "libertad" a sus miembros.
Esta decisión, adoptada por las juntas provinciales de jueces titulares de juzgados unipersonales, significa que cerca del 60 por ciento de los juzgados de instrucción, de lo social, de lo penal, de menores, de familia, mercantiles o de lo contencioso- administrativo no funcionarán porque sus titulares harán huelga el 18 de febrero.
Los jueces de la provincia de Lérida, Guadalajara, Albacete, Toledo, Orense, Asturias, Cantabria, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, La Rioja, Navarra, Cádiz, Granada, León, Palencia, Burgos, Segovia y la ciudad autónoma de Melilla son los que decidieron, en sus juntas, no secundar el paro.
Fuente: telemadrid.es
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